Crítica:
El texto original es una sucesión de datos administrativos que oculta la verdadera pregunta: ¿por qué nadie quiere esos puestos? Es una noticia que se disfraza de transparencia pero no rasca la superficie del fracaso organizativo.
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El Estado casero: desahucios y sablazos públicos
Resulta fascinante observar cómo el Estado, ese gran predicador de la justicia social y el techo digno, se pone el traje de casero implacable cuando le toca cobrar la renta. Mientras en los mítines se habla de proteger al vulnerable, el Ministerio de Defensa aplica la Ley 26/1999 con la precisión de un francotirador: tres meses sin pagar el canon y el contrato vuela por los aires. No hay espacio para la poesía; si no hay pasta, el artículo 23 del Estatuto del Invied activa la maquinaria del desahucio. Eso sí, para los que saben navegar el papeleo, existen los aplazamientos, porque el Estado es implacable pero burocrático. Pero el verdadero espectáculo ocurre con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Aquí la jugada es más sofisticada: no es que no pagues, es que el contrato ha vencido y el casero público quiere recuperar sus llaves. En la calle Mallorca de Madrid, la TGSS gestionaba 29 pisos, de los cuales solo tres estaban habitados. Una joya inmobiliaria donde a familias como la de Ariadna de la Rubia le ofrecieron comprar su hogar por 435.956 euros o hacer las maletas antes del 30 de noviembre. Es el clásico 'o pagas el precio de un castillo o te vas a la calle', mientras otros 26 pisos permanecían vacíos, acumulando polvo y cinismo. Entre el inventario de 31.542 registros inmobiliarios ministeriales y las 183 enajenaciones de la Seguridad Social entre 2022 y 2025 (con 57 viviendas en Madrid), queda claro que el patrimonio público se gestiona como un fondo de inversión. El contraste es brutal: el anuncio de mayo de incorporar pisos al alquiler asequible mediante Casa 47 suena muy bonito en el BOE, pero en la práctica, la maquinaria de ventas y desahucios —desde el caso de Maricarmen Abascal hasta los líos de Muface— sigue girando. El Estado no es tu amigo; es el propietario que, si le conviene, te vende el piso o te pide las llaves.
Millones públicos para remover cenizas históricas
Hay quien dice que el pasado es un país extranjero, pero en RTVE es una mina de oro. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, la corporación pública ha decidido que no hay nada más rentable que remover cenizas. La nueva apuesta se llama '¡Cuánta guerra!', un formato que promete lágrimas, trincheras y road movies emocionales conducidas por Conchi Cejudo. El guion es sencillo: traer a figuras como Carlos Bardem, Rozalén, Juan Carlos Rivero o Rodrigo Cuevas para que descubran qué hicieron sus abuelos hace 90 años, mientras el espectador descubre cuánto cuesta el minuto de televisión pública. La ingeniería financiera detrás del proyecto es fascinante. RTVE ha vuelto a tirar de la tarjeta con Minoría Absoluta, la productora de 'Polònia'. Para este nuevo viaje al pasado, se han reservado 796.606 euros en las cuentas de 2025. Pero no nos dejemos engañar por la cifra aislada; esto es un ecosistema. Si sumamos los 1,3 millones de euros que la productora ya se embolsó entre 2024 y 2025 por 'Los archivos secretos del NO-DO', el sablazo por resucitar el conflicto bélico ya supera los dos millones de euros. Es un negocio redondo: importar un formato de 3Cat, ponerle caras conocidas y venderlo como 'memoria colectiva'. De hecho, en los últimos tres ejercicios —hasta septiembre de 2026—, Minoría Absoluta ha visto cómo su cuenta corriente se inflaba con más de cuatro millones de euros provenientes de la televisión pública. Al final, la verdadera tragedia no son los 500.000 muertos de la guerra, sino que, décadas después, la memoria histórica siga siendo el producto estrella para llenar los bolsillos de unas cuantas productoras externas.
Policías trans: ¿Mujeres o agresores de género?
