Crítica:
La noticia se limita a reproducir el 'él dijo, yo dije' sin profundizar en la viabilidad jurídica del decreto Maricarmen. Es un catálogo de quejas administrativas disfrazado de conflicto social.
Manos Limpias denuncia al delegado del Gobierno en Madrid por no desalojar la acampada de Sol
Sol: El juego del despiste institucional
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Ley de nietos: 600.000 nuevos españoles
España ha abierto el grifo de la ciudadanía y la marea es imparable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la burocracia para renovar un carné de conducir sin que le pidan el árbol genealógico completo, la 'ley de nietos' —oficialmente la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática— está funcionando como una autopista sin peajes. Hasta el 31 de agosto, el Gobierno ya ha dado el visto bueno a 600.684 solicitudes. Sí, seiscientos mil aprobados. Para que nos entendamos: es como si hubieran llenado el Santiago Bernabéu siete veces y media con nuevos compatriotas que, hasta ayer, solo tenían el pasaporte español en los recuerdos de un abuelo. La maquinaria no descansa. De esos aprobados, 369.017 ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que significa que el tablero electoral se está moviendo mientras nosotros seguimos discutiendo por el precio del aceite. Pero el dato que realmente marea es la cola de espera: 1.317.108 solicitudes presenciales en consulados. Más de un millón de personas haciendo cola para entrar en el club. Desde el Ejecutivo, con una tranquilidad envidiable, aseguran que todo está bajo control y que la red consular se ha reforzado para que el sistema no colapse. Y sobre el ruido que hace Vox alertando sobre posibles trampas, la respuesta es un bostezo institucional: no hay fraudes. La Sección de Investigación de Fraude Documental no ha encontrado ni un solo papel mal puesto. Básicamente, nos dicen que el proceso es tan limpio que el único riesgo es que el Registro Civil se quede sin tinta. Una gestión impecable, dicen, mientras el CERA se infla como un globo en plena temporada de viento.
Sueldo sin trabajar: el premio a Ceuta
En el tablero del Gobierno de Pedro Sánchez, el concepto de 'mérito' parece haberse trasladado a una dimensión paralela donde la audacia para pedir favores es la competencia principal. El último movimiento es una joya del surrealismo administrativo: David de la Encina aterriza como delegado del Gobierno en Ceuta. No es un nombramiento cualquiera; es el rescate de un cuadro histórico que sabe navegar las aguas turbias del PSOE andaluz con la soltura de un delfín. Para quienes no recuerden el 'estilo' de De la Encina, retrocedamos a octubre de 2014. Mientras el ciudadano medio se rompe la espalda para que no le descuenten un euro en la nómina, el entonces coordinador de Diseño y Estrategias en Andalucía Emprende le lanzó un correo a Vanessa Bernad, la gerente de la entidad, con una propuesta tan descarada que roza el arte. El plan era sencillo: quería cobrar sus 47.933,56 euros anuales —un sueldo público que para muchos es el sueño de una vida— pero sin la molesta obligación de pisar la oficina. ¿El motivo? Que liderar la campaña para la alcaldía de El Puerto de Santa María requería 'presencia permanente en la calle', y claro, no podía permitirse el lujo de renunciar a su cheque mensual mientras hacía política. Lo más tierno es que no actuaba solo. Tenía el visto bueno de sus padrinos, Manuel Jiménez Barrios e Irene García, quienes debían hacer la vista gorda mientras sus compañeros de trabajo absorbían sus tareas. Cuando el escándalo estalló en 2019 y la corporación municipal pidió su dimisión, De la Encina aplicó la técnica del 'estaba ingenuo'. No era un defraudador, decía, sino alguien que simplemente no esperaba que alguien rebuscara en su correo. Ahora, tras salir por la puerta de atrás en 2023, Moncloa lo premia enviándolo a Ceuta, sustituyendo a Miguel Ángel Pérez Triano, quien se fue acorralado por el caos de la frontera y el ruido judicial de la Audiencia Nacional. El mensaje es claro: si sabes pedir el sueldo sin trabajar, siempre habrá un despacho con vistas al mar esperándote.
