Crítica:
La noticia es un despliegue de contrastes procesales, pero omite la motivación original del juez para abrir el caso. Se centra en la respuesta de la Fiscalía, dejando el 'porqué' del auto de Peinado en una zona gris.
La Fiscalía carga contra Peinado por dudar de la Policía y pide la absolución de Begoña Gómez
Fiscalía fulmina a Peinado por Begoña Gómez
Otros artículos
PSOE rebaja el listón para Junts
En el Congreso de los Diputados, las reglas del juego se cambian con la misma agilidad con la que uno cambia la contraseña del Wi-Fi cuando llega una visita molesta. El PSOE ha decidido que la Comisión de Reglamento debe aprobar este viernes una reforma impulsada por ERC, Junts y el Grupo Mixto. ¿El objetivo? Bajar el listón para formar grupo parlamentario. Es el clásico 'estirón de brazo' político: mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un subsidio que tarda meses, aquí la vía de urgencia ha hecho que en menos de un mes la norma esté lista para el pleno del 14 o el 23 de julio. La ingeniería es fina. Quieren retocar el artículo 23 para que baste con 15 diputados o un 3% de los votos nacionales para tener grupo. Básicamente, están bajando el precio de la entrada al club VIP para que los nacionalistas no se queden fuera en la próxima legislatura si las urnas les pasan factura. Es como si el dueño de una discoteca bajara la exigencia del código vestimentario justo cuando sabe que sus clientes habituales ya no tienen dinero para la entrada. El PP, con José Antonio Bermúdez de Castro a la cabeza, ha gritado que esto es un 'chantaje' y una reforma de conveniencia. Y tienen razón en que huele a negocio. El Gobierno intenta comprar la voluntad de Junts para que firmen los Presupuestos, pero en el bando de Puigdemont no son tontos. Saben que aceptar el regalito es gratis, pero que abrazar al PSOE es, cito textualmente, 'un suicidio'. Al final, el PSOE ha movido ficha el 15 de junio rechazando enmiendas y acelerando plazos, pero se ha encontrado con que el cliente no quiere comprar el producto aunque el descuento sea agresivo.
Marruecos nos roba la final del Mundial
Mientras en España seguimos discutiendo si el presupuesto para el transporte público alcanza para llegar al estadio, en Rabat han montado una maquinaria de relojería que deja a nuestra Federación como un equipo de barrio jugando en césped artificial. El rey Mohamed VI no ha ido a pedir permiso, ha ido a comprar la partida. Con una estrategia que haría palidecer a cualquier lobo de Wall Street, Marruecos ha tejido una red de influencias donde el balón es lo de menos y el tablero de ajedrez lo es todo. La operación tiene nombre y apellidos: Youssef Amrani, el embajador en EEUU, y Fouzi Lekjaa, el cerebro que se mueve en los pasillos de la FIFA con la soltura de quien es dueño del edificio. Mientras nosotros confiamos en la 'diplomacia del buen rollo', Lekjaa ha blindado los siete votos de la CAF y ha puesto el ojo en la AFC, moviendo los hilos con el jeque Hamad Al Thani de Catar y Yasser Al Misehal de Arabia Saudí. Es un juego de espejos donde el príncipe Mohamed bin Salman y la Administración de Donald Trump actúan como los grandes padrinos, asegurando que la Concacaf —con su sede en Miami— se incline hacia el lado marroquí. ¿El precio de la traición? El pragmatismo más crudo. Gianni Infantino, el jefe de la FIFA, no es tonto: que le prometan 150 millones extra de recaudación gracias al estadio de Casablanca es como si te ofrecieran un bono de descuento en la compra del mes mientras tú solo hablas de 'tradición deportiva'. Con 20 votos prácticamente atados y la sospecha de que algunos países de la Conmebol podrían vendernos por debajo de la mesa, el Santiago Bernabéu y el Camp Nou empiezan a parecerse a un sueño lejano. España esperaba el apoyo de la UEFA, pero en el mercado de influencias actual, la lealtad tiene la caducidad de un yogur barato.
Hacienda vende joya: ¿Comisión para el primo?
