La última ronda de la saga Zamora‑Transportes culminó con la amenaza de un recurso judicial. El alcalde Francisco Guarido, del partido Izquierda Unida, ha declarado que el Ayuntamiento de Zamora presentará un contencioso‑administrativo contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por Óscar Puente, para frenar la obra de “humanización” de la Avenida de Requejo.
El conflicto nace de la discordia sobre la ejecución de la remodelación de la carretera nacional que atraviesa la ciudad, donde Guarido sostiene que la propuesta ministerial ignora las necesidades reales de movilidad y la falta de diálogo. La crítica se intensifica tras la ausencia de avances en la autovía A‑11 y los recortes en los servicios ferroviarios de Sanabria, que el gobierno local siente que han sido abandonados. El ministro, quien fue alcalde de Valladolid, ha sido acusado de “ningunear” las demandas zamoranas, mientras Guarido exige una mesa de trabajo para abordar la denominada “guerra de trenes” y las mejoras en las carreteras.
La tensión entre ambos políticos, que antes compartían una relación cordial, se vuelve visible cuando la propuesta de la Junta de Castilla y León de una política comercial conjunta para las Semanas Santas de Zamora y Valladolid se ve ensombrecida por el debate sobre la infraestructura. El recurso contencioso‑administrativo, si se presenta, marcaría la ruptura definitiva del diálogo institucional entre el Ayuntamiento y el Ministerio en la actual legislatura.
Guarido ha asegurado que el consistorio está dispuesto a acudir a los tribunales para frenar o modificar el proyecto ministerial, citando la falta de plazos y la insuficiencia de la intervención gubernamental. La declaración llega tras la acusación de que el Ministerio no ha incluido en la obra las “humanizaciones” acordadas con el Ayuntamiento, provocando un debate público que ha polarizado a los ciudadanos y a los partidos políticos locales. Con esta amenaza, la relación que una vez se describió como “honrada y agradecida” entre Guarido y Puente se ha transformado en un enfrentamiento político que pone en duda la viabilidad de las mejoras de infraestructura en Zamora.
Si el recurso se aprueba, el futuro de la Avenida de Requejo y de los servicios de transporte en la región pasará a un nuevo capítulo, con la posibilidad de que la intervención judicial altere el rumbo de los planes de movilidad que el Ministerio había propuesto. El caso evidencia la fragilidad de las negociaciones entre los gobiernos locales y el Estado cuando las prioridades de desarrollo divergen, dejando al futuro de la ciudad en un limbo que solo la justicia podrá resolver.
Crítica:
El artículo se siente como un guion de drama sin profundizar en la legalidad del recurso. El título exagera la enemistad, creando expectativas de confrontación.
Comentarios