Crítica:
El artículo revela conexiones turbias entre políticos y mandos policiales, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y éticas de estos hechos.
El comisario principal José Ángel González Jiménez ha sido destituido como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional mediante una orden interna firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska y publicada en el BOE extraordinario del 19 de febrero de 2026. Con una carrera de más de tres décadas al servicio del Estado, González Jiménez enfrentaba una denuncia por agresión sexual presentada por una subordinada que grabó los hechos durante 40 minutos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el ex DAO cuenta con apoyos personales sólidos, como la visita de la esposa de Segundo Martínez, ex jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero. La pensión que percibirá será la máxima permitida para un funcionario de su rango y antigüedad, aunque no podrá sumar los pluses mensuales por sus condecoraciones. Su patrimonio inmobiliario incluye propiedades en Valladolid y Aguilar del Río Alhama, su localidad natal en La Rioja. La destitución implica la entrega inmediata de los elementos policiales asignados al cargo, como el teléfono móvil oficial y la residencia oficial en la zona de Cuzco de Madrid. La causa judicial sigue adelante, con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid solicitando pruebas documentales, y el abogado de la denunciante ha confirmado que otras personas han comenzado a relatar situaciones similares atribuidas a otros mandos comisarios.
En un informe explosivo publicado el 20 de febrero de 2026, el Ministerio del Interior revela un alarmante incremento del 288% en las violaciones desde que Fernando Grande-Marlaska asumió el cargo en 2017. Los datos pasan de 1.382 casos en 2017 a 5.363 en 2025, coincidiendo con un escándalo por la violación imputada al ex DAO José Ángel González, mano derecha de Marlaska en la Policía. Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska y del director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, acusándolos de encubrimiento. El aumento de la criminalidad desmonta el discurso de Marlaska sobre la bajada de la delincuencia. Los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han pasado de 799 a 1.413, y los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual de 11.692 a 21.659. Además, el 40% de las violaciones y agresiones sexuales son cometidas por extranjeros según otro informe de Interior. En 2025, España registró 2.474.156 delitos, un 0,8% más que en 2024. Los hurtos siguen bajando, pero otros delitos graves como homicidios (7,7%), secuestros (9,6%), agresiones sexuales con penetración (2,8%) y tráfico de drogas (5,5%) aumentan. El presidente Pedro Sánchez presume de un Gobierno feminista y de tener 'las calles más seguras', pese a estos datos. La ley del 'solo sí es sí' ha beneficiado a miles de abusadores, reduciendo sus condenas. Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, denuncia la falta de transparencia en los datos y la falta de medios para la Policía Nacional.
La finca de José Bono en Salobre, Albacete, es un reflejo de su conexión con sus raíces manchegas. Construida en los años 40 y reformada en los 80, esta propiedad de 400 metros cuadrados presume de un 'río privado', una terraza con vistas impresionantes y una placa en la fachada dedicada a su padre, exalcalde del pueblo. La vivienda, que fue televisada en 'Mi casa es la tuya', cuenta con cuatro fuentes dedicadas a sus hijos y una puerta que antiguamente conectaba con el negocio familiar. Aunque Bono divide su vida entre Madrid y República Dominicana, Salobre sigue siendo un lugar especial para él, donde disfruta de sus períodos vacacionales con su familia. La localidad, con apenas 400 habitantes, se caracteriza por su entorno natural privilegiado, con el río Salobre atravesando el valle y rodeado de montañas. El pueblo conserva su encanto rural, con la Iglesia de Santa Ana como edificio destacado y un balneario de aguas termales a pocos kilómetros. La huella de Bono en la zona es palpable, tanto por su legado político como por su presencia ocasional en la vida local.
