Crítica:
El texto original es un collage de tertulias que confunde la noticia con la opinión de los analistas. Se pierde el rigor periodístico al basar la crónica en lo que 'dicen los directores de diarios' en lugar de fuentes directas.
El texto original es un collage de tertulias que confunde la noticia con la opinión de los analistas. Se pierde el rigor periodístico al basar la crónica en lo que 'dicen los directores de diarios' en lugar de fuentes directas.
Hay premios que, vistos con el retrovisor, parecen una broma de mal gusto o un error de cálculo monumental. En noviembre de 2025, Fernando Grande-Marlaska decidió que era el momento ideal para entregar la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi. No fue un detalle menor; hablamos de la máxima categoría, el 'estrellato' de las medallas, entregado en un acto privado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con la presencia de Mercedes González. El motivo: una cooperación ejemplar en seguridad. El problema es que, mientras nosotros seguimos intentando que la factura de la luz no nos deje en la calle, la 'cooperación' parece haber tenido una letra pequeña muy peligrosa. El grupo de hackers Jabaroot ha dinamitado la narrativa oficial filtrando datos de 70.000 agentes de la DGSN y la DGST marroquí. Según Jabaroot, el mismo Hammouchi que luce la medalla española sería el cerebro detrás de la avalancha migratoria en Ceuta hace un mes. Es el clásico caso de darle las llaves de casa al que luego te organiza el asalto al salón. Hammouchi no es un funcionario cualquiera; es el hombre que controla la policía y el espionaje interior del Reino, asesor del rey Mohamed VI y un experto en coleccionar honores, como la Orden Nacional del Mérito que le dio Francia en 2015. Eso sí, su currículum tiene manchas que no salen con lejía, como aquella citación judicial en París en 2014 por supuestas torturas. Ahora, junto a Fouad Ali el Himma, el hombre de confianza del Palacio, Hammouchi aparece como el arquitecto de una operación para poner a España contra las cuerdas. Al final, la Gran Cruz parece haber sido un anticipo muy generoso para alguien que, según los datos filtrados, prefiere coordinar crisis que evitarlas.
En el tablero de la geopolítica, hay quien juega al ajedrez y hay quien prefiere tirar la mesa. El colectivo Jabaroot ha decidido que es el momento de hacer limpieza de armario en Marruecos y lo ha hecho con un despliegue que dejaría pequeño cualquier hackeo de barrio. Primero, el 20 de agosto, soltaron un aperitivo de veinte nombres de la inteligencia marroquí. Pero como el hambre de caos es insaciable, cuatro días después pasaron al plato principal: una base de datos con 70.000 registros de la DGST y la DGSN. Nombres, fechas de nacimiento y DNIs expuestos como quien cuelga la lista de la compra en el portal de la comunidad. Pero aquí viene el giro de guion que hace que en Moncloa se pongan nerviosos. Jabaroot ha soltado la bomba: dicen tener los archivos originales del espionaje con Pegasus al teléfono de Pedro Sánchez y de Margarita Robles. Aquello que en 2022 se quedó en un 'nos han hackeado, pero no sabemos quién ha sido' —una respuesta tan vaga que parece redactada por un adolescente que ha roto un jarrón— podría tener ahora nombre y apellidos. Mientras Rabat y Madrid mantienen esa tensión pasivo-agresiva típica de cuñados en Navidad, los hackers presumen de tener órdenes de misión de agentes en Fnideq y detalles sobre la crisis de Ceuta. No es solo una filtración; es un 'regalo para Europa' envuelto en sarcasmo digital. Ahora mismo, los archivos de Pegasus son como esa promesa de 'te lo cuento mañana': están ahí, flotando en la red, esperando que Jabaroot decida si pulsa el botón de publicar o si prefiere seguir disfrutando del sudor frío de los servicios de seguridad marroquíes. El juego es sencillo: quien tiene la llave del servidor, tiene la sartén por el mango.
