Crítica:
La noticia es un catálogo de promesas vacías contrastadas con presupuestos reales. El contraste es brutal, aunque el texto original es demasiado amable con los tiempos del Ejecutivo.
El Gobierno gastará el doble en atender a los inmigrantes de Ceuta que en reflotar el comercio local
Ceuta: el comercio local recibe las migajas
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Calleja y Sánchez: vacaciones con sabor a RTVE
Hay amistades que valen oro, o en este caso, valen una factura de 1,6 millones de euros. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado, Jesús Calleja y Pedro Sánchez han decidido que Lanzarote y La Mareta son el escenario ideal para compartir el verano. No es que el 'expeluquero' aventurero tenga un imán para el poder, es que su productora tiene un imán muy potente para los fondos de RTVE, facturando esa cifra millonaria que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Es la magia del networking: veraneas con el jefe del país y, mágicamente, los rumores de un salto definitivo a la televisión pública cobran sentido. Pero el ecosistema mediático es un patio de colegio con presupuesto estatal. Tenemos la creación de 'La Séptima', el nuevo canal de TDT concedido por 'Su Excelencia' a Miguel Contreras, un personaje que salió volando de PRISA por intentar meter su proyecto a presión. Este nuevo espacio, que abrirá el 5 de noviembre, se presenta como una 'trinchera' ideológica donde Javier Ruiz —fugitivo de Mañaneros 360— montará su cuartel general. Para completar el casting de la militancia, han fichado al humorista Quequé y a Rocío Delgado, quien curiosamente es pareja de Jesús Cintora, el nuevo ariete de TVE. En este tablero, la meritocracia es un concepto abstracto. Mientras Mediaset se rompe la cabeza buscando un nombre para el nuevo formato de 'El Rosco' y Pedrerol intenta que sus audiencias no se desplomen en Energy y Cuatro, en la televisión pública se gestionan las lealtades. Y mientras tanto, los incombustibles Jordi Hurtado y Karlos Arguiñano, con 69 y 78 años respectivamente, se niegan a soltar el micro y la sartén, recordándonos que en este negocio, el relevo generacional es un mito cuando el cheque sigue llegando.
Gibraltar se expande: más casas, menos mar
Gibraltar ha decidido que el mapa es solo una sugerencia y ha vuelto a sacar la pala para morderle un trozo más al Mediterráneo. Esta vez se trata de 47.000 metros cuadrados de relleno marítimo frente a Westview Park, una operación de ingeniería que básicamente consiste en fabricar suelo donde antes había agua para plantar 2.300 viviendas. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y ve cómo su cuenta corriente se encoge, el Gobierno colonial expande su superficie como quien añade una habitación más al salón porque se ha quedado pequeño. Fabián Picardo, el ministro principal, se pone la medalla del altruismo asegurando que estas casas no son para los ricos, sino para los trabajadores y pensionistas. Un relato conmovedor, especialmente cuando recordamos que la fiesta se financia gracias al consorcio vietnamita TNG Global Foundation. Sí, los mismos que están levantando Eastside, ese proyecto de 1.400 viviendas de lujo y puerto para megayates que ha puesto a la Fiscalía de Algeciras a trabajar horas extra por ocupar aguas españolas. Es la clásica jugada de manual: usar el dinero del lujo extremo para construir 'vivienda asequible' y limpiar la imagen corporativa. La obra ya ha arrancado con la demolición del Muelle de Extensión número 3 (244 metros de largo y 12,2 de ancho), que terminará convertido en la base del nuevo barrio. Todo esto mientras Verdemar-Ecologistas en Acción grita al vacío sobre el impacto medioambiental y los caladeros de La Atunara se ahogan en partículas en suspensión. La ministra Sara Aagesen guarda un silencio sepulcral, mientras el Peñón sigue creciendo a base de arena importada y una audacia geopolítica que roza lo surrealista. Al final, el mar es el único que no tiene voz para protestar mientras le roban el espacio.
