Crítica:
El texto original es demasiado complaciente con el lenguaje técnico del MITECO. Se pierde en ratios financieras para disfrazar que el Estado decidió que salvar a unas pocas decenas de personas no era un negocio rentable.
El Gobierno frenó por su "baja rentabilidad" las obras contra las riadas en Oliva, arrasada por la dana Adam
Oliva bajo el agua: rentabilidad antes que vidas
Otros artículos
Alquileres: menos casas y precios por las nubes
En España, buscar un piso de alquiler se ha convertido en una especie de 'Los Juegos del Hambre' inmobiliarios, pero sin el premio final. La última radiografía del Observatorio del Alquiler es un bofetón de realidad: para el cierre de 2026, el mercado perderá más de 15.000 viviendas respecto al final de 2025. No importa si buscas un residencial, un temporal, un turístico o simplemente una habitación donde no te pisen los pies; la oferta se está evaporando como el sueldo el día 5. El detonante es la receta habitual: una dosis masiva de inseguridad jurídica y los cambios normativos de la Ley de Vivienda. Los propietarios, que no son precisamente filántropos, han reaccionado con la velocidad de un rayo. Entre el 28 y el 30 de septiembre, 4.290 ofertas desaparecieron en tres días. A las pocas semanas, la cifra ya era de 7.705 inmuebles retirados. Es el efecto 'pánico' traducido a ladrillos. Mientras el Gobierno intenta poner parches con préstamos de 50.000 euros para la entrada —una cantidad que hoy en día apenas sirve para pagar la fianza y el primer año de un zulo—, la realidad es que desde 2021 hemos sufrido un desplome del 37,1% en la oferta. El resultado es un precio medio de 1.214 euros mensuales, un 2,27% más que a cierre de 2025. Para que nos entendamos: hay una media de 133 interesados peleándose por cada inmueble en sus primeros diez días. Es una carnicería. Lo más triste es que construir no es darle a un botón; convertir suelo finalista en urbanizable tarda entre 8 y 15 años. Si seguimos así, el escenario pesimista prevé que el alquiler tradicional pierda hasta el 25% de sus inmuebles (unos 806.000 pisos) y que los precios suban un 42%. Básicamente, estamos diseñando un futuro donde vivir será un lujo reservado para quienes tengan un árbol de billetes en el jardín.
Oliva bajo el agua: rentabilidad antes que vidas
Oliva ha vuelto a convertirse en una piscina municipal involuntaria. La DANA Adam ha llegado este lunes para recordarnos que, mientras los vecinos se juegan la vida en plantas bajas y los servicios de emergencia hacen malabares para rescatarlos, en los despachos de Madrid el lenguaje es otro: el de la 'rentabilidad'. El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) se ha marcado un ejercicio de contabilidad creativa en su 'Memoria resumen de los análisis coste-beneficio', concluyendo que proteger el municipio no salía a cuenta. Traduzcamos el lenguaje burocrático al castellano de calle: el Gobierno miró la factura de las obras y decidió que el 'sablazo' era demasiado grande para el beneficio obtenido. Para que nos entendamos, la alternativa 4 —la joya de la corona con un valor actual neto de 35,6 millones de euros y una ratio de 2,28— era básicamente un placebo. En un escenario de inundación cada 500 años, la cifra de afectados pasaría de 9.391 a 9.360 personas. Sí, han hecho las cuentas: salvar a 31 personas no compensaba el desembolso. Es como pagar una reforma integral de la cocina para que deje de gotear un solo grifo. Hubo otras opciones: la alternativa 1 (28,3 millones de euros, ratio 1,84) y la alternativa 3 (20,1 millones, ratio 1,73). Incluso la alternativa 2, que fue la única tachada de 'no rentable' con un 0,90, parecía más honesta que el resto. Mientras Sara Aagesen y la cúpula gubernamental gestionan el riesgo sobre el papel, en Oliva siguen esperando que alguien termine la presa de la Rambla Gallinera, congelada desde 2014 por problemas de cimentación. Al final, la administración prefiere 'estudiar nuevas combinaciones de medidas' que mojarse, literalmente, en el barro. La rentabilidad es baja, pero el coste humano, ese no aparece en los excels del MITECO.