Parece que la luna de miel con las autopistas gratuitas ha durado lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha decidido que el aire puro de la gratuidad en la AP-7 ya ha pasado factura y ahora quiere que el conductor vuelva a abrir la cartera. El argumento es el de siempre: la carretera está hecha polvo por el flujo incesante de camiones que van y vienen de la Junquera, y los Mossos no dan abasto con las mafias que han convertido el asfalto en su zona de recreo. Pero claro, cobrar solo en Cataluña sería como poner el impuesto del aire solo en Barcelona; el ruido político sería ensordecedor. Por eso, el consejero de Movilidad ha tenido la brillante idea de extender el 'sablazo' a todo el territorio español, invitando a Pedro Sánchez a montar un plan conjunto. La ingeniería financiera es sencilla: para los turismos, el tajo iría de los 3 a los 8 céntimos por kilómetro. Traducido al lenguaje de la calle, es soltar entre 15 y 40 euros cada 500 kilómetros. Un gasto que, comparado con el precio actual de la cesta de la compra, parece una broma, pero que pica en el bolsillo del que viaja por necesidad. Para los camiones, la broma es más pesada: 20 céntimos por kilómetro, lo que se traduce en un billete de 100 euros cada 500 kilómetros. Illa mira con nostalgia el modelo de la A-636 vasca, donde los turismos ya pagan 0,16 euros por kilómetro (unos 2,5 euros por tramos cortos de 15 kilómetros) mediante un sistema dinámico sin cabinas. Básicamente, te registras en una web, das tus datos y esperas que el cargo llegue a tu cuenta mientras disfrutas del paisaje. Un sistema moderno para un problema antiguo: querer que el usuario pague el mantenimiento que el Estado no puede costear.
Hay que tener valor. Mucho valor. El 17 de noviembre de 2025, Óscar Puente se plantó ante los micrófonos para decirnos que el AVE Madrid-Barcelona volaría a 350 km/h sin mover un solo ladrillo del trazado. Era el día del triunfo, la 'ofensiva' contra la infraestructura obsoleta. Pero claro, un logro así no se celebra con un apretón de manos; se celebra con merchandising. Al día siguiente, la cuenta de TikTok de la Moncloa nos regaló la imagen del ministro repartiendo pines conmemorativos al Gabinete, como quien reparte cromos en el patio del colegio. Aquí viene el detalle que hace que a cualquiera le suba la tensión: esos 350 pines costaron 1.266,67 euros, IVA incluido. Para el ciudadano que mira la cuenta corriente con miedo, mil euros son una hipoteca pequeña o una compra del mes para tres familias; para el Ministerio de Transportes, es el precio de adornarse la solapa para celebrar algo que, en la práctica, no existía. Una ingeniería financiera del ego donde el metal brilla más que la realidad. La ironía alcanzó niveles estratosféricos dos meses después. Antes de que el primer tren pudiera siquiera soñar con esos 350 km/h, ocurrió la tragedia de Adamuz, con 46 muertos y 150 heridos. De repente, el mundo cambió. Las promesas de velocidad se convirtieron en restricciones de Adif y el mapa ferroviario pasó de ser una autopista al cielo a un laberinto de frenazos. Hoy, si entras en la web de Renfe, el viaje más rápido Madrid-Barcelona tarda 3 horas y 2 minutos. Nada de 'menos de 2 horas'. Al final, lo único que realmente alcanzó la velocidad del rayo fue el gasto de los pines, que desaparecieron del presupuesto público mucho antes de que el AVE pudiera siquiera acelerar.
El 30 de julio no fue un día cualquiera; fue el día en que la frontera de Ceuta decidió jugar al colador. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, un ejército de 200.000 personas —según The Wall Street Journal— decidió que era el momento ideal para probar suerte. No fue una coincidencia, fue una coreografía digital. Unos cuantos mensajes virales sobre una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones rápidas sirvieron de cerilla para prender la mecha. De repente, el sueño europeo se convirtió en una carrera de obstáculos donde las mafias del tráfico humano fueron las directoras de orquesta, aprovechando el caos para colar sus 'paquetes' preferidos. El resultado es un agujero de seguridad que deja mal parado a cualquiera. El Gobierno dice que entraron más de 80.000 personas. Para que nos entendamos: es como si intentaran meter el estadio Santiago Bernabéu entero por una puerta de servicio en una sola tarde. Juan Vivas, presidente de Ceuta, ya avisaba de que los cruces habían pasado de 200 diarios a 1.500 el 29 de julio, justo antes del Día del Trono marroquí. Pero claro, la inteligencia era invisible. Fernando Grande-Marlaska dice que no sabía nada, mientras Margarita Robles sale al rescate defendiendo que el CNI y el CIFAS hicieron su trabajo. Un despliegue de optimismo institucional mientras los servicios públicos de la ciudad están en cuidados intensivos. En Bruselas, el humor es negro. La Comisión Europea mira a España con la cara que pone un profesor cuando el alumno no ha entregado el trabajo y, además, miente. No hay petición formal de ayuda a Frontex ni a Europol, y las devoluciones avanzan a paso de tortuga: entre 25 y 30 expedientes diarios. A este ritmo, terminaremos de gestionar la crisis cuando ya estemos celebrando el próximo siglo. Una vulnerabilidad expuesta que deja a la Unión Europea con el flanco sur abierto de par en par.
