El Kremlin, con la misma mano que el gobierno de Pedro Sánchez, se lanzó a la batalla legal que arrasa con cientos de millones. En la sala de audiencias de Washington, la palabra clave es la inmunidad soberana: un escudo que, según Moscú, debería proteger a los estados de demandas extranjeras sin el consentimiento previo de arbitraje.
El caso central gira en torno a 242 millones de dólares que el Tribunal Supremo de Estados Unidos exige a Rusia por la expropiación de activos energéticos ucranianos en Crimea tras la anexión de 2014. Al mismo tiempo, España enfrenta más de 1 700 millones de euros en laudos pendientes por la retirada retroactiva de primas renovables, y el Tribunal Supremo de Reino Unido ya falló en su contra, mientras que en 2025 el Alto Tribunal de Australia aprobó una sentencia definitiva contra España. La estrategia rusa se inspira directamente en la defensa española ante el caso *España v. Blasket*, donde el gobierno de Pedro Sánchez argumenta que los tribunales estadounidenses no pueden ejecutar laudos arbitrales sin comprobar un consentimiento inequívoco del Estado.
Los abogados de ambos países han compartido equipos, y parte de los mismos expertos que asesoran a España también están de la mano del régimen de Putin. Si el tribunal de Washington cede a esta tesis, el principio de que un Estado no puede ser demandado sin su consentimiento previo se convertiría en una zona de sombra para los inversores internacionales. El riesgo es claro: la seguridad jurídica se vería erosionada cuando la FSIA y el Convenio de Ciadi se interpretan de manera restrictiva, permitiendo que los laudos se retrasen o se bloqueen por años.
Esto no solo afecta a Rusia y España, sino que amenaza a cualquier nación que haya expropiado activos sin compensación, pues su responsabilidad sería cuestionable ante la corte. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, prevista para mediados de 2026, podría marcar un precedente que altere el marco de protección de inversiones globales. Mientras tanto, acreedores de ambos países están rastreando activos y activos, anticipando embargos y otras medidas de protección.
El escenario se vuelve más complejo cuando se considera que la jurisprudencia en Estados Unidos, Reino Unido y Australia ya ha generado precedentes que parecen favorecer a los demandados. El juego se intensifica, y la comunidad internacional observa cada maniobra con la esperanza de que el sistema de arbitraje internacional no se convierta en un campo de juego solo para los estados con músculo diplomático.
Crítica:
El titular promete drama, pero la crónica se queda en la superficie de una estrategia jurídica sin profundizar en sus implicaciones reales. Pese al tono, falta análisis sobre el riesgo para la inversión internacional.
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