80.000 euros para enseñar a ser padre
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira un campo de minas, el Ministerio de Igualdad ha decidido que la mejor forma de combatir la falta de corresponsabilidad es con un cheque en blanco. Ana Redondo ha puesto sobre la mesa 79.960 euros —casi 80.000 pavos de los nuestros— para diseñar un taller que le explique a los padres de niños menores de 12 años cómo no ser un lastre en casa. Básicamente, el Estado quiere pagar una fortuna para enseñar a los hombres que cambiar pañales no es una actividad extracurricular, sino parte del contrato básico de ser padre. El pliego es una joya del lenguaje administrativo. Hablan de 'masculinidades igualitarias' y de convertir la paternidad en un 'espacio de oportunidad'. En cristiano: quieren que el hombre deje de creer que su única misión es ser el proveedor y empiece a fregar los platos sin que se lo pidan tres veces. El taller también se mete en el barro de las violencias económica y vicaria, poniendo el foco en el impago de pensiones alimenticias, ese agujero contable que deja a muchas madres haciendo el trabajo sucio y el financiero a la vez. Pero la generosidad con el erario público no termina ahí. Porque mientras intentan 'sensibilizar' a los padres, el Instituto de las Mujeres ha soltado otros 136.089,29 euros a la empresa Round Connect SL. ¿El objetivo? Almacenar y repartir folletos, CDs y DVDs. Sí, en plena era del streaming y el PDF, el Ministerio gasta más de 136.000 euros en logística de papel y discos para difundir la igualdad. Una ingeniería financiera fascinante: gastar miles de euros en imprimir folletos para decirnos que no malgastemos los recursos.
Caras al aire o castigo escolar
Parece que en Valencia han decidido que el currículo escolar para este curso incluye una asignatura intensiva de 'estética facial obligatoria'. La Generalitat Valenciana, en un despliegue de ingenio legislativo, ha deslizado en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos 2026 que llevar el rostro cubierto en clase ya no es una elección de estilo, sino una 'falta grave'. El Artículo 157 de la norma, gestionado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, es tan preciso como una piedra: obliga a mantener el rostro 'sustancialmente descubierto'. Lo fascinante es el menú de sanciones. Mientras que para muchos el mayor drama escolar es que se acabe el papel en el baño, aquí el castigo por un velo o una prenda rebelde se pone al mismo nivel que el acoso, las agresiones o las humillaciones. Sí, hemos llegado al punto donde cubrirse la cara es, administrativamente, tan grave como una pelea a puñetazos en el patio. El castigo puede ir desde hacer tareas extra —el clásico 'castigo de colegio'— hasta el exilio educativo: una suspensión de hasta treinta días naturales o, si la administración se pone especialmente creativa, el cambio de centro educativo. La hipocresía brilla por su ausencia en la redacción: no mencionan el velo ni una sola vez, pero dejan el camino asfaltado citando que en hospitales y transporte público se requiere 'identificación visual continua'. Básicamente, nos dicen que no quieren ver telas donde deberían ver caras, pero lo disfrazan de presupuesto. Es una jugada maestra: meten la prohibición religiosa en el saco de los números y los gastos, esperando que nadie note el sablazo a la libertad personal mientras revisan las partidas de inversión.
PP de Palma: cortes por procesión musulmana
La política es ese arte maravilloso de decir una cosa en el mitin y hacer exactamente lo contrario cuando toca gestionar el tráfico. En Palma, el Ayuntamiento, timoneado por el PP, ha lanzado un aviso de cortes de carretera que ha caído como un cubo de agua fría en los grupos de WhatsApp más conservadores. El motivo: una procesión para conmemorar el nacimiento de Mahoma este domingo 23 de agosto. La ironía tiene nombre y apellido: la marcha arranca en el número 95 de la calle Reyes Católicos. Sí, han elegido el epicentro del sarcasmo geográfico para empezar el camino hacia la plaza de Miquel Dolç, la calle Indalecio Prieto y el Camí de Son Gotleu, terminando en la plaza de Orson Welles. Mientras algunos ciudadanos ven en esto una traición a los principios, la realidad es que Son Gotleu es el termómetro demográfico de la ciudad, donde la población del norte de África ya no es una estadística, sino el vecino que te pide la sal. Entre las 17:00 y las 18:00 horas, la Policía Local —bajo el mando de un gobierno que suele jugar la carta de la identidad nacional— se dedicará a cerrar calles con la misma naturalidad con la que uno cierra la persiana del negocio. La EMT de Palma y el TIB ya han preparado los desvíos de autobús, porque el tráfico no entiende de teologías, solo de atascos. Es fascinante observar cómo un simple aviso de servicio se convierte en una guerra cultural en redes sociales. El PP gestiona el espacio público con una pragmática quirúrgica: permiten la procesión, evitan el caos vial y, de paso, dejan que sus votantes se indignen en Twitter mientras los agentes hacen su trabajo. Al final, el domingo habrá cortes, habrá rezos y, sobre todo, habrá una hipocresía tan espesa que no pasará ni un autobús de la EMT.
