El texto original es un laberinto de cargos y fechas que intenta ocultar la brutalidad del hecho: el uso del aparato disciplinario para amordazar investigaciones. Le falta valentía para llamar a las cosas por su nombre y dejar de esconderse tras el 'supuestamente'.
En el Instituto Armado, la etiqueta de 'lealtad' parece haberse convertido en un juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse en la silla que quema. La UCO, esa unidad que suele ser el terror de los delincuentes, se encuentra ahora en el banquillo, tratando de explicarle al juez Santiago Pedraz que no son los 'filtradores' que la cúpula quiere pintar. El Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, intentó venderle al juez una historia donde la UCO desmentía autónomamente las fugas de información. Spoiler: la UCO dice que eso es un cuento chino y que tales conversaciones sencillamente no existen. La trama tiene el aroma clásico de las purgas corporativas. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, se abrieron tres informaciones reservadas contra agentes de la unidad. ¿El motivo? Unas filtraciones que molestaban mucho en Moncloa. Primero, el correo de Begoña Gómez en el 'caso David Sánchez'. El coronel López Malo ya había avisado al DAO, con una nota de despacho más detallada que una factura de Hacienda, que la UCO no tenía nada que ver. ¿La respuesta de Llamas? Un WhatsApp gélido ordenando abrir un expediente. Luego vino mayo de 2025, con los chats de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos filtrados desde los dispositivos de Koldo García. Aquí la hipocresía alcanza niveles estratosféricos: el DAO abrió la investigación el día 12, sabiendo desde el día 10 que la filtración no venía de la UCO. Es la ingeniería del miedo aplicada al uniforme. Según la Fiscalía Anticorrupción y Pedraz, estas expedientaciones no eran búsqueda de la verdad, sino un sablazo disciplinario para que los agentes 'se pusieran de perfil'. Básicamente, que dejaran de mirar donde el sol no brilla en los casos que cercan al Gobierno. Una orden directa de 'no encontrar nada' que suena más a guion de mafia que a protocolo policial.
El Ministerio del Interior ha descubierto que el agua moja y que las boyas, esas piezas de plástico que flotan con la misma convicción con la que un político promete bajar los impuestos, son 'fáciles de sortear'. Resulta fascinante que el Gobierno haya montado un teatro de flotadores para cumplir el capricho jurídico del Tribunal Supremo —que exigía una barrera física para permitir las devoluciones rápidas—, olvidando que el mar no es un pasillo de oficina. La paradoja es deliciosa: mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Estado ha diseñado una frontera con un 'agujero contable' de seguridad justo en el espigón de la playa del Tarajal. Por ese hueco, a finales de julio, entraron unas 80.000 personas en una crisis que dejó en evidencia que el dispositivo era más un adorno que una muralla. Es como poner una cerradura de alta seguridad en la puerta principal pero dejar la ventana del salón abierta de par en par. Para solucionar este 'descuido técnico', el plan es tirar la casa por la ventana. Primero, una extensión de 15 metros con malla 'antitrepa' y luego un dique vertical de 100 metros. El sablazo total del espigón asciende a 7 millones de euros, a los que hay que sumar otros 2 millones para una red de contención sumergida que sustituya a los flotadores que, para colmo, se pincharon en septiembre como si fueran globos de fiesta barata. Tres meses después del caos de los días 30 y 31 de julio, Juan Vivas, presidente de Ceuta, sigue esperando que las obras arranquen. Mientras tanto, el Interior se conforma con decir que la barrera cumple su función legal, aunque sea un colador. Al final, lo importante no es que la frontera sea infranqueable, sino que el papel diga que hay una valla, aunque sea de plástico y tenga pinchazos.
