El artículo se centra demasiado en la enumeración de hechos y poco en el análisis profundo de las conexiones entre la trama y las adjudicaciones públicas. El título es sensacionalista pero acertado, aunque podría haber profundizado en la implicación del Tribunal de Cuentas.
La UCO de la Guardia Civil ha desenterrado 52 facturas con más agujeros que un queso gruyer. Facturas del PSOE, ojo, no de tu abuela. Un auténtico festival de la ingeniería financiera para justificar pagos en efectivo entre 2017 y 2024, según THE OBJECTIVE. El juez Moreno, con cara de pocos amigos, ha declarado la investigación secreta, porque claro, no querrán que sepamos cómo se gasta el dinero público. El Tribunal de Cuentas ya olfateaba la carnaza desde septiembre de 2023, pidiendo cuentas a las empresas que habían facturado al PSOE. Querían saber si el dinero venía por transferencia, cheque o, mejor aún, en billetes apretados en una maleta. ¿Y qué encontraron? Pues que algunas facturas ya habían pasado por el mismo filtro. Vamos, que alguien estaba intentando venderle humo al Tribunal. La cosa se pone jugosa con el restaurante La Tragantía, un lugar de comidas y cenas frecuentes de la trama, donde el PSOE dejó un buen pellizco: 52 facturas en nueve meses. ¿Comida para todos los cómplices? ¿O facturas infladas para justificar comisiones de dudosa procedencia? La UCO sospecha que algunas facturas son puro teatro, creadas para lavar dinero de adjudicaciones públicas. En resumen, una película de pasta, poder y facturas falsas, cortesía del PSOE y sus colaboradores. El PSOE entregó un disco duro con la documentación, como si eso fuera una prueba de inocencia. Pero la UCO está revisando cada detalle, cada coma, cada euro, porque en este tipo de asuntos, el diablo está en los pequeños gastos. Y en las facturas, por supuesto.
Cuatro mil ciento veintiséis. Ese es el número de aspirantes a futuro brillante en Marruecos que, según el Ministerio de Educación, decidieron que la honestidad era opcional durante el examen de bachillerato. Un 49% más que el año pasado. ¡Casi la mitad! Mientras tú te preocupas por si te ha subido el precio del aceite de oliva, ellos se preocupaban por cómo colar en un sistema que, por cierto, ya estaba diseñado para pillarles. El Ministerio, con la calma china de quien ya espera estos sobresaltos, asegura que todo se desarrolló en un ambiente “bueno y positivo”. Un ambiente bueno y positivo salpicado de trampas, vaya. La operación 'Pillar Tramposos' movilizó a 31.622 profesores correctores, que ahora tendrán que decidir qué hacer con estos 4.126 alumnos. ¿Sanciones? ¿Repetición de curso? ¿Un curso intensivo de ética? Mientras, 464.919 estudiantes, con una asistencia del 96,5% (los que se apuntaron) y un 52,7% (los valientes), sudaban tinta para demostrar lo que saben. Los resultados, como siempre, se anunciarán después del 16 de junio, un día después de las deliberaciones. Todo un ritual. Y mientras tanto, la vida sigue, con el aroma a corrupción académica flotando en el aire. Porque, seamos sinceros, la creatividad para hacer trampas a veces supera a la creatividad para estudiar.
La Fiscalía General del Estado está en un brete. No uno cualquiera, de esos que se resuelven con un café y un 'no pasó nada'. Esto huele a chamusquina, a 'quién movió el queso', a un agujero en la memoria institucional del tamaño de un camión. La Asociación de Fiscales (AF), que no es un club de fans precisamente, ha soltado un comunicado que retumba más que una olla en una boda: quieren saber quién dio luz verde a las reuniones de Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz, con Leire Díez, la fontanera del PSOE, esa que parece sacada de una película de espías de serie B. Dos reuniones, en primavera de 2025, en la mismísima Fiscalía General, fuera de horario, con responsables de alto nivel involucrados. ¿Dos reuniones para hablar del tiempo? ¿Para intercambiar recetas de cocina? La AF no se lo traga. Exigen a Teresa Peramato, la máxima responsable, una explicación detallada, con nombres y apellidos, de quién autorizó ese aquelarre. La pregunta es simple: ¿si no era importante, por qué informar al fiscal general? ¿Y si lo era, por qué no se siguió el protocolo? La respuesta oficial hasta ahora, según la AF, es más sosa que una tostada sin sal. El caso es delicado. Leire Díez está vinculada a un grupo criminal que, según la Fiscalía, pretendía atacar instituciones y a fiscales. ¿Una simple visita de cortesía? Difícil de creer. La AF no se conforma con evasivas. Quieren saber si se facilitó el acceso, quién dio la orden, si hubo una cita previa... Preguntas incómodas que huelen a intento de encubrimiento. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta si la justicia funciona para todos o solo para algunos. La transparencia, al parecer, es un bien escaso en este tinglado.
La noticia, disfrazada de plan a largo plazo, es un parche más grande que el agujero. Mientras el ciudadano de a pie esquiva cráteres dignos de la luna, el Gobierno pospone la reparación integral de las carreteras hasta 2027. Sí, has leído bien. Cuatro años más de ‘bailes’ sobre el asfalto roto. Y no nos vengamos arriba, que no es solo culpa de este gobierno. La crisis de 2007, esa que nos prometieron que era “puntual”, abrió la veda a un desmantelamiento silencioso. Las partidas de mantenimiento se recortaron hasta la extenuación, dejando la red nacional a su suerte. Hoy, con un déficit de más de 13.000 millones de euros, las carreteras se desmoronan literalmente. La Asociación Española de la Carretera ya gritó al mundo que nunca habían estado peor, pero parece que el aviso cayó en oídos sordos. Y mientras tanto, ¿qué hace el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente? Un plan de choque de 1.630 millones de euros, que suena a rescate, pero que se diluirá entre 2027 y 2031. Es decir, más de lo mismo: parches, microinversiones y promesas vacías. El 60% del tráfico rodado español soporta el peso de esos 25.000 kilómetros que dependen directamente del Estado, y la realidad es que están en estado crítico. El asfalto se hunde, los camiones crean roderas y los conductores circulan por el carril izquierdo para evitar el desastre. ¿La justificación oficial? “Priorizar y actuar donde el deterioro es mayor”. Traducido: poner tiritas a un paciente en coma. Y todo esto, mientras la seguridad vial se tambalea, dependiendo de coches en buen estado y conductores atentos… una ecuación imposible sobre un campo minado de baches.
