La noticia es, cuanto menos, cuestionable. La redacción original de OK Diario es claramente partidista, pero la extensión desmesurada de la Ley de Memoria Democrática es un hecho. El titular, aunque sensacionalista, acierta al captar la esencia de la problemática.
El aire huele a chamusquina en Plus Ultra. La aerolínea, con más agujeros en el balance que un queso Gruyère, recurrió a la artillería pesada: el ex-presidente Zapatero. No para pedir un café, sino para que soltara una llamada de 11 minutos que, según la UDEF, acabó materializándose en una carta oficial al Santander. Una misiva donde, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, se solicitaba un crédito ICO “siguiendo instrucciones” del mandatario. La jugada, orquestada en pleno estado de alarma por la Covid-19 – cuando la aviación estaba más parada que un domingo por la tarde – buscaba inyectar liquidez a una plantilla de 354 personas y evitar el desastre. Plus Ultra, que en 2019 facturó 94,5 millones de euros, se había quedado sin fuelle. Rodolfo Reyes, ex-accionista, tendió un puente con Zapatero, y el expresidente, lejos de quedarse en la tangente, ofreció su “ayudita”. El Santander, tras un intento fallido por la vía rápida (“los créditos ICO no son suficientes”, lamentan en la carta), se vio ante la tesitura de lidiar con una solicitud respaldada por un nombre con peso político. La operación, que culminó en un rescate de 53 millones de euros de la SEPI en marzo de 2021, levanta más sospechas que un billete de tres euros. Y mientras tanto, el enlace directo con el ex-presidente, Julio Martínez Martínez, se lucía como asesor en Venezuela, abriendo puertas con mandos militares chavistas. ¿Coincidencia? Lo dejamos a la justicia. La pregunta ahora es: ¿cuánto cuesta una llamada de 11 minutos? Y, más importante aún, ¿quién pagó la factura?
El Gobierno ha decidido que el Valle de los Caídos necesitaba un 'lavado de cara'. Justo ahora. Con el Papa León XIV de visita, por supuesto. Como si no tuvieran suficiente con el sablazo de 30 millones de euros –4 millones para pensar en qué hacer y 26 para ejecutar–, ahora le meten maquinaria pesada al terreno mientras el Pontífice daba un discurso histórico. La 'gran grieta' que pretenden crear, una invitación al 'diálogo y pluralidad' (léase: una reforma faraónica para tapar otra), costará más que la lista de la compra de un barrio entero. Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, lo vendió como una 'valentía' arquitectónica, rompiendo la 'axialidad' del monumento. Traducido: van a hacer un agujero. Y mientras tanto, el Valle de los Caídos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros desde 2022, se ha convertido en un imán para turistas. Un aumento del 16,8% en ingresos, hasta 1.044.652 euros en 2024, gracias al 'año Franco' y a la curiosidad morbosa. Irónico, ¿verdad? Que el monumento a un dictador atraiga visitantes. Patrimonio Nacional, que gestiona el lugar, se frota las manos, pero ha cerrado la tienda de regalos. 'Razones de interés general', dicen. La misma 'generalidad' con la que justifican gastar una fortuna en una reforma que algunos ven como una provocación y otros como una necesidad. Así que, mientras el Papa bendice España, las excavadoras profanan la tierra. Y la hipocresía, como siempre, se vende al mejor postor. Los datos hablan por sí solos: en 2018, 379.000 visitantes, en 2025, 254.157. Una caída que se revirtió a partir de 2022, con un incremento del 40,95% en los asistentes a partir de la Ley de Memoria Democrática.
