Crítica:
El artículo destaca el impacto mediático del enfrentamiento entre Iker Jiménez y Pedro Sánchez, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas y periodísticas de este intercambio.
Iker Jiménez sube de audiencia tras ser atacado por Sánchez en el Congreso
Iker Jiménez desafía a Sánchez
Otros artículos
ETA: Arzalluz sale libre sin arrepentirse
Asier Arzalluz Goñi, uno de los condenados por el asesinato del periodista López de Lacalle y otros delitos de extrema gravedad relacionados con ETA, ha obtenido el tercer grado penitenciario gracias a una decisión del Gobierno vasco. Con esta concesión, ya son 114 los terceros grados otorgados a etarras desde que el Ejecutivo autonómico asumió la competencia en materia penitenciaria. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denuncia que se trata de una 'amnistía encubierta', ya que Arzalluz no ha mostrado arrepentimiento por sus crímenes. Según Covite, la política penitenciaria del Gobierno vasco está siendo utilizada para 'flexibilizar el cumplimiento de las condenas sin exigir el arrepentimiento real que establece la ley'. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido a la Fiscalía que recurra esta decisión para evitar que se consolide esta política que, a su juicio, atenta contra el derecho de las víctimas a la justicia. Ordóñez, cuya familia ha sido víctima directa del terrorismo de ETA -su hermano Gregorio Ordóñez fue asesinado por la banda en 1995-, subraya que el arrepentimiento exigido por la ley no se cumple con meras 'cartas instrumentales' sino que requiere de 'hechos objetivos y públicos' que demuestren una ruptura con el entorno terrorista. Además, denuncia que la izquierda abertzale sigue legitimando y vanagloriando los crímenes de ETA, lo que contradice cualquier intento de arrepentimiento sincero por parte de los condenados. El caso de Arzalluz es especialmente significativo porque sigue vinculado a Etxerat, una organización que agrupa a presos de ETA afines a SORTU y que los presenta como 'presos políticos'.
Sánchez ficha espías para influencers
El Gobierno de Pedro Sánchez ha licitado un contrato para contratar a una empresa que actúe como 'espía' de los influencers de especial relevancia, aquellos con más de un millón de seguidores en una plataforma o dos millones en varias, y que ingresan al menos 300.000 euros anuales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dependiente del Ministerio de Economía dirigido por Carlos Cuerpo, busca así fiscalizar más de 2.000 publicaciones mensuales para detectar posibles comunicaciones comerciales no identificadas. La empresa adjudicataria deberá proporcionar un buscador para consultar contenido de influencers, un listado mensual con información de los principales influencers y sus publicaciones, y realizar análisis para detectar publicidad encubierta. Además, se les exigirá a los influencers catalogados como 'de especial relevancia' rectificar informaciones que el Gobierno considere bulos, extendiendo el férreo control gubernamental más allá de los medios de comunicación a ciudadanos particulares con influencia en redes sociales.
López culpa a Lambán PSOE
El ministro Óscar López atribuye los malos resultados del PSOE en las elecciones autonómicas del 8 de febrero a la estrategia de Javier Lambán, fallecido ex líder del PSOE en Aragón. López critica que Lambán 'no hizo oposición al PP' de Jorge Azcón y usó 'argumentos de derecha'. Aunque reconoce su 'excelente relación' con Lambán, López desvía las críticas internas dentro del PSOE. La hecatombe electoral en Aragón, donde el PSOE obtuvo su peor resultado en escaños, afecta directamente a Pilar Alegría, ex ministra de Educación y persona cercana a Pedro Sánchez. López defiende la estrategia de enviar a perfiles del Gabinete de Sánchez como cabezas de lista, considerándola 'buena' y destacando 'buenos resultados' en Madrid. El análisis de López se extiende a Extremadura, donde también hubo elecciones anticipadas tras el relevo de Miguel Ángel Gallardo después de la etapa de Guillermo Fernández Vara.
