Crítica:
El texto original es un panfleto pro-propietario disfrazado de análisis. Ignora olímpicamente la crisis de acceso a la vivienda para centrarse solo en el bolsillo del casero.
De lo que se han librado los caseros (de momento) con la caída de los dos decretos de la vivienda de Sánchez
Sánchez falla y los caseros respiran
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Vivienda: 1,5 millones más, 30.000 casas menos
El Gobierno ha encontrado en Maricarmen el escudo perfecto. Usar una historia sentimental para maquillar la gestión es el deporte nacional de Moncloa. Mientras nos venden la narrativa del casero villano y el inversor vampiro, Pedro Sánchez despliega dos reales decretos que parecen redactados en una dimensión donde la propiedad privada es una sugerencia opcional. Hablamos de contratos indefinidos que huelen a renta antigua y obligaciones de indemnizar inquilinos que dejan al propietario con la cuenta corriente temblando, como quien descubre que la tarifa plana del móvil era una trampa. La joya de la corona es la intención de prorrogar la prohibición de desahucios hasta 2030. Un secuestro legal que arrastramos desde 2020 y que ha dejado a miles de dueños en un limbo psicológico y financiero, viendo cómo sus casas se convierten en hoteles gratuitos gestionados por el Estado. Es el equivalente a que te quiten el coche para dárselo a alguien que no paga, pero con el sello oficial de 'vulnerabilidad'. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien puede reírse con el alquiler subiendo como la espuma— es la aritmética del Ejecutivo. A cierre de 2023, España sumaba 48,3 millones de personas; para mediados de 2026, la cifra escaló a 49,8 millones. Un crecimiento de 1,5 millones de habitantes. ¿La solución? A cierre de 2025, los visados de obra nueva fueron de 139.016, apenas 30.000 más que los 109.483 de 2023. Intentar cubrir la demanda de un millón y medio de personas con 30.000 casas extra es como querer apagar un incendio forestal con un vaso de agua tibia. No es falta de voluntad, es una incapacidad matemática gloriosa.
Blindados y drones para limpiar una playa
Para limpiar una playa, parece que ahora hace falta el presupuesto de una pequeña guerra. El domingo, a las 7:30 de la mañana, mientras el resto de los mortales intentaba recuperar el sueño, la Policía Nacional decidió que era el momento de ejecutar la 'Operación Trampolín'. No fueron a pasear; irrumpieron con más de 30 furgones y una artillería que haría palidecer a cualquier cineasta de acción: dos blindados BMR y un VAMTAC. Porque claro, para gestionar a personas en tiendas improvisadas, lo más lógico es desplegar vehículos diseñados para el campo de batalla. El escenario es el delirio. Hablamos de más de 3.500 personas viviendo en una playa que, para colmo, tiene el agua contaminada con E. coli. Es decir, el menú diario era arena, desesperación y bacterias intestinales. La hipocresía institucional brilla por su ausencia: el Gobierno permitió que el asentamiento creciera desde la invasión del 31 de julio, convirtiéndolo en un foco de tensión, para luego llegar con drones y unidades de intervención de toda España para 'recuperar el control'. La logística es un chiste de mal gusto. El desalojo es 'por fases' porque, sorprendentemente, no hay autobuses ni plazas suficientes para mover a miles de personas de golpe. Es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de plástico. Algunos irán al CATE y otros, siguiendo el patrón del desalojo de Benítez —donde 300 personas prefirieron volver a Marruecos que esperar el triaje—, regresarán a su país. Todo este despliegue, coordinado por el mando único de Ángel Víctor Torres, tiene un objetivo estratégico: proteger la planta desalinizadora. Al final, la prioridad no es la salud pública ni la dignidad humana, sino que el perímetro de la infraestructura quede vallado y reluciente antes del 15 de octubre. El problema es que, una vez que los blindados se retiren, la pregunta sigue flotando en el aire como el dron de la policía: ¿qué vamos a hacer cuando vuelvan?
