El 'Decreto Maricarmen' y la trampa Muface

El Gobierno ha aplicado la técnica del 'caballo de Troya' con una maestría digna de un escapista. Mientras el país miraba el escaparate del Real Decreto-ley 29/2026 —bautizado con el sentimentalismo del 'decreto Maricarmen' para dar una imagen de corazón blando—, Pedro Sánchez y Óscar López han colado una cláusula que es, básicamente, una puerta trasera para echar a la gente.

El truco está en la letra pequeña del artículo 12: Casa 47, la empresa pública de vivienda, puede gestionar los inmuebles del Fondo Especial de MUFACE. Hasta aquí, todo parece un plan de alquileres asequibles para el ciudadano de a pie. Pero cuidado, que aquí viene el sablazo. En el artículo 2, donde se supone que se protege al vulnerable hasta el 31 de diciembre de 2030 para que no lo echen a la calle, han dejado un hueco del tamaño de un rascacielos.

Han excluido de las suspensiones de desahucios a los entes públicos que gestionan vivienda social. O sea, que si Casa 47 decide que ya no te quiere en el piso, tu condición de 'vulnerable' sirve para muy poco porque el gestor es el propio Estado. Es como si el Ayuntamiento te regalara una manta para el frío pero te prohibiera usarla dentro de sus edificios. Mientras tanto, en el Plan Estratégico Muface Avanza2 (2026-2028), la consigna es limpiar el balance.

Quieren liquidar 204 inmuebles, incluyendo 86 viviendas concentradas en Madrid, para engrosar la hucha de las pensiones. Para ello, han llamado a Segipsa para que tasen y vendan. En resumen: el Gobierno usa la bandera de la protección social para mover las fichas de un tablero inmobiliario donde el inquilino es el único que no sabe si mañana despertará con una orden de desahucio firmada por el mismo ministerio que dice defenderlo.