El texto original es un despliegue de indignación que roza el panfleto, aunque los datos de Enagás le dan un suelo sólido. Le falta analizar si existe un acuerdo comercial previo que obligue a estos flujos independientemente de la tensión política.
Hay una diferencia abismal entre jugar al Monopoly y gestionar el dinero de Badajoz. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, David Sánchez disfrutó de una suerte de 'estabilidad creativa' como alto cargo entre julio de 2017 y mayo de 2025. Ahora, Hazte Oír ha decidido que nueve años de inhabilitación por prevaricación se quedan cortos y han pedido al TSJ de Extremadura que el músico cambie el conservatorio por la celda, solicitando seis años de prisión. Pero lo más jugoso no es la cárcel, sino el bolsillo. La acusación reclama la devolución de 340.572 euros en nóminas. Para que nos entendamos: es un sablazo contable que dejaría a cualquier familia española temblando, pero que para el sistema parece haber sido un simple 'error de cálculo' administrativo. La ironía es deliciosa: el tribunal dice que el proceso fue simulado, que el currículo estaba copiado y que el puesto estaba montado a medida, pero que no hubo 'presión moral eficiente'. Es decir, que el camino estaba alfombrado de rosas, pero nadie empujó el carrito. En este reparto de cromos no está solo. El exasesor de Moncloa, Luis María Carrero —al que David llamaba 'hermanito' en una intimidad que ya quisiera cualquier banco con sus clientes— también entra en el juego con una petición de año y medio de cárcel. Y para cerrar el círculo de la generosidad pública, piden cuatro años para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación pacense. Al final, todo se resume en una danza de correos electrónicos y urgencias inexplicadas donde el mérito era el apellido y la capacidad de influir sin dejar rastro escrito, porque, claro, los favores de alta gama no se piden por WhatsApp con un 'por favor'.
Hay una ironía exquisita, casi coreografiada, en la gestión energética de este Gobierno. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, Pedro Sánchez ha decidido jugar a ser el 'gestor de suministros' de Rabat. Los datos de Enagás no mienten, aunque a veces duelan: en pleno agosto, mientras Marruecos mantiene su presión sobre Ceuta, España le ha enviado 790 GWh/mes de gas natural a través del tubo de Tarifa. Es, básicamente, pagarle la calefacción y la luz al vecino que te está intentando echar de tu propia casa. Lo más fascinante de esta ingeniería diplomática es el triángulo amoroso energético. España se ha puesto de acuerdo con Argelia para importar más gas vía Medgaz, el gasoducto que llega a Perdigal (Almería). Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las importaciones argelinas subieron de 9.123 GWh/mes a 9.897 GWh/mes. Un incremento de 774 GWh/mes que, en lugar de servir para evitar que la industria española sufra apagones o para estabilizar un sistema eléctrico que va más tembloroso que un flan, ha acabado directamente en el sistema eléctrico de Mohamed VI. Es un negocio redondo para Rabat: España hace el trabajo sucio de negociar con Argelia, absorbe el riesgo y luego le pasa el gas a Marruecos, que ahora depende de nosotros para el 15% o 20% de su consumo eléctrico. Mientras Ceuta carece de una infraestructura energética estable con la península, el flujo hacia el reino alauita corre como la espuma. Hemos convertido el gasoducto de Tarifa en un cordón umbilical que alimenta la actividad económica de quien nos desafía, todo mientras el recibo de la luz en España sigue disparado. Una generosidad que, vista desde la calle, parece más una capitulación que una estrategia de Estado.