Vender la 'joya de la corona' de Hacienda no es como vender un piso en el barrio de Usera; aquí hablamos de María de Molina, 50, un trozo de la milla de oro de Madrid que cualquier empresario miraría con los ojos que pone un niño al ver el escaparate de chuches. El 29 de septiembre de 2023, la subasta se convirtió en un auténtico carnaval de hipocresía administrativa. Seis empresas se peleaban por el inmueble, pero el aire olía a chamusco desde el principio. El pliego era claro: el pago total debía completarse en diez años. Yolanda Contreras Hernanz, la presidenta de la mesa, hasta se tomó la molestia de explicar que el esquema era '1+9'. Un 25% al principio y el resto en nueve años. Matemáticas de primaria, ¿verdad? Pues apareció Barnaby Investments SL (Grupo Lar) con una oferta de 204,7 millones de euros, pero con un detalle: querían pagar en 11 años. Un año más de vacaciones financieras que, en cualquier oficina normal, supondría el descarte inmediato. Sin embargo, en el mundo de los elegidos, las reglas son elásticas. Mientras los otros licitadores, como el Grupo Whiteni, gritaban que eso era un amaño, la secretaria de la mesa se puso nerviosa y decidió que el error estaba 'subsanado' mediante una interpretación verbal que, curiosamente, no quedó escrita en el acta. Magia pura. Pero el plato fuerte es el aroma a nepotismo. Según testigos, para llevarse este caramelo de 37.106,70 metros cuadrados de oficina y 370 plazas de garaje, se ventiló la petición de una comisión del 3% para un supuesto 'primo' de la ministra María Jesús Montero. Al final, la decisión recayó en la propia Montero, quien firmó el visto bueno a una operación donde el rigor contable fue sustituido por la ingeniería del amiguismo.
Fondos contra violencia: del refugio al perreo
Resulta fascinante cómo el dinero público tiene la capacidad de mutar. Unos fondos diseñados para salvar vidas y proteger a víctimas de la violencia de género se han transformado, por arte de magia administrativa, en catas de productos, talleres de punto y hasta carreras de tacones. Hablamos de una ingeniería financiera donde el 30% de los recursos se esfumó en actividades que tienen la misma relación con la violencia machista que un torneo de tiro con arco tiene con la cirugía cerebral. Entre julio de 2024 y julio de 2025, 12 de los 40 millones de euros destinados a los ayuntamientos se fueron por el sumidero de la banalidad. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra, algunos consistorios decidieron que los fondos del Pacto de Estado eran la hucha ideal para financiar bailes con vermú y pasos de peatones arcoíris. Es el clásico 'sablazo' institucional disfrazado de agenda progresista. El Ministerio de Igualdad, bajo la batuta de Ana Redondo, ha tenido que admitir el desastre tras el empujón de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que detectó 250 casos de fondos malgastados. El balance es desolador: 2.666 ayuntamientos no han sabido explicar en qué se gastaron la pasta. Ahora, la solución es un recorte en seco a partir del 1 de julio, una medida que llega tarde pero necesaria. Lo más irónico es que, a pesar de que el Pacto de Estado mueve unos 280 millones anuales —más 160 millones acordados en abril en la Conferencia Sectorial—, la realidad en la calle es gélida. El 37,5% de las 24 mujeres asesinadas este año ya habían denunciado. Al final, el dinero fluye hacia los festivales de perreo, pero no llega a tiempo para salvar a quien ya pidió ayuda.