Sol: El juego del despiste institucional
La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el tablero de un juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse, pero todos quieren mandar. El Sindicato de Inquilinos plantó su bandera el 26 de septiembre para exigir el 'decreto Maricarmen', y desde entonces, el centro de Madrid parece una partida de ping-pong institucional. Manos Limpias, que no deja pasar ni una mosca, ha decidido que el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, ha estado demasiado tiempo mirando las nubes y ha presentado este lunes una denuncia por prevaricación administrativa por omisión. Para Miguel Bernad, secretario general del sindicato, la cosa es sencilla: hay una acampada 'lisa y literalmente ilegal' frente a la sede de la Comunidad de Madrid y el delegado ha decidido aplicar la técnica del avestruz. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, aquí se pelea por el artículo 404 del Código Penal, alegando que no actuar es, en realidad, una decisión consciente de dejar que el caos reine en el turismo y el comercio. Lo más jugoso es el espectáculo de hipocresía administrativa. El Ayuntamiento, que normalmente se lleva bien con el Gobierno, ha soltado un zarpazo acusando a la Delegación de 'dejación de funciones', recordándoles con ironía que en el 15M de 2011 no fueron tan tímidos con los desalojos. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha saltado a la yugular del Ministerio del Interior y de Pedro Sánchez, acusándolos de 'lavarse las manos' y querer pasarle el muerto a la Policía Municipal. Al final, entre el decreto, las denuncias y los reproches, la acampada sigue ahí, como un recordatorio de que en política, cuando todos son responsables, nadie lo es.
Voto de nietos: el censo es buffet
Imaginen que alguien decide mudarse a su barrio, pero no porque le guste la zona o tenga familia allí, sino porque simplemente 'le apetece' figurar en su padrón para votar. Sin papeles, sin arraigo y sin que nadie le pida una explicación coherente. Pues bien, eso es básicamente lo que está pasando con la ley de nietos, donde el censo electoral parece haberse convertido en un buffet libre de municipios a elegir. El pasado 25 de septiembre, la Oficina del Censo Electoral (OCE) lanzó una instrucción para las Oficinas Consulares que, sobre el papel, debía poner orden. Sin embargo, cuatro miembros de la Junta Electoral Central (JEC) —Carlos Vidal Prado, Fernando Marín Castán, Javier Tajadura Tejada y Vicente Magro Servet— han soltado un voto particular que es, en lenguaje llano, un grito de auxilio. Denuncian un 'desconcierto' absoluto: hay alcaldes que se despiertan un día y descubren que su pueblo ha crecido más que una startup de Silicon Valley, con ciudadanos inscritos que jamás han pisado la zona y que, en algunos casos, pertenecen a municipios que ni siquiera existían cuando sus antepasados fueron exiliados. La ingeniería es sencilla: el interesado elige dónde quiere votar y el consulado se limita a comprobar que el nombre esté bien escrito, como quien revisa que el ticket del súper no tenga manchas. No hay control, no hay justificación, solo burocracia formal. El dato que dinamita la credibilidad del proceso es Madrid: más de una cuarta parte de los nuevos electores del CERA en cuatro años han decidido que su 'mayor arraigo' está en la capital. Es decir, que Madrid es la nueva meca electoral para quienes no tienen un vínculo real con el territorio. Los cuatro magistrados exigen revisar lo hecho para que la limpieza del sistema no sea un cuento chino, mientras la OCE sigue entregando respuestas insuficientes desde julio.
Hacienda blinda la cartera de Zapatero
En este país, la transparencia es como el wifi en el metro: se anuncia, pero nunca llega cuando más lo necesitas. El Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Arcadi España, ha decidido jugar al escondite con el Senado. El PP, liderado por Alicia García, pidió echar un ojo a la declaración del Impuesto de Patrimonio y las sociedades de José Luis Rodríguez Zapatero desde 2011 hasta 2025. Básicamente, querían saber si la cuenta corriente del expresidente ha crecido más que la inflación de la cesta de la compra, pero Hacienda ha respondido con un 'no' rotundo y un dossier de cinco páginas que es una obra maestra de la gimnasia mental. El argumento es el clásico: 'datos confidenciales'. Muy curioso, porque la Ley General Tributaria de 2003 dice que el secreto fiscal se puede saltar para colaborar con comisiones parlamentarias si el sujeto fue cargo público. Zapatero fue presidente, así que el primer check está puesto. Pero Hacienda dice que no hay relación con el cargo. Una lógica brillante, especialmente cuando el propio Zapatero justificó que las joyas de su despacho eran regalos de Arabia Saudí en 2007. O sea, que el oro sí es cosa del cargo, pero los impuestos son un asunto privado. Es como decir que el coche oficial es para trabajar, pero la gasolina la pagas tú. Para rematar la faena, el Departamento también ha cerrado el grifo sobre Tubos Reunidos. El PP quería saber por qué hay un retraso en la devolución de 10 millones de euros de un préstamo rescatado en 2021 por la SEPI. Diez millones. Para que nos entendamos: es dinero que podría haber pagado miles de facturas de la luz de familias reales, pero Hacienda dice que pedir el expediente no es 'jurídicamente procedente'. En resumen, el muro de Hacienda es más alto que las aspiraciones de transparencia de la cloaca del PSOE.