En el manual de supervivencia del funcionario avanzado, hay un capítulo dorado que explica cómo gestionar una investigación judicial: tener a la pareja en el lugar donde se reparten las cartas. Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, parece haber seguido el manual al pie de la letra. Mientras Madrid intentaba descifrar si el delegado se quedó dormido en los laureles —o ignoró deliberadamente los avisos del CNI— antes de la entrada masiva de inmigrantes, la maquinaria del control familiar se puso en marcha. La pieza clave del tablero es N.G.M., la esposa de Pérez Triano. No es una empleada cualquiera; es funcionaria de Justicia en la unidad de Registro y Reparto de los juzgados de Ceuta. Para quien no domine la jerga, ese puesto es el 'mostrador' por donde pasan todas las denuncias antes de aterrizar en la mesa de un juez. Es como tener la llave de la caja fuerte y saber exactamente quién entra y quién sale. Desde 2006, cuando figuraba en una bolsa de secretarios judiciales, hasta su ingreso como funcionaria de carrera en 2018, N.G.M. ha tejido una red que incluye haber sido asesora del Grupo Político Socialista en 2007 y suplente del PSOE al Senado en 2008 y a la Asamblea en 2015. La alarma saltó en Madrid cuando sospecharon que el delegado usaba estos 'contactos de almohada' para leer el futuro de sus diligencias por prevaricación omisiva. El asunto se volvió tan turbio que la investigación tuvo que mudarse a la Audiencia Nacional para evitar que el expediente sufriera un 'accidente' en el camino. Para rematar la faena, Manos Limpias y su presidente, Miguel Bernad, denuncian que su solicitud de personación del 2 de septiembre quedó en el limbo, ignorada por el juzgado. Un olvido muy curioso que huele a ingeniería administrativa.
Hay tardes que se resumen en un bostezo y otras que cuestan una fortuna. Este jueves, el Gobierno ha logrado la proeza de tirar a la basura 800 millones de euros de fondos europeos en lo que dura una sesión de control. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si, por no ponerse de acuerdo en el menú de la cena, el Ejecutivo dejara que el banco nos cancelara la hipoteca y nos quitara los ahorros de una vida. Todo por la incapacidad crónica de convalidar un real decreto ley sobre los lobbies que el ministro Óscar López intentó colar para maquillar un fracaso que arrastra desde febrero de 2025. El resultado en el Congreso fue un 1-1 que huele a derrota. Sí, salvaron los 309 millones para Ceuta con 304 votos a favor (con Vox en contra y Junts absteniéndose), pero el plato principal, el de la transparencia, acabó derribado con 179 votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN. El Gobierno ahora reza para que la Comisión Europea sea generosa y el agujero contable se quede en esos 800 millones, aunque en los pasillos económicos ya se habla de un sablazo de hasta 1.500 millones. Lo más surrealista es el baile de Sumar, que casi provoca un cisma interno porque no querían que los sindicatos contaran como grupos de interés. Al final, pasaron por el aro, aunque Aina Vidal, Enrique Santiago y Gerardo Pisarello fueron los rebeldes del grupo. Es el séptimo revolcón parlamentario del año, sumando tres fracasos en vivienda. Mientras el PSOE intenta vender el patriotismo 'de quita y pon' del PP en Ceuta, la realidad es que el Ejecutivo navega a la deriva, esperando que los Presupuestos de 2027 sirvan de detonador para convocar elecciones en febrero o marzo y dejar de acumular plomo en las alas.
Hay quienes creen que una sentencia es como un ticket de supermercado: si no te gusta el precio, intentas devolver el producto. David Sánchez intentó aplicar esa lógica con la Audiencia de Badajoz, pidiendo que borraran los párrafos 'incómodos' de su condena por prevaricación. Quería limpiar el expediente de aquel 2016, cuando el puesto de coordinador de conservatorios se cocinó a fuego lento y con el menú ya decidido antes de que alguien llegara a la entrevista. Pero el tribunal, con una frialdad quirúrgica, le ha recordado que una cosa es que el delito haya prescrito y otra muy distinta es que los hechos se hayan evaporado mágicamente. La prescripción no es una goma de borrar para la historia. El 'sablazo' institucional es contundente. Nueve años de inhabilitación. No se trata solo de que ya no sea el jefe de la Oficina de Artes Escénicas —plaza que soltó en febrero de 2025, probablemente para evitar que le echaran con el ruido de los platillos—, sino que tiene el camino cerrado a cualquier puesto electivo o discrecional en la administración pública. Básicamente, el Estado le ha puesto un candado al currículum hasta que pase casi una década. Mientras tanto, su compañero de viaje, Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz, se lleva una condena doblemente pesada: 18 años de banquillo administrativo. La justicia incluso se ha tomado el tiempo de ajustar las cuentas de las costas procesales, repartiéndolas como quien divide la cuenta de una cena incómoda: dos duodécimas para Gallardo y una para el resto. Por si fuera poco, el intento de desacreditar al teniente coronel Antonio Balas y a la UCO ha chocado contra un muro. El tribunal ha dejado claro que ser testigo y perito a la vez no es una contradicción, sino una capacidad técnica que la defensa no ha sabido digerir.
