Crítica:
El texto original es una pieza de acusación directa que juega con la indignación. Carece de la contraparte del expresidente, convirtiendo la crónica en un monólogo de culpabilidad.
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Aemet: Logotipo nuevo y datos rotos
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha pasado los últimos años vendiendo la emergencia climática como el Apocalipsis en versión premium, pero parece que en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el único clima que impera es el del abandono. Mientras el Ejecutivo se llena la boca con banderas verdes y tacha de negacionistas a quien no recite el manual, la realidad en el terreno es un chiste de mal gusto. Un observador meteorológico con más de tres décadas de vuelo ha decidido soltar la bomba: instalaciones que se caen a pedazos y equipos que mienten más que un político en campaña. Imagínate que intentas hacer la compra con una aplicación que te dice que el pan cuesta cien euros o que no existe. Pues así están los datos de la Aemet; el trabajador muestra pantallas tapadas con papeles para no equivocarse porque el sistema escupe información errónea. Un detalle encantador si pensamos que esos datos aterrizan en las torres de control aeroportuario. La seguridad aérea jugando al azar porque no hay presupuesto para un monitor que funcione. La gestión es, sencillamente, surrealista. Llevan tres años con el despacho del jefe vacante desde que el anterior se jubiló, dejando que los observadores hagan malabares administrativos sin formación. ¿La solución a la infraestructura ruinosa? Los propios empleados lijando y pintando la garita de instrumentos para que no se desplome, mientras la agencia solo ha puesto la pintura. Es como intentar arreglar un barco que se hunde poniendo una pegatina de 'estamos trabajando'. Lo más doloroso es la negligencia científica. Por no mover unos aparatos de radiación solar que ahora quedan en sombra debido a unos depósitos nuevos, se ha dinamitado una serie climatológica de viento de más de 80 años. Ochenta años de historia tirados a la basura por pura desidia. Pero no os preocupéis, que el dinero sí apareció para lo verdaderamente urgente: un nuevo logotipo. Porque claro, que la garita se caiga da igual, siempre y cuando la marca corporativa luzca moderna mientras el país se queda sin datos reales.
Hacienda recauda récords y el tren colapsa
Vender el servicio ferroviario español como un milagro moderno bajo el eslogan "no es magia, son tus impuestos" requiere una capacidad de descaro que ya quisiera cualquier prestidigitador de Las Vegas. Mientras Óscar Puente y el Ministerio de Hacienda presumen de una maquinaria recaudatoria que funciona como un reloj suizo, la realidad en las vías es más parecida a un escenario de película de terror. El accidente de Urda no es un imprevisto; es la factura que llega cuando decides ignorar el mantenimiento durante una década. Hacienda se ha dado un festín. En 2025, el fisco engulló 325.356 millones de euros, un sablazo de 30.622 millones más que el año anterior y una cifra que deja en ridículo los 116.671 millones de diferencia respecto a 2018. Para rematar, entre enero y agosto de 2026, ya han ordeñado 230.277 millones, superando en 20.426 millones al año previo. Es decir, el Estado tiene la cartera llena, pero las vías están en los huesos. El Instituto de Estudios Económicos ha soltado un informe que es, básicamente, un acta de defunción de la inversión estructural. Desde 2012, invertir en carreteras, trenes y puertos es como intentar tapar una piscina olímpica con un parche: estamos por debajo de los niveles de 2004. Para evitar que el país se desmoronara entre 2013 y 2022, habrían hecho falta 17.000 millones de euros adicionales, repartidos en 5.500 millones para hidráulica, 3.600 millones para ferrocarriles y 1.300 millones para carreteras. Lo más cínico es la Alta Velocidad. Mientras el número de pasajeros subió un 100,8% entre 2015 y 2024, el gasto en mantenimiento por viajero cayó un 27,5%. Nos venden el AVE como el orgullo nacional, pero lo mantienen con el presupuesto de un autobús de línea. Para 2030, casi la mitad de nuestras infraestructuras tendrán más de 20 años, y el 71,1% de las hidráulicas serán auténticas reliquias. No es magia, es negligencia financiada con nuestra nómina.
Sánchez y el 'shopping' electoral con tu dinero
Hay una coreografía que ya conocemos. El Gobierno de Sánchez ha rescatado del armario el manual de los 'viernes sociales' —o 'viernes electorales', si prefieres la versión sin azúcar de la oposición— para decorar el camino hacia el 29 de noviembre. La jugada es tan vieja como el hilo negro: abrir el grifo del erario público justo cuando el ciudadano tiene el dedo en el gatillo del voto. Empecemos por el plato fuerte: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Quieren encasquetarnos una subida cercana al 5% para 2027, adelantando el calendario como quien intenta entregar los deberes el último día de clase para que el profesor no mire los errores. El problema es que este 5% se sitúa 1,5 puntos por encima del IPC estimado. Para el autónomo que lucha con la luz y el alquiler, esto no es una mejora social, es un sablazo en la factura de costes laborales que, tarde o temprano, acabará inflado el precio del café o la peluquería. Luego tenemos el truco de magia con las pensiones. El Gobierno anuncia la revalorización para diciembre, basándose en datos provisionales de noviembre. Lo irónico es que actualizar las pensiones según el IPC es una obligación legal, no un regalo del corazón del Ejecutivo, pero lo venden como una concesión generosa para seducir a más de nueve millones de pensionistas. A esto sumamos la ampliación de la pensión de viudedad para parejas no formalizadas, otra pincelada de generosidad con dinero ajeno. Mientras tanto, la realidad contable nos mira con desprecio: una deuda pública que roza el 100% del PIB. Es como tirar de tarjeta de crédito estando en números rojos para comprarse un traje nuevo antes de una cita. Al final, el banquete electoral lo pagan los impuestos presentes y futuros, porque las obligaciones de gasto no se borran mágicamente al cambiar la legislatura.
