Crítica:
La noticia expone la incompetencia administrativa, pero el texto original es demasiado amable con la excusa de Hacienda. Falta presionar sobre por qué el Tesoro no puede dar un balance inmediato de fondos donados.
Hacienda solo ha detallado el destino de un tercio de los 30 millones donados para la dana
Hacienda pierde el rastro de 20 millones
Otros artículos
Sánchez legaliza mascotas 'sin papeles' y Europa avisa
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la 'regularización' no sea solo para personas, sino que ahora llegue al salón de casa. Bajo la batuta de Pablo Bustinduy y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se cocina un reglamento para la ley de bienestar animal que es, básicamente, un 'borrón y cuenta nueva' para los criadores clandestinos. La jugada es sencilla: crear un registro obligatorio de mascotas donde se pueda marcar la casilla de «animal procedente de criador no registrado». Traducido al lenguaje de la calle: es como si el Estado te permitiera legalizar un coche robado simplemente diciendo que el vendedor no tenía papeles, sin hacerle ni una pregunta al dueño anterior. La Unión Europea, que suele mirar estas cosas con lupa, ya ha recibido las alertas. El problema no es la bondad del corazón, sino la trazabilidad sanitaria. ASCELCRE, la asociación de profesionales del sector, ha saltado el tablero enviando un informe a Bruselas denunciando que esto no combate la cría ilegal, sino que le pone la alfombra roja y la sella con un sello oficial. Mientras que en la ganadería no puedes registrar una vaca sin que haya un operador autorizado (porque el riesgo de que una epidemia te vacíe el bolsillo es real), aquí el Gobierno propone una identificación individual que ignora el origen. Es la hipocresía de manual: se vende como una medida de protección y lucha contra el abandono, pero en la práctica es un regalo para los circuitos negros. Al permitir inscripciones sin origen acreditado, el consumidor queda totalmente desprotegido. Si el perro resulta tener una patología congénita o un vicio oculto, no hay a quién reclamar; el responsable ha desaparecido en el limbo de la 'regularización administrativa'. Un trámite TRIS que, en lugar de limpiar el sistema, parece querer blanquear la informalidad con un clic.
El 'milagro' de los 23 millones: Gauzón gana
En la administración pública existe un arte místico llamado 'insistencia'. No es terquedad, es una disciplina olímpica donde el objetivo es darle el dinero a quien quieres, aunque el camino esté lleno de señales de 'prohibido el paso'. El caso es digno de una comedia de errores con presupuesto de blockbuster. Rafael Ruiz, el exsecretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Marlaska, decidió que Gauzón Ibérica era la pareja ideal para gestionar los buques oceánicos de la Guardia Civil. El problema es que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya les había puesto un veto en un contrato previo de 20 millones por saltarse el principio de igualdad. ¿La solución? Un despliegue de ingeniería administrativa fascinante. Primero, dejaron el procedimiento desierto. Ni el que ganó el recurso, ni nadie. Luego, para que los barcos Río Segura, Río Miño y Río Tajo no se convirtieran en museos flotantes mientras esperaban que alguien los manejara, recurrieron a la vieja fiabilidad de las 'emergencias'. Siete veces. Siete parches rápidos para evitar que el sistema colapsara mientras, en paralelo, cocinaban la jugada final. El resultado fue un contrato de 23.179.333 euros firmado en marzo de 2025, donde Gauzón Ibérica volvió a ganar la lotería administrativa. Lo más surrealista es que ni siquiera la Abogacía del Estado ni la Intervención estaban convencidos. El 7 de enero de 2025, los técnicos advirtieron que la empresa no acreditaba la solvencia técnica exigida. En el lenguaje de la calle, es como intentar contratar a un capitán de barco que no presenta el título de navegación, pero el jefe decide que 'está bien así' tras una votación de tres contra dos. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda de 100 euros, aquí se han movido 23 millones con la naturalidad de quien pide un café, ignorando los avisos de los abogados para que el dinero termine en el mismo bolsillo de siempre.