Rescate Plus Ultra: El contacto que costó oro
En el mundo real, si debes dinero a la Seguridad Social y tu negocio es un agujero negro de pérdidas desde hace cinco años, el banco no te presta ni para un café. Pero en el Olimpo de la ingeniería financiera, las reglas son sugerencias. Plus Ultra representaba el ridículo 0,03% de los vuelos nacionales y tenía accionistas que no hablaban español, pero tenía algo más valioso que un plan de viabilidad: los contactos adecuados. La cronología es una joya de la transparencia inversa. El 14 de octubre de 2020, Rodolfo Reyes envió a sus emisarios a ver a José Luis Rodríguez Zapatero y a unos empresarios chinos. Cinco días después, la SEPI, que hasta entonces miraba el expediente de la aerolínea con el mismo entusiasmo que alguien mira una multa de tráfico, cambió repentinamente de humor. Pero el verdadero 'clic' ocurrió en el chat 'SALA SITUACIONAL PULA'. El 21 de octubre, Roberto Roselli se encuentra con Julio Martínez Martínez, quien, con la naturalidad de quien pide el ticket del parking, le recuerda que tiene que pagarle la factura. El 22 de octubre, Roselli confirma que ya está 'cobrando el contacto'. Apenas cuatro días después, el 26 de octubre, la aerolínea mágicamente subsana toda su documentación para el rescate. La maquinaria se aceitó con precisión suiza: el 4 de noviembre, Roselli presume de haber hablado con 'el tipo de la SEPI' en una reunión clandestina donde le aseguran que el caso está 'prácticamente aprobado'. La guinda del pastel llega el 5 de noviembre con un pago de 6.050 euros a 'análisis relevante'. Catorce días después de que la red de Zapatero cobrara, el rescate público dejó de ser un sueño imposible para convertirse en un cheque en blanco. Así se cocina la ayuda pública: menos planes de viabilidad y más cenas con los contactos correctos.
Sánchez y Melenchon: el manual del caos
Hay una receta que no falla: mezcla un poco de demagogia televisiva, añade una pizca de caos callejero y sirve con una guarnición de fondos públicos. El menú es el mismo en Madrid que en París. Mientras en Francia Jean-Luc Mélenchon intenta convertir el país en un Saint Denis gigante, aquí Pedro Sánchez parece jugar al mismo juego, aspirando a que toda España tenga el aroma de una Ceuta sitiada. Es la vieja escuela del 'nosotros contra ellos', donde la alternancia democrática es vista como un error de sistema que hay que parchear a base de gritos y humo. Lo fascinante es el casting. Tenemos a los 'viejales' del 68, esos que ya no saben si protestan por el clima o por el reuma, mezclados con adolescentes que confunden el acné con la conciencia de clase. Es un reciclaje perfecto: los antiguos 'coletudos' de la era Zapatero, que vivían del cuento de los telediarios, ahora se han fusionado con los matones del sanchismo. Han pasado de cobrar chiringuitos humanitarios a gestionar la propaganda desde el despacho del director, sin soltar el presupuesto público que, para ellos, es como una tarjeta de crédito sin límite y sin fecha de corte. Pero el verdadero mando a distancia no está en Moncloa. El texto sugiere que el timón lo lleva Begoña Gómez, transformando la gestión del Estado en una suerte de empresa familiar donde el alquiler de Muface es el premio gordo. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y el mercado del alquiler es un campo de minas, la cúpula parece más preocupada por el calendario judicial que por el electoral. Al final, la democracia se ha convertido en un trámite que depende de si la 'mujer de negocios' prefiere el banquillo de los acusados o un vuelo directo a un país sin tratado de extradición.
Tajo-Segura: El grifo seco y la chapuza
Gestionar el agua en este país es como intentar tapar una gotera en el techo con un chicle masticado: tarde o temprano, el techo se te cae encima. Lo que el Gobierno vendió hace diez días como una 'incidencia temporal' ha resultado ser un desastre arquitectónico con todas las letras. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha soltado la bomba: el acueducto Tajo-Segura tiene los cimientos hechos trizas, con hundimientos en Liétor y Riansares que obligan a cerrar el grifo durante cinco meses. Cinco meses. Para un millón de personas en Alicante, eso no es una 'incidencia', es una condena a vivir pegados a la factura de la luz, ya que las desaladoras tendrán que trabajar a marchas forzadas para que no nos bañemos en arena. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no llegue a cero, el Ministerio para la Transición Ecológica ha soltado un presupuesto de 1,2 millones de euros para intentar que el hormigón no se convierta en queso suizo. Es una cifra que suena a mucho hasta que te das cuenta de que 30.000 hectáreas de cultivo están ahora mismo en el limbo, rezando para que el calendario avance más rápido que la burocracia. Lucas Jiménez, del SCRATS, pone números al pánico: 65 hectómetros cúbicos en riesgo para el regadío y 25 para el consumo. Un agujero hídrico que deja en evidencia la dejadez estatal. La hipocresía es el plato fuerte. El Gobierno tardó dos semanas en admitir que la infraestructura está en las últimas, limitándose a un comunicado de 365 palabras que parece redactado por alguien que no quiere que lo despierten del siesta. Ahora, entre la presión de Francisco Lucas y las quejas de Miguel Barrachina, se apresuran a declarar la 'emergencia'. Claro, porque la emergencia no es que el canal se hunda, sino que el escándalo político ya no se puede maquillar con eufemismos técnicos.
