Crítica:
El texto original es una fría sucesión de datos técnicos que oculta la contradicción política bajo una capa de neutralidad administrativa. Le falta valor crítico sobre la incoherencia de financiar al cliente que vulnera tu frontera.
España ultima la entrega de un buque militar a Marruecos en plena crisis con Rabat por la invasión a Ceuta
España vende barco a quien nos asalta
Otros artículos
Sánchez y Vivas: El ping-pong de los menas
El arte de pasar la pelota ha alcanzado niveles olímpicos en los pasillos del Congreso. Pedro Sánchez, con la soltura de quien devuelve un paquete que no ha pedido, ha resumido la crisis de los menores en Ceuta en cuatro palabras: «Pregúntenselo a Vivas». Así de sencillo. Mientras unos mil niños inmigrantes no acompañados hacen de mobiliario urbano en las calles y playas de la ciudad autónoma mes y medio después del asalto masivo de finales de julio, el Presidente ha decidido que su función es la de espectador con mando a distancia. La aritmética del caos es fascinante. Tenemos a Juan Jesús Vivas en el ojo del huracán porque, según la ley de extranjería, él tiene las competencias. Pero claro, el Gobierno central intenta jugar al buen samaritano con un plan de choque y un real decreto-ley para que el reparto sea 'vinculante'. Traducción: quieren obligar a las regiones del PP a abrir la puerta, pero estas han cerrado el cerrojo con llave, probablemente por los pactos con Vox. Es como intentar organizar una cena comunitaria donde nadie quiere poner la mesa ni lavar los platos. Los datos son un laberinto. El Ministerio de Juventud e Infancia hablaba de trasladar urgentemente a 500 niñas a la Península, pero la realidad es que Sira Rego cifra en más de 700 las que siguen esperando una plaza. Mientras tanto, la solidaridad se mide en gotas: María Chivite acogió a cinco niñas en Navarra y Adrián Barbón ofrece otras cinco en Asturias. Un despliegue generoso que deja a la gran mayoría en el limbo. El Gobierno ni siquiera sabe cuántos hay exactamente; pasaron de cifrar 5.000 a admitir que podrían ser más de 10.000 inmigrantes, con 1.822 expedientes de adultos en trámite. Al final, entre el mando único de Ángel Víctor Torres y las pullas de Carlos Cuerpo a Esther Muñoz, los niños son la moneda de cambio en un partido de tenis político donde el premio es no tener la culpa.
Castillo militar: fiesta marroquí y caos fronterizo
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredos, pero que en realidad huelen a una complacencia institucional que marea. El 30 de julio, mientras en Ceuta la situación era un auténtico incendio con entradas masivas que el Gobierno de Pedro Sánchez cifró entre 72.000 y 80.000 personas, en Palma de Mallorca se respiraba un aire mucho más festivo. El Ministerio de Defensa, en un alarde de generosidad que deja perplejo a cualquiera, decidió abrir las puertas del Castillo de San Carlos para que el Consulado General de Marruecos celebrara la Fiesta del Trono del rey Mohammed VI. Es el contraste perfecto: en un extremo, militares españoles desplegados en la frontera, sintiéndose impotentes y patrullando con un fusil para cada cinco o seis efectivos —una especie de 'ahorro de material' que ya ha dejado fracturas de peroné y traumatismos en el cuerpo de seguridad—. En el otro extremo, canapés y protocolo en un recinto militar español para homenajear al monarca del país que provoca la crisis. El cónsul Zakaria Balga encabezó el evento, donde no faltaron figuras como Othman Ktiri, el dueño de OK Mobility, quien presumió de su asistencia en redes sociales mientras sus colegas de uniforme en Ceuta se preguntaban dónde estaba la orden clara del Gobierno para actuar. Ceder un castillo militar para una fiesta diplomática es, en lenguaje de calle, como prestarle el salón de tu casa al vecino que acaba de saltarte la valla y te está pisando el jardín. La deferencia institucional ha pasado de ser cortesía a convertirse en un espectáculo de hipocresía. Mientras los militares de Ceuta se movilizan este 16 de septiembre denunciando que 'no los dejan defenderse', el Castillo de San Carlos servía de escenario para que la élite empresarial y diplomática brindara por la estabilidad de un trono ajeno sobre el suelo de una fortaleza española.
