El texto es un despliegue de indignación justificada, aunque peca de ser excesivamente alarmista al no dar espacio a la versión oficial del Gobierno. Es periodismo de trinchera: efectivo para despertar al lector, pero selectivo con las fuentes.
Hay quien dice que el dinero no da la felicidad, pero en Moncloa parece que sirve para comprar el silencio y financiar el partido. Francisco Martín, el exdelegado del Gobierno en Madrid, resultó ser mucho más que un funcionario con mala cara para pelearse con Ayuso; fue el 'fontanerillo' de lujo de Félix Bolaños. Entre 2021 y 2023, mientras el ciudadano medio contaba los céntimos para que el carrito del súper no pareciera un atraco, Martín montaba una oficina de recaudación clandestina en el corazón del Estado. La mecánica era de una sencillez casi artesanal: sobres con metálico que volaban desde los despachos ministeriales hasta las arcas de Ferraz. Un 'impuesto revolucionario' que algunos mandos pagaban sin pestañear y otros, como la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, cuestionaban al ver que le volaban 1.000 euros mensuales de su nómina. La escena es digna de una comedia: Pardo de Vera confrontando a un Martín tímido y superado que, ante la pregunta de si tenía algo que decir, se limitó a un 'no' lapidario. En este ecosistema de ingeniería financiera, José Luis Ábalos —hoy en prisión— destacaba por su modernidad, siendo de los pocos que prefería la transferencia bancaria al sobre marrón. Incluso hubo triangulaciones dignas de un casino: Koldo García pagando los 1.000 euros mensuales de Ricardo Mar. Al final, la lealtad en política dura lo que tarda en cambiar la lista electoral. Martín, el hombre que no abría la boca en las reuniones de los jueves y que gestionó la financiación de las primarias de Sánchez en 2017, ha acabado en la calle por no entrar en las listas. Mientras tanto, Antonio Hernando sigue blindado gracias a los 'padrinos' José Blanco y Zapatero. Así funcionan las cosas: unos recogen los sobres y otros, con los contactos adecuados, recogen los cargos.
Hay una danza macabra en nuestras calles que el Gobierno prefiere mirar a través de un filtro de Instagram. Mientras el ciudadano de a pie cuenta los céntimos para que la cesta de la compra no parezca un atraco a mano armada, en ciudades como La Coruña, Bilbao o Barcelona el orden público se ha vuelto un concepto opcional. Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de JUNTOSPOLGC, lo ha soltado sin anestesia en esRadio: la policía tiene el manual de instrucciones y las ganas, pero desde Moncloa parece que han perdido la llave del despacho. En Bilbao, la cuenta ya va por 16 proetarras detenidos, mientras que en Barcelona el panorama es una radiografía del fracaso integrador: 76 menores detenidos, algunos de apenas 11, 12 o 13 años, mayoritariamente de origen marroquí y magrebíes. De ellos, 6 ya tienen el sello de la Fiscalía para internamiento. Es la generación del 'directo' en TikTok, donde robar y saquear no es un delito, sino un contenido viral coordinado por WhatsApp y Telegram, mientras el Gobierno juega al escondite con la realidad. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando el Ejecutivo señala a la extrema derecha como el culpable. Si el radar del Gobierno era tan preciso, ¿por qué el despliegue de la delegada en Cataluña fue tan insuficiente que la jefa de los Mossos terminó sintiéndose rodeada y superada? Ni siquiera sacaron la manguera de agua, el clásico 'baño refrescante' que en otros países pone fin a la fiesta. Perdiguero es claro: la Policía Nacional es referente internacional en orden público, pero trabajar con las manos atadas es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Con objetivos marcados para el día 31 y el caos instalado, la pregunta es sencilla: ¿están esperando a que el incendio llegue a su puerta para recordar que tienen extintores?
