Crítica:
El artículo presenta pruebas documentales y testimonios que respaldan las acusaciones, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y políticas del caso.
Las hijas de Zapatero ofrecían acceso a su padre a cambio de un pago mensual
Zapatero y sus hijas en trama corrupta
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Getafe: Millonario gasto público
La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, está en el ojo del huracán por unos supuestos gastos millonarios en protocolo, propaganda y 'regalitos'. El Partido Popular denuncia que Hernández ha gastado 'cerca de 3,5 millones de euros' en estos conceptos, una cifra que el PP calcula a partir de la duplicación de los presupuestos anuales. Concretamente, en 2024 se destinaron 130.000 euros a protocolo y representación, mientras que en 2025 la cantidad ascendió a 200.000 euros. Entre los gastos más llamativos se encuentran 14.500 euros en 2.200 botellas de aceite de oliva virgen extra para los trabajadores del Ayuntamiento, 14.500 euros en 160 'corazones de metacrilato' como reconocimientos a deportistas, y 10.942,86 euros en 4.500 bolsas de regalo con el logo del Ayuntamiento para un programa educativo. El PP critica la falta de transparencia y acusa a Hernández de ocultar información y negarse a mostrar las facturas. El PSOE responde que la cifra es 'inventada' y que los populares están sumando conceptos distintos para inflar las cifras. Defienden que los regalos son parte de programas educativos y reconocimientos institucionales. El líder del PP en Getafe, Antonio José Mesa, arremete contra la alcaldesa, acusándola de 'derrochar' en protocolo y autobombo mientras impone tasas abusivas a los ciudadanos.
Guerra entre Marlaska y Puente
En una tensa sesión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizaron un enfrentamiento verbal por las filtraciones relacionadas con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y que dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. El conflicto surgió a raíz de un informe de la Guardia Civil que alertaba de que personal de Adif retiró piezas clave de la vía sin autorización judicial. Marlaska acusó a Puente de actuar 'por su cuenta' y cuestionó la labor de la Guardia Civil, mientras que Puente defendió la actuación de Adif y criticó la construcción de un relato que, según él, no se ajusta a los hechos. Este choque refleja las tensiones internas del Gobierno de Pedro Sánchez, donde dos de sus ministros más destacados gestionan conflictos que afectan directamente a sus ámbitos sin lograr coordinar un relato común. La investigación del accidente sigue en curso en el juzgado de Montoro, pero el efecto político ya se ha hecho notar.
Gasto millonario en campaña feminista
El Govern de Salvador Illa se gastó cerca de un millón de euros, exactamente 973.665 euros, en una campaña contra el machismo digital el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La campaña 'Si sembla violencia masclista, és violencia masclista' buscaba visibilizar las múltiples formas de violencia machista, especialmente aquellas ejercidas a través de las redes sociales y los móviles. El Ejecutivo catalán distribuyó este gasto entre tres departamentos: Igualdad y Feminismos, Presidencia, e Interior y Seguridad Pública. La empresa Two Small, SL recibió 170.747 euros por 'creatividad gráfica y adaptaciones', mientras que Carat España SAU ingresó 287.474 euros por 'inserciones de publicidad institucional'. Además, el departamento de Interior y Seguridad Pública destinó 409.321 euros a inserciones publicitarias y 17.545 euros a 'Creatividad para el segmento de cuerpos de seguridad y emergencias'. Estas cifras han generado polémica, especialmente tras la reciente controversia sobre los cuatro millones de euros destinados a proyectos de cooperación internacional en Gaza para promover el feminismo. El Govern defiende que la campaña era necesaria para combatir la creciente violencia machista digital, que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.
