Crítica:
La noticia es un festín de filtraciones que prioriza el drama del 'testimonio inminente' sobre la prueba documental. Juega demasiado con la narrativa de la traición personal para distraer del núcleo: el uso de fondos públicos.
El ‘testaferro’ de Zapatero accede a colaborar con la Justicia presionado por su familia
Zapatero: el 'consultor' y su lacayo traidor
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Begoña y la OTAN: ¿Cumbre o graduación?
Hay pasiones que despiertan tarde, y al parecer, el fervor geopolítico de Begoña Gómez por la OTAN ha florecido justo cuando el juez Juan Carlos Peinado le ha quitado el pasaporte. Resulta fascinante: de las siete citas internacionales de Pedro Sánchez desde 2018, la esposa del presidente solo se molestó en hacer las maletas para dos: Londres en diciembre de 2019 y Vilna en junio de 2023. Pasó olímpicamente de Bruselas en 2018 y 2021, de Washington en 2024 y de La Haya. Pero ahora, con el agua al cuello y procesada por cuatro delitos, Ankara se ha vuelto el destino más deseado del planeta. La jugada es maestra. La defensa, capitaneada por el exministro Antonio Camacho, le pide al juez que le devuelva el documento para asistir a la XXXVI Cumbre en Turquía del 7 al 10 de julio. El detalle es que, aunque para entrar en Turquía basta con el DNI —como quien va a comprar el pan—, para el siguiente paso sí hace falta el pasaporte. Porque la agenda incluye una escala en Reino Unido para la graduación de su hija mayor. Las acusaciones populares no han tragado el cuento: sugieren que la cumbre de la OTAN es solo el envoltorio brillante para llegar a la fiesta de fin de curso de la primogénita, que estudia Psicología. Mientras tanto, el juez Peinado, que el 20 de junio le prohibió salir de España y le obligó a comparecer dos veces al mes, sospecha que su escolta es más un servicio de extracción que de seguridad. El CGPG ya ha intentado darle un toque de atención al magistrado, pero la última palabra la tiene él. Es la danza clásica del poder: invitaciones oficiales de Emine Erdogan contra autos judiciales, todo mientras el ciudadano medio intenta que no le suban la luz.
Sillón caliente: primera baja en trama Leire
En el juego de las sillas musicales del poder, algunos bailan hasta que la música suena a juzgado. María Tersa Castillo ha sido la primera en soltar el mando en Isdefe, la joya del Ministerio de Defensa, justo cuando el juez Santiago Pedraz ha decidido que 25 personas tienen que empezar a dar explicaciones sobre la trama Leire Díez. Castillo, que aterrizó en su puesto en mayo de 2025 tras un periplo por Mercasa (donde la SEPI tiene el 51% del pastel), parece haber comprendido que el organigrama web es el primer lugar donde se borran las huellas cuando el viento sopla en contra. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, en los despachos de la SEPI se manejaban cifras que marean. Hablamos de una estructura paralela —el grupo Hirurok, que en vasco significa 'nosotros tres'— compuesta por Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso. Estos tres caballeros y una dama no se conformaron con el sueldo; se habrían embolsado 750.000 euros moviendo hilos en operaciones que suman 132,9 millones. Es una ingeniería financiera donde la 'influencia' se traduce en billetes. El plato fuerte es el rescate a Tubos Reunidos: 112,8 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021. Para que ese grifo se abriera, la presunta 'fontanera' del PSOE y sus socios habrían recibido una propina de 247.459 euros. Todo coordinado con una precisión de relojero, con citas en Moncloa el 8 de julio y llamadas al PNV que hacen que cualquier gestión de administración local parezca un juego de niños. Entre imputados figuran pesos pesados como Belén Gualda, José Vicente Berlanga y Rosario Arévalo, demostrando que en la cima del poder, la solidaridad solo existe a la hora de repartirse el botín.