El sumario Leire sigue desgranando nombres y revelando un entramado de favores que parece sacado de una novela, pero con la diferencia de que aquí el guion lo escribe el dinero público. El juez Pedraz, con la paciencia de un pescador, ha enviado a la UCO a buscar el expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos, ex viceministro de Chávez, mientras la justicia venezolana archivaba un presunto blanqueo de 3.375 millones de euros. ¿Casualidad? No lo parece. La historia se complica con la imputación de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, y la citación de Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Todo porque, al parecer, se intentó acelerar la nacionalidad de Villalobos a cambio de, ¿qué? ¿Una entrevista con Escrivá? ¿Regularizar cinco cuentas bancarias? Aparentemente, no era suficiente con que el viceministro consiguiera la nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática, avalada por sus abuelos de origen español. La trama se extiende como la hiedra, alcanzando a eurodiputadas como Hanna Jalloul, a altos cargos del PSOE como Cerdán y a empresarios con historiales cuestionables como Sandro Rosell y Javier Pérez Dolset, que se carteaban desde la cárcel de Soto del Real. El quid de la cuestión: 188.000 euros en facturas falsas y un intento de atacar al juez Peinado desde la comisión de investigación de la Operación Cataluña, a cambio de un informe favorable. En resumen, un circo de intereses donde la nacionalidad española se convierte en un artículo más de compraventa.
Antonio Hernando, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, parece que no solo estaba en la foto de la reunión de Ferraz con Sánchez, sino que, según fuentes socialistas, orquestó una ‘gestapillo’ para controlar las causas judiciales del PSOE desde 2021. ¿La ironía? Todo esto mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar las cuentas al final de mes. Hernando, pupilo aventajado de Rubalcaba y Blanco, aprovechó su regreso a Moncloa tras la crisis de 2021 que fulminó a Ábalos, Redondo y Calvo para montar este ‘equipo de fontaneros’. La cosa se puso interesante cuando, en octubre de 2021, Hernando le pidió a Leire Díez que llamara a Elena Valenciano para contactar con Gaspar Zarrías, un histórico del PSOE andaluz, por el tema de los ERE. Leire acudió a la cita con “un archivador gordísimo” lleno de dossiers. Hernando se excusó con una “reunión de última hora”, como si el control de posibles escándalos fuera menos importante que una reunión en Moncloa. Esta gestapillo, inicialmente centrada en los casos del PP y los ERE, se preparó para lo que vendría: el caso Koldo. Cuando en mayo de 2024 Sánchez ‘castigó’ a sus colaboradores por no defender a Begoña Gómez, Hernando se puso al frente del operativo, eligiendo a su “amigo íntimo” Antonio Camacho como abogado de la esposa del presidente. Desde entonces, Hernando se convirtió en el “enlace” entre Moncloa y Ferraz, el cerebro detrás de todo, según fuentes internas. Aparentemente, apenas dejó rastro, salvo algunas anotaciones en la libreta de Leire Díez. Se habla de que incluso coordinó a un grupo de trabajadores de la FEMP para apoyar a Sánchez cuando Susana Díaz intentaba frustrar su ascenso. En resumen, una red tejida con hilos de poder, lealtades y, probablemente, algo de ingeniería financiera.
La huelga de profesores en la Comunidad Valenciana se ha convertido en un culebrón digno de ver en Netflix, pero con menos drama y más papeleo. Llevan cinco semanas en pie de guerra, y la cosa no parece que vaya a mejorar. El lunes, tras 12 horas de negociación, llegaron a acuerdos sobre burocracia (¡qué emoción!), ratios y algunas mejoras en infraestructuras. Pero el verdadero nudo de la cuestión, como suele pasar, está en el idioma y el dinero. El seguimiento de la huelga, según la Conselleria, es del 4,34% de media, con picos del 5,80% en Castellón y un discreto 2,87% en Alicante. Es decir, menos gente en la calle que en la cola del súper un sábado por la tarde. La administración presume de avances, mientras los sindicatos STEPV, CCOO y UGT claman por el valenciano, exigiendo que se respete la elección de las familias y se fortalezca su presencia en las aulas. Quieren que el currículo de Bachillerato tenga autores catalanes y baleares, porque, claro, la cultura también es importante... aunque a veces parezca que no. El otro foco de conflicto es la subida salarial de 200 euros mensuales para 2028. ANPE y CSIF lo ven como un avance, pero STEPV lo califica de “nulo”, alegando que la actualización vinculada al IPC es una incógnita. ¿Afectará a los 200 euros o solo a una parte? El misterio continúa. Además, los sindicatos reclaman más concreción sobre las 5.000 nuevas plazas docentes prometidas, porque, al parecer, la Conselleria tiene una forma peculiar de definir “concreción”. La reunión del jueves se antoja decisiva, pero con la política por medio, nunca se sabe qué puede pasar. Al final, todo se resume en que la comunidad educativa está harta de promesas vacías y de ver cómo los problemas se enquistan sin solución.
