Crítica:
El texto original es un ejercicio de contraste agresivo que mezcla seguridad nacional con confort personal. Le sobra adjetivación y le falta rigor en la conexión causal entre las boyas de Ceuta y el cordón de Lanzarote.
El texto original es un ejercicio de contraste agresivo que mezcla seguridad nacional con confort personal. Le sobra adjetivación y le falta rigor en la conexión causal entre las boyas de Ceuta y el cordón de Lanzarote.
Hacer un presupuesto doméstico es hoy un deporte de riesgo, pero en el Ministerio de Igualdad el dinero fluye con la naturalidad de quien tiene la tarjeta del contribuyente sin límite de crédito. El último 'estreno' es el "Pasaje Begoña", un cómic que recrea la noche de Torremolinos entre 1962 y 1971. El coste de esta joya gráfica: 6.106,03 euros. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como pagar el alquiler de un piso pequeño durante medio año para que 137 personas —sí, solo 137 descargas— le echen un vistazo rápido en el móvil. La ingeniería financiera es fascinante. Se gastaron 4.999,99 euros solo en derechos de reproducción y maquetación, y otros 1.106,04 euros en imprimir 300 ejemplares que probablemente ahora sirven de calzos para alguna mesa de oficina. Todo bajo la firma de Julio del Valle de Íscar, responsable de la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, quien en 2025 percibió un sueldo de 101.408,25 euros. Mientras el ilustrador Vito Montolio dibujaba la resistencia contra la Gran Redada de 1971, la administración dibujaba un agujero contable más en su hoja de Excel. Este tebeo es solo la punta del iceberg de una colección de excentricidades. Es el postre después de habernos tragado una app de 211.000 euros para repartir las tareas del hogar o 2,8 millones para fomentar la masturbación en mayores de 60. El Ministerio, ahora bajo Ana Redondo, parece operar bajo la premisa de que el presupuesto público es un fondo de fomento para el arte conceptual y la pedagogía de nicho. Al final, la única 'lección de resistencia' que queda es la del ciudadano, que resiste cada día que el Estado le saca más dinero del bolsillo para financiar viñetas que nadie lee.
Parece que en Bruselas se han despertado con el pie izquierdo y han decidido que España es el agujero de seguridad de Europa. Mientras nosotros intentamos cuadrar las cuentas del mes, Italia y otros siete países han decidido que Pedro Sánchez ha pasado de 'gestionar la frontera' a dejar la puerta abierta de par en par en Ceuta. La cifra es obscena: 60.000 personas intentando entrar en dos días. El Ministerio del Interior dice que 53.000 han vuelto a Marruecos 'voluntariamente', pero en Europa no compran el cuento. Para Meloni y compañía, esto no es un accidente, es una invitación formal. La respuesta de Sánchez ha sido la clásica: sacar la calculadora y decir que somos los buenos. Según Frontex, España ha tenido 234.760 entradas irregulares en cinco años, una cifra que parece calderilla comparada con los 478.600 de Italia o los 259.800 de Grecia. Pero claro, los datos son como el detergente: sirven para limpiar la imagen, pero no quitan la mancha. Mientras el presidente habla de 'empatía' en X, Ursula von der Leyen le ha dado un tirón de orejas llamando 'inaceptables' las imágenes de Ceuta. La broma pesada es que Italia ya ha activado controles aleatorios en puertos y aeropuertos para extracomunitarios que vengan de aquí. Es el equivalente a que tu vecino te ponga una cerradura nueva en el portal porque sospecha que tú dejas entrar a cualquiera. Francia, con Macron y Barnier, ya está reforzando el muro invisible, y Alemania, con Friedrich Merz, pide que recuperemos las fronteras 'lo antes posible'. Incluso Donald Trump ha aprovechado para pescar en río revuelto, usando el caos de Ceuta como un anuncio electoral contra los demócratas. Al final, España se encuentra en el patio del colegio, señalada por todos, mientras el Tribunal Supremo nos prohíbe las devoluciones en caliente y el resto de Europa nos mira como si hubiéramos perdido las llaves de la casa.
