Nuevo frente judicial para Begoña Gómez: Peinado asume también la investigación por un posible fraude a la UE

Begoña Gómez: Nuevo sablazo europeo bajo lupa

politica Una ilustración conceptual de estilo editorial. Un escritorio de juez antiguo y oscuro donde un mazo de madera golpea un fajo de billetes europeos y contratos oficiales. De fondo, una red de pesca hecha de cables de fibra óptica que atrapa sellos oficiales y documentos gubernamentales. Atmósfera de claroscuro, tonos sepia y azul profundo, estilo satírico y sofisticado.

Parece que el árbol genealógico de los líos judiciales de Begoña Gómez sigue echando ramas. El juez Juan Carlos Peinado acaba de abrir una pieza separada para investigar un nuevo contrato de Red.es, un movimiento que huele a 'segunda vuelta' en un partido donde el premio no son trofeos, sino fondos públicos.

Aquí entramos en el terreno de la ingeniería administrativa: un contrato para el 'Servicio de oficina Acelera Pyme' que terminó en manos de la UTE formada por Innova Next y KPMG. El monto, cuatro millones de euros. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se mueven cifras que harían palidecer a cualquier gestor de comunidad de vecinos. El quid de la cuestión es que, según la Fiscalía Europea, alguien decidió que el 'libro blanco' exigido en los pliegos era un detalle opcional, una suerte de sugerencia que se puede ignorar si el candidato es el adecuado.

Esa 'omisión deliberada' es la que ahora Peinado quiere analizar, basándose en el trabajo de la UCO que analizó los correos de trece funcionarios. El patrón es el que ya conocemos: Juan Carlos Barrabés, el empresario que parece tener el radar activado para los contratos públicos, vuelve a ser el protagonista.

Lo más jugoso es el baile de sillas judicial. El juez Antonio Piña le dio un tirón de orejas a la Fiscalía Europea, frenando su intención de absorber el caso, obligando a que los papeles vuelvan a la mesa de Peinado. Ahora la pregunta es si Begoña Gómez volvió a redactar alguna de esas cartas de recomendación que funcionan como un 'pase VIP' en la administración pública.

Entre fondos FEDER, informes de la IGAE y declaraciones testificales, el tablero se complica. No es solo una cuestión de papeles; es el contraste entre la rigidez de los pliegos para el ciudadano y la flexibilidad creativa para los amigos del poder.

Crítica:

La noticia original es un laberinto de tecnicismos procesales que intenta ocultar el hecho básico: un contrato millonario sin los requisitos exigidos. Le sobra burocracia y le falta claridad sobre el rastro del dinero.

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