David Sánchez: El juego del calendario fiscal
Hay que tener valor, o una confianza ciega en el calendario, para jugar al escondite con Hacienda mientras se espera una sentencia judicial. David Sánchez, el músico que prefiere que lo llamen David Azagra, se pasea por los pasillos de La Moncloa con el cronómetro en la mano. No es que tenga prisa por salir, es que tiene pánico a quedarse. El juego es sencillo: si pasa más de 183 días en suelo español, el artículo 9 de la Ley del IRPF le cae encima como un piano de cola, convirtiéndolo en residente fiscal y obligándole a pagar los impuestos que ahora esquiva refugiándose en Portugal. Mientras el músico aguarda la sentencia del juicio en Badajoz por tráfico de influencias y prevaricación, se aferra a su residencia en Elvas. Es la misma estrategia de 'estircolero fiscal' que utilizó Shakira, quien logró que la justicia le diera la razón al demostrar que solo estuvo 163 días en España en 2011, esquivando así un sablazo de 54,7 millones de euros (entre IRPF, Patrimonio y multas). Sánchez no juega millones, pero sí juega con la ley. Lo irónico es que el músico consiguió un puesto dependiente de la Diputación de Badajoz mientras vivía en Portugal, aprovechando aquel Régimen Especial para Residentes No Habituales que, hasta el 31 de diciembre de 2023, permitía tributar solo al 20% si eras un 'artista de alto valor'. Básicamente, cobrar del erario español mientras se le paga la limosna fiscal a los portugueses. Ahora que el régimen ha cambiado desde el 1 de enero de 2024, el refugio es menos atractivo, pero sigue siendo el mejor escudo contra el fisco mientras espera que el juez de Badajoz no le pase la factura judicial.
Sánchez gasta millones en ropa 'influencer'
Hay que tener valor. Mucho valor. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de explicar los valores democráticos a la Generación Z no es a través de la educación o la cultura, sino mediante el 'merchandising' y el postureo de Instagram. Así nace DMOCRACIA, una marca de ropa creada por el Ejecutivo que, curiosamente, no se puede comprar, pero que puedes intentar ganar en un sorteo si interactúas con la cuenta oficial. El despliegue de ingenio es total: para que la influencer 'la Rivers' y Sara Fructuoso puedan posar en el balcón del Congreso de los Diputados y decir que 'vestirse es una forma de expresión', el Consejo de Ministros tuvo que mover una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros. Sí, han leído bien. Casi quince millones de euros destinados al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo la gestión de Ángel Víctor Torres, para financiar los gastos del Comisionado para la celebración de los '50 años de España en libertad'. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pavor antes de pagar el alquiler, el Estado juega a ser una agencia de modelos. 'La Rivers' nos vende la idea de que puedes ser joven, vestir a la moda y que te importe el mundo, todo mientras el erario público financia el shooting fotográfico. Es la democratización del armario: el Gobierno diseña la ropa, paga la campaña con fondos públicos y tú, si tienes suerte en el algoritmo, te llevas una camiseta. Una estrategia brillante si lo que buscas es convertir la Memoria Democrática en un accesorio de temporada para ganar likes.
Piano, privilegios y el búnker de Moncloa
Hay que tener courage para llamar 'acoso' a un proceso judicial mientras te refugias en el búnker más caro de España. David Sánchez, el músico de la familia, ha vuelto a instalarse en La Moncloa desde el 23 de junio, buscando refugio en el 'apartamento de los padres de Sonsoles'. Mientras el ciudadano medio espera una cita en el juzgado con la ansiedad a tope, David gestiona sus nervios tocando un piano de cola de Patrimonio Nacional. Un detalle exquisito: el instrumento llegó con Sonsoles Espinosa y regresó cuando el apellido Sánchez tomó el mando. La escena es digna de una comedia de enredos con presupuesto público. El músico, que sigue siendo residente fiscal en Portugal (un truco contable clásico para evitar que Hacienda le quite el aire), se preocupa por si su coche tiene un GPS, mientras el Ministerio de la Presidencia ya le ha pagado hasta la autocaravana y las revisiones ginecológicas de su mujer, Kaori Matsumoto, en vehículos de la Guardia Civil. Es el 'all-inclusive' del Estado. Todo esto ocurre mientras espera que la Audiencia de Badajoz decida si sus contratos en la Diputación de Badajoz fueron fruto del talento o de una ingeniería de tráfico de influencias y prevaricación, según la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma. Pedro Sánchez, en un despliegue de solidaridad fraternal, calificó estas investigaciones de 'acusaciones infundadas' desde el Congreso. Básicamente, el jefe del Ejecutivo ha convertido la residencia presidencial en una zona de seguridad para su hermano, donde renovar la documentación es tan fácil como bajar a la comisaría del complejo. Al final, el piano suena, pero la música la pagamos todos.
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