EEUU castiga el aceite por armas israelíes
La diplomacia moderna ha dejado de ser un juego de cenas elegantes para convertirse en una pelea de patio de colegio, pero con presupuestos de Estado. Resulta que España decidió jugar al portero estrictamente en el Puerto de Algeciras durante 2024, denegando el atraque a tres buques de Maersk —el Maersk Denver, el Maersk Seletar y el Maersk Hartford— bajo la sospecha de que transportaban juguetes bélicos para Israel. Un gesto ético, quizá, pero que a la Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos le ha sentado como un café frío. La respuesta del Tío Sam no es una nota de protesta educada, sino un sablazo financiero con aroma a cocina mediterránea. La FMC propone una tasa de 200.000 dólares (unos 180.000 euros) por cada viaje de barcos españoles, como quien te cobra un recargo absurdo por el equipaje en una aerolínea low-cost. Pero el verdadero golpe bajo viene en la despensa: plantean limitar la importación de azulejos, confitería, perfumería y, el plato fuerte, el aceite de oliva. Hablar de aceites no es un detalle menor. Estamos hablando de un mercado que en 2025 movió 1.100 millones de dólares. Para el sector olivarero, que ve en EEUU su cajero automático prioritario, esto no es una simple 'restricción comercial', es un cierre de grifo en seco. Mientras la FMC se llena la boca hablando de la 'eficiencia de la cadena de suministro' y la 'seguridad nacional', lo que realmente están haciendo es usar el aceite de oliva como moneda de cambio en una partida de ajedrez geopolítica. España ahora tiene que presentar alegaciones y rezar para que la FMC decida que el aceite es demasiado rico como para dejarlo fuera de sus mesas.
Atascos: el carril central ahora cuesta 200€
España ha decidido, finalmente, que el carril central de las autopistas no es el salón privado de nadie, especialmente cuando el tráfico se convierte en un parking gigante. Desde el 1 de octubre, la DGT ha pasado a la acción con el Real Decreto 518/2026, imponiendo la creación del 'carril de emergencia'. La lógica es aplastante: si hay un atasco y los coches circulan a paso de peatón, hay que abrir un hueco para que las ambulancias, bomberos o la policía no se queden mirando el paisaje mientras alguien se juega la vida. La coreografía es sencilla, aunque para el conductor medio sea como aprender álgebra. En vías de dos carriles, el pasillo se abre justo en el centro, como si estuviéramos separando el trigo de la paja. Si la autopista tiene tres o más carriles, el hueco debe quedar entre el carril de la izquierda y el siguiente. Básicamente, los de la izquierda se pegan al borde y los demás huyen hacia la derecha. Una maniobra que en Alemania, con su Rettungsgass, es religión desde los años 70, pero que nosotros hemos tardado décadas en importar. El Artículo 32 del Reglamento de Circulación ya no deja espacio a la interpretación ni a la 'buena voluntad'. Si te quedas plantado en medio del camino bloqueando a un vehículo prioritario, la factura llegará rápido. Estamos hablando de una infracción grave según el Artículo 76 de la Ley de Tráfico. El sablazo es de 200 euros, aunque si tienes el reflejo de pagar rápido, te lo dejan en 100 euros. Es un precio prohibitivo por el simple hecho de no moverse un metro a la derecha, una cifra que duele más que el propio atasco, pero que busca evitar que una emergencia se convierta en tragedia por pura terquedad al volante.
DANA: La grabación 'invisible' de Sánchez
Hay una magia muy particular en los juzgados: la capacidad de convertir una prueba evidente en humo con solo dos palabras. 'No pertinente'. Así, con la elegancia de quien cierra la persiana un viernes a las dos, la juez Nuria Ruiz Tobarra ha blindado el silencio sobre una grabación que, curiosamente, ya había sido ofrecida en el mercado público. Resulta que Lorena Silvent, la alcaldesa de Catarroja, se dejó llevar por el entusiasmo el 19 de diciembre de 2024. En pleno pleno municipal, frente a un vecino que probablemente esperaba una respuesta sobre el alumbrado o los baches, la edil soltó la bomba: 'Yo te puedo enseñar la grabación'. Sí, la grabación de su charla con Pedro Sánchez. Una conversación donde, según la propia Silvent, le soltó al presidente que 'estamos solos y necesitamos más medios'. Básicamente, el equivalente político a decir que el barco se hundía mientras en Moncloa seguían puliendo el mármol. El letrado Rubén Gisbert, haciendo un trabajo de detective de barrio, intentó que ese audio pasara de ser una anécdota de ayuntamiento a una prueba judicial. Pero la instructora del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha decidido que ese archivo es, básicamente, ruido blanco. No importa que la alcaldesa lo ofreciera a un ciudadano cualquiera; para la justicia, ese audio tiene la misma relevancia que el ticket del súper en un juicio por malversación. Lo más cínico del calendario es que este 'borrado' judicial ocurre mientras el litoral de Valencia y Alicante, concretamente La Safor y la Marina Alta, vuelven a luchar contra el barro de otra DANA. Mientras la gente intenta rescatar sus vidas, en los despachos se decide que saber qué se dijo exactamente entre la alcaldesa y el presidente es un detalle irrelevante. Un detalle que, sospechosamente, conviene que se quede en el cajón.
