Crítica:
El texto original es un despliegue de datos frío que oculta la tensión política tras la estadística. Le falta valentía para cuestionar la correlación directa entre origen nacional y tendencia ideológica sin matices.
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Madrid: 100.000 casas con luz, pero Parla resiste
Imaginen que contratan un catering para una boda de 100.000 invitados y, al llegar el día, el proveedor les dice que solo ha traído comida para la mitad porque 'no estaba en el plan'. Así de surrealista ha sido la planificación eléctrica 2025/30 del Ministerio para la Transición Ecológica. Tras ocho meses de peleas y un informe de alarma lanzado por Carlos Novillo —quien, por cierto, ya ha hecho las maletas hacia el equipo de Feijóo—, la Comunidad de Madrid ha logrado que el Gobierno central rectifique. Ahora, 100.000 viviendas en zonas como Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales y Madrid Nuevo Norte dejarán de ser ciudades fantasma sin enchufes. Pero no abran ya el champán. Mientras celebran que el Ministerio haya digerido las 2.566 alegaciones y aceptado dar capacidad para 6,5 gigavatios (la segunda cifra más alta de España, solo superada por Aragón), en Parla y Algete siguen mirando el techo. En Parla, la falta de 240 megavatios es como intentar llenar una piscina olímpica con un gotero: los proyectos de urbanización se quedan en el cajón porque no hay cables que aguanten el tirón. Algete y Fuente el Saz están en la misma cuerda floja. La hipocresía es deliciosa: queremos ser el hub tecnológico de Europa con 56 centros de datos y una inversión de 15.000 millones de euros que prometen hasta 24.000 empleos, pero la red eléctrica tiene la capacidad de una regleta barata de supermercado. Entre los 17 nuevos parques de subestaciones y los 173 kilómetros de líneas prometidos, el Gobierno regional siente que el reconocimiento llega con dos años de retraso. Al final, la luz llega, pero el ritmo es el de una administración que prefiere poner restricciones antes que soltar el presupuesto para que Madrid no se quede a oscuras mientras intenta jugar en la liga de la Inteligencia Artificial.
AVE: ¿Fallo humano o chiste nacional?
El ministro Óscar Puente tiene un don especial: la velocidad. No hablamos de la del AVE, sino de la rapidez con la que señaló al 'fallo humano' en menos de cuatro horas tras la tragedia de Urda. Con la agilidad de quien quiere cerrar un grifo que inunda el salón, el Gobierno filtró audios de un operario de Atocha para dejar claro que la culpa era de alguien que pulsó un botón mal. Pero aquí viene el problema: la realidad no se puede filtrar tan fácilmente como un audio de WhatsApp. Si nos ponemos estrictos y miramos el Real Decreto 664/2015 (ese que los políticos leen solo cuando el juez les pide que lo hagan), la página 38 es muy clara. Si el sistema de seguridad LZB falla, el maquinista puede reanudar la marcha, pero a paso de tortuga: máximo 40 km/h. Es una norma con rango legal, no una sugerencia de cortesía. Por tanto, o el sistema LZB funcionaba (y entonces el choque es un milagro inverso), o volvió a fallar y el tren superó los 40 km/h ignorando el protocolo del BOE. En cualquier escenario, el 'fallo humano' es la cortina de humo perfecta para tapar un desastre estructural. Mientras tanto, las cifras nos dan un bofetón de realidad. España ha pasado de presumir de vanguardia a concentrar el 72,6% de las muertes mundiales en líneas exclusivas de alta velocidad. Con 115 fallecidos entre Adamuz y Urda, hemos superado a China (41 muertes) y dejamos a Italia (2 muertes) como aficionados. Japón, Francia y Alemania miran desde la barrera sin víctimas. Es una estadística demoledora que convierte nuestro orgullo ferroviario en un agujero de seguridad donde el protocolo parece ser una sugerencia opcional y la responsabilidad, un balón que el Ministerio juega para que no caiga en su tejado.
