Crítica:
La noticia es un festín de contrastes, pero deja en el aire la conexión real entre el premio y la financiación del plan. Demasiadas coincidencias temporales para que el lector no sospeche que el azar aquí es el menor de los protagonistas.
El narco que dice que les ofrecieron ventajas con Hacienda por «eliminar» a la juez Biedma ganó un premio de 17 millones en un sorteo
Narcos, millones y el plan contra Biedma
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DGT: El reglamento estrella que no funciona
Lanzar un reglamento nacional sin mirar si los semáforos de los ayuntamientos son compatibles es como comprarse un traje de alta costura sin medirse: el resultado es un desastre que no cierra por ningún lado. La DGT, en un alarde de optimismo burocrático, decidió que desde el 1 de octubre estaba prohibido que el verde peatonal y el ámbar vehicular bailaran juntos. La intención es noble —evitar que alguien termine asfaltado por un descuido—, pero la ejecución tiene la precisión de un reloj de arena roto. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue el primero en soltar la toalla, advirtiendo que intentar cambiar la iluminación sobre la marcha provocaba retenciones que hacían que la ciudad pareciera un parking gigante. No están solos en este calvario. Barcelona y Hospitalet ya han levantado la mano para decir que no es tan sencillo como darle a un interruptor; necesitan tiempo y pruebas para que la ciudad no colapse. Mientras tanto, Valencia intenta salvar los muebles habiendo adecuado apenas un 20 % de sus semáforos. La sincronización urbana es un castillo de naipes: tocas una luz en un cruce y generas un atasco tres calles más allá. Es la clásica ingeniería de despacho donde se firma la norma el lunes y el martes se descubre que en León, Sevilla o Salamanca los cables no entienden de decretos. Al final, el propio Pere Navarro ha tenido que admitir la derrota parcial, concediendo que algunos semáforos simplemente no podrán adaptarse. Básicamente, nos han vendido una medida estrella que, en la práctica, es un experimento con gaseosa donde el ciudadano es el conejillo de indias y la seguridad, una promesa pendiente de cableado.
Limpieza exprés en Ceuta: maquillaje para fotos
Hay una coreografía muy curiosa en Ceuta. Durante dos meses, el Gobierno de Pedro Sánchez aplicó la técnica del 'avestruz': cabeza enterrada y vista gorda mientras las playas de Benítez y del Trampolín se convertían en campamentos improvisados. Pero, de repente, el reloj se aceleró. Justo antes de que los Reyes aterrizaran este martes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se pusieron el mono de trabajo y empezaron a desmantelar chabolas como quien limpia el salón antes de que llegue la suegra. Primero las playas, luego la antigua fábrica de Guano y ahora prometen pasar por El Tarajal y las barriadas. La narrativa oficial intenta vendernos que es gestión eficiente, pero el aroma a maquillaje es insoportable. Aunque se rumorea que es para que Don Felipe y Doña Letizia no vean el desastre, la Casa del Rey ha pasado el balón: ellos quieren la realidad, no el catálogo de IKEA. El verdadero motor parece ser el pánico a la prensa internacional. No quieren que el mundo vea una ciudad donde la inseguridad ha pasado de ser una anécdota a un dato terrorífico: cerca de 40 violaciones en dos meses, superando cualquier registro anual previo. Es como intentar tapar un agujero en el techo con un mantel colorido mientras la casa se inunda. El contraste es sangrante. Mientras el delegado David de la Encina admite que en las barriadas hay 'motivos para la preocupación', Fernando Grande-Marlaska se empeñó en septiembre en llamar a esto 'inseguridad subjetiva'. Traducción: 'lo que sientes tú no cuenta'. El delegado presume de que 12.000 inmigrantes volvieron a Marruecos en agosto, pero cuando le preguntan cuántos quedan, se queda en blanco. El resultado es que las chabolas desaparecieron de la arena, pero los problemas se mudaron a El Príncipe, Los Rosales, Sidi Embarek o El Sarchal. No han solucionado el problema; simplemente lo han movido de sitio para que no salga en la foto.
