La noticia es un ejercicio de equilibrismo procesal que deja claro que la ley es elástica según el calendario electoral. Falta profundizar en el criterio exacto de 'ahorro patrimonial' para que el ciudadano medio entienda por qué él iría a la cárcel por lo mismo.
En el tablero del poder, hay quien juega al póker con el dinero público y espera que el Estado le pague la cuenta. El magistrado José María Macías ha soltado una ponencia que es como un jarro de agua fría para los optimistas del procés: el Tribunal Constitucional avala que el Supremo no les aplique la amnistía. ¿El motivo? El 'beneficio personal patrimonial'. Traducido al idioma de la calle: los líderes separatistas usaron la tarjeta del contribuyente para financiar el referéndum del 1 de octubre, evitando que el sablazo saliera de sus propios bolsillos. Es la diferencia entre pagar la cena con tu sueldo o usar la tarjeta de la empresa y decir que es un 'gasto operativo'. Jordi Turull, que lleva una inhabilitación de 12 años pesándole en la mochila, intentó vender que la interpretación del Supremo era un capricho. Alegó que no hubo enriquecimiento ni se afectó a la UE, invocando artículos de la Constitución como si fueran amuletos contra la mala suerte. Pero Macías no ha comprado la historia. Para el ponente, ahorrar dinero propio usando fondos ajenos es, en esencia, llenarse el bolsillo por omisión. La cita está marcada para el 22 de este mes, aunque el guion ya parece escrito. Mientras Macías defiende que no hay vulneración de derechos fundamentales, el ala izquierdista del TC, que tiene la mayoría aritmética, probablemente mande la ponencia a la trituradora. Cándido Conde-Pumpido ya ha insinuado que el resultado final, previsto para el 5 de octubre, será un pase libre para los condenados. Al final, la justicia parece funcionar como una suscripción premium: depende de quién tenga la mayoría en el Pleno para decidir si el 'ahorro' de fondos públicos es un delito o un simple descuido administrativo.
Hay una diferencia abismal entre decir que tienes la casa limpia y que, al abrir el armario, se caigan tres kilos de ropa sucia encima del invitado. Eso es exactamente lo que ha hecho la Oficina del Censo Electoral (OCE) con el informe CEG-02 remitido el 10 de julio a la Junta Electoral Central (JEC). Nos vendieron una 'trazabilidad completa', un término técnico que suena a reloj suizo, pero que en la práctica ha resultado ser un colador. Mientras el ciudadano medio tiene que justificar hasta el último céntimo en la declaración de la renta, la OCE decidió que detallar la provincia española de inscripción era un lujo prescindible. Un detalle menor, dirán algunos, si no fuera porque la provincia es la que decide quién se lleva el escaño y quién se queda mirando. El juego de trileros alcanzó su cenit al omitir la tabla acumulada entre el 1 de diciembre de 2022 y el 1 de junio de 2026, fragmentando los datos como quien intenta esconder una deuda grande en varios plazos pequeños para que no salte la alarma. Y para rematar el maquillaje, movieron el cronómetro: el informe dice empezar el 21/10/2022, pero los datos arrancan el 1 de diciembre, ignorando convenientemente el cierre de noviembre. Lo más delirante es la 'comprobación visual'. Básicamente, alguien mira un papel, dice 'vale' y lo anota, sin dejar rastro de quién es ese 'alguien' ni qué criterio usa. Una gestión tan opaca que el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir con urgencia, obligando a separar los exiliados reales de los beneficiarios de la interpretación expansiva de la Instrucción de Sofía Puente del 25 de octubre de 2022. José Manuel Albares, el ministro, prefirió hacer un apagón informativo en sus resúmenes de prensa, pero el Supremo no acepta el modo avión: quiere datos, criterios homogéneos y que se deje de cuentos chinos con el CERA.