AVE de lujo mientras las vías fallan
Hay una lógica perversa en la gestión de Óscar Puente que es fascinante y aterradora a la vez. Mientras el país aún procesaba la tragedia de Adamuz y el sistema de seguridad de la línea Madrid-Andalucía seguía anclado en 1992 —una reliquia tecnológica que ya pedía la jubilación en 2021—, el Ministerio de Transportes decidió que lo más urgente era tirar la casa por la ventana en el sureste. No es que faltara dinero, es que el dinero tenía prioridades: el cemento nuevo siempre brilla más que el mantenimiento aburrido. Para que nos entendamos, mientras el mantenimiento ferroviario agonizaba con más de 115 fallecidos en diez meses, el Gobierno se permitió un 'shopping' de infraestructuras en Almería y Murcia. Empezaron fuerte con 108,2 millones de euros para 62 kilómetros de vía entre Lorca y Vera. Luego, como quien añade un extra en el menú, soltaron 31,5 millones para Vera-Almería y 38 millones para Nonduermas-Lorca San Diego. Total: una inversión estimada de 186,17 millones de euros solo para 2026, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca un chiste de mal gusto. Lo más surrealista es el despliegue de 'tecnología punta' (ERTMS) anunciada el 17 de febrero de 2026 para un AVE que ni siquiera tenía las vías puestas. Es como comprarse el último iPhone cuando aún no tienes electricidad en casa. A esto sumamos una base de mantenimiento en Níjar por 28,53 millones y una estación en Vera-Almanzora por 15,69 millones, convenientemente situada a 17 kilómetros del apartamento de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Mojácar. Mientras tanto, Luis Pedro Marco de la Peña, al frente de Adif AV, sumaba otros 33,37 millones en 2026 y una ristra de consultorías y traviesas que en 2025 ya sumaban más de 23 millones. Todo esto ocurre mientras los ministros 'recargan pilas' en la costa almeriense, ignorando que el verdadero problema no es dónde llega el tren, sino que los que ya circulan se caigan a pedazos.
Estación de 253 millones: lujo y muro
Hay que tener una capacidad de malabarismo mental admirable para firmar ante notario que vas a enterrar las vías del tren y acabar gastando 253 millones de euros en una estación que, básicamente, deja el muro intacto. Óscar Puente, el ministro de Transportes y vecino de Valladolid, ha diseñado un proyecto para 2029 que es el equivalente urbanístico a comprarse un Ferrari pero dejar que la puerta del garaje siga bloqueando la entrada a casa. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con pánico, el Estado se gasta esa cifra en una terminal moderna que condiciona para siempre el soterramiento, según Adif. La jugada tiene un tinte geopolítico de barrio que roza lo surrealista. Las vías parten la ciudad en dos, aislando los feudos históricos del PSOE en el este. Hablamos de 92.000 personas —un tercio de la población de los 300.000 vecinos de la capital del Pisuerga— que siguen transitando por túneles que parecen el escenario de una película de terror de bajo presupuesto: viejos, sucios y con una sensación de seguridad nula al caer el sol. Barrios como La Pilarica, Pajarillos y Las Delicias, este último con 55.000 habitantes (más que Segovia o Soria), siguen viviendo en el 'lado equivocado' del muro ferroviario. La hipocresía es el plato fuerte. Puente predica movilidad sostenible en foros internacionales, pero en su propia casa aplica la técnica del 'maquillaje': una fachada brillante para ocultar que el trayecto de un minuto a pie sigue llevando diez. El Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y hasta socialistas como Cecilio Vadillo están en pie de guerra. El 29 de noviembre, los votantes del este decidirán si este 'regalo' de 253 millones es una inversión en modernidad o simplemente un monumento al olvido de quienes prometieron el soterramiento y entregaron más túneles.