La exposición organizada por Francina Armengol para conmemorar que la actual Constitución española es la más longeva de la historia ha generado controversia debido a su contenido sesgado. La muestra, inaugurada por los Reyes de España el pasado 17 de diciembre, está compuesta por 39 fotografías de la agencia EFE que, según diputados del Partido Popular, presentan un enfoque parcial. La senadora Marimar Blanco criticó duramente la inclusión de una imagen del diario abertzale Gara junto a otros medios anunciando el fin de ETA, considerándolo un 'blanqueamiento' y una falta de respeto a las víctimas del terrorismo. Blanco expresó su malestar al presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, quien restó importancia al asunto calificándolo simplemente como 'una foto'. La exposición también omite logros del Partido Popular durante su gobierno, lo que ha generado quejas de que la muestra no representa a todos los españoles. El malestar se suma al generado por el discurso de Armengol en el Congreso, calificado por el Grupo Popular como un 'mitin político'.
La relación entre José Luis Ábalos y Anaís D. G. trascendió el registro policial de junio de 2025. Según Anaís, su vínculo se mantuvo en secreto, con encuentros clandestinos donde debía esconderse en el maletero del coche o en el armario de Ábalos debido a la presión mediática y judicial. Capturas de pantalla obtenidas por THE OBJECTIVE revelan intercambios de mensajes entre ambos tras el registro, con Ábalos mostrando preocupación por la exposición pública de Anaís y su posible conexión con su imagen. Incluso desde prisión, se intentó restablecer el contacto a través de terceros, como Joseba Izaguirre, hermano de Koldo García. Víctor Ábalos, hijo del exministro, ha negado estas afirmaciones, tildándolas de mentira. Sin embargo, las pruebas documentales presentadas refuerzan la versión de Anaís, mostrando una relación intermitente y marcada por el secretismo.
El exministro socialista José Bono admitió haberse llevado consigo miles de documentos del Ministerio de Defensa durante su mandato entre 2004 y 2006, un archivo personal que aún conserva. Parte de esos documentos salieron del Estado Mayor de la Defensa, donde, según Bono, acudió a recoger documentación sobre el caso del Yak-42. Sin embargo, el relato del oficial general de Infantería de Marina, coronel Pardo de Donlebún, difiere significativamente del de Bono. Según Donlebún, Bono y su director de gabinete 'vaciaron el armario' de manera compulsiva, llevándose documentos sin orden ni concierto. El coronel asegura que Bono se llevó los documentos sin seguir el protocolo habitual, y que él mismo ordenó hacer una relación de lo que se estaba llevando el ministro, que firmó como 'entregado'. El incidente ocurrió el 13 de octubre de 2004, dos semanas después de que Bono y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se reunieran con la cúpula militar tras la Junta de Jefes de Estado Mayor. El enfrentamiento de aquel día en el Estado Mayor provocó que Bono le negara el ascenso a general a Pardo de Donlebún hasta su último Consejo de Ministros en 2006. Bono ha reconocido disponer de un enorme archivo personal de más de 100.000 documentos, parte de los cuales cedió a la Fundación Pablo Iglesias, pero muchos otros que aún conserva. La sustracción de estos documentos ha generado inquietud y ha sido relacionada con sus negocios personales en República Dominicana y Marruecos.
El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, fue investigado en 1998 por un incidente en un prostíbulo de Valladolid donde sacó su arma reglamentaria. El caso se ocultó durante casi treinta años gracias a la intervención de altos mandos policiales afines. González Jiménez, conocido como 'Jota', protagonizó una reyerta en el club de alterne El Latino junto con Juan Carlos Bará Torres, entonces inspector jefe de la UIP en Vigo. La situación se tornó violenta cuando los agentes de seguridad del local se enfrentaron a los mandos policiales, lo que derivó en la salida abrupta del DAO y una persecución en coche. El incidente se resolvió sin consecuencias disciplinarias gracias a la intervención de Segundo Martínez, un alto cargo policial que mantenía una relación estrecha con González Jiménez. Martínez, considerado una figura de influencia en el cuerpo policial, habría avalado posteriormente el nombramiento de González Jiménez como DAO, asegurando así su posición en la cúpula operativa. La relación entre ambos se consolidó a lo largo de los años, y se atribuye a Martínez un papel clave en la promoción de determinados perfiles dentro de la Policía Nacional.
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