Estamos ante un cortocircuito administrativo de manual, de esos que te dejan el cerebro haciendo chispa. Resulta que en Ceuta, cinco agentes de la Policía Nacional, afiliadas al Sindicato Policial Trans No Normativos (TNN), han decidido que es momento de reclamar sus derechos. ¿El motivo? Han sido detenidas bajo el protocolo de violencia de género. Sí, han leído el acta. El problema es que, según el DNI y la ley trans impulsada por Irene Montero, estas personas son legalmente mujeres. Y aquí viene la joya de la corona: la ley de violencia de género (LO 1/2004) está diseñada para castigar la violencia de hombres sobre mujeres. Detener a una 'mujer' por violencia de género es, técnicamente, un error de sistema, como intentar pagar el café con un ticket de parking. El caso estrella es el de David Osasuna. Tras una denuncia de su pareja por un asunto con su hijo menor, Osasuna se entregó voluntariamente. Pero el inspector de radiopatrullas, el jefe regional de operaciones y el juez de guardia decidieron ignorar el papel oficial y tratarla como varón. La llevaron a la UFAM, firmaron papeles de VioGén y la mandaron al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Un despliegue de burocracia que, para el TNN y su vicepresidenta Daniel Gallardo, es una vulneración de derechos fundamentales. Lo fascinante es el ruido de fondo. Mientras el sindicato pide que se les reconozca como mujeres hasta para usar el vestuario, la FELGTBI+ y la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres miran el espectáculo con escepticismo. Unos hablan de 'fraude de ley' y otros de 'transfobia'. Al final, el caso de Osasuna terminó en el Juzgado de Instrucción n.º 4 con la retirada de la denuncia, pero la manzana de la discordia sigue ahí: ¿es la ley trans una herramienta de identidad o un escudo legal para esquivar la LO 1/2004? El Estado, que suele ser experto en complicarse la vida, ha encontrado aquí su laberinto favorito.
Voto por correo: entre ofertas y caos
Imaginen el escenario: usted quiere decidir el futuro del país el 29-N, pero su voto tiene que hacer cola detrás de tres freidoras de aire, un set de sartenes antiadherentes y diez fundas de móvil compradas en oferta. Bienvenidos a la tormenta perfecta de Correos. El calendario ha decidido jugar una broma pesada al ente presidido por Pedro Saura, haciendo coincidir el voto por correo con el Black Friday y el Cyber Monday. Es el choque frontal entre la democracia y el consumismo desenfrenado. Mientras el sector logístico se prepara para mover entre 100 y 130 millones de envíos —un promedio de 3,5 millones de paquetes diarios que harían temblar a cualquiera—, Correos decide que la mejor estrategia es el minimalismo laboral. La compañía, que arrastra un agujero contable de más de 1.000 millones de euros heredado de la era de Juan Manuel Serrano (2018-2023), ha decidido que contratar refuerzos es un lujo que no se pueden permitir. Es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de plástico mientras llueve a cántaros. Los números no mienten, aunque la dirección intente maquillarlos con frases vacías sobre 'poner todos los recursos necesarios'. CCOO ya ha soltado la bomba: hay 7.400 carteros menos que en las generales del 23-J, cuando se gestionaron 2,6 millones de votos a distancia. Ahora, con la previsión de rozar el millón de votos por correo más la avalancha de objetos electorales, el sindicato pide 20.000 contratos de refuerzo. Pero claro, en la cúpula prefieren los tijeretazos a la eficiencia. Mientras Francisco Aranda, presidente de UNO, dice que el sector privado lo tiene todo bajo control gracias a la digitalización, en la empresa pública la realidad huele a oficina saturada y cartero al borde del colapso. Básicamente, nuestro derecho al voto ha quedado atrapado en la misma logística que el pedido de Amazon que llega tarde.
CNI contra Sánchez: la fragata del desquite
En el mundo del espionaje, el orgullo es un activo más caro que cualquier satélite. Pedro Sánchez cometió el error de novato de tratar a los agentes del CNI como si fueran becarios mal pagados, desautorizando sus alertas sobre el asalto a Ceuta y tachando de 'imprevisto' lo que los operativos ya tenían mapeado. Cuando el Gobierno decidió jugar a la selectiva con los documentos desclasificados —limpiando el rastro de la 'guerra híbrida' de Rabat para que la Moncloa saliera indemne—, los servicios secretos decidieron que era hora de pasar factura. Y no lo hicieron con un informe aburrido, sino con un hachazo mediático coordinado. La jugada fue maestra: filtrar la presencia de una fragata marroquí en aguas españolas justo el 12 de octubre. Mientras el presidente se ajustaba la corbata para el desfile en el Paseo del Prado, la noticia aterrizaba en El País a través de Miguel González. Imaginen la escena: ministros como Margarita Robles saludando al jefe con una cara de estupefacción que no se veía desde que subieron los precios de la luz. El mensaje era claro: 'Nos habéis vilipendiado y ahora os dejamos vendidos en portada'. Sánchez intentó vender el incidente como un 'hecho puntual', una maniobra de maquillaje rápido para que no le estropeara el relato electoral. Pero el agujero contable de la verdad es más profundo. Mientras la jueza María Tardón intenta arañar datos a un Ejecutivo que se cierra en banda, el CNI ha soltado una bomba de 25 palabras en la Audiencia Nacional confirmando que avisaron con la máxima urgencia. En la calle decimos que la venganza se sirve fría; en La Casa de Aravaca, parece que se sirve con sello de secreto y una filtración quirúrgica que convierte la gestión de Ceuta en una tumba política.
