Crítica:
El artículo es mordazmente crítico con la postura de Pedro Sánchez, calificándola de oportunista electoral. Aunque no es tendencioso en su información, su tono es claramente irónico y crítico.
La Audiencia de Las Palmas ha fallado a favor de la escritora Lucía Etxebarría en su disputa legal con una activista trans, M., a quien la escritora se negó a reconocer como mujer en sus redes sociales entre 2020 y 2022. La demanda, que exigía una indemnización de 11.000 euros, fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en 2024 y posteriormente confirmada por la Audiencia. El tribunal consideró que las críticas de Etxebarría eran legítimas dentro del debate sobre la ley trans y no vulneraban el honor de M. El 2 de julio de 2020, Etxebarría publicó un tuit cuestionando la identidad de género de M. y otra persona, acompañando el mensaje con sus fotos. En los siguientes meses, continuó expresando su oposición al proyecto de ley trans en diversas publicaciones. Aunque muchos de los mensajes de terceros en respuesta a Etxebarría fueron insultantes y ofensivos, la Audiencia determinó que la escritora no era responsable de ellos y no había traspasado los límites de la libertad de expresión. La sentencia subraya que Etxebarría estaba ejerciendo una crítica ciudadana legítima al resaltar las discordancias entre el aspecto físico de M. y su género sentido, con el fin de discutir la polémica en torno a la ley trans y la ley Zerolo.
En un giro inesperado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que España había acordado cooperar con el Ejército estadounidense en la guerra contra Irán. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desmintió tajantemente esta afirmación, afirmando que la posición del Gobierno español no ha cambiado ni una coma. La controversia surgió después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial a España por su negativa a permitir el uso de bases españolas para operaciones contra Irán. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, justificó la frustración de Trump, acusando a los españoles de poner en peligro vidas estadounidenses. En respuesta, el ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la decisión soberana de España de no participar en el conflicto y criticó la escalada militar, abogando por el diálogo y la negociación. La tensión entre España y EEUU se intensificó con declaraciones encontradas sobre la implicación de España en la guerra de Irán.
La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se enfrenta a un juicio oral por presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura del juicio contra Oltra y otros 12 acusados, a pesar de que el juez instructor no encontró indicios de delito y la Fiscalía no formuló acusación. La decisión se tomó tras el recurso presentado por las acusaciones particulares y populares, incluyendo Vox y la asociación Gobierna-te. Los acusados están imputados por delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores. La Audiencia Provincial de Valencia ordenó la apertura del juicio oral el pasado 24 de febrero, argumentando que existía probabilidad de que los hechos fueran considerados delictivos. La Conselleria de Igualdad, dirigida por Oltra en ese momento, ejercía la tutela de la menor y no informó de los abusos a la Fiscalía de Menores. Oltra lleva apartada de la política desde su dimisión en junio de 2022, tras ser citada como investigada en esta causa judicial.
En un despliegue naval sin precedentes, España ha enviado la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y buques de la Armada griega. La 'Cristóbal Colón', considerada la fragata tecnológicamente más avanzada de España, se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del 'Charles de Gaulle' para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado inicialmente en el mar Báltico. Ahora, el conjunto naval se dirige al Mediterráneo, con una parada prevista en las costas de Creta hacia el 10 de marzo. Durante su tránsito por el Golfo de Cádiz, el buque de aprovisionamiento 'Cantabria' saldrá brevemente para suministrar combustible y prestar apoyo logístico al Grupo Naval. La misión de la 'Cristóbal Colón' en el Mediterráneo será crucial, ya que ofrecerá protección y defensa aérea, complementando las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía. Además, estará lista para prestar apoyo en caso de evacuación de personal civil afectado por el conflicto. Este despliegue es un claro mensaje de España sobre su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental.
La guerra en Irán ha irrumpido en la política española como un factor inesperado en la negociación del decreto antidesahucios. Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez urgen a vincular este conflicto con el decreto para presionar a Junts y lograr su aprobación. El tercer intento de sacar adelante esta norma, que ha sido rechazada dos veces en el Congreso, se enfrenta al bloqueo de Junts, que mantiene su 'no' a menos que se modifiquen aspectos que consideran perjudiciales para los propietarios. La táctica ahora es reforzar el relato de excepcionalidad, justificando la prórroga de las moratorias de desahucios por la escalada bélica en Oriente Próximo y su impacto en la economía española. Sumar y Podemos ya han mostrado su apoyo a esta estrategia, relacionando la crisis internacional con la necesidad de medidas de contención económica interna. La inclusión en el preámbulo del decreto de referencias a la 'situación de inestabilidad internacional' podría ser clave para cambiar la posición de Junts. Sin embargo, Sánchez debe equilibrar las demandas de sus socios con las concesiones a Junts sin que el resto de la mayoría lo perciba como un giro en la política de vivienda. La presión ahora se traslada al terreno simbólico, donde votar en contra de una medida presentada como un blindaje frente a una crisis global podría tener un coste reputacional significativo para Junts.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha ingresado 340.567 euros de la Diputación de Badajoz por servicios prestados entre 2017 y febrero de 2025. Está imputado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias junto con otras once personas, entre ellas el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y Luis Carrero, exasesor de Moncloa que cobró 87.707 euros. La acusación popular solicita tres años de prisión para David Sánchez y que devuelva los salarios percibidos. Sin embargo, la Fiscalía y las defensas piden la absolución al considerar que no hay base penal suficiente. El caso se remonta a 2017, cuando Sánchez fue contratado para un puesto creado supuestamente 'ad hoc' para él, según la magistrada Beatriz Biedma.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está saturada debido al elevado volumen de material intervenido en investigaciones relacionadas con presuntos escándalos que afectan al PSOE. La acumulación de dispositivos, documentación y evidencias digitales ha generado una sobrecarga en el Cuerpo, afectando la agilidad en el procesamiento de la información y el avance de las investigaciones. Por ejemplo, la Audiencia Nacional aún no ha recibido ningún informe sobre los documentos incautados a la exmilitante socialista Leire Díez. La UCO está trabajando en diversas causas judiciales relacionadas con el PSOE, como la trama de las mascarillas, el caso Koldo y la financiación del PSOE. Además, están investigando otros casos como el fraude de hidrocarburos y el caso Begoña Gómez. A pesar de la sobrecarga, la UCO ha informado de operaciones lideradas que han supuesto la detención de prófugos de la Justicia y la liberación de mujeres explotadas sexualmente.
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