La 'baliza española': marketing barato y fiasco
Hay que tener una cara de cemento armado para intentar vender un accesorio de plástico como un hito del orgullo nacional. Pere Navarro, el artífice de la narrativa oficial, ha decidido bautizar la baliza V16 como la 'baliza española'. Suena a épica, a vanguardia europea, a ese aire de superioridad que nos gusta fingir mientras el resto del continente nos mira con envidia. Spoiler: no hay envidia, hay confusión. La realidad es mucho más prosaica y huele a despacho de marketing desesperado. En Europa, y concretamente en medios como The Olive Press, The Sun o The Daily Express, no hablan de una 'invención patria' que revolucione la seguridad vial. Se refieren a ella como 'Spanish V16 warning light' o 'Spain’s V16 connected beacon'. Traducción para los que no hablamos inglés: es la luz esa que obligan a usar en España. Punto. No es el descubrimiento de la penicilina, es un aviso para que los británicos que vienen a dejarnos sus libras no acaben multados por no llevar el aparatito. Mientras Navarro intenta que nos pongamos la mano en el pecho, los datos cuentan una historia de fracaso comercial. Desde enero las ventas están más estancadas que el tráfico en la A-6 un lunes por la mañana. A pesar de que el cacharro cuesta menos de 10 euros en cualquier centro comercial —básicamente el precio de un menú del día mediocre—, solo la mitad de los conductores la han comprado. Los fabricantes y distribuidores llevan meses pidiendo a la DGT que deje de jugar con las palabras y empiece a promocionar el producto de verdad. Pero claro, es más fácil inventarse un nombre patriótico que admitir que la estrategia de implantación ha sido un fiasco total. Al final, nos venden el envoltorio porque el contenido no convence.
Motos y arcenes: Cataluña pasa del Reglamento
España acaba de estrenar un nuevo Reglamento General de Circulación que, en teoría, es para todos. Pero claro, en el tablero político actual, 'todos' es un concepto elástico. La novedad estrella permite que las motos circulen por el arcén cuando el tráfico se convierte en un parking gigante. Una medida que la DGT intenta vender con un límite de 30 km/h, aunque cualquier agente de la Guardia Civil con dos dedos de frente sabe que controlar esa velocidad es como intentar contar los granos de arena de una playa: una pérdida de tiempo absoluta. Aquí es donde entra Cataluña. Aprovechando que tiene las competencias de Tráfico transferidas desde 1997, ha decidido que el nuevo reglamento es más una sugerencia que una norma. En Cataluña, los moteros seguirán viendo el arcén como tierra prohibida. Mientras que en otras latitudes se experimenta con peajes dinámicos —como en el País Vasco— o límites cambiantes en la AP-7, aquí la Generalitat ha plantado el pie. El contraste es casi cómico. Por un lado, tenemos una norma estatal que invita a las motos a bailar en el arcén, una zona que, seamos sinceros, suele estar más sucia que el suelo de un taller mecánico y donde cualquier coche averiado puede montar una emboscada involuntaria. Por otro, una comunidad que prefiere mantener el veto. Al final, el conductor se encuentra en un limbo jurídico donde el código postal decide si circular por el arcén es un derecho o una multa. Es la ingeniería administrativa en su máxima expresión: crear una autopista de normas donde cada salida lleva a un destino distinto, dejando la seguridad vial como el daño colateral de una guerra de competencias.
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