41.000 fantasmas cobran la RGI vasca

Imagínese usted que tiene un agujero en el bolsillo por donde se escapan billetes mientras camina, y que, al mirar atrás, descubre que no es un agujero, sino una autopista. En el País Vasco, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ha decidido jugar al escondite, y el premio es el dinero público.

Lanbide, el Servicio Público Vasco de Empleo, se ha dado cuenta de que tiene a 41.000 personas en modo 'fantasma'. Sí, cuarenta y un mil. Para que nos entendamos: es como si en una cena de diez amigos, uno se hubiera largao con la cartera de todos y nadie supiera dónde vive, pero el camarero sigue sirviéndole vino y caviar en su mesa vacía. El dato es demoledor: el 10% de los perceptores de la RGI están ilocalizados.

Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren un reciprocity la tasa de basuras, hay miles de expedientes donde el beneficiario podría estar viviendo en otra comunidad, haber cambiado de código postal sin avisar o, en el caso más surrealista, haber pasado a mejor vida mientras el cheque sigue llegando puntualmente.

Javier de Andrés, presidente del PP vasco, ha tenido que tirar de solicitud oficial para que Lanbide confesara que ahora mismo están publicando notificaciones en boletines oficiales porque las vías habituales —ya saben, el teléfono o el correo— sirven para lo mismo que un cenicero en una moto. La hipocresía es deliciosa.

Se habla de justicia social y de red de seguridad, pero la red tiene tantos agujeros que parece un colador. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez presume de sus subsidios y el IMV, en el País Vasco gestionan la laxitud como si fuera una virtud. De Andrés pide suspender los pagos hasta que alguien encuentre a los desaparecidos, porque mantener el grifo abierto para gente que no sabemos si existe es, técnicamente, una ingeniería financiera del absurdo.