Crítica:
La noticia revela la hipocresía del Gobierno al autoproclamarse defensor de los pensionistas mientras les impide manifestarse. La restricción parece más un gesto político que una medida de seguridad.
El Gobierno adalid de los pensionistas impide a los jubilados protestar frente al Congreso
Sánchez frena protesta jubilados
Otros artículos
Vivienda pública para lesbianas mayores
El Gobierno de Asturias, liderado por el socialista Adrián Barbón y en coalición con Izquierda Unida, ultima la aprobación de la Ley LGTBIQ+, que incluye la provisión de vivienda pública para lesbianas mayores de 55 años. Esta medida se enmarca en la ideología 'woke' y cuenta con una inversión de 8,4 millones de euros para 2026, un incremento del 1000% respecto a 2024. La directora general de LGTBI, Nuria Rodríguez, de IU, explicó que el objetivo es crear 'pequeñas unidades de convivencia' y combatir la soledad. La asociación Cantapaxarina será la beneficiaria de esta iniciativa, con el objetivo de crear comunidades para promover la autonomía y el apoyo mutuo. Vox ha criticado esta medida por considerar que prioriza la orientación sexual sobre otras necesidades.
UE frena regularización inmigrantes
En marzo de 2024, el PSOE rechazó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de inmigrantes, argumentando que la UE no permitía «una regularización generalizada». Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende ahora implementar una regularización masiva por vía de real decreto, beneficiando a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular. La Comisión Europea, a través del comisario Magnus Brunner, advirtió al Gobierno que esta medida no debe tener «consecuencias negativas» para otros países de la UE. La regularización propuesta por el Gobierno es la más laxa en la historia de España, requiriendo solo dos condiciones: una permanencia continuada de al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales, verificable mediante una «declaración responsable» no comprobada por el Gobierno. Esta medida permitirá regularizar a inmigrantes con procesos judiciales pendientes y les otorgará libertad de movimiento por la UE.
Illa exige ley sanidad sin cambios
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la futura ley que veta la colaboración privada en la sanidad pública exima a Cataluña. La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó un anteproyecto de ley que ha generado alarma en el Govern catalán debido a su posible impacto en el SISCAT, el sistema sanitario catalán que combina sanidad pública con conciertos privados. Illa y los socialistas catalanes han pedido que Cataluña quede exenta de las restricciones previstas en la ley, argumentando que su sistema sanitario se ha basado históricamente en la colaboración con el sector privado. García ha respondido señalando específicamente a la Comunidad de Madrid y al Hospital de Alzira en Valencia como ejemplos de prácticas que busca erradicar, sin mencionar Cataluña. Tras las explicaciones de la ministra, el gobierno catalán se ha dado por satisfecho con las garantías ofrecidas desde Moncloa.
Frontón para etarras en Zubieta
El Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido 600.000 euros en un frontón para la cárcel de Zubieta, donde serán trasladados 44 presos de ETA. La obra fue adjudicada a Ocisa por 604.814,97 euros y se ejecutó al margen de la construcción principal de la prisión, que costó 44,5 millones de euros. El PNV había exigido esta instalación deportiva al considerar la pelota un 'deporte ampliamente implantado en el País Vasco'. Entre los reclusos que disfrutarán del frontón está Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', ex jefe militar de ETA, actualmente en régimen de semilibertad pese a haber sido condenado a 400 años de prisión. La adjudicación de la obra principal ha generado polémica debido a vínculos entre una de las empresas participantes y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por presunta corrupción.
Marlaska oculta datos electorales
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha presentado una nueva orden, INT/2026, que establece un sistema de clasificación de información sensible que afecta directamente a los procesos electorales. Esta normativa permite ocultar información relevante durante un máximo de 15 años bajo la etiqueta de 'uso oficial' o 'uso interno'. La decisión reduce drásticamente la transparencia en favor de un mayor control gubernamental. La nueva orden crea el Servicio de Protección de la Información Clasificada (SPIC), que actuará como brazo ejecutor para garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente en materia electoral. La Subsecretaría del Interior tendrá un papel crucial en la delegación de competencias en este ámbito. La estructura diseñada por Interior incluye un Consejo de Dirección de la Política de Seguridad que se reunirá anualmente para coordinar la protección de esta información. La normativa también permite la creación de Zonas de Acceso Restringido (ZAR) donde se custodiarán las decisiones más sensibles sobre las elecciones, lejos de la prensa y la ciudadanía.
Sánchez vs Derecha Europea
En un giro inesperado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha posicionado como víctima de la derecha europea tras ser excluido de una reunión informal entre líderes europeos en Bélgica. La reunión, impulsada por el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, discutió la desregulación y simplificación del mercado único de la UE. El Gobierno español ha expresado su descontento a Italia, argumentando que tales exclusiones minan los principios básicos de la Unión Europea. Este enfrentamiento se suma a una serie de desencuentros públicos entre Sánchez y figuras de la derecha tecnócrata, como Elon Musk, quien recientemente criticó al presidente español calificándolo de 'tirano y traidor'. La tensión se ha intensificado después de que Sánchez anunciara medidas para reforzar el control sobre las redes sociales y limitar su acceso a menores de 16 años, lo que ha generado críticas de plataformas como Telegram, que advierte sobre 'pasos hacia el control total'.
Multa histórica por racismo inmobiliario
La Generalidad de Cataluña ha impuesto una multa de 10.001 euros a una agencia inmobiliaria de Mataró por supuesta discriminación racial en el acceso al alquiler. El caso, denunciado por un vecino de Mataró llamado Hamid, evidencia la creciente intervención estatal en el mercado inmobiliario. Hamid denunció a 13 agencias por impedirle alquilar una vivienda, aunque solo una resultó sancionada tras un largo proceso burocrático. La Oficina de Igualdad de Trato y No-Discriminación (OITND) respaldó la denuncia después de que un compañero de trabajo de Hamid obtuviera una respuesta diferente al interesarse por el mismo piso. Según el Observatorio Desca, la agencia admitió que los propietarios no querían alquilar a personas de origen marroquí. Este tipo de intervenciones genera preocupación sobre la libertad de los propietarios para elegir a sus inquilinos y podría desincentivar la oferta en un mercado ya saturado. El informe de Provivienda del año pasado reveló que el 99% de las agencias aceptan instrucciones discriminatorias, un aumento significativo respecto al 72,5% de 2020.
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