El texto original es un despliegue de datos judiciales sólido, pero falla al no cuestionar por qué Red.es permitió una guía de valoración tan ambigua desde el inicio. Es una noticia de 'quemar etapas' que deja demasiados cabos sueltos sobre el destino real de los fondos.
En el manual de instrucciones del poder, hay una frase que es el equivalente a 'no toques el cuadro': ponerse de perfil. No es una sugerencia táctica, es el código para que los agentes de la UCO miren hacia otro lado mientras los peces gordos nadan tranquilos. El juez Santiago Pedraz ha tenido que escuchar este viernes la versión de cuatro mandos de la Guardia Civil, donde el general Rafael Yuste y Alfonso López Malo han confirmado que el Director Adjunto Operativo (DAO) les pidió, básicamente, que dejaran de ser proactivos. Traducido al lenguaje de la calle: que no se pasaran de listos investigando el entorno de Pedro Sánchez. La ingeniería del silencio es fascinante. Mientras el ciudadano común se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las altas esferas se coordinaban para que las investigaciones sobre el hermano y la esposa del presidente no molestaran. El DAO, Manuel Llamas, y el exdirector Leonardo Marcos habrían gestionado este 'blindaje' con la delicadeza de un mazo. Lo más surrealista es el castigo al rigor: un analista de la UCO acabó con una amonestación verbal solo por incluir correos entre David Sánchez y Begoña Gómez en un informe. Es como si te regañaran en el trabajo por hacer tu tarea demasiado bien. Para rematar el cuadro, el informe de la UCO revela una red de influencias donde Leire Díez y la directora general, Mercedes González, habrían impulsado investigaciones internas contra los agentes molestos. Tres 'informaciones reservadas' entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 sirvieron como correa de perro para disciplinar a quienes se atrevieron a rastrear las cloacas del PSOE. Al final, el mensaje es claro: en el Instituto Armado, la ley llega hasta donde empieza el interés político.
Imaginen que contratan a una empresa de seguridad privada para vigilar que nadie robe en el barrio, instalan cámaras en cada esquina y, mientras tanto, el jefe de la seguridad se toma un café con el ladrón mientras este vacía la caja fuerte. Eso es, básicamente, la Confad. El 9 de julio de 2019, Carmen Calvo firmó la creación de esta comisión para combatir el fraude deportivo, una joya burocrática impulsada por María Jesús Montero y sus colegas de Interior y Cultura. Lo cómico es que nació apenas cuatro días después de que Hacienda empezara a rastrear el rastro de José María Enríquez Negreira. Coincidencia poética. En la mesa de juego estaban todos los sospechosos habituales: el CSD, la Policía, la Guardia Civil y la RFEF, entonces capitaneada por Luis Rubiales. Albert Soler, quien timoneó el CSD entre mayo de 2021 y enero de 2023, fue nombrado dos veces por el Gobierno mientras se investigaba que el FC Barcelona soltara 8,4 millones de euros a Negreira. Para que nos entendamos: es como si el Ayuntamiento crea una oficina contra el fraude inmobiliario y pone al frente a alguien que ignora que su vecino ha construido un rascacielos con dinero invisible. La RFEF ya sabía que Hacienda preguntaba por Negreira el 18 de octubre de 2021, y la Fiscalía volvió a insistir en junio de 2022. Pero en la Confad, el silencio era sepulcral. Ni un acta, ni un susurro, ni una nota en el grupo de WhatsApp. Mientras Aleksander Ceferin calificaba el asunto de 'excepcionalmente grave' en abril de 2023, la comisión seguía debatiendo sobre la protección de menores en sus reuniones, como la del 3 de junio de 2026, fingiendo que la integridad deportiva no era un chiste de mal gusto. El informe 'Pelícano 2.0' lo deja claro: la Confad fue el gran teatro de la omisión.
