Crítica:
La noticia presenta la medida como un avance de seguridad sin cuestionar la viabilidad técnica real. Ignora que la soberanía del conductor es un derecho, no un error de software.
A la UE se le ocurre una idea 'descabellada' para controlar la velocidad límite de los coches que circulan por sus carreteras y quiere que esté en marcha en 2030
UE: Tu coche decidirá cuánto aceleras
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Marlaska borra 72.000 inmigrantes de sus cuentas
En el Ministerio del Interior han descubierto un truco de magia contable digno de un experto en evasión fiscal: hacer desaparecer personas de los informes oficiales. Mientras el ciudadano medio se vuelve loco ajustando la lista de la compra por la inflación, Fernando Grande-Marlaska aplica una 'ingeniería financiera' de datos donde 72.000 inmigrantes que colapsaron la frontera del Tarajal el 30 y 31 de julio simplemente no existen en el dosier quincenal. Según el Ministerio, solo entraron 2.383 personas en quince días. Un descuadre que haría temblar a cualquier gestor de barrio, pero que en la alta política se etiqueta como 'requerimiento de análisis específico'. Esta maniobra de borrar el rastro no es un error de principiante, sino un hábito arraigado. Ya lo hicieron en mayo de 2021, cuando 10.000 personas desbordaron la valla tras el episodio del hospital de Logroño y el Frente Polisario. Aquella vez, el dato se quedó en el limbo del 'tratamiento de datos' hasta que, en diciembre, decidieron que simplemente no se recogía. Es la ley del embudo: si la cifra es bonita, se publica; si es un desastre, se archiva en la carpeta de 'eventos extraordinarios'. Curiosamente, este criterio de 'borrado selectivo' no se aplica en Canarias, donde las 20.000 llegadas de 2023 sí constan. El contraste es sangrante. Mientras el CNI supuestamente no avisó de la magnitud del caos, la realidad es que había cuatro agentes en el vallado y una embarcación que se averió justo cuando más se necesitaba. El resultado: una reacción con ocho horas de retraso y un agujero de seguridad por donde, según la Guardia Civil, se colaron presuntos yihadistas. Ahora, mientras el CETI colapsa y unos 2.000 inmigrantes (según la versión oficial, aunque la calle dice que son muchos más) se esconden en los barrios, el Ministerio sigue maquillando el balance para que el flujo migratorio no asuste al electorado.
Moncloa: El dato que costó un empleo
En la Moncloa, la gestión de la realidad es un arte delicado que no admite que los datos se filtren antes de que el departamento de marketing político les dé el visto bueno. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) ha pasado de ser la fortaleza de la estrategia a un patio de colegio donde nadie quiere recoger los juguetes. El detonante: una funcionaria civil con veinte años de trayectoria y ocho años en el puesto, que cometió el pecado capital de hacer su trabajo desde Chiclana de la Frontera. Mientras estaba de vacaciones, publicó una alerta confirmando que 49.000 marroquíes habían entrado en Ceuta el jueves. Un dato real, ya ventilado por la BBC, pero que cayó como un jarro de agua fría sobre Diego Rubio, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y el Ministerio del Interior. El castigo ha sido una ejecución administrativa quirúrgica. No hubo el habitual 'estilo Moncloa' de dejar que la persona busque un hueco en otro ministerio durante un par de meses para salvar las apariencias. No. Aquí hubo despido fulminante por teléfono el viernes y un ultimátum de 72 horas para recoger sus trastos, como si estuviera desalojando un piso compartido tras una ruptura traumática. La general Loreto Hurtado, la jefa, ha preferido el camino de la menor resistencia, sacrificando a una profesional veterana que ya había trabajado con el general Miguel Ángel Ballesteros desde 2009 en el IEEE. Ahora el resultado es patético: el DSN, el cerebro de la seguridad del Estado, tiene sus redes sociales fosilizadas desde el 31 de julio. Nadie quiere heredar el puesto. En el pasillo se comenta que la funcionaria ha sido tratada 'como si hubiera matado a alguien' solo por poner una cifra que luego Fernando Grande-Marlaska actualizaría a 72.000 personas. Al final, la seguridad nacional consiste en que el dato no moleste al jefe, aunque la realidad ya esté entrando por el espigón del Tarajal.