EEUU quiere cerrar el 'club vacacional' ONU
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en la sede de la ONU en Nueva York parece que el tiempo es, sobre todo, un buffet libre con vistas al mar. El pasado 15 de octubre, la representante de Estados Unidos decidió que ya era hora de cerrar el chiringuito: ha pedido la disolución del Comité Especial sobre Descolonización. ¿El motivo? Según Washington, el organismo ha 'sobrepasado su propósito original'. Traducción para los que bajamos a la calle: el comité se ha convertido en un club de lectura infinito donde se repiten los mismos textos cada año mientras los presupuestos vuelan. Es fascinante el contraste. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta del supermercado no parezca una hipoteca, el Comité se dedica a organizar 'viajes pagados cada año a resorts del Caribe y el sur del Pacífico'. Una ingeniería financiera del placer disfrazada de diplomacia. Washington ha soltado el zasca definitivo recordando que más de 80 antiguas colonias ya son miembros de la ONU, pero que el comité opera como si viviéramos en 1945. El ejemplo más surrealista es el de Puerto Rico. La Asamblea General lo sacó de la lista de Territorios No Autónomos allá por 1953, pero el Comité sigue celebrando reuniones sobre el tema cada año. Es como pagar la suscripción de un gimnasio al que dejaste de ir hace siete décadas solo por mantener el carné. Al final, EE. UU. sostiene que territorios como el Sáhara Occidental, las Malvinas, Gibraltar, Nueva Caledonia o la Polinesia Francesa no merecen ser 'instrumentalizados' en campañas políticas. En resumen: menos hoteles de lujo en el Pacífico y más realismo, que la fiesta de la descolonización se ha alargado demasiado.
Nucleares: el plan para no cerrar
Hay quien dice que el calendario de cierre de las nucleares en España es sagrado, pero en el Foro Nuclear ya están midiendo el viento. Marta Ugalde, presidenta de la entidad, ha soltado el anzuelo en un curso con la Asociación de la Prensa de Madrid: quieren 'sosegadamente' repensar el cierre de aquí a 2030. Traducción para mortales: están esperando a ver quién gana las elecciones para intentar que el reloj se detenga o, al menos, que camine más despacio. El argumento es el de siempre, envuelto en papel de regalo tecnológico. Hablan de 'neutralidad tecnológica' e 'inversiones continuas' para renovar equipos. Básicamente, piden que el Estado no les cierre la persiana mientras ellos siguen invirtiendo en el negocio. Para justificarlo, miran hacia Estados Unidos, donde la central North Anna —la gemela de nuestras Ascó y Almaraz— presume de licencias de hasta 80 años. Es como decir que, porque el vecino tiene un coche clásico que aún arranca, nosotros deberíamos mantener el nuestro en el garaje aunque el motor tosa. Sobre Almaraz, la jugada es más cínica. Una orden ministerial ya ha alargado su vida útil tres años, alegando que reduce el consumo de gas en un 7 %. Un porcentaje que suena a gloria en los despachos, pero que en la calle es el típico 'ajuste de cuentas' para no quedar expuestos a los mercados internacionales. Ugalde jura que esto no cambia la política energética del PNIEC, pero luego admite que ven una 'oportunidad' para modificar el calendario. Es la clásica maniobra de quien dice que no quiere cambiar de planes mientras ya tiene el mapa nuevo desplegado sobre la mesa y el teléfono listo para llamar a los partidos políticos.
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