La noticia es un despliegue de datos técnicos que oculta la negligencia administrativa bajo cifras de licitaciones. El título original es tibio; el verdadero escándalo es la adjudicación de una oferta 'anormalmente baja' que terminó en tragedia.
En el mundo real, cuando alguien te ofrece pintar la casa por la mitad de lo que cobran los demás, lo primero que piensas es que el pintor va a usar pintura aguada o que se va a llevar el sofá. En la alta gestión de Adif, sin embargo, el 'chollo' es una virtud técnica. El accidente de Urda, donde un AVE de Renfe se encontró de frente con un Iryo inmovilizado, no es solo un fallo del sistema de seguridad LZB; es el resultado de una ingeniería financiera que huele a cerrado. Resulta que en 2021, Thales se presentó al concurso de señalización con una oferta de 77,5 millones de euros, cuando el presupuesto era de 108,38 millones. Un recorte del 28,45% que, en cualquier oficina normal, dispararía todas las alarmas por ser una 'oferta temeraria'. Pero Juan Pablo Villanueva Beltramini y Ángel Contreras Marín, dos señores que ahora son los protagonistas favoritos de las investigaciones por amaño de contratos, decidieron que el precio estaba 'suficientemente justificado'. Lo más delirante es el ahorro en el sistema LZB: se recortaron 1.423.000 euros de un presupuesto de 1,97 millones. ¿El truco? Modificar tres versiones de software en lugar de las diez previstas. Básicamente, decidieron que con un 'parche' en Atocha II, Bifurcación Torrejón y Córdoba II bastaba. Adif se lo tragó el 13 de julio de 2021, priorizando el ahorro en el papel sobre la seguridad en el raíl. Mientras tanto, el currículum de los firmantes es un catálogo de anomalías. Villanueva, vinculado a expedientes de 114,1 millones que favorecían a OPR y otros 342 millones sospechosos con Acciona, y Contreras, con sus movidas de fondos europeos por 20,4 y 28 millones y sus llamadas a Koldo García. No es que el contrato de Thales sea ilegal per se, es que quienes dieron el visto bueno tienen la costumbre de hacer que el dinero público desaparezca por el sumidero de la 'eficiencia'.
En el tablero del Gobierno, cobrar es un arte y ejecutar es un trámite opcional. La historia es tan vieja como el camino: queremos el premio sin haber corrido la carrera. Resulta que España tiene una cita con los fondos Next Generation, esos miles de millones destinados a que nuestros trenes no parezcan reliquias industriales. Pero hay un problema: Bruselas pide 'hitos', es decir, cosas hechas, no promesas escritas en servilletas. Para no quedarse sin el pellizco, el Ejecutivo aplicó una ingeniería financiera digna de un mago de feria. El compromiso 85 exigía 1.400 millones de euros para modernizar la señalización, sustituyendo el obsoleto sistema LZB —el mismo que decidió jubilarse el fatídico miércoles en Urda (Toledo), provocando que un tren de Iryo acabara embestido y dejando un saldo trágico de 74 fallecidos— por el flamante ERTMS. Pero como hacer la obra es más lento que una tortuga con reuma, el Gobierno cambió las reglas el 20 de diciembre de 2023: ya no hacía falta terminar la obra, bastaba con tener el contrato firmado. Un truco sencillo para que el dinero llegara el 26 de julio de 2024, tras el visto bueno de la Comisión el 12 de junio. La hipocresía alcanza su cénit con el hito 87. De nuevo, para cobrar el siguiente paquete, debían haber terminado las obras. ¿La solución? Cambiar el criterio otra vez. Ahora basta con confirmar que el contrato se está ejecutando. Así, mientras el sistema ERTMS sigue en 'fase de pruebas' y no dará señales de vida real hasta 2027, el Gobierno ya ha enviado la petición de fondos el pasado 30 de septiembre. Básicamente, han cobrado la reforma de la casa basándose en que ya han comprado los ladrillos, aunque la familia siga durmiendo bajo una lona.