Luz barata para Rabat, sablazo para España
Hay una magia contable en Moncloa que ya quisiera cualquier casino de Las Vegas. Se llama 'excepción ibérica', un mecanismo que prometía salvarnos del sablazo energético y que, en la práctica, funcionó como una colecta forzosa entre los españoles para pagarle la luz al vecino. Mientras el ciudadano medio veía cómo su factura subía 111 euros, un 40% de votantes estratégicos disfrutaba de una rebaja de 70 euros. Traducción: el 60% de la población hizo de mecenas involuntario para que el resto no se quejara en las urnas. Pero lo verdaderamente fascinante es la generosidad transfronteriza. Mientras nosotros hacíamos malabares con la lista de la compra, Marruecos se ahorró unos 600 millones de euros comprando electricidad española a precio rebajado. Un regalo envuelto en papel de seda que llegó justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez daba un giro de 180 grados sobre el Sáhara Occidental y, curiosamente, poco después de que el programa Pegasus dejara el móvil del presidente y de ministros como Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska como un colador digital con 2,6 gigas de datos filtrados. El diseño del sistema decía que no beneficiaría a países fuera de la UE, pero los electrones no piden pasaporte al cruzar el cable submarino del Estrecho. Así, mientras España abonaba 5.900 millones de euros para compensar a las eléctricas, Rabat multiplicó por cuatro sus importaciones. Sumando a Francia (800 millones) y Portugal, el agujero contable para los vecinos alcanzó los 1.912 millones según Nera Economic Consulting. Ahora, con la crisis de Ormuz disparando la luz a 100 euros por megavatio hora y una industria que ya calcula un sobrecoste de 7.400 millones, el Gobierno quiere resucitar el mecanismo. La pregunta es simple: ¿a quién le vamos a pagar la factura esta vez?
Mercedes anticapitalistas y brigadistas en Ceuta
Hay quien confunde la solidaridad con el marketing de guerrilla. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para que la cuenta del súper no parezca una hipoteca, en Ceuta desembarcan los 'brigadistas' de Negu Gorriak y Derecho a Techo. No vienen con mantas ni medicinas en silencio —estilo Jesucristo—, sino con una rueda de prensa bajo el brazo, buscando el 'sustillo' necesario para alimentar la narrativa del fascismo. Es la vieja receta: provocar al vecino que lleva dos meses aguantando una invasión y luego presumir de las piedras recibidas como si fueran medallas al valor. El despliegue es casi cómico. Tenemos a una diputada de Ceuta Ya! recogiendo activistas en un Mercedes anticapitalista; un contraste tan fuerte que casi se puede oler el aroma a hipocresía desde el puerto. En el tablero político, la cosa no es distinta. Mientras Óscar López lanza dardos contra los jueces llamándolos 'lobos solitarios', el gobierno parece jugar al ajedrez con piezas que no controla. Se menciona a Leire Díez y un encargo surrealista a clanes de narcotraficantes para asustar a la instructora Biedma. Al final, resulta que los narcos tienen más ética profesional que la cúpula sanchista. Entre el ruido de 'poner el cuerpo' —frase que Irene Montero ha convertido en mantra— y la retórica de Pablo Iglesias, aparecen nombres impronunciables como Aranzadi Iruñea Denon Artean-Pamplona. Aitor Balbás Ruiz, que en 2019 no llegó ni a los 900 votos (867 exactamente), intenta ahora dar lecciones de cultura citando a Bertolt Brecht para camuflar un pasado que huele a Bildu. Todo esto ocurre bajo el paraguas de la Agencia Europea Anti-Fronteras y una red de colectivos como No Name Kitchen o Fraktal, que prometen abolir fronteras mientras el Rey luce el pin de la Agenda 2030. Un círculo perfecto donde el revolucionario y el globalista se dan la mano mientras Ceuta se convierte en el parque temático de la utopía.
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