Crítica:
El texto original baila peligrosamente entre la denuncia y la cautela legal al final. Le sobra precavida la aclaración sobre la falta de condenas para no acabar en el juzgado, pero el timing de los hechos es el verdadero culpable.
El fiscal Grinda buscó la protección de Zapatero por las denuncias de pedofilia antes de obtener su destino...
Zapatero y Grinda: El 'viaje' a Bolivia
Otros artículos
Sánchez, Ábalos y el 'bien' de 120 millones
Hay quien gestiona el Estado y hay quien lo usa como un grupo de WhatsApp para cuadrar facturas pendientes. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le suban la cuota del gas, en las altas esferas del poder se manejan 120 millones de euros de la SEPI con la misma naturalidad con la que uno pide un café. El rescate a Duro Felguera en marzo de 2021 no fue un acto de generosidad patriótica, sino una coreografía donde el dinero público servía de lubricante para aceitar relaciones con el régimen de Maduro. La trama, destapada por las notas de Nervis Villalobos —antiguo viceministro de Chávez y experto en el arte de la supervivencia política—, nos revela que Pedro Sánchez no estaba precisamente mirando el paisaje. Según Villalobos, José Luis Ábalos actuaba como el mensajero personal del presidente, reportándole que las reuniones con Jorge Rodríguez habían sido 'exitosas' porque la empresa ya había cobrado una de sus facturas. Es fascinante: la Fiscalía española ya acusaba a la compañía de corrupción, pero el Gobierno decidió soltarle el cheque. Sánchez, con la parsimonia de quien sabe que el tablero le favorece, respondió con un 'bien' en WhatsApp. Un 'bien' que costó 70 millones en préstamos participativos, 20 millones en préstamos ordinarios y otros 30 millones en capital directo. Todo esto mientras Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, exministros de Zapatero, vigilaban el chiringuito desde el Consejo directivo. El telón de fondo es un contrato de 1.500 millones de dólares para la central Termocentro en 2009, donde las 'mordidas' eran el lenguaje oficial. La Audiencia Nacional ha fijado el juicio del 19 al 22 de octubre, pero la hipocresía ya tiene sentencia firme: el dinero es público, pero el beneficio es muy privado.
Botas limpias y bolsillos llenos: el saqueo
En Venezuela, el sentido común ha muerto antes que las víctimas del doble terremoto de junio de 2026. Mientras el país se desmoronaba como un castillo de naipes, el Estado decidió que era el momento ideal para una 'operación limpieza', pero no de escombros, sino de carteras y electrodomésticos. Es la paradoja del uniforme limpio: militares y policías que, en lugar de empuñar una pala, prefieren sujetar el fusil para vigilar que nadie los moleste mientras desvalijan las casas de los difuntos. La escena es surrealista. En el Edificio Coral Park, en Los Corales de Caraballeda (La Guaira), la maquinaria pesada —esa que debería estar rescatando familias— se utilizó para sacar coches de lujo y trastes. Prioridades chavistas: un Toyota es más urgente que un cadáver. Hay un voluntario que, literalmente en calzoncillos y sin guantes, rescató a más de 50 personas mientras los generales observaban el paisaje con la pasividad de quien espera el café. La hipocresía alcanza niveles artísticos con la Policía Nacional de Caracas. Mientras los civiles trabajan con las uñas durante nueve horas para recuperar cuerpos, los altos mandos se dedican a la 'ingeniería financiera' de campo, robando dólares y televisores tapados con mantas. Incluso los rescatistas de los Topos de Chile fueron hostigados cinco veces por el mismo militar paranoico, quien sospechaba que salvar vidas era una misión de espionaje yanqui. Para rematar el cuadro, la Guardia Nacional Bolivariana y otros simpatizantes se dedicaron a desviar ayudas humanitarias y a 'confiscar' siete camiones de donaciones en el estado Bolívar que iban hacia la Universidad Central de Venezuela. Con una cifra oficial de 2.000 muertos que suena a chiste, la ONU ha tenido que comprar 10.000 bolsas para cadáveres. Al parecer, la única gestión eficiente del régimen ha sido la logística del saqueo.