La DGT ha jugado a hacer el optimista con el nuevo Reglamento General de Circulación y el resultado es un incendio en plena carretera. Desde el 1 de octubre, el organismo ha decidido que los motoristas pueden usar el arcén en los atascos, una medida que suena muy bonita en un despacho con aire acondicionado, pero que en el asfalto es, cito textualmente según un agente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, una «basura». El truco está en la letra pequeña, esa que nadie lee hasta que llega el sablazo en la factura. Para que un motero pueda filtrar por el arcén sin que el agente le corte el paso con una multa, la zona debe estar señalizada. El problema es que, según el propio guardia civil, no existe ni una sola señal en todo el territorio. Es como si te dijeran que puedes entrar gratis a un club si presentas un carnet que el propio club se niega a emitir. La trampa se completa con el límite de velocidad: 30 kilómetros por hora. Una cifra tan ridícula que es prácticamente incontrolable, ya que nadie va a instalar radares en el arcén solo para pillar a alguien yendo a ritmo de bicicleta eléctrica. Mientras la DGT intenta dar una pátina de legalidad a una práctica habitual, lo que ha creado en realidad es una fábrica de sanciones. Los motoristas creen que tienen luz verde desde octubre y los agentes se ven obligados a multar a quienes confían en la palabra del BOE. Al final, la ingeniería administrativa ha logrado lo imposible: convertir un intento de flexibilidad en una emboscada legal donde el ciudadano paga el pato por una señal que no existe.
En el despacho del Ministerio, los números cuadran con una elegancia quirúrgica; en el campo cordobés, la realidad es un barro pegajoso que no deja avanzar. El Gobierno de Pedro Sánchez nos vendió la regularización de 1,17 millones de inmigrantes como la panacea para que el aceite no se quedara pudriendo en la rama. Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo dejó claro: hacían falta manos. Pero resulta que los papeles no quitan el frío ni el sol abrasador de las pendientes andaluzas. Mientras el Estado presume de una ingeniería administrativa masiva, Francisco Moreno, secretario general de la UPA en Córdoba, nos cuenta que la situación es, sencillamente, preocupante. El kilo de aceite baila entre los 3,2 y 3,3 euros, una cifra que, para el agricultor, es como intentar pagar la hipoteca con monedas de un céntimo. La producción nacional, que se estimaba en 1,6 millones de toneladas para esta campaña, probablemente se quede corta debido a que el cielo se ha olvidado de llover y el termómetro no da tregua. La paradoja es deliciosa: hay millones de personas regularizadas, pero nadie quiere doblar el lomo en el olivar. El trabajo es penoso y la gente prefiere cualquier cosa antes que la intemperie. Para que alguien acepte el jornal, hay que subir la apuesta: mientras el convenio marca unos 50 euros, en Córdoba hay que soltar entre 60 y 70 euros por ocho horas para que alguien se asome al campo. La UPA ha tenido que improvisar su propio sistema de supervivencia, trayendo a 30 trabajadores bajo protección internacional este año, frente a los 10 del anterior. En resumen: el Gobierno puso los sellos, pero el campo sigue vacío y el bolsillo del agricultor, agujereado.
En el tablero geopolítico, hay quienes juegan al ajedrez y quienes prefieren el 'estilo callejero': empujar la masa y mirar desde la barrera con gafas de sol. La Policía Nacional acaba de entregarle a la juez María Tardón un vídeo de siete minutos y medio que es, básicamente, el 'detrás de las cámaras' de un asalto planificado. No estamos hablando de un arrebato espontáneo de desesperación, sino de una coreografía montada con precisión quirúrgica los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Mientras el ciudadano medio lucha por entender por qué sube la luz, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha detectado que el cruce tuvo sus propios 'directores de escena'. El informe es demoledor en su frialdad: 34 fichas de presuntos agentes marroquíes. Diez iban con el uniforme puesto, haciendo el trabajo sucio, pero los otros 24 eran los 'dinamizadores', esos tipos de paisano que se mueven a contracorriente de la masa, señalando rutas como quien indica dónde está el mejor puesto de tapas, pero con la diferencia de que aquí el objetivo era colapsar una frontera. El CENIF estima que entre 75.000 y 85.000 personas fueron movilizadas en dos días. Para que nos entendamos: es como intentar meter el estadio Santiago Bernabéu entero por una puerta estrecha, y alguien, muy convenientemente, estaba coordinando el tráfico. Lo más cínico es ver a estos infiltrados dando órdenes a los antidisturbios de la Gendarmería, demostrando que la jerarquía estaba clara mientras los inmigrantes ponían el cuerpo. Ahora la Audiencia Nacional intenta ponerles nombre y apellidos a estas sombras que monitorizaban la operación. Queda claro que esto no fue un fallo del sistema, sino el sistema funcionando exactamente como alguien quería.
