El texto original es un panfleto electoral disfrazado de análisis, aunque los datos son lo suficientemente escandalosos como para sostener la crítica. Peca de hiperbolismo al llamar 'aquelarre' al Gobierno, pero acierta en la fiscalización del gasto.
Hay días en que el Gobierno español se despierta con una generosidad que ya quisiera cualquier vecino en Navidad. El 5 de octubre de 2026, mientras el país se preparaba para el caos de unas elecciones convocadas ese mismo día, José Manuel Albares y la Aecid decidieron que era el momento perfecto para soltar un 'detalle' de 250.000 euros. No fue para arreglar un bache ni para bajar la luz, sino para una 'Convocatoria Instrumental Mejora de la recaudación fiscal para la reducción de la desigualdad'. Nombre largo para un cheque que vuela directo al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Aquí es donde la cosa se pone interesante. El CIAT no es una ONG de voluntarios con mochilas, sino un club de 41 países presidido por Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, el director general de Impuestos Internos de la República Dominicana. Un caballero que, sospechamos, tiene el teléfono de varios socialistas españoles en su agenda de contactos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta de crédito para llegar al día 20, el Gobierno saca pecho por haber inflado la cooperación internacional hasta los 4.500 millones de euros en 2025. ¿Y qué hacen con nuestro dinero? Según su web: seminarios y asesoramiento técnico. Traducción: reuniones en hoteles de lujo. En lo que va de 2026, la agenda del CIAT parece más un catálogo de viajes que un plan de lucha contra la desigualdad: asambleas en Punta Cana y reuniones en Ciudad de Panamá. Básicamente, hemos pagado un cuarto de millón de euros para que unos funcionarios se tomen un cocktail en el Caribe discutiendo cómo cobrar mejor los impuestos. Una ingeniería financiera brillante: exportamos generosidad pública para importar fotos de playas paradisíacas.
Hay un momento peligroso en la vida de cualquier administración: el 'modo pánico' previo a las elecciones. Es ese instante en que el Gobierno, sabiendo que tiene los días contados y con las Cortes disueltas, decide vaciar la hucha como quien hace una limpieza de armario antes de una mudanza forzosa. El Consejo de Ministros del martes 13 de octubre ha sido el escenario de una generosidad que ya quisiera cualquier ciudadano al mirar su extracto bancario. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha soltado 483,3 millones de euros a entidades internacionales sin pestañear. Es una lista de invitados VIP donde la Alianza para la vacunación de Bill Gates se lleva la tajada más gorda con 130 millones, seguida por el Fondo Africano de Desarrollo con 61 millones y la Iniciativa de condonación de deuda multilateral con 51,3 millones. El Banco Mundial y sus derivados (Asociación de Fomento, Corporación Financiera y el Fondo de Seguridad Hídrica) se reparten otros 107 millones, mientras que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial se lleva 50 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo 15 millones. Para rematar el cuadro climático, el Partenariado de Alto Impacto se lleva 5 millones. Pero la fiesta no termina ahí. El Gobierno ha decidido que la propaganda es prioridad, retocando la financiación de RTVE para gastar más en plena campaña. A esto sumamos el 'regalo' de 131,8 millones de euros en becas transferidos a Cataluña y un Plan de Acción de Juventud que roza la ciencia ficción con 59.191 millones de euros para bonos culturales y emancipación. Entre drones Predator B (20 millones), satélites (19,2 millones) y el eterno agujero de Ceuta (14,3 millones más, sumando ya más de 500 millones), el Ejecutivo parece jugar al Monopoly con el dinero de todos mientras espera el veredicto en las urnas.