Extremadura: Hotel lleno y factura al Gobierno
La política, vista desde el mostrador de un bar, es el arte de decir que no hay sitio en el sofá mientras señalas el del vecino. Óscar Fernández, vicepresidente de la Junta de Extremadura y punta de lanza de Vox en la región, ha decidido que el sistema de protección de menores ha llegado a su límite. Según Fernández, estamos 'al borde del colapso', una frase que suena a drama griego pero que en lenguaje de calle significa que el presupuesto no da para más y que las plazas se han agotado como las entradas de un concierto agotado. La aritmética es cruel: el Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado 364 plazas para menores inmigrantes en la región, un incremento de unas veinte plazas respecto al plan anterior. Sin embargo, la realidad en el terreno es que solo quedan 14 huecos libres. Catorce. Para que nos entendamos, es como intentar meter a un equipo de fútbol entero en un coche compacto y que el chófer te diga que no cabe ni el espejo retrovisor. Con 107 menores no acompañados ya en cartera —tres de los cuales llegaron hace poco activando toda la 'maquinaria' judicial para frenarlos—, la Junta ha pasado de la gestión a la ironía punzante. Fernández, en una rueda de prensa en Mérida este miércoles, ha lanzado el dardo: si el Gobierno nacional cree que hay espacio, que conviertan la sede de la Delegación del Gobierno en albergue. Un guiño sarcástico hacia José Luis Quintana, a quien tilda de 'muy solidario con los recursos de los demás'. El mismo tratamiento recibió el alcalde de Mérida, el señor Osuna, invitado a sacar la cartera personal si quiere jugar al humanitarismo. Entre el ruido, queda un dato rescatable: 19 de esos 107 menores tienen familia en España. La Junta promete reagrupación familiar, aunque en el tablero político, el mensaje es claro: el hotel está lleno y la cuenta la quiere pagar otro.
Bodegas y bolsas: el menú de Ferraz
Hay quien dice que la justicia es ciega, pero en el despacho de Leticia de la Hoz parece que también es sommélier. Resulta que la abogada, pieza clave en el engranaje de las llamadas 'cloacas de Ferraz' y defensora de Koldo García, no solo manejaba expedientes, sino que intentaba gestionar silencios con un catálogo de ofertas digno de un outlet de lujo. El objetivo era Carmen Pano, una empresaria que sabe demasiado sobre cómo se transportan 90.000 euros en efectivo —en bolsas, nada de transferencias modernas— hasta la sede del PSOE por orden de Víctor de Aldama para lubricar la licencia de Villafuel. El 'pack de bienvenida' para que Pano dejara de hablar de dinero y empezara a hablar de 'documentos' incluía una bodega de vinos a precio de risa y una promesa de 250.000 euros. Es la clásica ingeniería financiera de barrio: te cambio la verdad por un viñedo. Mientras el ciudadano medio pelea con la hipoteca, en los pasillos del poder se negocia el testimonio de un testigo como quien regatea un mueble en Wallapop. La frase de Leire Díez, 'Esta se vende. Debemos saber comprar', es la radiografía exacta de una casta que confunde la democracia con un mercado de ganado. La trama, instruida por el juez Santiago Pedraz, se vuelve surrealista. Entre reuniones que terminan a las 21:00 el 14 de febrero de 2025 y socios que viajan mensualmente a Dubái para, supuestamente, respirar aire desértico, el despacho IDBO Consultants SL operaba más como una agencia de inteligencia corrupta que como una oficina legal. Pano, que no se dejó endulzar el oído ni con el mejor Cabernet, acabó alertando a las autoridades el 25 de febrero de 2025, dejando en evidencia que, en este juego, la lealtad tiene un precio, pero la dignidad de un golpe en la mesa sigue siendo el mejor escudo.
Ley de Nietos: Pasaporte gratis para todos
La Ley de Memoria Democrática nació con el romanticismo de reparar el trauma del exilio, pero ha terminado convirtiéndose en un 'todo vale' administrativo. El plan original, publicado en el BOE el 19 de octubre de 2022, era claro: nacionalidad para los hijos y nietos que sufrieron la persecución política. Pero claro, la letra pequeña es donde se cocina el verdadero banquete. Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, decidió que la 'voluntad de las Cortes' era, en realidad, abrir la persiana a cualquiera que tuviera un antepasado que cruzara el charco, aunque fuera para buscar trabajo y no para huir de una patrulla. El resultado es un coladero épico. En el Consulado General de España en Caracas, la fiesta es masiva, con juras que superan el millar de asistentes. Estamos hablando de gente que presenta como prueba un viaje en el bergantín goleta Juanito del 11 de marzo de 1882. Sí, han pasado más de 140 años; el ancestro no huía de la dictadura, probablemente huía de que no había pan. Hay pasaportes de 1929 y tataranietos que se nationalizan basándose en emigraciones de 1898 o 1905. Incluso hay familias que se fueron de Asturias el 1 de enero de 1936, meses antes de que estallara la Guerra Civil. Es como si quisieras dar un bono de transporte solo a víctimas de un accidente y acabaras dándoselo a cualquiera que haya caminado alguna vez por la calle. Con 2,6 millones de solicitudes y 557.709 expedientes ya resueltos, la ingeniería financiera del voto exterior empieza a oler. Mientras el Gobierno vende 'reparación y dignificación', el PSOE admite que 'todo' descendiente tiene derecho al pasaporte. Una jugada maestra para inflar el censo electoral justo cuando el PP y Vox empiezan a gritar que esto es un pucherazo legalizado.