Quince años de Paco Reyes en la Diputación de Jaén y el adiós se presenta con un sabor amargo: ratas, agresiones y un hedor a dejadez que apesta más que el propio cambio político. Mientras el barón socialista se prepara para su nuevo curro en el Parlamento andaluz, las residencias públicas José López Barneo y Santa Teresa se desmoronan. No hablamos de goteras, sino de un cóctel molotov de negligencia: auxiliares con 8,4 minutos por residente (¡menos tiempo para atender a un abuelo que para hacerse un café!), comida congelada servida con cucharillas de café, puertas atadas con cuerda y un informe de la Inspección de Trabajo que diagnostica un riesgo de agresiones que no se soluciona. La Diputación presume de haber invertido 4,8 millones en tres años, pero la realidad, según los trabajadores, es que el dinero se ha volatilizado como un suspiro. ¿A dónde ha ido a parar? ¿A engordar las cuentas de alguna empresa de catering que servía menús indignos? ¿A pagar facturas infladas por “servicios de desratización” que no han evitado la presencia de roedores y cucarachas? La denuncia de los familiares y trabajadores es un grito desesperado: la residencia atiende a personas con dependencia severa, y las condiciones son, sencillamente, inhumanas. A esto se suma el misterio de los informes. El de la Inspección de Trabajo revela que las medidas de seguridad son papel mojado, pero la Diputación insiste en que todo está bajo control. El PP, olisqueando la oportunidad, ha presentado cuatro iniciativas en un año y medio, mientras los trabajadores se preguntan si alguien escucha sus súplicas. La salida de Reyes, lejos de ser un adiós glorioso, se convierte en un escape hacia nuevos horizontes, dejando tras de sí un reguero de promesas rotas y un hedor a abandono que no se tapa con comunicados de prensa.
El cuento chino de las pateras se ha acabado. Ahora, la 'gente' entra en avión. Sí, así, con billete y todo. El Gobierno lo admite, aunque le duela: la mayoría de los que viven 'a la buena de Dios' en España aterrizaron con un visado de turismo o estudios y decidieron quedarse, como quien se planta en casa de un amigo y se echa una semana más. ¿Y qué va a hacer la Policía? Nada. Porque cuando entraron, 'entraron legalmente'. La paradoja es tan grande que da risa, si no fuera por el agujero contable que supone todo esto. En 2025, se estima que 1,5 millones de personas llegaron desde Latinoamérica por aire, dejando las patera a merced de las olas. Un 42% menos de llegadas por mar, señores. ¿El motivo? Las mafias han cambiado el 'stock' de cayucos por billetes de avión. Ahora, la ruta más popular es volar hasta Barajas, desembarcar, y si no funciona, pedir asilo. El aeropuerto de Madrid se ha convertido en el nuevo 'puerto de enganche', con colombianos, venezolanos y peruanos a la cabeza. Más de la mitad de las solicitudes de entrada son denegadas, pero ya saben... la perseverancia es la clave. La Policía Nacional, que no se corta un pelo, dice que las 'respuestas puntuales' del Gobierno son como poner un parche a un tsunami. Las organizaciones criminales son más listas que un zorro y han diversificado las rutas, aprovechando las grietas del sistema Schengen y, para colmo, la reciente regularización extraordinaria que puede beneficiar a un millón de inmigrantes. Un festín para los coyotes y un quebradero de cabeza para las autoridades. Y mientras tanto, España se consolida como destino final, porque, seamos sinceros, aquí la vida es más fácil que en muchos otros sitios. No es un problema de fronteras, es un problema de atractivo.
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