En un movimiento que podría marcar su legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a convertir su regularización de inmigrantes en la mayor de la historia de España. Con un alcance que podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas, esta medida busca reconocer la realidad social y laboral existente en el país, donde muchos migrantes ya viven y trabajan sin documentación oficial.
Aunque la idea no es original del actual gobierno, sino que nació impulsada por Podemos, Moncloa está preparando una campaña política para apropiarse de la medida y presentarla como una de las decisiones más simbólicas y ambiciosas de su mandato. La regularización, que está lista para ser aprobada en el Consejo de Ministros, permitirá a extranjeros que acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una permanencia continuada mínima de cinco meses acceder a una autorización de residencia.
El requisito fundamental será carecer de antecedentes penales relevantes. Detrás de la explicación oficial de reconocer la realidad social y laboral, hay una lectura política evidente: el Gobierno quiere convertir la regularización en una bandera de legislatura y en un hito comparable a algunas de las grandes medidas sociales de los gobiernos progresistas anteriores.
La magnitud final de la medida sigue abierta, pero si se cumplen las previsiones, podría superar la regularización impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, que benefició a más de 570.000 personas. La oposición, liderada por el PP y Vox, ya ha empezado a endurecer su discurso migratorio, lo que podría convertir la regularización en un foco de confrontación política en las próximas semanas.
Sin embargo, en Moncloa creen que esta batalla les beneficia, ya que les permitirá presentar la regularización como una decisión identitaria y un motor de ampliación de derechos. El diseño del decreto busca facilitar al máximo el acceso al proceso, sin exigir contrato de trabajo previo, y permitirá a los beneficiarios empezar a trabajar de forma provisional casi de inmediato.
Las solicitudes deberán resolverse en menos de tres meses, y el permiso de trabajo arrancará desde la propia admisión a trámite. El Ejecutivo sostiene que la medida responde también a una necesidad económica, ya que España enfrenta un problema creciente de envejecimiento poblacional y déficit de mano de obra en sectores como la hostelería, la agricultura o los cuidados.
La regularización, según el Gobierno, beneficiará tanto a los trabajadores como a las empresas, y se presenta como una decisión que fija perfil y delimita trincheras en el debate político actual.
Crítica:
La noticia presenta una visión sesgada y politizada de la regularización migratoria, sin considerar las posibles consecuencias negativas de la medida. La falta de objetividad y la carga ideológica del artículo son evidentes.
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