España acaba de firmar su acta de defunción educativa. El último informe PISA de la OCDE no es una noticia, es un accidente ferroviario en cámara lenta. Hemos retrocedido en las tres materias troncales, pero el desplome en Lectura es sencillamente obsceno: 23 puntos menos que en 2022, una fecha que ya nos parecía el fondo del pozo. En Matemáticas, la media española se ha hundido hasta los 457 puntos, 16 puntos por debajo de la edición anterior, dejándonos en una zona de confort donde lo único que crece es la ignorancia. En Ciencias, con 477 puntos, estamos básicamente empatados con Croacia o Eslovaquia, aunque técnicamente hemos perdido 7 puntos respecto a 2022. Pero el verdadero monumento a la ironía se levanta en el País Vasco. Resulta que la comunidad que más dinero escupe por cada pupitre es, paradójicamente, la que peor lee. En Lectura, el País Vasco es la última de la fila, solo con la consolación de no ser Ceuta o Melilla. En Ciencias, se lleva la medalla de plata al peor resultado. Aquí es donde la aritmética se vuelve surrealista. Según el IVIE y el Ministerio de Educación, el País Vasco invirtió 11.880 euros por alumno en la red pública durante el curso 2022/2023. Es un 60% más que la media nacional y un 96% más que la Comunidad de Madrid. Mientras que en Madrid el presupuesto parece una dieta estricta, en el País Vasco es un banquete donde el 5,4% del PIB de 2022 se fue en educación, becas y comedores. El resultado es un sablazo presupuestario sin retorno: gastar el doble que Madrid para terminar siendo el colista en comprensión lectora. Es como comprarse el Ferrari más caro del mercado para descubrir que no sabes conducir ni en línea recta.
El pasado 14 de enero, Pedro Sánchez lanzó un caramelo que sabía a gloria: 17.000 fincas para jóvenes agricultores a través de la 'Plataforma Tierra'. El anuncio cayó como anillo al dedo mientras los tractores asediaban las capitales por el lío del Mercosur y los recortes de la PAC. Parecía la solución mágica para un sector donde solo el 9% de los trabajadores tiene menos de 41 años. Pero, como ocurre con muchas promesas electorales, al abrir el capó el motor estaba gripado. Resulta que el Ministerio de Agricultura sigue en silencio, sin el Real Decreto prometido, mientras que un estudio de Cocampo y su fundador, Regino Coca, ha puesto los puntos sobre las íes. La realidad es que el Fisco tiene unas 15.510 parcelas cedibles, pero el tamaño medio es un chiste: 0,416 hectáreas. Para que nos entendamos, es como prometer un piso para una familia y entregarles un trastero con humedad. Mientras que la finca agrícola media en España mide 30,46 ha, el 76,4% de estas 'joyas' gubernamentales no llega ni a una hectárea. Es agricultura de maceta, no de negocio. La ingeniería financiera es fascinante. El Plan de Ventas del Estado 2023-2030 no es más que el hijo moderno de una estrategia de Rajoy iniciada en 2012 para llenar las arcas públicas. Entre 2012 y 2024, el Estado ha soltado parcelas por una media de 2.558 y 2.741 euros, cifras que parecen calderilla comparadas con los 14.000 o 30.000 euros que cuesta una hectárea de regadío. Al final, Sánchez ha vendido como un plan de relevo generacional lo que en realidad es una liquidación de saldos de terrenos minúsculos, concentrados sobre todo en Castilla y León (3.320), Comunidad Valenciana (5.358) y Aragón (1.725).
Parecía que habíamos superado el trauma, pero la factura de la luz ha decidido jugar al yo-yo y nos ha soltado un bofetón en toda la cara. Este septiembre, España ha vuelto a jugar a la ruleta rusa con el gas natural, quemando el combustible como no se hacía desde el verano de 2022. ¿El motivo? Un verano que no quiere irse y unas borrascas que se han quedado dormidas, dejando que los ciclos combinados se sienten en el trono del mix eléctrico, pisándole los talones a la solar y sosteniendo más del 23% de la producción. Mientras nosotros intentamos que la cuenta corriente no pase a números rojos, el precio del gas se ha triplicado este año hasta los 80 euros/MWh, impulsado por el caos en el Estrecho de Ormuz. Es la clásica ingeniería del desastre: dependemos en más de un 50% de Argelia y Estados Unidos, dos socios que ahora mismo se miran con el ceño fruncido. El resultado es un sablazo directo al bolsillo: el precio medio del MWh en septiembre ha escalado a los 150 euros, un 28% más que en agosto y el doble que hace un año. Hay horas, como las 22:00, donde el coste dispara los 225 euros/MWh, niveles que ya nos trajeron pesadillas en la crisis ucraniana. En medio de este incendio, el Gobierno ha tenido que hacer un giro de 180 grados con Almaraz, prorrogando la nuclear otros tres años porque, admitámoslo, sin ese 18% estable, estaríamos encendiendo la luz con velas o pagando el recibo con un riñón. Pero mientras Christine Lagarde advierte que la inflación seguirá tensa y que el coste de la cesta de la compra seguirá subiendo por culpa de esta energía, el plan anticrisis vence el 30 de septiembre. Básicamente, nos dejan solos en el frío, esperando que el sol salga más horas para no arruinarnos.