Sánchez: vacaciones de lujo y secretos estatales
Hay una ironía casi poética en el calendario de Pedro Sánchez. Mientras 80.000 personas asaltaban Ceuta en lo que la Audiencia Nacional ya califica de «guerra híbrida», el presidente parecía haber activado el modo avión en el Palacio de La Mareta. El resultado fue un despliegue de inoperancia digno de un manual: Sánchez tardó 27 días en activar la Ley de Seguridad Nacional (LSN). Veintisiete días. Para que nos entendamos, es el tiempo que tarda cualquiera en darse cuenta de que se ha dejado el gas encendido, pero en Moncloa fue el plazo para decidir si la integridad territorial era una prioridad o si el bronceado era más urgente. Ahora, cuando el viento sopla en contra y la jueza María Tardón empieza a remover el avispero, entra en escena Fernando Grande Marlaska. El ministro, haciendo gala de una flexibilidad mental asombrosa, ha decidido usar esa misma ley que Sánchez despreció durante casi un mes para, ahora sí, blindar el secreto. Marlaska ha declarado secreto el procedimiento para evitar que sepamos por qué el jefe del Ejecutivo ignoró los avisos del CNI y el CNIF sobre una movilización de 180.000 usuarios en redes sociales. Es el clásico truco de magia política: usar el escudo de la «Seguridad Nacional» para tapar el agujero contable de la gestión. El contraste es sangrante. Mientras el Gobierno alababa la «ejemplar colaboración» de Marruecos y condecoraba a Abdellatif Hammouchi, la calle en Ceuta era un caos de peleas y desamparos. El baile de cifras es otro espectáculo: Marlaska decía que había 5.000 migrantes cuando las autoridades locales contaban 10.000. Al final, el desalojo de la playa del Trampolín ocurrió en tiempo récord, pero solo cuando el calendario electoral apretó. Una limpieza rápida para la foto, mientras los expedientes reales quedan guardados bajo llave en el despacho de Interior.
Ceuta: El plan que el Gobierno archivó
Hay una diferencia abismal entre tener el extintor cargado y dejar que la casa se queme porque no te decides a pulsar el gatillo. El pasado 30 de julio, Ceuta vivió una entrada masiva de 80.000 personas, una maniobra de libro en la llamada «zona gris» —ese limbo incómodo entre el saludo cordial y el despliegue de tanques— que el Ministerio de Defensa ya tenía mapeada. Tenían el plan, tenían los soldados y tenían el precedente de mayo de 2021, cuando los BMR de la Legión y los Regulares cortaron el paso con una precisión de cirujano, separando la vulnerabilidad humana de la presión geopolítica. Pero esta vez, la maquinaria se quedó en punto muerto. Mientras la frontera se diluía, la cadena de mando —desde el JEMAD hasta el Comandante General de Ceuta— pedía la orden de actuar. El Gobierno, sin embargo, decidió jugar al observador pasivo. Es como si un médico viera a un paciente desangrarse por la aorta y decidiera esperar a ver cuántos litros pierde antes de decidir si usa una venda o un torniquete. Una gestión surrealista que dejó las infraestructuras críticas expuestas mientras, paralelamente, buques de la Marina Real de Marruecos se paseaban por aguas españolas, un hecho que Pedro Sánchez terminó admitiendo el 12 de octubre con un lacónico «fueron días intensos». Lo más fascinante de esta comedia de errores es el timing político. La ministra Margarita Robles se ha librado de dar explicaciones en la Comisión de Gastos Reservados gracias al adelanto electoral del 29-N. Una jugada maestra de ingeniería administrativa: disolver las Cortes para que el silencio sea la respuesta oficial. Al final, el Ejecutivo intenta desplazar el foco hacia Rabat, pero la pregunta que queda flotando en el aire es sencilla: si tenías el manual de instrucciones y la tropa lista, ¿por qué decidiste que la mejor defensa era no hacer nada?
DGT en Ceuta: Seguridad con señal móvil
Resulta fascinante que, en pleno siglo XXI, la seguridad de una frontera estratégica dependa de lo mismo que ocurre cuando intentas hacer una videollamada en el sótano de tu abuela: una tarjeta SIM que decide jubilarse. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha salido al paso para explicar por qué las cámaras de la N-352 en Ceuta se quedaron ciegas justo después de la invasión del 30 de julio. La respuesta es tan institutionalmente hilarante que roza el surrealismo: 'mala señal telefónica'. Mientras que en la península la DGT presume de fibra óptica —esa autopista de datos que vuela—, en Ceuta han decidido jugar a la lotería con conexiones inalámbricas 4G/5G. El resultado fue que las cámaras de los puntos kilométricos 1,1, 2,1 y 2,8 dejaron de emitir a mediados de agosto. No fue un protocolo de ocultación ni una decisión política para evitar que viéramos el desastre; no, fue simplemente que el móvil 'no pillaba'. Lo más jugoso es que este drama técnico no empezó con la crisis, sino que arrastraba episodios de degradación desde el 1 de julio. Básicamente, la vigilancia de una zona crítica funcionaba con la estabilidad de un router barato de oferta. La DGT admite que la cámara del PK 2,800 tuvo cuatro interrupciones, mientras que las otras dos sumaron tres cada una en los últimos tres años. Para arreglar este 'agujero técnico', han tenido que cambiar de proveedor de telecomunicaciones, como quien cambia de compañía telefónica porque el WiFi del salón no llega a la cocina. Una gestión de la seguridad nacional que parece sacada de un grupo de WhatsApp mal coordinado.