Zapatero y el 'rescate' exprés de Plus Ultra
Hay quien gestiona la cosa pública y hay quien la usa como si fuera el cajero automático de su mejor amigo. El juez Calama ha empezado a limpiar el polvo de los archivos y lo que ha encontrado no es un error administrativo, es una coreografía de influencias. Resulta que Plus Ultra, una aerolínea que necesitaba un oxígeno urgente, no buscaba un análisis técnico serio —de esos que te dicen que no eres viable—, sino un '100% de seguridad' en el cobro de un rescate de 53 millones de euros. Básicamente, querían que el dinero llegara sin que ningún técnico se pusiera la gafa de auditor y empezara a hacer preguntas incómodas. Para ello, el 'pana' Zapatero habría operado desde la sombra, coordinando la jugada con su secretaria, Gertrudis, y el presunto testaferro Julio Martínez, alias 'Julito'. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren la tasa de basuras, aquí se hablaba de mover 53 millones de euros de todos los españoles mediante una 'finance boutique' diseñada para camuflar los pagos. La UDEF lo tiene claro: una estructura donde Manuel Aarón Fajardo y Julito hacían de lugartenientes, mientras se intentaba primero un préstamo del ICO vía Banco Santander y, al fallar, se saltaron al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) gestionado por la SEPI. Incluso intentaron tocar la puerta de José Luis Ábalos a través de Koldo García Izaguirre. Zapatero ya acumula seis imputaciones judiciales: desde tráfico de influencias hasta blanqueo de capitales. Se ha presentado ante la Audiencia Nacional con las manos vacías, dejando que los chats y los correos electrónicos hablen por él. Al final, el 'respaldo estratégico' resultó ser un puente demasiado corto para evitar la justicia.
Red.es: Tres ofertas leídas y un 4000% de beneficio
Imagínate que vas a comprar un coche y, entre 21 concesionarios, solo te molestas en abrir los folletos de tres porque un 'amigo' te ha dicho que uno es el bueno. Pues eso es, a escala industrial, lo que ha montado Luis Prieto en Red.es. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, Prieto decidió que leer 18 ofertas era un esfuerzo excesivo para su agenda. Simplemente pidió que le enviaran por correo los papeles de la UTE The Valley-Barrabés, Everis y Santillana, ignorando el enlace con el resto de candidatos como quien ignora los términos y condiciones de un software. La UCO ha destapado un mecanismo de relojería donde la meritocracia fue sustituida por el 'estilo Barrabés'. Según el informe, la consigna era clara: «Barrabés es la buena. Las otras hay que bajar sí o sí». Un ejercicio de honestidad brutal que haría palidecer a cualquier auditor. Para que nos entendamos, es como si en un examen el profesor decidiera que tú tienes el 9,5 asegurado y que a los demás, aunque hayan estudiado, hay que bajarles la nota para que no te alcancen. Así, Datamaox Training SLU vio cómo su 9,8 se evaporaba hasta un 8,5, mientras que CICE SA sufrió un sablazo de 2 puntos enteros. Lo más delirante es que Prieto firmó solo, aunque nueve personas de Economía Digital estaban en el ajo. Todo este despliegue de 'ingeniería de valoración' ocurre mientras el máster de Begoña Gómez disparaba los contratos públicos de las empresas de Juan Carlos Barrabés en un asombroso 4000 %. No es que el viento soplara a favor; es que habían instalado un turborreactor en el presupuesto público el 16 de marzo de 2021, fecha en que Pepa Gallego confirmó que el jefe solo había leído las tres ofertas elegidas. Una gestión impecable, si lo que buscas es que el dinero público llegue siempre al mismo destino.
Balas: el guardia que asusta al Gobierno
En este país, donde el mérito suele medirse por la capacidad de lamer botas o por el apellido que llevas en el DNI, aparece Antonio Balas. El teniente coronel, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, ha decidido jugar al juego más peligroso de todos: hacer su trabajo. En el tablero del poder, eso es casi un deporte extremo. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez intenta gestionar sus crisis con la sutileza de un elefante en una cacharrería, Balas se ha convertido en el dolor de muelas de la Moncloa, especialmente al poner la lupa sobre David Sánchez y el entramado de influencias que rodea al presidente. La respuesta del sistema ha sido la clásica: activar la maquinaria de la 'cloaca'. Según el abogado Ángel García Calle, el despliegue de Leire Díez para torpedear las investigaciones ha llegado a niveles surrealistas, con frases que parecen sacadas de una película de mafiosos de tercera categoría: 'Si está muerto, mejor'. Es el contraste sangrante: por un lado, la ingeniería del poder intentando borrar rastros; por otro, un paisano de Puebla de la Reina que ha escalado la jerarquía de la Guardia Civil sin necesidad de un Padrino político, basándose solo en una humildad que hoy parece una especie en extinción. Ahora, la calle responde. García Calle impulsa la Medalla de Extremadura para Balas, quien ha navegado contra la corriente en una tierra donde el caciquismo es tan común como el jamón ibérico. Se habla incluso de darle una calle en cada pueblo si Sánchez acaba encarcelado. Es la justicia poética de barrio: premiar al que no se dobló ante el chantaje ni el miedo, mientras otros usan la Diputación de Badajoz como una oficina de colocación para alcaldes derrotados pagada con el sudor del contribuyente.