El Rey quiere ir, pero no le abren
Hablemos claro: en este país, el Rey es como ese primo bienintencionado que quiere ir a todas las fiestas, pero que necesita que el dueño de la casa le abra la puerta. Don Felipe lleva doce años de reinado acumulando kilómetros en el odómetro de la empatía. Ha estado en el barro de Paiporta aguantando pedradas, en el caos del 11-M, en el polvo de Lorca y hasta en las encerronas separatistas de Barcelona el 26 de agosto de 2017. Básicamente, si ha habido una tragedia, el Rey ha estado allí, a veces incluso antes que el jefe del Gobierno. Pero aquí llega la paradoja. Mientras algunos critican que se le vea regateando en la Copa del Rey Mapfre en Palma —porque claro, hacer deporte es el pecado capital cuando hay tensiones geopolíticas—, la realidad es que Ceuta y Melilla siguen siendo el gran agujero en su agenda. No es que Don Felipe no quiera; es que en una Monarquía Parlamentaria, el Rey no se mueve sin el 'ok' del Ejecutivo. Ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez le han dado el pase. Es como querer ir a un concierto pero que el portero del Gobierno no te deje entrar al recinto. La última vez que los Reyes pisaron esas ciudades fue en 2007, bajo el mandato de Juan Carlos y Sofía. Desde entonces, el silencio institucional es ensordecedor frente a las amenazas de Marruecos. Mientras el Rey se encierra cuatro días en el Palacio de Marivent para coordinar llamadas con Alberto Núñez Feijóo y analizar la tragedia de las decenas de vidas perdidas, el ciudadano de a pie ve la vela de un barco y piensa que hay indolencia. No es falta de voluntad, es que la Corona es el copiloto de un coche que conduce el Gobierno, y ahora mismo, el volante está bloqueado.
Seguridad Nacional: Borrar Ceuta y alertar Ébola
Hay una forma muy sofisticada de decir 'aquí no ha pasado nada' y consiste en borrar la web y despedir a quien se atreva a contar la verdad. En el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, el botón de 'suprimir' ha sido la herramienta de gestión más eficiente de Pedro Sánchez. La jefa de prensa cometió el pecado capital de hacer su trabajo: el viernes 31 de julio publicó que 49.000 personas habían cruzado la frontera de Ceuta. Un dato que, para los señores del poder, resultó ser un ruido insoportable. La respuesta fue un tajo quirúrgico: destitución inmediata por teléfono mientras la funcionaria disfrutaba de sus vacaciones. Un detalle exquisito para que solo volviera a la oficina a recoger sus cosas y marcharse en silencio. Mientras tanto, la ingeniería de la invisibilidad ha hecho su magia. Han limpiado la web de todo rastro de la invasión, dejando que los últimos documentos daten del 30 de julio. Para distraer al personal, han sustituido la crisis fronteriza por alertas sobre el ébola en Uganda o resúmenes rápidos sobre Ucrania y Oriente Próximo. Es como si en tu casa se estuviera incendiando la cocina y tú decidieras poner un cartel en la puerta avisando de que en el Amazonas hay mosquitos. El contraste de cifras es un ejercicio de gimnasia mental. Pasamos de los 49.000 iniciales de la funcionaria sacrificada, a los 50.000 del Ministerio del Interior, luego a los 60.000 del Gobierno autonómico y, finalmente, al sablazo definitivo de Fernando Grande-Marlaska: 72.000 inmigrantes. Ahora juegan al escondite con los que quedan: Marlaska dice que solo hay 2.000, pero Juan Jesús Vivas sostiene que siguen allí entre 3.000 y 5.000 personas. Borrar la web es fácil; borrar la realidad de las calles de Ceuta requiere un optimismo casi místico.
Regularización: mucho papel y poca cotización
Vender la moto es un arte, y en el Ministerio de Inclusión se han sacado la licencia de experto. Nos venden un proceso de regularización masivo como un motor de crecimiento, pero al abrir el capó, el motor no arranca. La ministra Elma Saiz soltó la cifra: 822.000 inmigrantes con derecho a trabajar. Suena a éxito rotundo, a despliegue de generosidad y eficiencia. Pero bajemos a la tierra, donde se paga el alquiler y se cotiza el lunes. A fecha de 30 de julio, solo 262.475 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social. Traducido al lenguaje de la calle: el 31,9% ha entrado al trapo, mientras que el 68,1% —unos 559.525 ciudadanos— sigue en un limbo administrativo donde el derecho al trabajo es un papel que no se traduce en una nómina ni en un céntimo para el Estado. Es como comprarse el carnet de conducir pero no tener coche ni saber dónde está la carretera. Lo fascinante es la gimnasia mental de Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, que afirma que «la mayoría» se está incorporando al sistema. Para que la mayoría sea el 31,9%, hace falta una calculadora que mienta o una fe ciega en la aritmética creativa. Mientras Borja Suárez califica el volumen de afiliados como una señal «muy positiva», el Gobierno ignora que el 77% de las 19.517 nuevas altas en el paro de julio (unas 15.000 personas) son precisamente estos regularizados. El reparto es el de siempre: Madrid lidera el baile con 51.844 afiliados, seguida de Cataluña con 42.000. El Régimen General absorbe el 81,5% (213.883 personas), mientras que los autónomos son una anécdota de 12.675 casos. Dicen que todo va «razonablemente normal». Claro, porque en este país, que el 70% de una medida estrella no funcione es lo más normal del mundo.