Renfe estrena logo pero no tiene presupuesto
Hay que tener una valentía administrativa admirable para estrenar ropa nueva sin tener un euro para pagar el sastre. Renfe ha decidido rescatar 'la galleta', ese logotipo circular que nos trae recuerdos de cuando los trenes eran un misterio, después de 21 años de ausencia. El problema es que el cambio de imagen es, básicamente, un 'logo fantasma'. Han aprobado la estética, pero no hay presupuesto asignado para cambiar los uniformes, las estaciones o los trenes. Es como comprarse un Ferrari y darse cuenta de que no tienes dinero para la gasolina ni para el seguro; el coche luce estupendo en el garaje, pero no se mueve. Mientras tanto, la ingeniería financiera de la casa nos deslumbra. Se han gastado 164,1 millones de euros en renovar el sistema de venta de billetes, un proyecto adjudicado en octubre de 2023 que el actual presidente, Álvaro Fernández Heredia, presenta ahora como un triunfo personal para dar 'buenas noticias' al ministro Óscar Puente. El contraste es hilarante: tenemos un ecosistema comercial digital que costó una fortuna, pero no hay presupuesto para pintar el logo en la pared de la estación. Para que entendamos la magnitud del delirio, cuando Cepsa pasó a ser Moeve, se reservaron unos 130 millones de euros solo para remozar gasolineras. Renfe, en cambio, prefiere el minimalismo forzoso. La gestión interna parece sacada de una comedia de enredos. Ignacio Martínez Padilla, el creativo al mando, ha liderado un proceso tan hermético que el Consejo de Administración se enteró del cambio casi al mismo tiempo que el resto de los mortales. Heredia filtró la imagen públicamente antes de consultarla con sus jefes, demostrando que en la alta dirección ferroviaria, la transparencia viaja a una velocidad mucho menor que el AVE.
Voto por correo: cuatro centros, todo el lío
Imaginen que organizan una cena para 1.500 personas y, por una cuestión de 'logística', deciden guardar casi todo el caviar en solo cuatro platos. Así de surrealista fue la gestión de Correos el pasado 23 de julio de 2023. Mientras la media de las 1.536 unidades operativas manejaba unos modestos 1.605 votos, hubo cuatro 'supercentros' que se tragaron el trabajo del resto sin despeinarse. Sevilla USE1 lideró este despropósito con 60.919 votos, seguida de Zaragoza USE1 con 53.071, Bilbao UR6 con 43.711 y Madrid USE7 con 38.337. En total, estas cuatro dependencias —que representan apenas el 0,26% de la red— custodiaron 196.038 sobres hasta la víspera electoral. Para que nos entendamos: Sevilla recibió casi 38 veces más votos que la media. Es como si en una oficina de barrio te pidieran gestionar el volumen de un aeropuerto internacional con los mismos recursos de una ventanilla de barrio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha obligado a soltar los datos, pero Correos juega al escondite. Sabemos cuántos sobres entraron, pero no quién tenía la llave de la puerta, quién firmaba la salida o si el control de accesos era un protocolo riguroso o un 'confíe en mí'. Mientras CCOO, UGT y CSIF gritaban que faltaba personal y que los refuerzos eran un espejismo, la empresa presumía de 19.400 contratos el 11 de julio. La hipocresía es deliciosa: nos venden una maquinaria aceitada, pero los datos revelan un cuello de botella donde el 7,95% de los votos totales (de un universo de 2.465.848) quedaron concentrados en cuatro puntos críticos. Si algo falla en esos cuatro almacenes, el problema no es un goteo, es una inundación electoral.
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