Crítica:
El texto original es un despliegue de indignación que se apoya en filtraciones, pero carece de la contraparte oficial del Ministerio para equilibrar la balanza. Es un ejercicio de denuncia eficiente, aunque peligrosamente unidireccional.
La prueba de que Marlaska no hace nada para expulsar a los menas de Ceuta: seis policías para 5.000 expedientes
Marlaska: seis policías para cinco mil menas
Otros artículos
Bombones públicos: el dulce negocio de Hacienda
Hay quien dice que el poder corrompe, pero en Canarias el poder sabe a cacao y tiene un aroma sospechosamente familiar. Gabriel Andrés Megías Martínez, el número dos de Hacienda, ha decidido que los bombones de cortesía en los hoteles de lujo de Maspalomas y Meloneras deben pagar el impuesto AIEM. Un 'sablazo' fiscal que, sobre el papel, protege la industria local, pero que en la práctica es un regalo envuelto en papel dorado para su propio bolsillo. Mientras el turista cree que el bombón es gratis, el hotel paga un peaje que Megías firmó el 3 de agosto de 2026 en la Consulta nº 2.331, asegurando que las reglas de las franquicias internacionales no valen nada frente al fisco canario. Aquí es donde la historia deja de ser técnica y se vuelve una comedia de enredos. Resulta que Megías no es solo un burócrata con firma pesada; es el hijo del histórico director de La Isleña y consejero de Andrtés Megías Mendoza, S.A. Además, su familia controla 'La Candelaria', otra potencia chocolatera. El señor viceconsejero juega al escondite con la transparencia: en su ficha pública dice que no tiene 'actividad privada', pero en el Registro Mercantil su firma aparece nítida en las cuentas de 2024 como consejero de la empresa familiar. Es el clásico truco de firmar con la mano izquierda mientras la derecha recoge los beneficios. Para rematar el cuadro, tenemos a Pedro Ortega, el Director General de La Isleña desde 1989, que ha hecho un baile de sillas digno de un experto: ha sido presidente de ASINCA (que gestiona 350.000 euros públicos), Consejero de Economía entre 2015 y 2019 y ahora lidera la Confederación Canaria de Empresarios. Un ecosistema donde el regulador, el empresario y el político comparten el mismo café y, posiblemente, el mismo chocolate. No es gestión pública; es un club privado con presupuesto estatal.
Correos: El enchufe que costó 15.000 euros
Hay quienes confunden la gestión de una empresa pública con el presupuesto de su propia casa, o peor aún, con la hucha de un club de amigos. El caso de Correos y la trama Hirurok es el manual perfecto de cómo convertir el dinero de todos en un escudo protector personal. Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, no se limitó a colocar a Leire Díez en un puesto diseñado a medida —donde la propia Díez pudo retocar la oferta de empleo como quien edita un filtro de Instagram para salir mejor—, sino que convirtió esa plaza en el centro de operaciones de una ingeniería financiera bastante creativa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, en los despachos de Correos se fraguaba un plan para 'proteger' al presidente. ¿La herramienta? Contratos menores que, en el lenguaje de la calle, son el agujero negro ideal para evitar controles. Desde febrero de 2022, Leire Díez coordinó con Juan Antonio Carrillo Donaire, del despacho SDEP, un encargo relacionado con la editorial Vicens Vives. Pero no se engañen: el informe jurídico era la fachada; la verdadera misión era blindar a Serrano. El cinismo alcanza su cénit cuando entran en juego las comisiones. Un contrato de 15.000 euros no es una fortuna para el Estado, pero para Vicente Fernández y Carrillo era la excusa perfecta para discutir el porcentaje de la 'mordida'. 'Lo que tú digas', se respondieron, repartiéndose el botín mientras aseguraban una cobertura jurídica para Juanma por al menos dos años. Todo esto quedó registrado en los móviles, esas cajas negras que ahora la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción Número 5, se encarga de clonar. Al final, el 'perfil de Relaciones Institucionales' resultó ser, básicamente, un perfil de relaciones públicas para el beneficio del PSOE y sus allegados.