En el tablero del poder, 'ponerse de perfil' no es una cuestión de postura corporal, sino una técnica de supervivencia administrativa. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una multa de tráfico, en las esferas altas de la Guardia Civil parece que el manual de instrucciones es más flexible. Este viernes, ante el juez Santiago Pedraz, los altos mandos se han ratificado en un baile de confesiones que huele a oficina de despacho y miedo al jefe. Resulta fascinante que Rafael Yuste y Alfonso López Malo, exjefes de la UCO, recuerden con tanta nitidez que Manuel Llamas Fernández, el DAO, les pidió básicamente que miraran hacia otro lado. El timing es quirúrgico: julio de 2024. En ese momento, la mesa de investigaciones estaba servida con un menú degustación de escándalos: la trama Koldo, las actividades de Begoña Gómez y los asuntos de David Sánchez. Pedir que la juez tome la iniciativa es la versión institucional de 'yo no he sido', un juego de pasavueltas donde la policía judicial se convierte en un mueble más del pasillo. Pero el surrealismo no termina ahí. El general Antonio Cortés añade sal al guiso asegurando que le ordenaron abrir expedientes internos contra los agentes que, ingenuamente, se empeñaban en investigar la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Es la ley del espejo: si buscas la verdad, te encontramos la falta administrativa. Todo esto mientras Mercedes González, la directora general, mantenía citas con Leire Díez, la presunta arquitecta de una campaña contra el teniente coronel Antonio Balas. Al final, el dinero público paga la luz de la Audiencia Nacional para descubrir que, en el juego de las cloacas, el perfil más seguro es el que no molesta al que firma la nómina.
En el mundo real, si te olvidas de adjuntar un documento clave en una solicitud de alquiler o en una beca, te mandan a paseo sin pestañear. Pero en el universo paralelo de Red.es, que te falte el 'libro blanco' —esa especie de currículum glorificado que pesaba un 60% de la nota— es un detalle menor que se soluciona con un truco de magia administrativa. Mientras que a empresas como IDC Research España les dieron un rapapla de 2 puntos por ser 'insuficientes', la UTE formada por Innova Next SL (del grupo Barrabés) y KPMG se llevó un 8,5 points sin haber entregado el papel. Un auténtico milagro burocrático. Lo mejor es la naturalidad del engaño. Un evaluador, con la soltura de quien oculta una multa de tráfico, sugirió por correo el 30 de diciembre de 2020: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco». Es la versión institucional de 'no digas nada y nos lo llevamos'. Así, sin despeinarse, el expediente 044 se convirtió en un cheque de 4.053.500 euros financiado con fondos FEDER. Luis Prieto, el director de Economía Digital, firmó este y otros dos contratos (el 014 y 016) que suman más de ocho millones de euros. La UCO de la Guardia Civil ha dejado claro que esto no fue un despiste, sino un patrón de 'predilección'. Mientras Red.es intenta ahora lavar su imagen diciendo que el contrato 044 no acabó usando fondos europeos y que Begoña Gómez no firmó cartas para este en concreto, la realidad es que el sistema estaba aceitado. El juez Juan Carlos Peinado ya tiene el atestado sobre la mesa para juzgar corrupción y tráfico de influencias. Al final, parece que en Red.es el mérito no estaba en el libro blanco, sino en el libro de contactos.
Imaginen que su jefe más odiado muere, pero que el nuevo gerente, para limpiar la empresa, decide desenterrar el cuerpo, ponerle el traje de gala y sentarlo en una oficina para juzgarlo por malversación. Suena a película de terror cutre, pero en la Italia del siglo IX era el pan de cada día. Así nació el Sínodo del Terror, donde el Papa Esteban VI decidió que no bastaba con que el Papa Formoso estuviera bajo tierra; necesitaba que el cadáver, ya en avanzado estado de descomposición y con gusanos haciendo turnos de guardia en sus cuencas, fuera declarado inválido. El asunto no era por santidad, sino por puro cálculo político y rencores familiares. Formoso había jugado a tres bandas entre el Sacro Imperio Romano y los Spoleto, coronando a Arnulfo de Carintia en la Basílica de San Pedro antes de que el germano pillara una parálisis hereditaria y tuviera que largarse. Formoso murió el 4 de abril de 896, pero su tranquilidad duró poco. Esteban VI, actuando como un marioneta de Lamberto de Spoleto y su madre, exhumó la momia nueve meses después. En un despliegue de hipocresía