El PSOE 'maquilla' la quiebra de su fundación
Hay una magia contable que solo se domina en los pasillos del poder: hacer que un agujero negro se convierta en un saldo positivo justo antes de que lleguen las urnas. El 14 de junio de 2023, mientras el país se preparaba para el 23-J, el PSOE aplicó un 'truco de magia' financiero para rescatar a la Fundación Pablo Iglesias. No fue una donación generosa, sino una reestructuración de 2,554 millones de euros que convirtió viejos créditos en aire fresco. Así, la entidad pasó de tener un patrimonio negativo de 2,259 millones al inicio de año a lucir unos modestos pero orgullosos 257.277 euros al cierre. Es como si alguien que debe el alquiler de tres años, de repente, borrara la deuda con un apretón de manos y terminara el mes con dinero para el aperitivo. Pero el rescate no terminó en la ingeniería financiera. La fundación, presidida por María Luisa Carcedo, se convirtió en una aspiradora de fondos públicos. Entre el Ministerio de Cultura (114.771 euros) y el de Exteriores (237.024 euros), sumaron 368.562 euros en subvenciones. Incluso la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, en un giro irónico, soltó casi 9.500 euros. Si a esto le sumamos los 259.940 euros que el PSOE transfirió directamente, la cuenta llega a unos ingresos de 847.420 euros, incluyendo una donación anónima de una persona jurídica que prefiere seguir en las sombras. Al final, tras gastar 789.101 euros, la fundación cerró con beneficios de 49.318 euros. Mientras tanto, el PSOE presume de ser el coleccionista de fundaciones más prolífico, con diez entidades para 'divulgar su pensamiento', dejando al PP con dos y a Vox con una sola. Eso sí, no todo es brillo: el Tribunal de Cuentas ya pide liquidar la Fundación Carlos Chivite en Navarra, que es básicamente un cascarón vacío que ni siquiera presenta auditorías. La coherencia, al parecer, es el único activo que no figura en sus balances.
Pasaportes gratis: el coladero de la Ley Nietos
Parece que en el Ministerio de Justicia han confundido la Ley de Memoria Democrática con un buffet libre de pasaportes europeos. La jugada es maestra: mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda al alquiler, Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente— diseñó una instrucción que convirtió la ley en un coladero. La idea era sencilla: relajar los requisitos de exilio político para que entrar en el censo electoral fuera más fácil que pedir una pizza. Los datos son para flipar. El Gobierno admite ante el Tribunal Supremo que ya han soltado más de 163.000 nacionalidades bajo esta directriz, en medio de un tsunami de 2,4 millones de solicitudes. Pero ojo, que en México la cosa es deporte nacional: fuentes consulares aseguran que más del 90% de los casos allí pasaron por este 'atajo' de Sofía Puente, saltándose la obligación de demostrar que el antepasado huyó por razones políticas. El caso de Juan G. es la joya de la corona de la hipocresía administrativa. Un señor de 82 años, nacido el 7 de octubre de 1944 en el DF, que consiguió el pasaporte europeo el 9 de junio de 2023 (justo antes del 23-J) sin presentar ni una fe de bautismo. Sus padres nacieron en México en 1913 y 1918. Para que nos entendamos: sus progenitores eran mexicanos de pura cepa décadas antes de que Franco siquiera supiera lo que era un golpe de Estado. El abuelo, que supuestamente era español y emigró a finales del siglo XIX, no pudo ser exiliado político de la Guerra Civil porque, técnicamente, la guerra ocurrió medio siglo después de su marcha. Lo más cínico es que Juan no era un cualquiera, sino un 'alto cargo' amigo del cónsul. Ahora, con el Tribunal Supremo frenando el chiringuito, el Gobierno intenta que Ángel Gabilondo salve los muebles vía Tribunal Constitucional. Una ingeniería financiera de votos donde el precio es la legalidad.
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