Crítica:
La noticia es un catálogo de evasivas institucionales. El titular original es tibio para la magnitud del despropósito: 35 de 36 preguntas filtradas no es una 'irregularidad', es un chiste.
Renfe rechaza dar explicaciones sobre las irregularidades detectadas en sus oposiciones
Renfe: el examen que fue un 'copia-pega'
Otros artículos
España récord: 17 millones pasan del curro
España ha batido un récord que nadie quiere presumir: 17,35 millones de personas han decidido, o se han visto obligadas a, tirar la toalla del mercado laboral en el segundo trimestre de 2026. Es el pico más alto desde que el INE empezó a contar estas ausencias en 2002, cuando la cifra era de 15,77 millones. Para que nos entendamos, es como si una ciudad entera y media hubiera decidido que el despertador es el enemigo y que buscar curro es un deporte de riesgo que ya no quieren practicar. La aritmética del Gobierno de Pedro Sánchez es fascinante. Bajo su mandato, la población inactiva ha crecido un 7,26%, lo que se traduce en 1,17 millones de personas más que han pasado al 'lado oscuro' de la economía. Claro, el relato oficial es el de siempre: la culpa es de la biología. El país envejece y las jubilaciones se disparan. Es la lógica del flujo: mientras unos intentan entrar en un mercado laboral que parece un club privado, otros salen por la puerta de atrás con la pensión bajo el brazo. Los datos de la Seguridad Social son el clavo final. Si en 2019 las jubilaciones eran de 303.055, en 2025 ya rozaban las 375.277, y solo en la primera mitad de 2026 hemos sumado 184.171 bajas. En total, hay 2.486.916 jubilaciones más que hace siete años. Es una ingeniería financiera natural: más abuelos, menos manos trabajando y una factura pública que crece más rápido que la cola de la panadería un domingo. Al final, la 'inactividad' es el eufemismo perfecto para describir un país que se jubila en masa mientras el sistema intenta hacer malabares para que la cuenta salga a cuenta.
Expulsiones en Ceuta: el truco del nombre
El sistema penitenciario en Ceuta se ha convertido en una puerta giratoria con un mecanismo de seguridad que parece diseñado por un optimista ingenuo. La trama es sencilla: si te pillan cometiendo un delito con una pena de entre uno y cinco años, el juez te ofrece un trato que es, básicamente, un 'vale por una salida gratis'. Firmas que no volverás a España en cinco años y, ¡zas!, pasas de la celda al autobús hacia Marruecos. El problema es que, para muchos, esa prohibición tiene la misma validez que un ticket de parking caducado. Según Juan Iglesias, portavoz de CSIF, la técnica es tan rudimentaria como efectiva: se cambian el nombre, aprovechan el caos de los pasos migratorios y vuelven a entrar como si fueran turistas en primera visita. Lo vimos recientemente con la emboscada a militares en Benzú. De doce condenados a dos años por atentado contra la autoridad, once se libraron de la cárcel mediante la expulsión. Una ingeniería jurídica que, en la práctica, es un chiste. Mientras el ciudadano medio se juega la vida por un error en la declaración de la renta, aquí basta con un alias nuevo para resetear el contador de la ley. Mientras tanto, el Centro Penitenciario de Ceuta agoniza. La masificación es tal que la reeducación y reinserción social son conceptos utópicos, casi mitológicos. El sindicato CSIF ha tenido que escribir a la SGIP porque la plantilla está al borde del colapso físico y mental. Piden un límite de 280 internos para no acabar en un caos absoluto, sugiriendo traslados a la península. En resumen: prisiones llenas, fronteras colador y un ordenamiento jurídico que permite que el delincuente juegue al 'cambio de piel' mientras el Estado paga la factura del desorden.