Hay quien dice que el éxito es cuestión de esfuerzo, pero en los pasillos de la Audiencia Nacional parece que el éxito se mide en porcentajes. La historia es un clásico: una aerolínea con capital venezolano, Plus Ultra, al borde del abismo en plena pandemia, y un expresidente que, según los investigados, sabe exactamente qué hilos mover. No hablamos de una simple palmada en la espalda; hablamos de una presunta comisión de éxito del 1% sobre un rescate de 53 millones de euros gestionado a través de la SEPI. Para el ciudadano medio, 530.000 euros es una cifra astronómica, casi un sueño; para el 'Grupo Zapatero', según Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, era simplemente el precio del trámite. Pero aquí viene el giro de guion que hace que la trama sea deliciosa. Resulta que el flujo de dinero no se detuvo en la primavera de 2021. Mientras nosotros peleábamos con la inflación en la compra del súper, la compañía siguió haciendo ingresos en las cuentas de Julio 'Julito' Martínez, el autodenominado «correveidile» de Zapatero. Si Martínez era el mensajero, la sospecha es que el jefe también quería su tajada de los negocios en Latinoamérica. Es la lógica del intermediario: si abres la puerta, quieres que te den una propina cada vez que alguien pase por ella. El cuadro se completa con un toque de glamour sospechoso: joyas por valor de 1,3 millones de euros aparecidas en un despacho, que la UDEF ha detectado y que no figuran en ninguna declaración a Hacienda. Mientras la defensa de Zapatero y su abogado Víctor Moreno Catena intentan blindar sus cuentas bancarias para evitar una «investigación prospectiva», el juez José Luis Calama y la fiscal Elena Lorente siguen el rastro de Análisis Relevante. Al final, lo que parece una consultoría global tiene más pinta de ser una ingeniería financiera para repartir el botín entre el expresidente y sus hijas.
Hay protocolos para todo: para pedir una cita en el médico, para pagar el IBI y, por supuesto, para cuando te hackean el móvil siendo la jefa de Exteriores. En abril de 2021, Arancha González Laya descubrió que su teléfono no era precisamente un búnker, sino una puerta abierta de par en par. Mientras el ciudadano medio se preocupa por si el banco le ha cobrado la comisión de mantenimiento, la entonces ministra gestionaba la crisis con Marruecos y el espinoso caso Gali con un dispositivo que probablemente enviaba sus secretos en tiempo real a quien quisiera escucharlos. La escena es digna de una comedia de enredos institucional. Laya, siguiendo el manual de instrucciones, se plantó en Palacio de la Moncloa para entregar el aparato infectado a Félix Bolaños. Un traspaso de testigo, o más bien, de malware. El problema es que este 'regalito' tecnológico llegó en el peor momento posible: en plena tensión diplomática con Rabat y con el Frente Polisario mirando desde la barrera. Es fascinante el contraste. Nos venden la seguridad nacional como un muro de hormigón, pero resulta que la llave de la casa estaba puesta por fuera. Que el personal del Ministerio confirmara la intrusión es el equivalente a que te digan que tienes una gotera justo cuando se ha inundado el salón. La entrega del móvil a Bolaños no fue un simple trámite administrativo, fue la confesión de que la alta cocina diplomática española se estaba cocinando con una ventana abierta y el viento soplando fuerte desde el Magreb. Al final, el protocolo se cumplió, pero la sensación de vulnerabilidad se quedó grabada en el disco duro de la historia reciente.
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