En RTVE, la luz se fue… y con ella, la cabeza de José Ángel Calero, jefe de la Unidad de Instalaciones Eléctricas. Un despido que, según los de dentro, es como ponerle un parche a una tubería reventada con cinta aislante. El problema, señalan con sorna, no es un técnico, sino que la cadena pública lleva años funcionando con sistemas más viejos que el cazo de la abuela. La fusión de TVE y RNE en 2021, lejos de ser una sinergia, resultó en un laberinto burocrático donde nadie sabía quién tenía que cambiar una bombilla, literalmente. Y mientras tanto, la factura de la luz sigue subiendo. El sablazo viene por la falta de inversión: 2024 y 2025 pasaron sin cumplir los presupuestos, dejando a los sistemas obsoletos y sin un plan B. El resultado: apagones en directo, como el del 15 de mayo que dejó a La 1 y Canal 24 en negro durante 20 minutos. Y aquí viene lo bueno: el programa 'La hora de la 1', conducido por Silvia Intxaurrondo, ¡mantuvo su liderazgo en audiencias con la pantalla en negro! Kantar Media (ahora Fifty5Blue) no da explicaciones, pero la cosa huele a chamusquina. Sergio Romero, el nuevo jefe de luminotecnia, tendrá la tarea de modernizar todo, pero ¿con qué presupuesto y con qué personal? La pregunta es retórica, claro. Todo esto, mientras los altos cargos se preguntan por qué bajan las audiencias…
La Policía, con el aliento de un Gobierno que parece disfrutar del caos organizado, se prepara para una avalancha de papeleo digna de la gestoría de un faraón. Tras recibir 549.546 solicitudes de regularización –casi medio millón de personas buscando un respiro burocrático–, el plan es simple: más horas extra. Sí, como cuando te dicen que te van a pagar el sabado para que hagas doble turno. El Ministerio de Migraciones, con Elma Saiz al frente, tramita y resuelve, mientras que la Policía revisa historiales, buscando fantasmas en el armario. Y claro, si el sistema informático falla (que ya está fallando, según CSIF), la cosa se pone más divertida. Pero la verdadera joya del plan es la compensación: 25 euros por hora extra, hasta un máximo de 45 horas al mes. El doble de lo habitual, dicen, lo que ha levantado ampollas entre los agentes, que se sienten más como bomberos apaga fuegos que como funcionarios públicos. Jupol, el sindicato, ya ha alzado la voz: “¿Refuerzo estructural? No, gracias. Mejor que los policías se sacrifiquen un poco más”. La resolución policial, con su lenguaje eufemístico, habla de “ampliar la capacidad operativa”. En cristiano, significa que los agentes de Documentación, ya sobrecargados, trabajarán tardes y sábados para expedir las 91.000 TIE (Tarjetas de Identificación de Extranjeros) que ya han sido admitidas a trámite. Un plan de choque que, según los sindicatos, confirma que el Gobierno sabía que esto iba a pasar, pero prefirió improvisar. Y mientras tanto, Correos también se ahoga en papeleo, con empleados que denuncian la falta de personal y la congelación de contrataciones. En resumen, una fiesta burocrática pagada con el sudor (y los 25 euros por hora) de los funcionarios.
El juez Calama, con la paciencia de quien busca la aguja en un pajar (o, en este caso, el eslabón perdido en una trama de corrupción), ha pedido auxilio a EEUU. ¿Por qué? Para que certifiquen las pruebas contra Zapatero. La cosa es seria: estamos hablando del primer expresidente imputado por corrupción en democracia. Un hito, si no fuera por lo que implica. La madeja empieza a desenredarse con Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, una aerolínea que necesitaba un rescate de 53 millones de euros -más que algunos presupuestos autonómicos-. Reyes, según conversaciones interceptadas por la Homeland Security Investigations (HSI), sugirió “tocar puertas” y, de paso, “pedir ayuda a Zapatero”. La frase que da la vuelta al mundo: “Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. Un mensaje de WhatsApp que vale más que mil informes policiales. La UDEF ha estado rastreando cuentas offshore, fideicomisos y empresas pantalla (Dinosaur Bank, Panacorp, Capital Bank… suenan a villanos de James Bond). El juez Calama estima que el entorno de Zapatero se habría embolsado entre dos y cuatro millones de euros en comisiones. Dinero que, al parecer, se movió con la agilidad de un liniero en hora punta. El rescate de Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021, parece ser el punto clave. Y el nombre de Zapatero, el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. El caso, que ha llevado a registrar el despacho de Zapatero en Ferraz y la sede de la empresa de sus hijas, Whathefav, se complica con la necesidad de validar las pruebas en EEUU. Porque, al parecer, la defensa del expresidente tiene la vista puesta en anularlas. Calama, mientras tanto, prepara la declaración de Zapatero, fijada para el 17 y 18 de junio. Un enfrentamiento que promete más sorpresas que una rifa de Navidad.
Comentarios