Hay quien cree que las crisis migratorias son accidentes del destino o el resultado de un grupo de WhatsApp mal gestionado. Qué ternura. Lo de Ceuta, con 60.000 personas intentando entrar entre el miércoles y el viernes, no fue una 'distracción' de la guardia ni un desliz de las mafias. Fue una operación de relojería ejecutada por Fouad Ali El Himma, el hombre que en Rabat llaman el «virrey». Mientras el mundo miraba los espigones, El Himma estaba jugando al ajedrez con la miseria ajena para hundir al Gobierno de Aziz Akhannouch. Traduzcamos el lenguaje diplomático al de la calle: usar a miles de personas como carne de cañón para ganar unas elecciones es el equivalente político a quemar la casa del vecino para que te contraten como bombero. El Himma, consejero de Mohamed VI y arquitecto del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), decidió que la mejor campaña para los comicios del 23 de septiembre era demostrar que el Ejecutivo de Akhannouch es un decorado de cartón piedra. La hipocresía alcanzó niveles estratosféricos el miércoles por la noche. Mientras el monarca Mohamed VI daba un discurso sobre estabilidad y progreso económico, miles de ciudadanos —provenientes no solo de la frontera, sino de Casablanca, Rabat, Tánger y Marrakech— se lanzaban al agua. Es el contraste perfecto: el Rey vende un país de primera en televisión y, simultáneamente, el «virrey» abre las puertas para que la gente huya. El Majzén funciona así: los ministros gestionan la sanidad o la educación (la gestión del día a día, como quien lleva la cuenta del supermercado), pero el control real de la seguridad y el Interior es un club privado donde El Himma es el portero. Al final, 60.000 personas fueron el instrumento de una purga interna para que el PAM gane peso frente al RNI. Una jugada maestra de ingeniería política donde el coste humano es, lamentablemente, el dato más irrelevante del balance.
Hay que tener valor para jugar al Monopoly con la frontera y sorprenderse cuando los demás jugadores se levantan de la mesa. Veintidós países europeos, desde la Alemania de Scholz hasta la Italia de Meloni, le han enviado una carta a António Costa y Ursula von der Leyen que es, básicamente, un 'estás jugando con fuego, Pedro'. El motivo es el clásico efecto llamada: la regularización masiva de migrantes en España ha sido vista por Bruselas y sus satélites como un imán gigante que atrae a cualquiera con un sueño y un bote inflable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación la lista de la compra parece un libro de terror, el Gobierno de Sánchez ha decidido que abrir el grifo de los permisos de residencia es una buena estrategia. El resultado es que ahora 22 naciones —incluyendo a Polonia, Hungría y Grecia— advierten que entrar ilegalmente se ha convertido en un trámite administrativo con premio final. No es solo una cuestión de logística; es que el Tribunal Supremo ha soltado una sentencia que, según los firmantes, ha servido de combustible para que se abuse del sistema de asilo europeo. Lo más irónico es que, mientras Sánchez pide ayuda, sus socios europeos amenazan con cerrar el chiringuito. Meloni ya ha sugerido que España podría acabar fuera del espacio Schengen, lo que sería el equivalente geopolítico a que te expulsen del grupo de WhatsApp familiar por generar demasiadas discusiones. Piden una videoconferencia urgente de ministros de Interior y amenazan con reintroducir controles fronterizos internos. No ha habido desplazamientos no autorizados desde Ceuta al resto de Europa todavía, pero el miedo es contagioso: la percepción de que la ilegalidad es el camino más corto hacia la legalidad ha dinamitado la confianza del bloque.
Gestionar la frontera de Ceuta parece haberse convertido en un ejercicio de 'esperar a que el agua llegue al cuello' para luego sorprenderse de que el agua moja. Mientras el Gobierno se dedicaba a ignorar sistemáticamente los informes de inteligencia militar y civil, la realidad se cocinaba a fuego lento en Castillejos. No fue un descuido; fue una ceguera selectiva. Los servicios de inteligencia avisaron de que la fiesta del Trono de Marruecos sería el escenario perfecto para un 'gesto de magnanimidad' del rey Mohamed VI. Pero en Madrid, los avisos fueron como el ticket del supermercado que dejas en la encimera: se ve, pero no se lee hasta que llega el extracto bancario. El resultado fue un caos coreografiado. 60.000 personas cruzaron el paso fronterizo a pie y a nado en menos de 24 horas. Para que nos entendamos: es como si intentaran meter a toda la población de una ciudad mediana por una puerta de servicio en un solo día. Mientras la gendarmería marroquí miraba la escena 'de brazos cruzados' y hasta ayudaba a organizar el tráfico de autobuses, el Ejecutivo se limitaba a enviar una treintena de agentes y una embarcación que, para colmo, se averió. Una broma de mal gusto. Pedro Sánchez calificó el evento como un 'ataque a la integridad territorial', pero mientras el líder alababa una cooperación 'ejemplar y leal', la Guardia Civil recordaba que esto ya pasó en mayo de 2021 con 8.000 personas, solo que ahora el agujero es más profundo. Al final, 53.000 regresaron —muchos por hambre— y el Gobierno decidió que la solución a una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de nadadores es poner boyas en el mar. Básicamente, quieren ponerle una valla al océano para que la burocracia vuelva a funcionar. Un parche de bazar para una crisis de Estado.
