Crítica:
El texto es un rompecabezas de sociedades pantalla que requiere un mapa para no perderse. Brilla en los datos bancarios, pero deja en el aire la conexión directa y probada entre el expresidente y la factura de los cinco millones.
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CSIC: Más comités, más plantilla y más presupuesto
Montar un comité de sostenibilidad es, hoy en día, el equivalente institucional a ponerse una planta en el escritorio para sentirse ecologista. El CSIC ha decidido llevar esto al nivel industrial: cerró 2025 con 94 comités, habiendo fabricado 54 nuevos en un solo año. Ya están presentes en el 76% de sus centros. Es una maquinaria de generar actas y reuniones que, según la Memoria Anual 2025, se traduce en más de 850 actuaciones sostenibles. Muy loable, siempre que no gasten más papel en los informes que el CO2 que ahorran. Pero el dato que realmente muerde es el crecimiento de la plantilla. De 13.888 personas en 2022 pasamos a 17.471 en diciembre de 2025. Un incremento del 26% que suena a gloria en el currículum, pero que en la calle se traduce en una estructura que engorda mientras la presidenta, Eloísa del Pino, admite que tienen 'retos de gestión' y que necesitan un presupuesto 'suficiente'. Es la eterna paradoja: tenemos más gente, pero seguimos pidiendo más dinero para que la maquinaria no chirríe. En el tablero económico, el CSIC mueve cifras que marean. 6.308 proyectos vigentes con una financiación total de 1.381,6 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el organismo tuviera una tarjeta de crédito sin límite mientras el resto de los mortales peleamos con la factura de la luz. La anualidad de 2025 fue de 269,9 millones, repartidos principalmente entre ciencias de la vida (3.756 proyectos) y materia (2.058). Madrid se lleva la tajada más gorda con 2.429 acciones, seguida de Andalucía y Cataluña. Entre patentes (145 nuevas) y regalías (3,28 millones de euros), el CSIC juega a ser empresa. Sin embargo, la realidad es que el talento se escapa. Del Pino reconoce que urge mejorar la carrera técnica y el modelo de productividad. En resumen: muchos comités, miles de publicaciones y millones en el banco, pero la gestión sigue siendo el agujero negro donde se pierde la eficiencia.
Contratos públicos: más chiringuitos y menos control
Parece que el arte de repartir el pastel público con los dedos untados de mantequilla se ha vuelto tendencia. Según el último Informe Anual de Supervisión de Oirescon, aprobado el 29 de julio, las denuncias por prácticas corruptas en contratos públicos han pasado de ser un ruido de fondo a un concierto ensordecedor: de 32 casos en 2022 saltamos a 102 en 2025. Es un crecimiento que haría envidia a cualquier startup de Silicon Valley, pero con la diferencia de que aquí el capital es el dinero de todos. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, el sistema de adjudicaciones parece haber entrado en una fase de 'creatividad' desbordante. Las denuncias totales se dispararon un 67,85% en un año, pasando de 311 en 2024 a 522 en 2025. Lo más irónico es que el 95,59% de estas alertas vienen del sector privado; es decir, los propios empresarios están gritando que el juego está trucado, mientras que el sector público, con un tímido 4,41%, prefiere hacer como que no ve nada. El menú de irregularidades es variado. Tenemos el clásico 'fraccionamiento del objeto' (dividir el contrato para saltarse el control), que subió de 39 a 88 casos en un año, y las irregularidades en la adjudicación, que pasaron de 34 a 89. Todo esto con el eco aún resonando de las mascarillas y las obras públicas. El Tribunal Supremo ya tiene en el visor a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, este último que además protagoniza una trama de hidrocarburos con un agujero contable de 182,5 millones de euros. Pero aquí llega el chiste final: mientras las denuncias se triplican, las actuaciones preventivas de las agencias antifraude han caído en picado, pasando de 196 en 2022 a solo 68 en 2025. En resumen, hay más gente gritando que hay fuego, pero el cuerpo de bomberos ha decidido reducir sus turnos en un 65%.