Hay una coreografía política que merece un Oscar al mejor guion de ficción. El 3 de octubre de 2022, Félix Bolaños se puso la bandera de España y la de la UE al hombro para anunciar la eliminación del voto rogado. Nos vendieron que acabar con esa 'gincana' burocrática para los 2 millones de españoles en el exterior era un acto de justicia poética. 'España es hoy un poco mejor que ayer', decía el ministro, con un tono que casi rozaba lo místico. José Manuel Albares se sumó al coro en redes sociales, celebrando que ahora votar sería tan fácil como pedir una pizza a domicilio. Pero el calendario es un animal traicionero. Apenas unos días después, el 25 de octubre de 2022, Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente— decidió que la 'Ley de Nietos' era demasiado rígida y decidió 'retorcerla' mediante una instrucción administrativa. El objetivo: abrir el grifo de la nacionalidad española a Qualifier que no cumplían los requisitos estrictos. El resultado es un agujero legal que ya ha dejado a Sofía Puente imputada por presunto prevaricación administrativa. La ironía es deliciosa y amarga a la vez. Mientras el Gobierno se llenaba la boca hablando de derechos para los españoles del exterior, en paralelo se cocinaba una nacionalización exprés para 163.000 extranjeros. Y aquí viene el sablazo a la realidad: de 31.390 expedientes revisados, solo 91 personas pudieron acreditar el exilio de sus ascendientes. Estamos hablando de que ni el 1% cumple el espíritu de la ley. Ahora, Bolares y Albares juegan al gato y al ratón con el Tribunal Supremo, negándose a entregar los datos y arriesgándose a una multa de 1.000 euros que, para sus presupuestos, es como perder una moneda en el sofá.
Pedro Sánchez se ha pasado por El País a vender el sistema de pensiones como si fuera un reloj suizo, asegurando que tenemos cuentas sólidas y 'factores de corrección'. Suena muy bonito, casi como cuando el gestor te dice que el préstamo está bajo control mientras el banco te manda avisos de embargo. El problema es que esa 'corrección' no es un mecanismo de precisión, sino una cláusula de cierre impuesta por Bruselas porque en Europa no se tragaban la ingeniería financiera de José Luis Escrivá. Aquí es donde la película se vuelve surrealista. La AIReF, que debería ser el árbitro neutral, se encontró con que el Gobierno quería escribirle el acta del partido. Imaginen que el alumno le entrega al profesor la rúbrica exacta de cómo debe corregir el examen para sacar un sobresaliente. Así fue el desplante a Cristina Herrero, quien denunció que el Gobierno básicamente les decía qué hacer. Herrero fue clara: el diagnóstico de 2023 ya pedía medidas y la situación actual es, cito textualmente, 'peor'. Pero el espectáculo continúa. Ahora, con Inés Olóndriz —perfil que encaja perfectamente en el puzzle de María Jesús Montero— al mando de la AIReF, el mensaje es el mismo pero con menos ruido: cumplir el trámite no borra el agujero contable. Mientras el PSOE presume en redes sociales de un sistema 'saneado', la realidad es que las cotizaciones no dan para cubrir el gasto y el Estado tiene que ir haciendo transferencias para que la maquinaria no pete. Es el clásico truco de pasar la tarjeta de crédito para pagar la hipoteca y decir que el patrimonio es sólido porque el plástico todavía tiene cupo. Fedea ya lo advirtió: aprobar un examen que tú mismo has diseñado no es mérito, es maquillaje.
Hay escenas que parecen sacadas de una mala película de espías, pero que en la realidad huelen a negligencia y juegos de poder. Este lunes, la Audiencia Nacional se convirtió en el escenario donde un teniente coronel de la Guardia Civil le ha soltado a la juez María Tardón la verdad sin anestesia sobre lo ocurrido en Ceuta el pasado julio. Mientras nosotros nos peleamos por si el precio del aceite sube diez céntimos, en la frontera marroquí los militares del Reino Alauí hacían el papel de 'señalistas' en un evento organizado: dirigían el flujo de personas hacia el espigón con la tranquilidad de quien gestiona la cola de un concierto, mientras los nuestros se dejaban la piel sacando gente del agua para que no se ahogaran. Lo más delirante no es solo la pasividad, sino la logística. Imagínate un día nublado, sin playa ni ganas de bañarse, y de repente aparecen 6 barcos de la Armada de Marruecos patrullando la zona justo un día antes del caos. No es casualidad, es ingeniería geopolítica. El teniente coronel fue tajante: con los marroquíes, pasividad total; con los subsaharianos, una gestión activa para apartarlos. Un filtro selectivo que deja en evidencia que esto no fue una 'ola' espontánea, sino un grifo abierto con llave. Para rematar el cuadro, tenemos la comedia interna. Un inspector jefe de la Policía Nacional y el guardia civil se pusieron a discutir en la frontera sobre si cerrar o no la puerta, como si estuviéramos decidiendo si cerrar la persiana del negocio porque llueve. El policía quería cerrar; el guardia civil, que gestionaba la zona restringida, decía que con 2.000 personas entrando por hora, cerrar la puerta sería como intentar parar un tsunami con un paraguas: solo conseguirían un tapón humano y más ahogados.