Renfe: el examen que fue un 'copia-pega'
En el mundo real, cuando te pillan con el carrito del helado, pides perdón. En el mundo de Renfe, cuando se filtran las preguntas de un examen, te escondes detrás de un manual de derecho administrativo. Resulta que en la convocatoria para 600 plazas de operador comercial, donde se peleaban 5.716 aspirantes, alguien decidió que el examen psicotécnico fuera un 'copia y pega' del material de la academia Eticop. De hecho, 35 de las 36 preguntas eran calcos. Un éxito rotundo de eficiencia, si lo que buscabas era que el examen fuera un trámite para quien pagó la academia correcta. La respuesta de la compañía pública ante la solicitud de transparencia de THE OBJECTIVE es una joya del cinismo corporativo: dicen que dar explicaciones les obligaría a hacer una 'notable labor previa de búsqueda'. Traducido al cristiano: 'estamos demasiado ocupados ignorando el problema como para redactar un informe'. Es la misma lógica que usarías para no lavar los platos alegando que organizar la esponja y el jabón requiere un análisis de impacto logístico. El resultado es un caos ferroviario sin raíles. Tras consultar a la Abogacía del Estado, decidieron repetir la prueba el 25 de julio, mandando al juzgado a casi 400 candidatos que ya creían que tenían la plaza en el bolsillo. Mientras el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo piden auditorías urgentes, la empresa People Experts, la encargada del diseño, se cierra en banda alegando que dar detalles pondría en riesgo sus 'métodos'. Claro, porque el método de 'copiar a la academia' es un secreto industrial que hay que proteger a toda costa. Entre el silencio de Renfe y la opacidad de la consultora, los opositores se quedan con la sensación de que el tren de la meritocracia ha descarrilado antes de salir de la estación.
DGT: Arcenes sucios como vía segura
La DGT ha decidido que la mejor forma de 'proteger' a los motoristas es invitándolos a pasear por el arcén. Sí, exactamente ahí, donde el asfalto es más una sugerencia que una realidad. A partir del 1 de septiembre, el nuevo Reglamento de Circulación permite que las motos esquiven los atascos por el borde de la carretera, transformando una infracción grave de 200 euros en un derecho ciudadano. Es una genialidad administrativa: para salvarte del tráfico, te mandan a un terreno donde el mantenimiento es un mito urbano. La norma pide que no pasen de los 30 km/h. Claro, porque sabemos que el arcén está lleno de radares invisibles y agentes con cronómetro en mano. Es como pedirle a alguien que camine por la cuerda floja pero sin correr. Mientras tanto, la realidad es que el arcén es el vertedero oficial de la calzada. Un guardia civil, en un momento de honestidad brutal, ha confesado que este año las carreteras están más abandonadas que nunca y que las barredoras parecen haberse ido de vacaciones permanentes. Imaginen la escena: el motero, sintiéndose 'protegido' por la ley, navegando entre piedrecillas, restos de neumáticos y coches averiados en un espacio que, según la norma 3.1-IC de Trazado de Carreteras, debería medir entre 1 y 2,5 metros. En las nacionales, el margen de error es aún más estrecho, apenas un metro en algunos casos. Básicamente, la administración nos dice que, si hay retención, lo más seguro es jugar al Tetris con la vida propia sobre una franja de tierra y grava que nadie limpia. Una medida brillante para quienes disfrutan del riesgo extremo y de los agujeros contables en el presupuesto de mantenimiento vial.
Montero: Pedicura de lujo y discurso proletario
Hay una disciplina casi religiosa en el arte de posar para Instagram: el libro estratégicamente colocado, el café humeante y una pedicura que costaría más que la cesta básica de una familia promedio. Irene Montero, a sus 38 años, ha decidido regalarnos este sábado una postal de su 'asueto' de Semana Santa. El problema no es el descanso —que Dios nos libre de prohibirlo—, sino el cortocircuito mental que produce ver la estética de la burguesía más refinada disfrazada de discurso progresista. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la tarjeta para llegar al día 30, la exministra de Igualdad nos vende una 'dolce vita' desde una ubicación secreta, probablemente muy lejos del ruido de las protestas sociales. La red social se ha convertido en un campo de batalla. Sus 876.000 seguidores se dividen entre el aplauso automático y el sarcasmo punzante de quienes le recuerdan que el camino desde el comunismo de manual hasta el chalet de Galapagar, en la exclusiva urbanización de La Navata, es sorprendentemente corto y está muy bien asfaltado. La paradoja es deliciosa: defender la austeridad colectiva mientras se protege la 'familia' (con Leo, Manuel y Aitana) en una mansión que es el sueño de cualquier emprendedor capitalista. Para rematar el cuadro, Pablo Iglesias aparece en El Periódico confesando que ser vicepresidente hasta marzo de 2021 fue como estar en la cárcel. Una metáfora generosa, considerando que la celda tenía sueldo público y privilegios de Estado. Ahora, desde la comodidad de Canal Red, Iglesias se divierte más que ella. Al final, el equipo familiar funciona a la perfección: ella gestiona la imagen de eurodiputada en Bruselas y él el retiro dorado, mientras el resto del mundo sigue intentando entender cómo el 'nosotros' acabó convirtiéndose en un 'yo' con pedicura perfecta.