Hay quien dice que estudiar es el camino al éxito, pero hay otros que han descubierto que el verdadero negocio es fingir que defiendes al alumno mientras te dedicas a la agitación profesional. El Gobierno de España ha soltado más de 500.000 euros al Sindicato de Estudiantes, una cifra que, traducida al lenguaje de la calle, es como pagarle el alquiler y las cañas de toda una vida a alguien que no ha pisado una biblioteca desde que se inventó el papel. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, el Estado financia con generosidad una organización que parece confundir el campus universitario con un cuartel revolucionario. No es que defender los derechos estudiantiles sea malo; el problema es que aquí el 'estudio' es una sugerencia y la 'revolución' es el horario laboral. El Sindicato de Estudiantes presume en su web de congresos como 'Hacer la Revolución. 40 años del Sindicato de Estudiantes', un evento que suena más a fiesta de militancia que a debate sobre becas o infraestructuras. Pero el despliegue no se queda en la teoría. El dinero público termina alimentando consignas para 'VENCER A AYUSO', boicots contra Santiago Abascal en Asturias o el aplauso entusiasta por haber silenciado a Vito Quiles. Lo más delirante es la gimnasia mental: se presentan como defensores de los derechos mientras celebran que otros no puedan expresarse. Es el clásico caso de 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago', financiado con el sudor de quien paga sus impuestos. El Gobierno debería explicar, con lujo de detalles y sin lenguaje burocrático, cómo es que medio millón de euros acaba legitimando disturbios en La Coruña o el caos importado de Francia, en lugar de comprar libros o mejorar las aulas.
La diplomacia española en México ha decidido convertir la nacionalidad en un producto de catálogo, con descuentos para VIP y prioridad para quienes buscan un 'estirón' sanitario. Mientras el ciudadano medio espera meses para una cita médica en el centro de salud de su barrio, en el Consulado General de España en México se montaba un sistema de 'fast track' para que interesados pudieran volar a España a operarse gratis. Básicamente, el pasaporte se ha usado como una tarjeta sanitaria premium financiada por el contribuyente, saltándose la cola de espera que ya es un deporte de riesgo en nuestro país. Pero el negocio no acababa en el quirófano. Para muchos, el pasaporte español era simplemente el 'pase VIP' para entrar en Estados Unidos sin visado, evitando el calvario burocrático americano. Y claro, donde hay privilegios, hay amiguismo. El testimonio de un empleado interno destapa una red de favores donde políticos afines al partido Morena, empresarios y artistas recibían el sello de 'español' sin que nadie revisara si sus antepasados realmente fueron exiliados del franquismo o si simplemente tenían un buen contacto en la embajada. Expedientes que ni siquiera pasaban por las manos de los funcionarios, volando directo al despacho del jefe. Para rematar la faena, el Gobierno de Pedro Sánchez juega al escondite con los números. Ante el Tribunal Supremo hablan de 163.000 nacionalizados en el mundo, una cifra que suena a cuento chino para quienes conocen el ritmo de las delegaciones. Solo en México se estima que hubo unos 60.000 casos, sin contar el ritmo frenético de Argentina, donde trabajaban 12 horas diarias para seguir repartiendo pasaportes. Todo esto bajo la bendición de la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que convirtió la ley de nietos en un coladero donde cabe hasta un descendiente del siglo XIX.
Hay una magia muy especial en el timing institucional. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con el pánico de quien ve un accidente en cámara lenta, el Congreso de los Diputados ha decidido que no hay mejor momento para estrenar juguetes que con las Cortes disueltas. Sí, han convocado elecciones para el 29 de noviembre, pero antes de recoger los trastos, hay que asegurar que cada señoría luzca el último grito en telefonía. El BOE lo ha soltado este jueves: 1.400 euros por diputado para renovar móviles y tabletas. Para quien no maneje la aritmética del privilegio, estamos hablando de un agujero contable de 1,3 millones de euros. Es un sablazo que hace que cualquier factura de luz parezca un descuento de bienvenida. Lo más fascinante es el 'procedimiento abierto acelerado'. Acelerar es la palabra clave cuando se trata de gastar el dinero público antes de que alguien se acuerde de que técnicamente ya no deberían estar gestionando presupuestos. La exigencia es máxima: quieren Apple Business Manager y certificaciones ISO 9001. Básicamente, buscan la excelencia tecnológica para redactar tuits y coordinar agendas mientras el país espera el recuento de votos. Y ojo, que no es la primera vez que juegan a esto. En septiembre de hace cuatro años ya se gastaron 1,08 millones con Econocom Products and Solutions. Aquella vez la excusa fue la ciberseguridad; resulta que los iPhone 8 eran 'vulnerables'. Ahora, el presupuesto ha subido, porque aparentemente la seguridad de Estado requiere un modelo con más megapíxeles y mejor pantalla. Las ofertas se cierran el 3 de noviembre a las 14:00 y las propuestas económicas se abrirán el 17 de noviembre. Todo coordinado con la precisión de un reloj suizo, asegurando que el gasto quede blindado antes de que el calendario electoral cambie las reglas del juego.