Hacer malabares con la cartera es un arte que dominamos los mortales, pero el Gobierno lo ha elevado a categoría de disciplina olímpica. El pasado martes 20 de octubre, el Consejo de Ministros decidió que la mejor forma de cerrar el año era jugar al 'yo te presto y tú me debes'. Han aprobado una referencia presupuestaria de 10.003,8 millones de euros para que la Seguridad Social no se quede en blanco justo antes de Navidad. Básicamente, es como si el padre le prestara dinero al hijo para que este pueda pagar la cena de Nochebuena, sabiendo que el hijo no tiene un duro en la cuenta y que el préstamo es, en realidad, dinero de la misma familia. Este movimiento se apoya en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado, una especie de 'chequera abierta' que permite estos rescates anuales sin intereses y con un plazo de devolución de diez años. El problema es que ya vamos por el décimo préstamo de este estilo. Si sumamos este nuevo sablazo, la deuda acumulada de la Seguridad Social con el Estado trepa hasta los 146.000 millones de euros. Es una cifra astronómica que, aunque sea una deuda 'entre primos' (administraciones públicas), condiciona el futuro de cualquiera que aún tenga la esperanza de jubilarse sin comer aire. La realidad es que el sistema tiene un agujero estructural. En 2025, aunque el déficit bajó a 7.387 millones de euros (un 0,4% del PIB) frente a los 9.834 millones negativos de 2024, la sangría sigue ahí. Los ingresos no financieros fueron de 232.782 millones, pero las obligaciones llegaron a 240.169 millones. La joya de la corona es el gasto en pensiones y prestaciones contributivas: 206.360 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior. En resumen: gastamos más de lo que cotizamos y el parche favorito del Gobierno es pedirle dinero al espejo.
Parece que en España hemos decidido que cultivar sandías es un deporte de riesgo o, quizá, simplemente un capricho que no podemos costear. Mientras el agricultor local pelea contra el clima y la burocracia, el Estado ha decidido que la mejor estrategia es abrir la cartera y mirar hacia el sur. En la campaña 2025/2026, nos hemos traído 52,68 millones de kilos de sandía desde Marruecos. Un despliegue logístico digno de una mudanza transatlántica que nos ha costado 44,23 millones de euros. Para que nos entendamos: estamos hablando de que casi la mitad de lo que importamos (el 48,26%) viene del vecino, dejando a Senegal y Mauritania cogiendo migajas. El precio medio se ha quedado en 0,84 euros por kilo, una cifra que suena a ganga en el papel de Hortoinfo y Estacom, pero que es el reflejo de una dependencia crónica. Lo curioso es el baile de las cifras. Venimos de un agujero profundo en 2023/2024, cuando solo trajimos 28,7 millones de kilos, el mínimo histórico de la última década. Pero el hambre de fruta extranjera ha vuelto: hemos subido un 6,3% respecto a la campaña anterior, sumando 3,11 millones de kilos adicionales. El resto del tablero es casi anecdótico. Senegal nos vendió 16,24 millones de kilos por 11,8 millones de euros (a 0,73 €/kg), mientras que Mauritania, con menos volumen (10,23 millones de kilos), nos clavó un precio medio de 1,33 euros por kilo, sumando 13,62 millones de euros. Y para rematar la ironía, hasta Alemania nos ha 'vendido' 6,87 millones de kilos, que probablemente no hayan visto una semilla alemana en su vida, sino que son simples reexportaciones. En total, hemos soltado 91,86 millones de euros por 109,15 millones de kilos de sandía extranjera. Un negocio redondo, siempre que no seas el que planta la semilla aquí.
Comentarios