Veintidós países europeos acaban de enviar un mensaje muy claro a Bruselas: están hartos de que España juegue a ser el portero amable de la discoteca. En una carta dirigida a António Costa, Ursula von der Leyen y el primer ministro irlandés, los líderes de naciones como Italia, Alemania y Polonia denuncian que regularizar a un 'número muy elevado' de inmigrantes es, básicamente, poner un cartel de neón que dice 'Bienvenidos, pasen y acomódense'. Para estos gobiernos, la generosidad administrativa no es humanismo, sino un 'efecto llamada' que convierte la frontera en un colador. El detonante es la crisis en Ceuta, que vinculan directamente con la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió las devoluciones en caliente. Según el razonamiento de los firmantes, esa resolución jurídica ha sido la chispa para 'desencadenar este ataque' y abusar del sistema de asilo. Mientras el ciudadano medio intenta que no le suban la cuota del gas, estos 22 países —desde Hungría hasta Suecia— temen que se instale la idea de que entrar ilegalmente es el camino más corto hacia la estancia legal. Es la lógica del 'si uno entró sin pagar, yo también'. La amenaza es tangible. No se han detectado desplazamientos no autorizados desde Ceuta hacia el interior, pero el Gobierno de Meloni ya ha soltado la bomba: no descartan reintroducir controles fronterizos internos o, en un giro dramático, estudiar la suspensión de España del espacio Schengen. Quieren una videoconferencia urgente de ministros de Interior para coordinar la disuasión. En resumen, Europa quiere cerrar el grifo antes de que la percepción de 'puerta abierta' convierta la migración en una autopista sin peaje.
Hay que tener valor, o una capacidad de abstracción digna de un premio Nobel, para defender la justicia social pidiendo que los jefes ganen más. El 31 de julio, Pepa Páez (CCOO) y Raquel González (UGT) decidieron que la brecha salarial en Renfe era un problema... pero al revés. Enviaron una carta a Lucas Calzado, el director de Organización y Talento, advirtiendo que los directivos están sufriendo una 'reducción de las diferencias retributivas'. Traducido al lenguaje de la calle: los de arriba están asustados porque el resto de la plantilla se ha acercado demasiado a sus bolsillos. Resulta casi cómico que mientras el IV convenio colectivo, aprobado el 29 de julio, promete un aumento del 4,5% para 2027 y un 2% para 2028, los sindicatos sientan que esto es un insulto para las jefaturas. Básicamente, sugieren que para que un puesto de mando sea 'atractivo', necesita un sablazo extra en la nómina. Es la solidaridad de clase en su estado más puro: luchar para que el que manda no se sienta 'desmotivado' por ganar casi lo mismo que el que pica piedra. Todo esto ocurre en un ecosistema donde el mérito es un concepto flexible. Calzado, el destinatario de la misiva, tiene un hijo que aterrizó en una plaza de Renfe en septiembre de 2024, apenas seis meses después de que el padre ascendiera a la cúpula. Mientras tanto, el presidente Álvaro Fernández Heredia ha logrado colocar a un abogado afín de sus tiempos en el Ayuntamiento de Madrid, eliminando convenientemente la exigencia de ser Abogado del Estado para el puesto. Todo esto sucede mientras los trenes son hornos sin climatización y el Sindicato Ferroviario protesta. Pero descuídense, que los sindicatos ya están vigilando que los jefes no pasen penurias económicas.
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