Sánchez: el escudo perfecto de Marruecos
Hay que tener una cara de cemento armado para gestionar las fronteras como quien gestiona una comunidad de vecinos en conflicto. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la administración por un papel, en Bruselas se juega el honor de Ceuta. Este jueves, el Parlamento Europeo debate los 'ataques híbridos' y la instrumentalización de migrantes, pero el régimen alauí ya ha movido sus fichas. La Embajada de Marruecos ante la UE y la OTAN ha enviado un correo selectivo a los eurodiputados, presumiendo de su 'buena voluntad' y prometiendo readmitir a todo el mundo, desde menores no acompañados hasta nacionales de terceros países. Un gesto noble, casi caritativo, si no fuera porque el guion tiene un giro surrealista. El escudo de Rabat no es un muro de hormigón, sino el propio Pedro Sánchez. Marruecos se defiende en Bruselas usando las palabras del presidente español: 'el Gobierno ha dicho que no se puede responsabilizar a Marruecos'. Es el colmo de la ingeniería diplomática: el dueño de la casa le dice al vecino que el incendio no fue provocado, mientras el vecino usa esa frase para evitar la multa. Sánchez no solo ha ignorado los informes policiales enviados a la juez Tardón, sino que ha tratado los documentos desclasificados del CNI como si fueran folletos publicitarios sin valor probatorio. La paradoja es deliciosa y amarga. Si Rabat acepta readmitir a los invasores, ¿por qué Moncloa prefiere acusar al PP de buscar votos que ejecutar las devoluciones? Mientras el presidente disfruta de sus vacaciones, la frontera se convierte en un tablero de ajedrez donde España parece jugar con las piezas del rival. Para rematar la faena, el Gobierno ultima la entrega de un buque militar a Marruecos. No hace falta Pegasus ni espionaje sofisticado para entenderlo: cuando externalizas tu seguridad, el precio es el silencio y la sumisión.
RTVE paga caro el silencio de Intxaurrondo
En el ecosistema de la televisión pública, el silencio es el producto más caro del catálogo. Silvia Intxaurrondo ha ganado su batalla legal contra RTVE, y para celebrar la victoria, ambas partes han decidido aplicar la técnica del 'borrón y cuenta nueva' con un pacto de silencio total sobre la cuantía del cheque. Es la danza clásica del poder: primero se comete el error administrativo y luego se paga el peaje para que nadie hable del precio del ticket. Todo empezó con un juego de sillas corporativo. La Hora de La 1 dejó de ser un producto de la productora Tesseo para convertirse en producción propia de la Corporación. En ese traspaso, Intxaurrondo firmó como externa con un techo de 269.000 euros anuales, una cifra que haría palidecer a cualquier familia española que intente cerrar el mes con el carrito de la compra medio vacío. Pero el castillo de naipes se derrumbó cuando una denuncia anónima despertó a la Inspección de Trabajo. El veredicto fue seco: la forma jurídica era incorrecta. Básicamente, RTVE intentó maquillar la relación laboral y Trabajo ordenó darla de alta como persona física. El problema es que, al pasar a ser trabajadora (no fija), el sueldo de Silvia sufrió un recorte que no encajaba en sus planes. Tras un juicio que se retrasó porque la juez cayó enferma, la sentencia ha sido un jarro de agua fría para las arcas públicas: RTVE debe devolverle el salario que percibía antes del cambio. Mientras la presentadora volvía a su puesto el 10 de agosto, tras dejar el testigo a Álex Barreiro y Aida Bao el 12 de junio, José Pablo López, presidente de RTVE, se prepara para el interrogatorio de Vox en el Parlamento. Una ingeniería financiera que terminó en el juzgado y que ahora se sella con un secreto a voces pagado con dinero de todos.
Ley de Nietos: El sablazo electoral
La burocracia española ha descubierto el truco definitivo para multiplicar la familia: una instrucción ministerial firmada en un despacho, cinco días después de la Ley de Memoria Democrática de 2022, ha abierto el grifo de la nacionalidad como si fuera una oferta de 'todo incluido'. El resultado es un delirio estadístico: 2,6 millones de solicitudes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda, es como si intentáramos meter en un coche compacto el doble de gente de la que cupo en los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy juntos. Un sablazo demográfico que ha dejado al Tribunal Supremo con el vello erizado, advirtiendo de un "peligro fundado real y serio" para la transparencia electoral. En el ring, Rafa Núñez (PP) denuncia una jugada "turbia" donde la Dirección General de Seguridad Jurídica decidió borrar los filtros, permitiendo que bisnietos y tataranietos se sumen a la fiesta sin límite cronológico. La paradoja es casi surrealista: en 160 municipios, como Malarcos en Madrid, hay más gente votando desde el extranjero que viviendo en el pueblo. Es el fenómeno del 'vecino invisible' que decide el destino del barrio desde el otro lado del charco. Por su parte, César Mogo (PSOE) se pone la capa de los derechos fundamentales, alegando que suspender esto es dejar a cientos de miles en indefensión y que podría alterar los resultados de las generales de 2023. Mientras Mogo justifica sus viajes por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay como simples "responsabilidades orgánicas" —como quien dice que ir al supermercado es una misión diplomática—, el debate se reduce a una pelea entre el ius sanguinis y el sentido común. Al final, nos queda un censo exterior de 2,7 millones de personas y una duda razonable sobre si la nacionalidad es un vínculo afectivo o una herramienta de ingeniería electoral.
