El gobierno de Salvador Illa ha encargado un informe para limitar la compra de viviendas en Cataluña, restringiéndola solo a quienes vayan a habitarlas, siguiendo una estrategia impulsada por los Comunes y su líder, Jéssica Albiach. Este movimiento, que cuenta con el respaldo de figuras como Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera y Carles Viver i Pi-Sunyer, pretende dar marco legal para impedir compras con fines de inversión en 'zonas tensionadas', que en la práctica abarcan casi toda la trama urbana catalana.
Expertos consultados advierten que esta medida es anticonstitucional, ya que restringe la libertad de mercado y el derecho a la propiedad privada. La propuesta podría avanzar en el Parlament con el apoyo del PSC y ERC, lo que supondría el fin del mercado inmobiliario en Cataluña.
La medida se produce en un contexto en el que el sector inmobiliario ya está en declive: en 2025, las viviendas visadas en Barcelona cayeron un 20,15% respecto al año anterior, y en la capital catalana la caída fue del 39,22%, alcanzando el mínimo de la década con solo 1.195 viviendas visadas.
Crítica:
El artículo presenta una visión crítica hacia la medida propuesta por el gobierno catalán, destacando su potencial anticonstitucionalidad y el impacto negativo en el mercado inmobiliario. Sin embargo, podría profundizar más en las voces contrarias a esta medida y explorar alternativas más equilibradas.
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