legal, Esteban acusó a Formoso de saltarse el Derecho Canónico al cambiar su sede de Porto por la de Roma. Lo irónico es que Esteban había hecho exactamente lo mismo desde Anagni, pero claro, el muerto no podía presentar una contra-demanda. El veredicto fue un sablazo histórico: papado ilegítimo y anulación de todas sus ordenaciones. Para rematar la jugada, le cortaron los tres dedos de las bendiciones y lo tiraron al río Tíber como quien tira una bolsa de basura. La historia, sin embargo, tiene un sentido del humor negro: en el año 897, la turba romana decidió que Esteban VI también debía experimentar la 'desnudez' y lo estrangularon en una celda. Al final, Teodoro II tuvo que limpiar el desastre y devolverle la dignidad al cadáver, demostrando que en el Vaticano de aquella época, el cargo de Papa tenía una esperanza de vida más corta que un contrato temporal.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de combatir un apagón es, básicamente, pedirle a otros que paguen la linterna. Tras el trauma del 28 de abril de 2025, cuando la Península Ibérica descubrió que vivir en el siglo XXI depende de un hilo eléctrico muy frágil, el Ejecutivo ha optado por la vía clásica: el Real Decreto. Menos ingenieros y más folios. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, soltó la noticia en el DigitalES Summit de Madrid con la naturalidad de quien te dice que la cuenta corriente está en números rojos. El plan es un 'Real Decreto de Seguridad y Resiliencia' que, para finales de 2026, obligará a las telecos a que no nos dejemos en el limbo digital. La meta es que el 75% de la población tenga cobertura durante cuatro horas si la luz decide irse de vacaciones. Pero claro, como pedirle a una empresa que instale baterías en medio campo es como pedirle al vecino que te preste el coche para mudarte, lo harán a cuentagotas: 50% el primer año, 65% el segundo y el 75% al tercero. Un goteo presupuestario para que las operadoras no sufran un infarto financiero. La jerarquía del pánico está clara. Las instalaciones de 'nivel intermedio' aguantarán 12 horas, mientras que los centros de control nacionales, los que realmente mueven los hilos, deberán resistir 24 horas sin corriente. El 112 también tendrá que presentar planes de seguridad, porque resulta que llamar a emergencias cuando no hay red es, irónicamente, una emergencia. Todo este despliegue afecta a cualquier operador con más de 500.000 usuarios o ingresos superiores a 50 millones de euros. Eso sí, la Seguridad Nacional y Defensa pasan olímpicamente de la norma; ellos ya tienen sus propios generadores y, probablemente, velas artesanales.
Imaginen que despertar un día y descubrir que el Ayuntamiento ha decidido que usted es demasiado ingenuo para elegir su cena o su coche. Así es el nuevo paisaje en Países Bajos, donde la vanguardia climática ha pasado de plantar árboles a jugar a los censuradores de vallas publicitarias. No es que la carne haya dejado de saber bien o que los motores de combustión se hayan vuelto ilegales de la noche a la mañana; simplemente, han decidido que ver un anuncio de un chuletón en la parada del autobús es un pecado ecológico imperdonable. La cascada de prohibiciones es un despliegue de paternalismo administrativo digno de un internado victoriano. Haarlem, con sus 160.000 habitantes, abrió el baile en 2022 vetando la ganadería industrial, los vuelos de ocio y el pescado, aunque tuvieron que esperar hasta 2024 porque, curiosamente, los contratos legales pesan más que la moral climática. Luego llegó Utrecht, con 423.526 vecinos, que en 2023 decidió limpiar sus 850 estructuras municipales de cualquier rastro de carne, sumándose al veto contra la gasolina y los aviones. El efecto dominó no se detuvo. La Haya, la joya de casi 900.000 habitantes, blindó sus calles en enero de 2025 contra los combustibles fósiles, híbridos y cruceros. A este coro se sumaron Leiden (282.034 habitantes), Delft (110.174 habitantes), Nimega (163.287 habitantes) y el pequeño municipio de Bloemendaal (23.558 habitantes), que se puso especialmente creativo prohibiendo hasta los lácteos. Para rematar la jugada, la capital holandesa ha fijado la fecha límite: el 1 de mayo de 2026. Básicamente, el Estado ha decidido que el ciudadano es un niño pequeño que, si ve un anuncio de un coche diésel, correrá a comprarse uno solo por la inercia del cartel. Una ingeniería social que busca salvar el planeta borrando el menú de la calle.
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