Sanidad: millones a Rabat, colapso en Ceuta
Hay una aritmética del absurdo que solo se entiende desde los despachos climatizados de Madrid. Mientras en Ceuta la sanidad pública parece estar jugando una partida de póker con las cartas marcadas y los pacientes esperando que alguien haga un milagro, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que es el momento ideal para hacer generosidad transfronteriza. Hablamos de un 'sablazo' total que supera los 3,1 millones de euros destinados a Marruecos, una cifra que, vista desde la cola de urgencias de una ciudad española, suena a chiste de mal gusto. El desglose es una obra maestra de la ingeniería financiera. Por un lado, tenemos la 'propina' de 488.930 euros repartidos desde 2024 en proyectos de organización sanitaria. Aquí entran 117.420 euros para el Observatorio de Salud del Mediterráneo con ISGlobal, 143.260 euros para el proyecto Averroès 2 y otros 228.250 euros vía Real Decreto 1037/2025 para seguir enseñando a los marroquíes cómo organizar su medicina familiar. Es como si en tu casa el techo se estuviera cayendo y decidieras pagarle un curso de albañilería al vecino de enfrente. Pero el plato fuerte es el Hospital Español de Tánger. A comienzos de 2025, el Consejo de Ministros soltó 2.689.588 euros para una 'intervención de emergencia' que incluía demoler el ala sur del edificio porque se caía a pedazos. Es comprensible que no quieran que el edificio se desplome, pero la paradoja es lacerante: Mónica García niega el colapso sanitario en casa mientras el Ejecutivo moviliza millones para que no colapse un hospital en Rabat. Al final, el dinero público fluye con una agilidad envidiable hacia el exterior, mientras que en Ceuta la gestión parece haberse quedado congelada en el tiempo.
Sarna en Ceuta: Militares sin guantes
Hay una ironía cruel en el hecho de que quienes visten el uniforme para proteger la frontera terminen derrotados por un ácaro de ocho patas. Mientras el Gobierno se pierde en el laberinto de los comunicados oficiales, una veintena de militares de la unidad de Regulares ha acabado aislada en el cuartel González Tablas. ¿El motivo? Un brote de sarna que ha convertido su piel en un campo de batalla de granos y ampollas. La gestión del Ministerio de Defensa parece haber seguido la lógica del 'ya se verá'. Estos soldados han estado desmontando chozas de cañas y cartones en la playa del Trampolín y alrededores del CETI sin guantes ni mascarillas. Básicamente, los mandos los enviaron a limpiar el desastre con las manos desnudas, como quien limpia el polvo de un mueble, ignorando que el Sarcoptes scabiei no entiende de rangos ni de patriotismo. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME), con Marco Antonio Gómez al frente, ha puesto el dedo en la llaga: es inadmisible que el personal trabaje a destajo desde el 31 de julio en una crisis migratoria sin el equipo básico de protección. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, aterrizó el domingo en Ceuta solo para coleccionar abucheos y negar un colapso sanitario que los médicos locales ya dan por hecho. El cuadro es dantesco. Entre el picor insoportable, los insultos de quienes consideran que el uniforme es una invitación al ataque y la presión psicológica de saber que sus familias en Villa Capona podrían acabar pared con pared con los asentamientos, el soldado español está al límite. Margarita Robles ya activó apoyo psicológico para los incendios de León y Zamora; parece que para el picor y el trauma de Ceuta, el Ministerio prefiere mirar hacia otro lado mientras el ácaro sigue cavando sus túneles.
Sánchez: buceo en Lanzarote y Zoom en Ceuta
Hay una forma muy sofisticada de decir 'me importa un bledo' y se llama 'reunión de coordinación por videoconferencia'. Mientras Ceuta se hunde en un caos que haría temblar a cualquiera, Pedro Sánchez ha descubierto que el fondo marino de Lanzarote es mucho más relajante que el desbordamiento de 80.000 inmigrantes ilegales. El lunes pasado, el guion fue digno de una comedia negra: a las 9:15 horas, el presidente gestionaba la crisis desde la comodidad de la Residencia Real de La Mareta; a las 10:45, ya estaba camuflado con neopreno en Puerto Calero, buscando peces en lugar de soluciones. Es fascinante el contraste. En Ceuta, Juan Jesús Vivas denuncia una pasividad gubernamental que roza lo surrealista, mientras la Guardia Civil contabiliza 15 violaciones y los sanitarios alertan sobre sarna y tuberculosis. Pero claro, coordinar un Estado desde el sofá de una residencia de Patrimonio Nacional es el nuevo estándar de eficiencia. Sánchez ha visitado la ciudad autónoma una sola vez, prefiriendo pasar sus días con Salvador Illa y Jesús Calleja, disfrutando de un despliegue de seguridad que incluye helicópteros y lanchas del GEAS para que su inmersión en Puerto del Carmen sea tan privada como su agenda política. La ingeniería del descanso es total: Begoña Gómez acompaña al presidente mientras aguarda su juicio por tráfico de influencias y malversación, y el Consejo de Ministros no se molesta en reunirse hasta el 25 de agosto. Mientras tanto, la ciudad autónoma espera respuestas que no llegan por Zoom. Al final, parece que la única 'invasión' que realmente preocupa en La Mareta es que algún periodista se cuele en el espigón antes de que el presidente pueda desembarcar.