Vivir en el siglo XXI es una paradoja fascinante. Mientras que para pedir una pizza basta con un clic, para ejercer el derecho fundamental al voto el Estado parece jugar al escondite con la tecnología. El Gobierno, empeñado en que el DNI digital sea el protagonista el próximo 29 de noviembre, ha decidido que la solución a la desconfianza es convertir a Correos en el repartidor oficial de 'gadgets' electorales. La historia es un poema de burocracia y terquedad. Al principio, la Junta Electoral Central (JEC) era flexible: una foto del documento en el móvil servía. Pero el PP, con el olfato afinado para el ruido, decidió que eso era jugar a las cartas con baraja marcada. Exigieron un código QR único y verificación en tiempo real. Así, tras un baile de criterios que pasó por Extremadura, Aragón y Castilla y León, la JEC dio un volantazo y prohibió el DNI digital hasta que el Gobierno pusiera los aparatitos sobre la mesa. Y aquí llega el sablazo. Para que no haya dudas de que quien vota es quien dice ser, el Ministerio del Interior comprará lectores de QR y obligará a Correos a hacer la logística de entrega y recogida. ¿El coste de este capricho tecnológico? 28,06 euros por cada envío y recogida. Es una cifra curiosa: mientras el ciudadano medio hace malabarismos con la tarjeta para llegar a fin de mes, el Estado decide que pagar casi treinta euros por mover un lector de códigos es una inversión razonable para no admitir que la digitalización es, a veces, un castillo de naipes. Al final, el 29 de noviembre veremos si el QR es la vanguardia democrática o simplemente otra factura más que pagamos por la incapacidad de ponernos de acuerdo en lo más básico.
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien juega al 'teléfono escacharrado' con el juez de por medio. El teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO), intentó venderle al juez Santiago Pedraz una historia de manual: que la UCO había desmentido oficialmente haber filtrado los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Para darle color al relato, Llamas presentó un mensaje como prueba, asegurando que el general Alfonso López Melo era quien le confirmaba dicho desmentido. Un giro digno de serie B. La realidad, fría como un informe de la UCO, ha dinamitado el montaje. Resulta que el mensaje no fue una respuesta del general López Melo, sino que fue el propio Llamas quien lo envió el 13 de mayo a las 8:23h. Básicamente, el DAO se mandó el mensaje a sí mismo y luego intentó pasar el gato por liebre al juzgado, pretendiendo que el remitente fuera otro. Es como si alguien se envía un correo electrónico para luego decir que el jefe le ha dado el visto bueno a un gasto millonario. Mientras tanto, la trama de fondo es un festival de la hipocresía. Llamas abrió investigaciones internas contra sus propios agentes por sospechas de filtraciones —incluyendo el correo de Begoña Gómez—, solo para descubrir que la 'filtración' era en realidad el trabajo legítimo de la juez Beatriz Biedma. Sobre los mensajes de Sánchez y Ábalos, la UCO ha sido tajante: no hubo filtración interna porque los datos salieron de un pendrive escondido en la ropa interior de una mujer en casa de Ábalos. Un detalle tan surrealista que hace que la ingeniería financiera de los corruptos parezca aritmética básica. Al final, el DAO terminó imputado por prevaricación y obstrucción a la justicia, demostrando que, en la alta cúpula, a veces el zapato aprieta más que la propia ley.
En el Consulado de España en Buenos Aires, la burocracia parece haber sido diseñada con la misma rigurosidad que un juego de mesa en un bar de barrio. Mientras que para pedir un visado te piden hasta el grupo sanguíneo y te hacen firmar consentimientos que parecen contratos de hipoteca, para la 'ley de nietos' se han tomado unas vacaciones permanentes de la legalidad. Guillermo Rocafort ha soltado la bomba ante la AEPD: el sistema de gestión de nacionalizaciones es, básicamente, un agujero negro informático. Resulta que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un sistema basado en un IDU que es un colador. No figura en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), no hay plan de seguridad y, lo más delirante, no se garantiza quién es el que pulsa el botón. Es como dejar la llave de la caja fuerte puesta en la puerta y esperar que nadie entre. Hablamos de más de 645.000 solicitudes acumuladas hasta octubre de 2025, una cifra que hace que la lista de la compra de una familia numerosa parezca un ticket de parking. La ironía es exquisita: en la misma oficina, los visados están blindados, pero las nacionalizaciones masivas —esas que según Rocafort responden a un interés electoralista de Pedro Sánchez— fluyen sin control. Para rematar el cuadro, el Tribunal Supremo ya puso el ojo en 18.000 expedientes y, ¡sorpresa!, ninguno aportaba pruebas de exilio político. Se regalaba el pasaporte como quien reparte folletos en un semáforo. Ahora la AEPD tendrá que decidir si este caos es una simple torpeza administrativa o una ingeniería financiera de votos donde la privacidad de miles de personas fue el precio a pagar por un pucherazo legalizado.