Estafa en sauna de Madrid
Un cliente de la Sauna Princesa, conocido prostíbulo de Madrid vinculado a la familia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, denunció haber sido estafado al serle cobrados 701 euros por unos servicios que había pactado en 324 euros. La Policía Municipal intervino en el local situado en la calle Mártires de Alcalá. El cliente inicialmente contrató 30 minutos de servicio por 150 euros más 24 euros de comisión por pago con tarjeta, y luego aceptó la propuesta de añadir a otra trabajadora por otros 150 euros. Sin embargo, en sus extractos bancarios aparecieron tres cargos distintos que sumaban el doble de lo acordado. La encargada del local se negó a devolver el dinero y aseguró que lo cobrado era correcto, pese a no tener lista de precios. El caso ha quedado documentado en una hoja de reclamación oficial de la Comunidad de Madrid. La Sauna Princesa, regentada por Sabiniano Gómez Serrano, suegro de Pedro Sánchez, ha acumulado 27 denuncias y 9 inspecciones policiales a lo largo de los años. El presidente del Gobierno ha sido criticado por defender los negocios de su suegro, manipulando un auto de la Audiencia Nacional que no avala la legalidad de los prostíbulos. La defensa de Sánchez argumenta que un auto de la Audiencia Nacional de junio de 2024 calificó como «lícitas» las actividades privadas de personas vinculadas a altos representantes políticos, pero este documento no investigó la naturaleza de los negocios de Sabiniano Gómez. Por otro lado, resoluciones judiciales han constatado la prostitución en la Sauna Princesa y su estructura de explotación, que incluía un reparto del 50% del servicio sexual a la trabajadora y el resto para la empresa.
Estafa en prostíbulo de Sánchez
En enero de 2008, un cliente denunció haber sido estafado en la Sauna Princesa, un prostíbulo regentado por la familia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El hombre contrató servicios sexuales por 324 euros, pero le cobraron 701 euros. La denuncia, documentada en una hoja de reclamaciones oficial, revela un patrón de explotación y abusos en el local, que acumuló 27 denuncias y 9 inspecciones policiales durante más de dos décadas. El establecimiento, vinculado a Sabiniano Gómez Serrano, suegro de Sánchez, operaba con total impunidad y tenía conexiones con agentes de seguridad. La red de prostíbulos asociada a la familia Gómez también involucró a otros locales y tuvo conexiones con casos de corrupción política.
Asalto al consulado en Argel
Un intento de asalto al Consulado General de España en Argel este miércoles ha puesto de relieve la tensión generada por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a inmigrantes en situación irregular. Cerca de 300 argelinos, desesperados por obtener certificados y renovar sus residencias, se agolparon frente al consulado, creando una avalancha que fue disuelta por la policía argelina con porras, lo que resultó en personas mayores y mujeres en el suelo. La situación se produjo después de un retraso de casi cinco horas en la apertura de las oficinas consulares, lo que exacerbó la frustración de la multitud. Fuentes diplomáticas admiten que las colas para legalizar documentos son «ingentes» y que el hecho de tener que dormir en la calle para guardar el turno es «vejatorio» para los afectados. El consulado había anunciado que las peticiones de validación de documentos se recogerían por orden estricto de llegada desde el 27 de noviembre, lo que ha provocado aglomeraciones en los últimos días. El Gobierno argelino ha convocado al embajador español, Ramiro Fernández-Bachiller, para expresar su queja por las largas colas y el hecho de que la gente pernocte junto a la entrada. El incidente ha llevado al consulado a considerar volver a dar citas presenciales por vía telemática, un sistema que en el pasado se ha bloqueado a menudo y ha generado un mercado negro de compraventa. La tensión en el consulado español en Argel se suma a una serie de polémicas relacionadas con la concesión de visados, incluyendo la denegación irregular de visados tras el relevo de la cónsul Miriam de Andrés por Gauden Villas, y la posible suplantación de identidad por parte del canciller Vicente Moreno.
Escándalo en oposiciones Seguridad Social
La subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Asacia, ha dimitido en medio de un escándalo por el presunto amaño de oposiciones a administrativo de la Seguridad Social. La decisión se produjo el pasado viernes y se hizo oficial el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque desde el Ministerio se atribuye su marcha a motivos personales, fuentes cercanas a THE OBJECTIVE señalan que la salida de Asacia se debe a 'continuas desavenencias' con la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Otros vinculan su dimisión directamente con el escándalo de las oposiciones y la próxima publicación de la resolución definitiva de aprobados, pese a la investigación en curso. La Fiscalía investiga las pruebas realizadas en La Coruña después de que las 34 mejores notas del primer ejercicio correspondieran a aspirantes examinados en dicha provincia. Además, se ha descubierto que 12 habitantes de Celanova (Ourense) lograron altas calificaciones en las oposiciones. Se sospecha de un entramado corrupto que vendería plazas a cambio de sumas de dinero, con métodos como pinganillos y pagos de hasta 60.000 euros. El caso ha generado peticiones de repetición del proceso y comparecencias en el Congreso de los Diputados.
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