PSOE: Borra el tuit o estás fuera
En el PSOE, la libertad de expresión tiene el mismo valor que un billete de Monopoly si el mensaje no coincide con el guion de Moncloa. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar la cuenta del súper, en las oficinas del partido se gestiona una 'limpieza' de redes sociales que haría palidecer a cualquier régimen del siglo XX. La chispa fue la crisis de Ceuta, pero el incendio es estructural. Melchor León y Sebastián Guerrero, voces ceutíes que se atrevieron a llamar 'vergüenza' a la gestión de Pedro Sánchez, son solo la punta de un iceberg de miedo y WhatsApps intimidatorios. El sistema es tan predecible como un lunes por la mañana: publicas una crítica, recibes un mensaje de un superior invocando los Estatutos Federales y, acto seguido, la sugerencia velada de que tu carrera política podría terminar en un 'agujero contable' de relevancia. Es el clásico 'borra eso o te borramos nosotros'. Un concejal segoviano vivió el proceso en tiempo real: un tuit cuestionando la colaboración con Marruecos y, al instante, más de 20 llamadas para 'ponerle a parir'. Básicamente, el partido funciona ahora como un grupo de WhatsApp familiar tóxico, donde el patriarca no admite réplicas. La purga no entiende de geografías. En Galicia, el PSdG ya ha entrenado el músculo del silencio; el exsecretario de organización de las Juventudes de Orense fue fulminado por pedir la dimisión de Xosé Tomé tras denuncias de acoso sexual. Como bien confiesa un senador, la 'caza de brujas' es el nuevo estándar operativo desde Madrid hasta Valencia. El PSOE se ha convertido en una olla a presión donde los estatutos, que deberían proteger al militante, se usan como el garrote para mantener la fila india. En resumen: se predica democracia, pero se gestiona con el mando a distancia del miedo.
Marlaska: un váter para 70 policías
Hay una mística muy particular en la gestión del Ministerio del Interior: pedirle al agente que sea un superhéroe en la calle y tratarlo como a un refugiado en el cuartel. Mientras Fernando Grande-Marlaska se desplaza a Ceuta con el presupuesto del Estado asegurando sábanas de hilo y aire acondicionado en hoteles de categoría, los policías nacionales que sostienen el dispositivo de seguridad en la ciudad autónoma han descubierto que el 'estándar gubernamental' incluye dormir en colchones manchados y viejos. Es el lujo del siglo pasado. La Confederación Española de Policía (CEP), a través de su portavoz Miguel Gutiérrez, ha tenido que salir al paso para denunciar un escenario que parece sacado de una película de guerra mal presupuestada. Los agentes han sido instalados en el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, unas dependencias que estaban en desuso y que han sido 'acondicionadas' con la misma urgencia con la que uno intenta tapar una gotera con celo. El resultado es un hacinamiento donde siete u ocho funcionarios comparten estancias diminutas, conviviendo con maletas y trastos acumulados. Pero el verdadero monumento a la eficiencia administrativa es el baño: un único inodoro para 70 agentes. Setenta personas haciendo cola para el retrete después de una jornada de máxima exigencia. Para rematar el cuadro, en pleno agosto, con el calor y la humedad de Ceuta asfixiando cualquier rastro de dignidad, las duchas funcionan a base de suerte y el agua caliente es un mito urbano. No es que la CEP pida un spa con masajes tailandeses; piden que el listón de la higiene no esté enterrado bajo tierra. Al final, la 'marca de la casa' de Interior parece ser esa capacidad asombrosa de exigir profesionalidad absoluta mientras se ofrece un alojamiento que haría palidecer a cualquier albergue municipal.
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