Títulos públicos: fábrica de emigrantes y BOE
España ha montado una fábrica de graduados que, en lugar de diseñar el futuro, se especializan en el arte de buscar una plaza en el BOE. Mientras en Estados Unidos el 75 % de los universitarios sueña con montar su propio chiringuito tecnológico, aquí el 75 % aspira a la gloria del sello y la nómina fija. Como bien soltó Antonio Banderas, con gente que solo quiere ser funcionario no se levanta un país, se mantiene un museo. El sistema es un colador de talento. El Banco de España y el INE nos cuentan que en 2022 el 60 % de los emigrantes eran universitarios. En 2023 se fueron 81.805 y en 2024 la cifra subió a 88.243. Traducido al lenguaje de la calle: estamos pagando la formación de élite de nuestros jóvenes para que otros países recojan los frutos, los impuestos y la productividad. Es como pagar el gimnasio más caro del barrio para que el vecino de enfrente se quede con los músculos. El esperpento alcanza su clímax con la Medicina. En 2025 se homologaron 30.303 títulos extranjeros mientras solo graduamos unos 6.700 médicos anuales. Tenemos una oferta de plazas MIR que roza las 10.000, pero el Gobierno prefiere pelearse con las universidades privadas que forman médicos 'gratis' para el Estado antes que admitir que la planificación es un caos. Incluso en el posgrado, la realidad dinamita la narrativa oficial. Las privadas, con solo 1.224 másteres frente a los 2.942 públicos, atraen a más alumnos (165.688 vs 147.501) y logran una empleabilidad superior: un 85,5 % a los cuatro años frente al 77,3 % de la pública. La universidad española produce el 82 % de la ciencia, pero ANECA y el sistema premian publicar artículos que nadie lee antes que crear patentes que den dinero. Hemos confundido el pensamiento crítico con el recelo al empresario.
Casales de verano: Ideología por 22 millones
Parece que el verano ya no es solo para quemarse la espalda al sol y pelearse por el último polo de limón. El gobierno de Illa ha decidido que las vacaciones son el momento idóneo para que los niños, desde los 3 hasta los 18 años, se sumerjan en la educación afectivo-sexual y las 'masculinidades igualitarias'. Porque claro, ¿qué mejor lugar para desmantelar estereotipos de género que un casal de verano mientras se juega al escondite? La consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, lidera este despliegue bajo la bandera de 'Cataluña, territorio coeducador'. El plan es ambicioso: que la coeducación no se quede encerrada en el aula, sino que persiga a los chavales hasta las piscinas municipales y los servicios de canguraje. Un proyecto piloto que ya ha aterrizado en una cincuentena de centros, aunque la red total de servicios financiados por el Plan Corresponsables supera los 390. En Lérida, por ejemplo, ya han montado más de 70 de estos recursos. Lo más fascinante no es el currículo pedagógico, sino la ingeniería financiera. Para que los monitores aprendan a gestionar la 'corresponsabilidad en los cuidados' y los niños descubran las aportaciones de las mujeres, el Departamento de Igualdad y Feminismo ha soltado más de 22 millones de euros a ayuntamientos y consejos comarcales entre 2025 y 2026. Es un sablazo presupuestario considerable que ahora, por primera vez, la Generalitat ha decidido costearse en un 25% directamente. Mientras las familias hacen malabares con la hipoteca y la factura de la luz, el Govern invierte millones para que el ocio infantil sea, básicamente, una extensión del programa político del Ministerio de Igualdad. El juego ya no es solo juego; ahora es una herramienta de construcción social financiada con el dinero de todos.
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