Trucos con las notas para el amigo
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en la administración pública parece que el mérito es tener el teléfono adecuado. La UCO ha destapado un festín de 'creatividad contable' en Red.es que hace que cualquier examen de primaria parezca un proceso riguroso. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para que no le cobren un recibo de más, en los despachos se coordinaban para que la oferta de Juan Carlos Barrabés fuera 'la buena'. Literalmente, los correos intervenidos son el manual del impostor: 'las otras han de bajar sí o sí'. Una ingeniería de notas donde el criterio 3 no era una evaluación técnica, sino un mando a distancia manejado desde los escalones superiores para limpiar la pista al amigo. El sablazo no es pequeño. Hablamos de un contrato de apoyo para la oficina AceleraPyme valorado en 4 millones de euros, financiados con fondos europeos. Dinero que, en teoría, debería impulsar la digitalización, pero que acabó sirviendo para poner a prueba la flexibilidad moral de los evaluadores. La UCO ha pillado que se 'radicalizaron' las puntuaciones y que se ignoró la falta de un 'libro blanco' indispensable para Innova Next (socia de KPMG). Es el clásico truco de magia: ignorar el requisito clave para que el elegido llegue a la meta sin sudar. Ahora el juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada por prevaricación y fraude a la UE. El caso vuelve al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras un baile procesal con la Fiscalía Europea. Mientras tanto, Begoña Gómez, Barrabés y la asesora Cristina Álvarez siguen en el centro de un tablero donde las reglas parecen escritas con lápiz y goma de borrar para que el resultado siempre sea el mismo.
Sánchez: Maquillaje económico y hambre real
El Gobierno se ha pasado la última temporada vendiéndonos que España es el alumno aventajado de Europa, el 'crack' del crecimiento. Pedro Sánchez presume de que dejará el país mejor, pero el relato tiene más agujeros que un queso gruyere. La realidad es que nuestra economía está bajo anestesia: la sostienen con inyecciones masivas de dinero público que, en cuanto se retiren, nos dejarán en coma. Es como intentar mantener una fiesta viva a base de tarjetas de crédito cuando la cuenta corriente está en números rojos. Mientras el Ejecutivo maquilla el PIB nominal usando la inflación como corrector de ojeras, la calle siente el sablazo. Desde que Sánchez aterrizó en Moncloa, el PIB per cápita en paridad de poder de compra ha empezado a retroceder frente a la media de la UE, perdiendo la posición que teníamos en 2017. Estamos haciendo la 'política del cangrejo': caminar hacia atrás mientras nos dicen que avanzamos. Países como Eslovenia, que antes ni mirábamos, ya nos han pasado por la derecha en prosperidad real. El truco consiste en inflar el gasto público para expulsar a la inversión privada y cambiar el nombre de los contratos temporales a 'fijos-discontinuos' para que la estadística sonría, aunque el empleo real no se mueva un milímetro. Pero los números de Eurostat no mienten y son demoledores: el 25,7% de la población está en riesgo de exclusión social, casi cinco puntos por encima de la media europea. Lo más doloroso es la pobreza infantil, que clava un 28,4%, situándose 8,8 puntos por encima del promedio de la UE. Al final, entre el intervencionismo, la inseguridad jurídica y una presión fiscal que asfixia hasta al que no tiene nada, el legado es un retroceso sistémico. Nos prometieron un jardín y nos han dejado un solar con la factura del agua sin pagar.
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