Hay quien juega al Monopoly con el dinero público y cree que el tablero no tiene límites. Una señora de 77 años decidió que España era un sitio estupendo para cobrar, pero que Marruecos era mucho mejor para vivir. Durante años, montó un sistema de logística envidiable: volaba al país vecino, se instalaba cómodamente y regresaba justo a tiempo para que el sistema no hiciera preguntas. El problema es que la Administración, que suele tener la agilidad de un glaciar, acabó despertando. Desde diciembre de 2013, la protagonista disfrutaba de una pensión de invalidez no contributiva de unos 604 euros mensuales, más un complemento de 37 euros. Para rematar el menú, sumaba otros 97 euros al mes de una pensión marroquí. Un colchón acogedor para quien, técnicamente, debía residir en España para acceder a esa ayuda. Pero las cuentas no cuadran cuando sacamos el calendario: 135 días fuera en 2018, 136 en 2019, un récord de 260 días en 2020 y 149 en 2021. En total, 680 días de vacaciones pagadas por el contribuyente. El Real Decreto 357/1991 es muy claro: si te pasas de 90 días fuera al año, has dejado de residir aquí. Punto. No hace falta que compres una casa en Marrakech o que cambies el DNI; basta con que el contador de días supere el límite. Y como si el 'turismo de pensión' no fuera suficiente, la Generalitat de Cataluña descubrió que su unidad familiar ingresaba 73.291,08 euros en 2021, pulverizando el límite de 33.835,2 euros fijado para su caso. El resultado es un sablazo administrativo: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le obliga a devolver 32.857,20 euros. Intentó usar la pandemia como excusa para el año 2020, pero los jueces le recordaron que los aviones para residentes seguían volando. Al final, la cuenta llegó y el precio de la picardía ha sido salado.
España ha abierto el grifo de la nacionalidad y el resultado es un surrealismo digno de una comedia de enredos. La Ley de Memoria Democrática ha provocado que 2,4 millones de personas en todo el mundo se lancen a pedir el pasaporte rojo, como quien pide una pizza a domicilio pero sin saber dónde queda la pizzería. Argentina se lleva el premio gordo, concentrando el 40% de las peticiones; solo en el Consulado de Buenos Aires se amontonan 645.052 expedientes, una cifra que hace que cualquier cola de supermercado en Navidad parezca un paseo tranquilo por el parque. Lo verdaderamente fascinante no es el volumen, sino el vacío. Mientras que el que quiere la nacionalidad por residencia tiene que sudar tinta con un examen de la Constitución y cultura general, el 'nieto' entra por la puerta grande sin saber distinguir un mapa de una servilleta. Hemos llegado al punto en que hay aspirantes que confunden Navarra con el País Vasco con una naturalidad pasmosa: «Mi abuelo era navarro, somos puros vascos», sueltan sin pestañear. Es el equivalente a decir que tu abuelo era de Madrid y por eso eres un experto en el clima de Sevilla. Hay jóvenes cuyos ancestros vienen de Los Barrios de Luna, en León, o de Lugo, que jamás han pisado esas tierras. Han visitado Madrid o Barcelona como turistas, pero el pueblo del abuelo es una 'cuenta pendiente', una especie de leyenda urbana familiar. Mientras tanto, en la calle Guido del barrio Recoleta, las filas de 200 metros son el paisaje habitual. Todo esto ocurre mientras el Tribunal Supremo intenta poner un freno cautelar al voto de quienes no acrediten ser descendientes de exiliados, pero el papeleo sigue fluyendo. Al final, España está sumando millones de ciudadanos que conocen el país por el catálogo de una agencia de viajes, pero que ya tienen el poder de decidir el futuro político de quienes sí pagan el IBI.
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