Rescate millonario y seguros contra imputaciones
Hay quien gestiona el dinero público y hay quien lo trata como si fuera el Monopoly de su primo. Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, ha elevado la paranoia a categoría de arte: prohibir móviles en los consejos, delegar firmas para no mancharse las manos y contratarse un seguro de responsabilidad civil con Starr Europe Insurance Limited por 126.000 euros. Básicamente, se compró un paraguas de lujo antes de que empezara a llover imputaciones por la trama SEPI. La jugada maestra ocurrió en julio de 2021. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, Gualda y su equipo hacían magia financiera. El 9 de julio hubo una cita secreta en Moncloa; cuatro días después, el 13 de julio, el Consejo Gestor —con una Sara Aagesen que pasó de sus dudas ecológicas en un abrir y cerrar de ojos— aprobaba 112,8 millones de euros para Tubos Reunidos, S.A. Una cifra que el Consejo de Ministros ratificó el 20 de julio sin pestañear. Lo fascinante es la ingeniería del silencio. Gualda, nombrada el 30 de marzo de 2021 por María Jesús Montero, empezó su mandato dinamitando la unidad de control de fondos. ¿Para qué vigilar el dinero si puedes usar el programa CARLA del CNI para que nadie se entere de nada? Mientras tanto, el dinero volaba: 120 millones para Duro Felguera, compras de acciones de Talgo a 4,25 euros cuando cotizaban a 2,82 (un regalo generoso con el bolsillo ajeno) y la fantasía de gastar 6 millones de euros en remodelar el edificio de la calle Velázquez. Todo esto mientras Vicente Fernández Guerrero, el presidente en la sombra, movía los hilos con Antxón Alonso y el PNV, culminando en una supuesta 'comisión' de 114.959 euros para Servinabar. Un despliegue de generosidad pública que deja a cualquier ahorrador con la boca abierta y el bolsillo vacío.
El 'lacayo' de Zapatero canta todo
La lealtad en las altas esferas tiene la misma caducidad que un yogur olvidado en el coche en agosto. Julio Martínez Martínez, el hombre que según la UDEF era el 'lacayo' y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido que el cariño familiar pesa más que el silencio pactado en El Pardo. El próximo 21 de julio, Martínez se sentará ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, no para defender la honra del expresidente, sino para intentar salvar su propio pellejo mediante una colaboración con la Justicia. El escenario es fascinante. Mientras Zapatero se vende ahora como un inocente 'consultor internacional' (una etiqueta tan elástica que sirve para todo y para nada), la UDEF lo describe con un lenguaje mucho menos diplomático: el líder de una organización criminal. El agujero contable del caso Plus Ultra, donde se 'evaporaron' 53 millones de euros en un rescate público a una aerolínea hispanovenezolana, es solo la punta del iceberg de una trama de veintenas de sociedades gestionadas desde una modesta nave industrial en Petrer, Alicante. Sí, el imperio de la influencia se administraba en un polígono industrial, lo que demuestra que para mover millones solo hace falta un ordenador y alguien que firme los papeles. El giro dramático llegó en mayo, cuando Martínez mandó a paseo a su antiguo abogado, Bernardo del Rosal, por 'diferencias irreconciliables' —traducción: 'mi abogado no quiere que me hunda solo'— y fichó a María Dolores Márquez de Prado, una exfiscal que sabe exactamente dónde están enterrados los cadáveres procesales. Presionado por sus hermanos, incluido Manuel, Martínez ha comprendido que ser el 'lacayo' en los mensajes de WhatsApp es una excelente excusa para reducir la pena, pero una pésima estrategia de vida. Zapatero, que dormía tranquilo creyendo en una fidelidad inquebrantable, ahora descubre que el silencio tiene un precio y que su mano derecha ya ha empezado a escribir el guion de su propia liberación.
Pasaporte español: el 'pase VIP' del narco
Parece que la solidaridad romántica de la 'Ley de Memoria Democrática' ha terminado siendo la alfombra roja perfecta para los personajes menos deseables del Caribe. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un carné, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un grifo que, según el Departamento de Estado de EEUU, no solo deja pasar a nietos de exiliados, sino a tipos con el currículum manchado de narcotráfico y crimen organizado. Washington no está para bromas. El Departamento de Estado ha detectado que el pasaporte español —ese trozo de papel que abre puertas en todo el mundo— podría convertirse en el 'pase VIP' para que operativos del castrismo más recalcitrante y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro se infiltren en territorio estadounidense. Estamos hablando de más de trescientos mil cubanos solicitando la nacionalidad a través del Consulado General de España en La Habana, en un proceso donde el control lo tiene el régimen, básicamente decidiendo quién entra en la lista y quién se queda fuera, como quien reparte invitaciones para una fiesta privada. Pero el asunto tiene un aroma a complicidad que llega hasta La Moncloa. La Administración Trump, que ahora juega al ajedrez geopolítico en la zona, ha empezado a mover piezas que incomodan al PSOE. No es casualidad que el Departamento del Tesoro estuviera esperando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo en el aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo, para evitar que se largara a Caracas en un vuelo privado del Palacio de Miraflores mientras lo investigan por el rescate de una aerolínea venezolana. Y mientras tanto, el exministro José Bono ve cómo su nombre aparece en investigaciones sobre actividades 'opacas' en República Dominicana. Al final, la ley del abuelo ha servido para que algunos busquen raíces, pero otros, parece, busquen un refugio legal para sus negocios turbios.