Ceuta: Supermercados con fusiles no es normalidad
Vender la 'normalidad' en Ceuta es hoy el deporte favorito de los despachos ministeriales, pero en la calle la realidad tiene un sabor distinto: sabe a tensión y a supermercados custodiados por el Ejército. Mientras el Gobierno firma comunicados desde la comodidad de un aire acondicionado, en los 18 kilómetros cuadrados de la ciudad el ambiente es eléctrico. No es una quimera, es un colapso. El CETI, diseñado para 512 plazas, ahora intenta digerir a más de 700 personas, una saturación que convierte el centro en una olla a presión donde el sábado pasado casi saltan los plomos con un intento de asalto al recinto. Para los agentes de Jupol y la AUGC, la narrativa oficial es un chiste de mal gusto. Laura García, de Jupol, lo deja claro: hay miles de personas que llegaron prácticamente en bañador y chanclas, ahora con hambre, sed y un nerviosismo que dinamita cualquier intento de calma. Diego Madrazo, de la AUGC, pone la cifra sobre la mesa: más de 2.000 irregulares, con un millar amontonados junto al CETI sin alojamiento ni una certeza de futuro. Es como intentar meter a diez personas en un ascensor para cuatro; tarde o temprano, alguien pierde los nervios. La solución propuesta es un baile de boyas y leyes. Jupol sugiere reformar la Ley de Extranjería para cerrar la laguna legal de los que llegan nadando, convirtiendo el mar en una carrera de obstáculos para facilitar las devoluciones. Mientras tanto, los guardias civiles encadenan turnos sin descanso y la ciudad, con sus 80.000 habitantes, se siente como el patio de juegos de una crisis que no provocó. Madrazo pide 200 guardias civiles más y que la Unión Europea deje de mirar para otro lado, porque la normalidad no se decreta en una rueda de prensa, se comprueba cuando puedes ir a comprar el pan sin ver un fusil al lado de la caja registradora.
Moncloa y el Barça: silencio coordinado
Hay una coreografía en la política española que ya roza la maestría del ballet: el arte de mirar hacia otro lado mientras el incendio consume el salón. Mientras el país se peleaba por los resultados del 14 de febrero de 2021 en Cataluña, en los despachos de la Moncloa se practicaba el silencio selectivo. Resulta fascinante que la Confad, ese organismo creado el 9 de julio de 2019 específicamente para cazar fraudes deportivos, decidiera que el caso Negreira era invisible. Es como contratar a un equipo de seguridad para cuidar la joya de la corona y que, mientras el ladrón se lleva el diamante, los guardias se reúnan para discutir el color de las cuerdas de los cordones. Los datos son un poema a la inacción. El 16 de febrero de 2021, apenas 48 horas después de las urnas catalanas, la Confad se reunió para diseñar «canales seguros de denuncia». Muy oportuno. Dos días más tarde, el 18 de febrero, el FC Barcelona le confesaba a Hacienda que había soltado 7,3 millones de euros a la cúpula del CTA entre 2001 y 2018, admitiendo que ni siquiera sabían quién escribía los informes. Un sablazo de dimensiones industriales que Óscar Grau firmó sin pestañear. Pero el 24 de febrero, cuando la Confad volvió a sentarse a la mesa, el acta parece haber sido escrita con tinta invisible: ni una palabra sobre el Barça. La hipocresía alcanza su cénit con el calendario. Mientras la Fiscalía abría diligencias en mayo de 2022, la comisión nacional —donde se sientan la Policía, la Guardia Civil y la RFEF— entró en un coma administrativo. Solo cuatro reuniones en el Pleno y cuatro en el Comité Permanente en años. Para rematar el blindaje, la RFEF cambió el reglamento en junio de 2021, recortando los plazos de prescripción a tres años. Un movimiento de relojería quirúrgica que dejó el caso deportivo muerto justo cuando el reloj marcaba la hora del último pago. No fue un error; fue una gestión de agenda.
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