Hay una poesía cruel en la imagen: cientos de ciudadanos esperando tres horas bajo el sol, con la paciencia de quien aguarda el autobús en agosto, para ver pasar un destello de acero y privilegios. Pedro Sánchez no llegó a 'La Revuelta' en un vehículo, llegó en una fortaleza rodante. El Audi A8 L W12 Security, una joya de 500.000 euros adquirida en 2017, es básicamente un búnker con ruedas que hace que cualquier presupuesto familiar parezca un chiste de mal gusto. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta del súper no suba de los cien euros, el parque móvil nacional se permite el lujo de un blindaje nivel VR9. No es un coche, es un ecosistema de supervivencia. Aramida, kevlar, acero y aluminio se funden en 4.000 kilos de peso para que el presidente esté a salvo incluso de explosivos subterráneos. Tiene neumáticos impinchables y filtros contra ataques químicos, porque claro, ir a un programa de humor requiere la misma preparación logística que una incursión en zona de guerra. Bajo el capó, un motor de 6.3 litros y 12 cilindros con más de 500 caballos que catapultan la mole a 200 km/h, acelerando de 0 a 100 en 7,5 segundos. El despliegue fue el habitual: un Alfa Stelvio abriendo camino y el Audi detrás, escoltado por un muro policial que convirtió la expectativa popular en una coreografía de distancias. El contraste es delicioso: el programa busca la risa y la cercanía, pero el acceso es un despliegue de seguridad militar. Al final, la verdadera broma no estaba en el guion de David Revuelta, sino en el precio de la carrocería que transportaba al invitado.
En Bruselas, la diplomacia es como un juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse en el asiento caliente. El Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, que lleva en modo 'provisional' desde octubre de 2025, parece que se ha quedado atrapado en la garganta del Consejo. ¿La razón? Un miedo cerval a que el Parlamento Europeo le meta un portazo en la cara. Todo empezó con un 'truco de magia' contable para esquivar la sentencia del 4 de octubre de 2024 del Tribunal de Justicia de la UE, que decía que meter los cultivos del Sáhara Occidental en el saco de preferencias comerciales era, sencillamente, ilegal. Para borrar el rastro del origen saharaui en las etiquetas —una maniobra que en el barrio llamaríamos 'cambiar la etiqueta del bote para que no se note que es imitación'—, se montó una votación el 26 de noviembre de 2025. El resultado fue un drama: 359 votos a favor frente a los 360 necesarios. Un solo voto. Un solo maldito voto separó la legalidad del 'ojos que no ven, corazón que no siente'. Pero entonces llegó el factor Ceuta. La invasión reconocida por la UE ha servido como un jarro de agua fría para los optimistas del acuerdo. Mientras el PSOE intentaba mantener el tablero estable, el PP y Vox han visto en este ataque a la soberanía la oportunidad perfecta para dinamitar la ratificación. Ahora, el PPE, Patriots y ECR miran el mapa y se dan cuenta de que respetar la integridad territorial no es una sugerencia, sino una condición innegociable. Si Asaja y el PP logran convencer a un puñado de alemanes y franceses de que no se puede cenar con quien te pisa el jardín, el acuerdo comercial podría acabar en la papelera de reciclaje el año que viene.
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