En el tablero del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, las prioridades tienen un aroma muy particular. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra y reza para que el recibo de la luz no sea una película de terror, el Gobierno ha decidido soltar un 'sablazo' de 25.055.700 euros. No es para arreglar baches ni para rescatar al autónomo que no llega a fin de mes, sino para el programa TándEM, un traje a medida diseñado exclusivamente para menas y ex menas. La ingeniería financiera es sencilla: basándose en el artículo 50 de la Ley 3/2023 de Empleo, el Ejecutivo ha etiquetado a este grupo como 'colectivos vulnerables'. Una etiqueta que, en la práctica, funciona como un pase VIP para acceder a fondos que el resto de los jóvenes desempleados solo ven en los folletos. El plan consiste en combinar formación y trabajo remunerado durante doce meses, apoyándose en entidades sin ánimo de lucro que, convenientemente, gestionan el flujo del dinero público. Lo verdaderamente surrealista es el calendario. Esta generosidad presupuestaria llega justo cuando Ceuta parece un escenario de caos absoluto. El 30 de julio, unas 80.000 personas cruzaron ilegalmente el espigón de El Tarajal, provocando colas kilométricas en la Jefatura de Policía. Resulta irónico que el Gobierno tenga 25 millones para 'itinerarios de inserción', pero no pueda costear suficientes traductores para que los funcionarios de Ceuta entiendan qué ocurre en la frontera. Al final, la 'integración social' se convierte en una partida presupuestaria donde el dinero fluye con una agilidad que envidiaría cualquier emprendedor español.
Bruselas ha decidido que el camino más corto hacia el paraíso de la seguridad vial pasa por pisar el freno. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) y la ONU han lanzado una propuesta que suena a castigo escolar: bajar el límite de las autopistas a 100 km/h en toda la Unión Europea. El argumento es el de siempre, el del miedo. Nos venden que reducir solo 1 km/h la velocidad media salvaría a 2.200 personas al año, mientras que subir 10 km/h dispara el riesgo de acabar en una noticia policial en un 220 %. Para los burócratas, que en 2025 murieron 19.500 personas y otras 100.000 quedaron heridas de gravedad, la solución no es mejorar la formación del conductor, sino recortar la velocidad como quien recorta el presupuesto de una fiesta. Es la lógica del 'parche': si no sabemos conducir, que vayamos más lento. Mientras tanto, los Países Bajos ya han abrazado este ritmo de paseo, pero el resto de Europa mira con escepticismo. La paradoja tiene nombre y apellido: Alemania. El país de la ingeniería y la Autobahn, donde en algunos tramos el límite es el sentido común y la potencia del motor, presume de una de las tasas de mortalidad más bajas del continente. Es el equivalente a decir que puedes comer dulces si sabes cómo digerirlos, mientras que en España nos quieren poner a dieta forzada. En casa, la DGT sigue jugando al gato y al ratón. En agosto, la Guardia Civil montó 3.466 puntos de control y chequeó más de un millón de coches, cazando a 69.231 conductores que decidieron que el límite de 120 km/h era más una sugerencia que una ley. Al final, pasaremos de los 120 km/h españoles o los 140 km/h polacos a un ritmo uniforme europeo que hará que los viajes largos se sientan como una cola en el supermercado un sábado por la tarde.
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