España ha montado un tablero de Monopoly con fondos europeos y ADIF se ha quedado con casi todas las avenidas. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y su primo, ADIF Alta Velocidad, se han repartido un festín de 5.825 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Para ser exactos, ADIF tiene en el bolsillo 2.926,40 millones y ADIF Alta Velocidad otros 2.898,65 millones. Solo los italianos de Ferrovie dello Stato, con sus 14.216 millones, saben lo que es manejar un presupuesto que haga palidecer a cualquier mortal. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un boleto de Renfe. Por un lado, presumimos de ser el segundo mayor receptor de fondos de la UE para modernizar la red, desplegar 5G y jugar a la sostenibilidad. Por otro, la realidad nos golpea en la cara con los accidentes de Adamuz y Urda. En este último, una colisión entre trenes de Renfe e Iryo dejó 69 víctimas mortales, poniendo el foco en un sistema de señalización LZB que parece haber envejecido peor que una manzana olvidada en un cajón. Aquí es donde la ingeniería financiera se vuelve surrealista. Mientras Alberto Núñez Feijóo pide cuentas de cada céntimo, descubrimos que ADIF y ADIF Alta Velocidad dejaron sobre la mesa 130,9 millones de euros destinados a mantenimiento en 2024. De un presupuesto de 1.193 millones para conservar las vías, solo se ejecutaron 1.062 millones. Es decir, que mientras el programa de inversiones 2022-2026 presume de 24.100 millones de euros, hay un 11% de fondos de mantenimiento que se quedaron durmiendo la siesta. Mucho 5G y mucha intermodalidad, pero parece que mantener la vía en condiciones no entra en el catálogo de prioridades.
En el mundo real, si dejamos que el fontanero gestione la cartera y que el contador arregle la caldera, acabamos con la casa inundada. En ADIF, la lógica es similar, pero con trenes y vidas humanas. Resulta que la Seguridad en la Circulación —esa pieza maestra que evita que los vagones se den un beso metálico o terminen en el campo— depende orgánicamente de Salvador Almenar. ¿Su especialidad? El periodismo. Sí, un graduado de la Universidad Rey Juan Carlos que hasta 2020 se dedicaba a redactar noticias y que luego saltó a la Comunicación de Emergencias de la Generalitat Valenciana bajo el mando de Ximo Puig. Mientras el ingeniero David Gómez-Rey es quien realmente sabe dónde están las palancas, el organigrama dice que debe rendir cuentas a Almenar, el actual director de Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales. Es una ingeniería financiera del talento donde la técnica se rinde ante la comunicación. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ya ha soltado eltoque: esta anomalía es un riesgo que incluso la Unión Europea mira con lupa. El desastre de Adamuz, con 46 muertos, y el accidente de Urda deberían haber sido el despertador, pero en la cúpula prefieren seguir durmiendo la siesta. Luis Pedro Marco de la Peña y Concepción Casillas han jugado al Tetris con los puestos: primero desmantelaron la Dirección General de Seguridad de Procesos y Sistemas Corporativos a principios de 2025 y luego movieron la seguridad al gabinete de presidencia, primero con Rosabel Montero y ahora con Almenar. En el Congreso, Pedro Sánchez llamó 'bulo' a esta realidad denunciada por Alberto Núñez Feijóo, pero los datos no mienten: la seguridad ferroviaria hoy tiene el rango de una nota de prensa.
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