Begoña Gómez: el vacío legal como escudo
Mientras la familia Sánchez disfruta de la brisa del Palacio de la Mareta, Begoña Gómez prepara el aterrizaje más duro de su carrera. A la vuelta del verano, la mujer del presidente no se encontrará con una alfombra roja, sino con el banquillo de los acusados y un jurado popular que no entiende de protocolos de Moncloa. El juez Juan Carlos Peinado ya lo dejó claro y la Audiencia Provincial de Madrid lo selló el 16 de julio: habrá juicio. La cifra es un sablazo: nueve años de prisión solicitan las acusaciones populares coordinadas por Hazte Oír. Se habla de tráfico de influencias y malversación, conceptos que en la calle significamos como 'usar el carné de esposa del jefe' para saltarse la fila. El núcleo del problema es la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense, codirigida con Juan Carlos Barrabés, y el uso de Cristina Álvarez, una asesora pagada con dinero público en la Moncloa para hacer gestiones que huelen a intereses privados. Para salir del atasco, entra en juego Jaime Campaner, un abogado que sabe que en España las reglas son como las sugerencias de Google Maps: dependen de quién conduzca. Su estrategia es brillante en su cinismo: alegar que no existe un 'manual de instrucciones' para las primeras damas. Básicamente, argumentan que, como no hay una ley que diga qué puede hacer la mujer del presidente, Begoña es una ciudadana de a pie, aunque su 'paseo' sea por los pasillos del poder. Se escudan en la Ley 50/1997 y la Ley 3/2015, que obligan al político a abstenerse, pero dejan la puerta abierta para que el cónyuge haga su agosto sin restricciones. Es la paradoja perfecta: ser invisible para la ley cuando conviene, pero estar en el centro del foco cuando hay que gestionar influencias.
Algeciras: venden casas invisibles para el arraigo
Vivir en el aire tiene un precio, y en Algeciras han convertido el padrón municipal en una especie de 'estacionamiento' de personas fantasma. La jugada es sencilla: pagas una cantidad —que la Policía Nacional prefiere mantener en secreto, como quien oculta el precio de un menú degustación— y ¡tachán!, ya tienes un papel que dice que vives en una casa donde jamás has puesto un pie. Es la ingeniería financiera aplicada al domicilio: transformar una dirección en un producto cotizable para fabricar arraigos de laboratorio. La realidad es casi surrealista. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, algunos emprendedores del engaño han empadronado a gente en casas tapiadas, inmuebles abandonados y viviendas en obras. Básicamente, han vendido el derecho a vivir en un escombro sobre el papel. La Policía Local no se ha quedado dormida y, en solo dos meses, ha detectado 336 casos de fraude: 187 en marzo y otros 149 en abril, tras revisar a ciudadanos de 25 nacionalidades. Un volumen de 'fantasmas' que haría palidecer a cualquier censo. La trama ha culminado este mes con cinco detenciones por falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, después de que dos propietarios descubrieran que ocho desconocidos habían 'colonizado' administrativamente sus casas. Pero el negocio no termina en la calle; llega hasta los despachos del poder. PP y Vox, en su acuerdo de gobierno en Andalucía, ya planean para 2027 un «servicio de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón», mientras que Adelante Andalucía, con José Ignacio García a la cabeza, ya huele a «policía paralela». Al final, el padrón, que debería ser el espejo de la ciudad, se ha convertido en un catálogo de alquileres invisibles donde lo único real es el dinero que cambia de manos.
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