Tomates marroquíes: el negocio redondo del PSOE
Hay una danza muy curiosa en los pasillos de Bruselas. Mientras el agricultor de Almería o Murcia mira el precio del gasoil con el mismo pavor con el que uno mira la factura de la luz en agosto, algunos antiguos peces gordos del PSOE han descubierto que el tomate marroquí sabe mejor cuando se cobra por defenderlo. José Blanco y Antonio Hernando, los arquitectos de Acento Public Affairs, han montado un negocio redondo: representar a Rabat ante la Unión Europea. No es un hobby; hablamos de contratos que oscilan entre los 500.000 y los 600.000 euros anuales. Para un campesino, eso es una fortuna; para un lobby, es simplemente un martes cualquiera. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Por un lado, el Gobierno se llena la boca hablando del campo español. Por otro, la consultora de Blanco y Hernando —este último ahora Secretario de Estado de Telecomunicaciones— se inscribió en el Registro de Transparencia de la UE para hacerle la pelota a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) y a la Embajada de Marruecos. Mientras tanto, la realidad en el supermercado es un sablazo constante. En 2025, España importó 87.603 toneladas de tomate fresco marroquí, un salto del 31,5% en volumen y un 67,1% en valor respecto al año previo. Para 2026, la cosa empeoró: siete de cada diez tomates que entran en el país vienen del vecino. El contraste es obsceno. Andrés Góngora, de COAG, lo resume con una cifra que dinamita cualquier discurso oficial: una jornada agrícola en España cuesta unos 90 euros, frente a los 8 euros de Marruecos. Es jugar un partido de fútbol donde tú vas en chanclas y el rival tiene botas con clavos y el árbitro en nómina. Entre COAG, UPA, ASAJA y FEPEX, el sentimiento es el mismo: mientras ellos pierden terreno, los exministros ganan terreno en el Registro de Transparencia.
Marlaska suelta un caramelo para los MENAS
Hay gestos que, en el lenguaje de la administración, se llaman 'reforzar la gestión'. En el lenguaje de la calle, se llaman 'tirar un caramelo para que no haya ruido'. Fernando Marlaska ha decidido soltar 290.850 euros destinados a ACNUR. El objetivo, según el papel oficial, es agilizar el asilo, poniendo el foco especialmente en las solicitudes de MENAS. Para quien maneje presupuestos de Estado, esa cifra es básicamente el cambio que sobra en la caja después de pagar las cenas de Navidad del ministerio. Sin embargo, mientras el ciudadano medio mira la cuenta del súper con pánico, aquí se despliegan casi trescientos mil euros con la naturalidad de quien pide una ración de bravas. Es la clásica ingeniería financiera del 'parche': ponemos dinero en una agencia externa para que el problema de los menores no immigrants no termine estallando en el despacho del ministro. Lo irónico es el contraste. Nos venden una 'gestión reforzada' mediante una transferencia bancaria, como si el asilo fuera una aplicación de móvil que se soluciona comprando una suscripción Premium. El dinero fluye hacia ACNUR, pero la burocracia, esa bestia lenta que devora expedientes, sigue ahí, intacta. Al final, el movimiento es más una cuestión de relaciones públicas que de eficiencia operativa. Se firma el cheque, se lanza la noticia y se espera que el ruido mediático sobre la situación de los menores se calme con el brillo de los 290.850 euros. Un movimiento maestro de distracción presupuestaria donde el problema real sigue esperando en la cola, pero ahora con un sello oficial de 'estamos en ello'.
Albares se gasta 250.000 euros en Paraguay
Hay una magia casi mística en la forma en que el dinero público se evapora cuando cruza el Atlántico. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, José Manuel Albares ha decidido que Paraguay necesita un soplo de aire fresco. Y ese soplo, curiosamente, tiene un precio exacto: 250.000 euros. No es una cifra cualquiera; es el coste de un plan de «ecoturismo» que suena a folleto brillante diseñado en un despacho con aire acondicionado en Madrid. La ingeniería financiera es sencilla: se etiqueta el gasto como 'estratégico' y se lanza la moneda al aire en tierras guaraníes. Para alguien que paga el alquiler y ve cómo la luz sube sin pedir permiso, 250.000 euros no son un 'plan de fomento', son el presupuesto de varias vidas o la solución a un montón de agujeros contables domésticos. Lo fascinante es la narrativa. El ecoturismo es el refugio perfecto para el gasto opaco: es verde, es sostenible y, sobre todo, es muy difícil de medir en resultados inmediatos. Mientras tanto, en los mercados, el Ibex 35 cae un 1,60% y Telefónica se desangra con un 3,12% menos, recordándonos que la economía real es un campo de minas. Pero en el mundo de la diplomacia, el dinero no se gasta, se 'invierte' en conceptos etéreos. Al final, el balance es el de siempre. Unos pocos nombres en una lista de invitados, un hotel con vistas y un cheque de cuarto de millón que se firma sin que tiemble el pulso. La sostenibilidad, al parecer, es mucho más barata cuando la paga el contribuyente que la que el político presume en el discurso.