Bono: Sol, lujo y basura caribeña
Hay quienes dicen que la política es una vocación; otros, que es la mejor agencia de colocación para jubilaciones doradas. José Bono, el eterno estratega del PSOE, ha decidido que el retiro se lleva mejor con brisa caribeña y suelos de mármol. Mientras el ciudadano medio pelea con la hipoteca o recorta en la lista de la compra, el exministro se ha hecho con dos viviendas de lujo en Santo Domingo, en el exclusivo complejo Meridian Residences. No son precisamente estudios para estudiantes: hablamos de 212 metros cuadrados en la planta 14 y otros 183 en la 16, con maderas preciosas y grifería que probablemente cuesta más que el salario anual de un funcionario medio. La magia de esta ingeniería financiera empezó a cocinarse el 29 de septiembre de 2020, cuando el presidente Luis Abinader le regaló la nacionalidad dominicana. Un detalle elegante para facilitar el despliegue de Teivelpir, la mercantil que Bono fundó en plena pandemia. ¿El negocio? Un macroparque solar llamado Pimentel Energy en la provincia de Duarte, junto a otro proyecto, Las Parras Energy, cuya valoración conjunta roza los 500 millones de euros. El exministro, operando con Juan Segovia como pantalla para no mancharse el currículum, movió los hilos desde el 9 de abril de 2021 ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que los permisos fluyeran como champán en una boda. Pero la ambición no entiende de límites energéticos. El grupo empresarial, que incluye sociedades como Vetapir, se ha metido también en el negocio de la basura. En septiembre de 2024, el consorcio Sucesat se llevó un contrato de recogida de residuos en Santo Domingo Norte por 120 millones de euros. Es el ciclo perfecto: del despacho ministerial al sol del Caribe, pasando por la gestión de los desechos ajenos. Los empresarios dicen que no le han pagado ni un duro, pero los pisos de alto standing no se compran con aire.
Trump quema millones en carbón muerto
Hay que tener valor para llamar 'hermoso' a un combustible que tiene el planeta en cuidados intensivos. Donald Trump ha decidido que el carbón, esa industria que lleva décadas en modo zombie, merece un desfibrilador de 700 millones de dólares. Para lograrlo, no ha usado una hucha de ahorros, sino que ha rescatado la Ley de Producción de Defensa de 1950, un artefacto de la Guerra Fría que permite al presidente jugar al capitán industria bajo la excusa de la 'seguridad nacional'. Es el equivalente a usar un manual de instrucciones de un televisor de tubo para intentar arreglar un smartphone. Lo más delirante es la procedencia del dinero. Según The New York Times, los fondos venían destinados precisamente a reducir las emisiones de CO2. Es decir, han cogido la cartera de la limpieza para pagar el detergente más sucio del mercado. El reparto es quirúrgico: 425 millones para que 13 plantas obsoletas no cierren la persiana y el resto para levantar dos nuevas centrales en Alaska y West Virginia, las primeras desde 2013. Todo esto mientras el carbón solo representa el diez por ciento de la producción energética doméstica. Trump promete 14.000 empleos, pero los datos del Sierra Club son un jarro de agua fría: 330 plantas han cerrado desde 2010 y otras 60 se irán al hoyo para 2031. La paradoja final es que la IA, con su hambre voraz de energía, está obligando a encender estas reliquias. Como dice Lena Moffitt de Evergreen Action, lanzar 700 millones al carbón hoy es como intentar salvar un barco que ya está en el fondo del océano; puedes tirar la cuerda que quieras, pero el barco sigue mojado.
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