En el tablero de la Audiencia Nacional, la justicia suele moverse con la velocidad de un caracol con reuma. La juez María Tardón ya estaba preparando el segundo recordatorio —ese que en el mundo real equivale a un '¿me has leído el WhatsApp?'— cuando el teniente coronel de la Guardia Civil apareció este lunes con un regalo bajo el brazo: las grabaciones de unas 40 cámaras de seguridad de la frontera de Ceuta. Un detalle oportuno, considerando que la petición original del 16 de septiembre llevaba un mes cogiendo polvo en el despacho. La cinta no solo muestra el caos del 30 de julio, sino que pone el foco en el espigón y la valla. El jefe de Operaciones, en un giro de guion digno de Oscar, justificó que no cerró la valla para evitar que la gente terminara como sardinas aplastadas, mientras el flujo era una marea humana de 2.000 personas por hora. Un volumen de gente que hace que el Metro de Madrid en hora punta parezca un pueblo fantasma. Lo más jugoso es el juego de pasamanos de la responsabilidad. El teniente coronel soltó que avisaron a la Delegación del Gobierno de Miguel Ángel Pérez Triano sobre seis barcos marroquíes (dos interceptoras, dos patrulleras y dos pequeñas) merodeando la zona la noche anterior. Pero, ¡sorpresa!, nadie les dio instrucciones claras. Mientras el CNI y los políticos locales gritaban que venía la ola, los que estaban en la valla se sentían como el último mono de la fiesta. Para rematar el cuadro, el testimonio describe a los militares marroquíes con los brazos caídos, mirando la escena con la pasividad de quien ve una serie de Netflix, mientras empujaban a la gente hacia el agua. Ahora, la juez espera que el Ministerio de Defensa y el CEO de HI Iberia, con su IA 'SEDA', aclaren si alguien vio venir el golpe desde el espacio o si simplemente decidieron mirar hacia otro lado.
Hay quien confunde la lucha de clases con el derecho a romper el escaparate del chino de la esquina. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con el presupuesto para que la factura de la luz no le deje en la calle, una red coordinada llamada Global Revolution ha decidido que la mejor forma de 'recuperar la plusvalía' es convertir las plazas españolas en un horno antes del 29-N. No es una improvisación de adolescentes aburridos; es ingeniería del caos con conexiones en Francia y el respaldo de viejos conocidos, desde herederos de Batasuna y la kale borroka hasta extremistas anticapitalistas que ven en una vitrina rota una victoria ideológica. La estrategia es de manual: infiltrarse en movilizaciones legítimas para que, cuando el ambiente se caliente, aparezcan los 'estetas del negro'. Hablamos de los Black Bloc, esos especialistas en el anonimato que transforman una protesta sindical en una zona de guerra urbana, atacando bancos y mobiliario público como quien tacha una lista de la compra. En Francia, el menú lo sirvieron Lycées Indignés y la plataforma Blocus, usando códigos QR y Telegram para coordinar el material incendiario y el vestuario de 'ninja urbano'. Lo más cínico es el discurso. Nos venden que el saqueo es 'autodefensa de clase' y 'justicia material'. Traducción: mientras el dueño de un pequeño comercio intenta sobrevivir al trimestre, ellos consideran que llevarse un televisor es un acto de expropiación legítima. Según la Policía, son los mismos rostros que ya dinamitaron la normalidad el 1-O. Global Revolution, que en 2011 se disfrazó de altavoz del 15-M y de Occupy Wall Street, ha soltado los perros. Ahora, la 'recuperación del presente' consiste en hacer arder la calle mientras el moralismo burgués —según ellos— llora por unos cristales.
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