Begoña pide pasaporte: ¿Cumbre o graduación?
Hay gente que lucha por renovar el DNI en una oficina colapsada y luego está Begoña Gómez, que gestiona su libertad con la soltura de quien pide un préstamo preaprobado. La trama es deliciosa: el juez Juan Carlos Peinado le retiró el pasaporte el pasado 20 de junio, convencido de que existía un riesgo de fuga digno de película de espías. Pero, ¡oh sorpresa!, llega la XXXVI Cumbre de la OTAN del 7 al 10 de julio en Ankara y resulta que la invitación de Emine Erdogan, esposa del presidente turco, tiene más peso que una orden judicial sobre el escritorio. El exministro Antonio Camacho, haciendo las veces de escudo legal, ha solicitado que le devuelvan el documento para acompañar a Pedro Sánchez en avión oficial. Porque claro, irse de escapada a Turquía es un compromiso de Estado, pero el verdadero giro argumental llega con la escala en Gran Bretaña. Begoña quiere asistir a la graduación de su hija y, como el Brexit convirtió el Reino Unido en un club exclusivo donde el DNI es un papel mojado, necesita el pasaporte para entrar. La ironía alcanza su punto máximo cuando la defensa sugiere que su escolta —la misma que Peinado sospechaba que podría ayudarla a desaparecer en el aire— es precisamente la garantía de que no se escapará. Mientras el CGPJ y su presidenta Isabel Perelló se pelean con expedientes urgentes contra el magistrado, y los sindicatos de la Policía Nacional califican de 'salvajada' las teorías del juez sobre el cargo 'efímero' de Sánchez, la señora Gómez espera que el sistema SIRAJ se actualice para que su viaje sea tan fluido como una transferencia bancaria en el paraíso. Al final, la justicia parece un trámite flexible cuando hay graduaciones y cumbres internacionales de por medio.
Correos: sanidad pública de palabra, AXA de bolsillo
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en el despacho de Pedro Saura. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se llena la boca defendiendo la sanidad pública como si fuera el Santo Grial, su empresa estatal, Correos, ha decidido montar un bazar de seguros privados en plena oficina de trámites. El escenario es el siguiente: personas en proceso de regularización, que aterrizan en las casi 400 oficinas habilitadas desde el 20 de abril, buscando desesperadamente un papel que les permita existir legalmente en España. Y ahí, entre el sello y el sobre, aparece el 'acompañamiento' corporativo. No es un acompañamiento fraternal, es un guion de ventas. Los empleados tienen instrucciones precisas: llevar al usuario a un 'espacio más tranquilo' para soltarle la frase mágica: «Aprovechando que estás regularizando tu situación, ahora es un buen momento». Básicamente, le venden la póliza de AXA mientras el ciudadano tiene el corazón en un puño esperando el visto bueno de su residencia. Es el equivalente a que te cobren el menú del día mientras te hacen la prueba de alcoholemia. Lo más descarado es la ingeniería financiera detrás del mostrador. Correos, que ha absorbido una subvención de 150 millones de euros este año y más de 400 millones en 2025 bajo el paraguas de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), usa el dinero público para hacer de comercial de AXA. Todo esto ocurre mientras la empresa intenta tapar un agujero de pérdidas que, bajo el mandato de Juan Manuel Serrano, superó los 1.000 millones de euros. Es fascinante: el Estado paga el alquiler, la luz y el sueldo del empleado para que este le venda un producto privado a alguien vulnerable. Un negocio redondo, siempre que no seas el que paga los impuestos o el que compra el seguro.
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