Bono y transferencias millonarias
En plena pandemia, un grupo de empresarios dominicanos vinculados al exministro de Defensa José Bono adquirió una sociedad limitada en Almansa, Albacete, a la que posteriormente transfirieron 450.000 euros. La operación, realizada en 2021, involucró a la mercantil Ebirac Prescriptores, creada meses antes y que, desde su constitución hasta su último ejercicio cerrado en 2024, no ha registrado actividad comercial alguna. El administrador de Ebirac, Williams Alberto Jiménez Villafaña, abogado especializado en compañías aseguradoras, transfirió el dinero como parte de un préstamo al 3% hasta 2026. Jiménez Villafaña comparte sociedad en República Dominicana, Atitlan, con Juan Segovia, exdiputado del PSOE y cercano a Bono. Esta conexión se extiende a otras empresas creadas por Bono en el país caribeño, todas inscritas en la misma dirección y con la misma gestora, Esther Patricia Fernández Bernard. La adquisición de la nacionalidad dominicana por parte de Bono, facilitada por el presidente Luis Abinader, con quien mantiene una relación de amistad, se produjo justo antes de constituir estas sociedades. Además, Bono estuvo cerca de ser nombrado cónsul de República Dominicana en Albacete, lo que le habría permitido seguir tributando en la isla. La República Dominicana, conocida por su discreción bancaria al no haber suscrito tratados internacionales de transparencia financiera, se presenta como un escenario atractivo para operaciones financieras opacas. La conexión entre estos empresarios y políticos se refuerza con la creación de Medcap Energy en 2021, empresa que obtuvo concesiones para proyectos multimillonarios de energía solar en el país caribeño.
Fraude en edad de menas
Una misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 ha descubierto que alrededor de la mitad de los supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de determinación de edad fueron finalmente declarados adultos. El informe, fechado el 12 de febrero de 2026, revela que Marruecos acepta únicamente el 8% de las devoluciones tramitadas por España. La delegación, encabezada por el eurodiputado polaco Bogdan Rzońca, analizó la gestión de la ruta atlántica y el funcionamiento de los sistemas de acogida en Tenerife y Gran Canaria. Las autoridades canarias informaron que se realizaron unas 1.500 pruebas de determinación de edad, de las cuales 'alrededor de la mitad' resultaron en adultos. El Gobierno autonómico destacó que había destinado 192 millones de euros a la gestión migratoria sin recibir fondos directos de los 560 millones transferidos por la UE a España. El informe también subraya la falta de cooperación de Marruecos en las repatriaciones, rechazando la mayoría de las devoluciones iniciadas por España. Frontex indicó que no tiene medios navales ni aéreos propios en la ruta canaria, limitándose a tareas de apoyo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
Hermano de Pedro Sánchez pillado
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido pillado intentando ocultar su domicilio habitual. La Audiencia de Badajoz le ha pedido que facilite su dirección para recibir una citación para un juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Inicialmente, ofreció la dirección de su abogado en Cáceres, pero la Audiencia descubrió que era el despacho del letrado y no su residencia real. Ahora, ha decidido personarse en los Juzgados para recoger la citación en persona. La vista oral está programada entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Recientes informaciones sitúan a David Sánchez viviendo en La Moncloa.
Pardo de Vera elimina datos clave
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional concluyendo que Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, eliminó datos de su móvil relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El análisis forense de los dispositivos incautados reveló la ausencia de información relevante en el periodo investigado, lo que obligó a los investigadores a reconstruir las comunicaciones y actuaciones acudiendo a otros dispositivos incautados. La UCO sitúa a Pardo de Vera en contacto directo con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, en fechas clave. El informe también conecta la adjudicación con el entorno de Víctor de Aldama, señalado como uno de los vértices de la trama. La Guardia Civil detectó pagos periódicos y movimientos patrimoniales coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones bajo investigación. El juez autorizó en junio de 2025 la entrada y registro en domicilios vinculados a Pardo de Vera, incautando nueve dispositivos electrónicos y diversa documentación. El oficio no formula acusaciones formales, pero consolida una línea de investigación que sitúa a Pardo de Vera en el epicentro de las decisiones adoptadas en torno al contrato de mascarillas.
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