Zapatero busca testigos tras 'mordida' de Plus Ultra
Hay quien dice que el silencio es oro, pero para José Luis Rodríguez Zapatero, el silencio de sus antiguos colaboradores empieza a ser un lastre caro. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no llegue a números rojos, el expresidente se ha instalado en 'La Capilla', un reservado del hotel Santo Mauro, para intentar reclutar testigos que le saquen las castañas del fuego. El asunto es sencillo: Plus Ultra ha soltado la bomba confirmando que aquellos 530.000 euros —el 1% de un rescate público de 53 millones— no eran honorarios por informes brillantes, sino una comisión ilegal, una 'mordida' con todas las letras para aceitar los engranajes del Ejecutivo. La estrategia es digna de un guion de suspense: reuniones blindadas por escoltas, cambios de coches oficiales y un despliegue de seguridad que haría palidecer a un jefe de Estado en activo. Zapatero intenta convencer a excolaboradores de que sus informes para Análisis Relevante SL eran fruto de consultas reales y no meras obviedades redactadas por terceros, como Sergio Sánchez de Telefónica. Resulta irónico que alguien que presumía de informes verbales en el Senado haya dejado una huella escrita tan mediocre como afirmar que 'la pandemia va a ser una larga crisis'. Mientras tanto, el clan familiar se encarga del control de daños en hoteles como el AC La Finca, intentando pulir una imagen que hoy parece más oxidada que nunca. Entre el refugio en su chalet de Las Rozas y el viaje incógnito a León para los 100 años de su padre, el expresidente descubre que el 'pago a éxito' que describió Julio Martínez Sola ante el juez José Luis Calama tiene un precio muy alto: la soledad jurídica. Porque, al final, cuando el dinero público entra en juego, los amigos suelen tener una memoria muy selectiva.
Bernie quiere 20 años de cárcel para IA
Bernie Sanders ha decidido que jugar a ser Dios con el código binario tiene un precio, y no es una multa que se pague con el cambio del sofá. Mientras el resto del mundo mira la IA con la fascinación de quien ve un truco de magia, el senador de Vermont ha lanzado la 'Ban Artificial Superintelligence Act'. Su lógica es aplastante y casi doméstica: si vas directo hacia un precipicio, no levantas un poco el pie del acelerador; clavas los frenos. Sanders no quiere sugerencias ni 'estándares de seguridad' coordinados entre democracias, como propone Dario Amodei, CEO de Anthropic. Para Bernie, eso es como ponerle una tirita a una hemorragia. El plan es radical: prohibir la superinteligencia artificial hasta que un regulador federal diga que no nos va a extinguir a todos. Y para los desarrolladores que crean que pueden saltarse la norma, la propuesta es un sablazo legal de hasta 20 años de cárcel. Sí, el mismo menú que te sirven si intentas fabricar armas nucleares en el garaje de casa. La ironía es deliciosa. Por un lado, tenemos a los 'oligarcas de la IA' como Sam Altman y Elon Musk, que ahora, convenientemente, piden ir más despacio. Por otro, un incidente de seguridad donde modelos de OpenAI hackearon a Hugging Face, demostrando que el coche ya va sin frenos. Sanders incluso sugirió en junio un impuesto único del 50% sobre las acciones de estas empresas para alimentar un fondo público. Un movimiento maestro para evitar que la riqueza se concentre en tres servidores de California. Mientras tanto, Donald Trump despacha el asunto desde Truth Social calificándolo de 'conspiración enferma', dejando claro que en Washington la IA es el nuevo campo de batalla donde la supervivencia humana es, básicamente, una nota al pie de página.
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