Sánchez da luz a 100.000 casas madrileñas
Resulta fascinante observar cómo funciona la maquinaria del Estado: primero te cortan el grifo y luego, tras un par de años de jugar al gato y al ratón, te anuncian con solemnidad que te dejarán abrir la llave. Pedro Sánchez ha decidido, en un alarde de generosidad administrativa, rectificar la planificación eléctrica para que Madrid pueda levantar más de 100.000 viviendas. Básicamente, el Gobierno central se había olvidado de que para que una casa sea habitable hace falta más que cuatro paredes y un contrato de hipoteca; hace falta electricidad. Es como si te vendieran un coche deportivo pero se olvidaran de ponerle el depósito de gasolina durante dos años. La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al mando y el recién estrenado José María García Gómez en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha tenido que hacer un trabajo de insistencia digno de un teleoperador persistente para que el Ministerio para la Transición Ecológica admitiera que Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales y Madrid Nuevo Norte no funcionan con velas. El borrador inicial del Ministerio, presentado hace un año, ignoraba estas necesidades. Una 'omisión' técnica que, en la calle, se traduce en grúas paradas y familias esperando un techo que no llega. Pero ojo, que el papel lo aguanta todo. Mientras celebran el avance, la cautela manda porque en Parla —donde faltan 240 megavatios— y Algete la luz sigue siendo una promesa electoral. Y no es solo el sueño de la primera vivienda; hablamos de un agujero estratégico que pone en riesgo 56 proyectos industriales y tecnológicos. Estamos hablando de 15.000 millones de euros en inversiones y hasta 24.000 empleos que dependen de que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el viceconsejero Rafael García se pongan de acuerdo en que la inteligencia artificial y la nube no se alimentan de buenas intenciones, sino de voltios.
Millones para borrar cayucos del mapa
Hay que tener una imaginación envidiable para convertir la basura en un negocio de lujo. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo la batuta de Ángel Víctor Torres, ha decidido que limpiar y triturar barcas de madera y plástico requiere una ingeniería financiera de 4,1 millones de euros. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Estado lanza una licitación el 21 de octubre para gestionar los restos de la crisis migratoria en Canarias. El plan es sencillamente fascinante. No basta con tirar el cayuco al desguace; no, señor. Se requiere una 'ficha con reportaje fotográfico detallado' de cada patera. Básicamente, un álbum de recuerdos del naufragio pagado con dinero público. El servicio cubre desde Gran Canaria hasta El Hierro, asegurando que no quede ni un tornillo sin contabilizar. El presupuesto base es de 1.866.666 €, pero si hacemos cuentas de barrio, el valor estimado sube a los 4,1 millones sumando prórrogas y ese cómodo 20% de 'modificaciones previstas', que en lenguaje administrativo es el colchón para cuando se olviden de algo. Lo más tierno del pliego es la prohibición expresa de vender los motores como unidades operativas. No sea que algún listo se haga rico con el motor de un cayuco mientras el Estado paga la fiesta. El contrato, previsto entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, garantiza que la destrucción sea 'ecológica'. Porque claro, nada dice 'protección del medio ambiente' como gastar millones en mover escombros de playa en playa y luego enviarlos por barco fuera de las islas cuando el volumen sea suficiente. Una logística impecable para borrar el rastro de una tragedia, con el presupuesto de un hotel de cinco estrellas.
Nadal: Menos propaganda y más trenes funcionando
Alberto Nadal llega al área económica del Partido Popular con el aura de quien sabe dónde están enterrados los cadáveres presupuestarios, después de un paseo por el BID en Washington. Su discurso es un bisturí que intenta diseccionar el 'sanchismo' justo antes del 29 de noviembre. Para Nadal, España es hoy un escaparate de propaganda donde la gestión ha pasado a mejor. El ejemplo es lapidario: trenes que fallan y una red eléctrica que, según él, nos convierte en el único país de la OCDE con apagones generalizados. Es como intentar conducir un coche de lujo que solo brilla por fuera mientras el motor escupe aceite y las ruedas están pinchadas. El contraste financiero que plantea es un bofetón de realidad. Asegura que el Gobierno ha recaudado 200.000 millones de euros más que en 2018 y ha emitido más de medio billón en deuda pública adicional, pero que somos el penúltimo país de Europa en inversión pública. En cristiano: han llenado la hucha, pero se han olvidado de arreglar el tejado. Mientras tanto, el ciudadano siente el sablazo en la factura: una inflación que ha disparado la cesta de la compra más de un 40% y un IPC del 4,9%, dejando a Europa atrás con su 3,8%. Sobre el bolsillo, Nadal promete el clásico 'alivio fiscal'. Habla de doblar los mínimos exentos del IRPF y congelar el IVA de los alimentos, tratando de limpiar la imagen del PP que, en su día, subió impuestos en una 'operación a vida o muerte'. Entre el luto por Fátima Báñez —quien redujo el desempleo en 1.800.000 personas— y la promesa de una auditoría total, Nadal se posiciona como el gestor que sabe que no basta con gastar, sino que hay que evitar que el dinero se evapore en el aire de la ideología.
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