Crítica:
La noticia original queda eclipsada por el error de acceso, lo que genera más preguntas que respuestas. ¿Es una mera casualidad o un intento de silenciar el debate?
El exjefe de la UDEF, Óscar Sánchez, está en el ojo del huracán tras ser procesado por delitos de tráfico de drogas. Según la investigación, Sánchez recibió más de 32 millones de euros por ayudar a introducir 39 contenedores vinculados al narcotráfico. La sorpresa llegó cuando se descubrieron 20 millones de euros emparedados en su vivienda, un hallazgo que ha dejado atónitos a los investigadores. La trama se complica al saberse que su esposa, también policía, está implicada en el caso. Los hechos han sacudido las bases de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDEF), poniendo en tela de juicio la integridad de sus miembros. El juez ha atribuido delitos de tráfico de drogas a Sánchez y a otras ocho personas más. La investigación sigue adelante, intentando desentrañar la red de corrupción que ha llevado a este escándalo sin precedentes.
Un juzgado de Alicante ha absuelto a siete acusados de tráfico de drogas después de que se declarara ilegal el registro de una nave industrial en San Vicente del Raspeig, donde la Guardia Civil encontró una plantación de marihuana en diciembre de 2022. La sentencia, dictada por el magistrado de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Alicante, determinó que la entrada en la nave sin autorización judicial vulneró el derecho a la inviolabilidad del domicilio de uno de los acusados, quien residía allí. Aunque la Guardia Civil alegó desconocer este hecho, varios agentes, incluido un oficial, testificaron que sabían que una persona vivía en la nave. La plantación incautada incluía 148 plantas adultas de marihuana y 22 kilos de cogollos preparados para su venta. Sin embargo, al declararse la nulidad del registro, las pruebas obtenidas no pudieron ser utilizadas, lo que llevó a la absolución de los siete procesados. La Fiscalía había solicitado penas de entre tres años y nueve meses y cuatro años y cuatro meses de prisión, además de una multa por un delito de defraudación de fluido eléctrico.
Un exsubordinado de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, ha sido detenido por presuntamente recibir 5,2 millones de euros de Forestalia, una empresa energética liderada por Fernando Samper, a cambio de facilitar autorizaciones ambientales para sus proyectos de energía renovable. Eugenio Domínguez, subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental durante el mandato de Ribera, habría utilizado la empresa de su mujer, Estudio de Asesoramiento Dherco, para canalizar los pagos. Los investigadores sospechan que Domínguez también recibió acciones de las renovables que aprobaba y que Forestalia creó un entramado complejo de empresas para ocultar las transacciones. El caso implica delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil ha registrado varias localizaciones y detenido a seis personas, incluyendo al exfuncionario y su esposa. El juez Juan José Cortés ha autorizado los registros y detenciones tras descubrir 'comportamientos irregulares' en el Ministerio y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).
La Audiencia Provincial de Valencia ha dictaminado que Mónica Oltra debe ser juzgada por posible ocultación de la denuncia de su hija abusada por su exmarido. La denuncia inicial de la menor no llegó a la Policía hasta que fue impulsada por medios externos. La consejería de Oltra desobedeció la orden de alejamiento entre su marido y la niña abusada. El 27 de julio de 2017, el Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia ordenó el alejamiento del marido de Oltra de la menor. Sin embargo, no se apartó al abusador de inmediato y el 16 de agosto se trasladó a la menor a otro centro. Durante la instrucción, el juez Vicente Ríos explotó durante la declaración de Carmen Fenollosa, directora territorial de la Consejería, al descubrirse que se había desobedecido la orden judicial. La defensa de Oltra había negado la existencia de protocolos de actuación, pero se encontraron dos instrucciones que obligaban a dar credibilidad a la menor y actuar de inmediato. La causa fue originada por una querella de la asociación GOBIERNA-TE.
En Barcelona, el catalán se usa más en entornos educativos que en actividades de ocio entre jóvenes. Un estudio del Institut d'Estudis Catalans revela que el 75% de las conversaciones en espacios de ocio se dan en castellano. Los monitores y entrenadores son clave para promover el catalán. La Generalitat planea aumentar su presupuesto para promover el catalán en 43% para 2026, llegando a 85 millones de euros. El objetivo es normalizar el uso del catalán en contextos informales y digitales.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido llevar a Moncloa a juicio por ocultar información sobre los vuelos en el avión Falcon utilizados por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión se produce después de que Moncloa se negara a proporcionar detalles sobre los destinos y motivos de estos viajes, a pesar de las repetidas solicitudes de información por parte del periódico El Debate. El TSJM ha respaldado en dos ocasiones la posición de El Debate, rechazando los intentos de la Abogacía del Estado de cerrar el procedimiento. La causa sigue adelante, con Moncloa intentando dilatar y ocultar información. El uso del Falcon por parte de Begoña Gómez ha generado controversia, ya que se ha utilizado para viajes personales y vacacionales, algunos de ellos junto a su esposo, pero también en ocasiones sin él. La falta de transparencia sobre estos viajes ha generado sospechas sobre el uso de fondos públicos para sufragar estos desplazamientos. El TSJM ha ordenado a Moncloa que proporcione información detallada sobre los vuelos, incluyendo fechas, destinos y motivos, así como si se han utilizado fondos públicos para pagar vuelos comerciales. La negativa de Moncloa a proporcionar esta información ha llevado al TSJM a concluir que no se ha satisfecho la información requerida y que el procedimiento debe continuar.
La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a autorizar el dragado de los puertos de Baleares ha provocado una situación crítica en las instalaciones portuarias de las islas. La falta de calado compromete la seguridad, limita la operatividad y puede provocar la pérdida de amarres. El Govern de Baleares solicitó hace casi dos años la colaboración del Gobierno para elaborar un plan de dragado, pero no ha recibido respuesta. La situación es especialmente grave en los puertos de la Colonia de Sant Jordi, Portocolom, Porto Cristo y Cala Bona, donde las corrientes marinas, los temporales y el tráfico de embarcaciones han provocado alteraciones en el fondo marino. El Govern ha licitado un estudio para determinar la tipología de los fangos y las condiciones óptimas de navegabilidad, y está redactando proyectos para los puertos más problemáticos. Sin embargo, sin la autorización estatal, estos proyectos no se podrán ejecutar. La falta de coordinación entre ministerios y la burocracia están comprometiendo la seguridad de los puertos de Baleares.
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