Mayor Oreja: 103 irregulares y nostalgia legal
Hay recuerdos que son como una factura mal cobrada: vuelven siempre para recordarte que alguien se ha aprovechado. Jaime Mayor Oreja, el hombre que manejó el Interior con mano de hierro, ha decidido que la inauguración de una exposición de Gregorio Ordóñez en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid era el momento perfecto para hacer memoria. El exministro ha rescatado un episodio de julio de 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar —recién aterrizado en la Moncloa— se encontró con 103 inmigrantes irregulares en Melilla. Para Mayor Oreja, resolver aquello fue una odisea digna de un thriller político: cinco o seis viajes a África para devolver a la gente 'individualmente'. Lo dice con una nostalgia casi conmovedora, admitiendo que 'rozaron la legalidad'. Traducido al lenguaje de la calle: hicieron lo que pudieron saltándose algunas normas para que el problema desapareciera en una semana. Ahora, el exministro mira el espejo retrovisor y compara esos 103 casos con los 70.000 que han llegado este verano a Ceuta, usando la cifra como un mazo para golpear la gestión de Pedro Sánchez. La narrativa es clara: mientras ellos hacían maletas y negociaban cara a cara, el Gobierno actual, según Oreja, aplica una 'política de tierra quemada'. El análisis del presidente de NEOS no se queda en la frontera; se extiende al País Vasco y Cataluña, sugiriendo que Sánchez busca una España débil para que, al final, no quede más remedio que darle la razón a ETA, a ERC o a Marruecos. Es la eterna danza política: convertir un agujero administrativo en un proyecto conspirativo de debilitamiento nacional. Al final, cuando le preguntan por dimisiones, Mayor Oreja suspira. No pide lo imposible, porque sabe que en el tablero del poder, la vergüenza es un activo que cotiza a cero.
Viviendas públicas: ¿prioridad a los de fuera?
En Castilla-La Mancha, conseguir una vivienda pública se ha convertido en una lotería donde, según Vox, el boleto tiene más probabilidades de salir premiado si no tienes el DNI español. David Moreno, presidente del grupo parlamentario de la formación, ha soltado una bomba aritmética que huele a campaña electoral: los extranjeros tendrían el doble de oportunidades que los locales para colarse en una VPO. Los números, que Moreno califica de 'tozudos', cuentan que el 22% de las casas públicas acaban en manos extranjeras, mientras que este colectivo solo representa el 12% de la población regional. Traducido al lenguaje de la calle: mientras el vecino de toda la vida hace cola con el ticket en la mano, la tasa de acceso para los españoles se desploma al 0,49 respecto a la población inmigrante. Pero el verdadero chiste —de los que no hacen gracia— no es solo quién entra, sino cuántas puertas hay abiertas. Aquí es donde entra Gicaman, la empresa pública encargada de que la gente no duerma bajo un puente. Vox denuncia que en los últimos diez años se han entregado menos de 300 viviendas construidas directamente. Menos de 300 en una década. Para que nos entendamos, es como si el Gobierno prometiera un banquete para toda la región y al final solo sirviera un plato de gambas para repartir entre miles de personas. Una parálisis casi absoluta que convierte la vivienda protegida en un unicornio: todo el mundo habla de ella, pero nadie la ve. Mientras tanto, las familias que llevan una vida pagando impuestos se quedan mirando el catálogo de criterios asistenciales, descubriendo que, en la escala de prioridades de Emiliano García-Page, ser de la tierra parece ser el requisito que menos puntos suma.
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