Casa 47: Promesas de humo y pisos invisibles
Prometer casas en España es hoy el deporte nacional favorito del Ejecutivo, una disciplina donde el marketing corre más rápido que las grúas. El 7 de septiembre, Pedro Sánchez nos vendió el 'Portal Casa 47' como la panacea habitacional, la gran transformación de la antigua SEPES en la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo de España. El discurso era música para los oídos de cualquiera que intente alquilar un zulo hoy en día: 800 viviendas ya disponibles y otras 1.500 llegando 'muy pronto' para repartirse por el mapa. Pero, como ocurre con las ofertas de 'envío gratis' que luego te cobran el sello, la letra pequeña es un agujero negro. El portal no abrió con 800 casas, sino con 638. Y ojo al detalle: ni una sola en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, el País Vasco o Las Palmas. De hecho, Andalucía, Aragón, Baleares o Castilla-La Mancha brillan por su ausencia. Es como anunciar un buffet libre y que, al llegar, solo haya pan y agua en tres provincias. Ha pasado más de mes y medio y el contador sigue congelado. Esas 1.500 viviendas prometidas parecen haber sufrido la misma evaporación que el millón de casas que Sánchez mencionó a David Broncano en 'La Revuelta', cuando la realidad contable dice que solo fueron 726.126 durante la legislatura. Mientras el PSOE lanza dardos contra los propietarios, en el patio trasero el aroma a hipocresía es intenso: nombres como Mercè Perea con 13 viviendas o Alicia Vanoostende con 10 demuestran que el 'estilo de vida' del gestor es muy distinto al del ciudadano que espera un piso. Casa 47 no es un plan de vivienda; es una cortina de humo con diseño web moderno.
Risas y caos: el 'manual' marroquí
Hay momentos en que la diplomacia parece un chiste de mal gusto contado en un funeral. La juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, acaba de recibir el 'álbum de recuerdos' más surrealista de la frontera: vídeos donde los gendarmes marroquíes no solo miran la invasión de Ceuta con la pasividad de quien espera el autobús, sino que coordinan el caos entre risas. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una cita previa, en la frontera los militares del Reino de Marruecos organizaban oleadas de inmigrantes como quien gestiona la cola de una promoción de zapatillas.
Madrid: 100.000 casas con luz, pero Parla resiste
Imaginen que contratan un catering para una boda de 100.000 invitados y, al llegar el día, el proveedor les dice que solo ha traído comida para la mitad porque 'no estaba en el plan'. Así de surrealista ha sido la planificación eléctrica 2025/30 del Ministerio para la Transición Ecológica. Tras ocho meses de peleas y un informe de alarma lanzado por Carlos Novillo —quien, por cierto, ya ha hecho las maletas hacia el equipo de Feijóo—, la Comunidad de Madrid ha logrado que el Gobierno central rectifique. Ahora, 100.000 viviendas en zonas como Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales y Madrid Nuevo Norte dejarán de ser ciudades fantasma sin enchufes. Pero no abran ya el champán. Mientras celebran que el Ministerio haya digerido las 2.566 alegaciones y aceptado dar capacidad para 6,5 gigavatios (la segunda cifra más alta de España, solo superada por Aragón), en Parla y Algete siguen mirando el techo. En Parla, la falta de 240 megavatios es como intentar llenar una piscina olímpica con un gotero: los proyectos de urbanización se quedan en el cajón porque no hay cables que aguanten el tirón. Algete y Fuente el Saz están en la misma cuerda floja. La hipocresía es deliciosa: queremos ser el hub tecnológico de Europa con 56 centros de datos y una inversión de 15.000 millones de euros que prometen hasta 24.000 empleos, pero la red eléctrica tiene la capacidad de una regleta barata de supermercado. Entre los 17 nuevos parques de subestaciones y los 173 kilómetros de líneas prometidos, el Gobierno regional siente que el reconocimiento llega con dos años de retraso. Al final, la luz llega, pero el ritmo es el de una administración que prefiere poner restricciones antes que soltar el presupuesto para que Madrid no se quede a oscuras mientras intenta jugar en la liga de la Inteligencia Artificial.
AVE: ¿Fallo humano o chiste nacional?
El ministro Óscar Puente tiene un don especial: la velocidad. No hablamos de la del AVE, sino de la rapidez con la que señaló al 'fallo humano' en menos de cuatro horas tras la tragedia de Urda. Con la agilidad de quien quiere cerrar un grifo que inunda el salón, el Gobierno filtró audios de un operario de Atocha para dejar claro que la culpa era de alguien que pulsó un botón mal. Pero aquí viene el problema: la realidad no se puede filtrar tan fácilmente como un audio de WhatsApp. Si nos ponemos estrictos y miramos el Real Decreto 664/2015 (ese que los políticos leen solo cuando el juez les pide que lo hagan), la página 38 es muy clara. Si el sistema de seguridad LZB falla, el maquinista puede reanudar la marcha, pero a paso de tortuga: máximo 40 km/h. Es una norma con rango legal, no una sugerencia de cortesía. Por tanto, o el sistema LZB funcionaba (y entonces el choque es un milagro inverso), o volvió a fallar y el tren superó los 40 km/h ignorando el protocolo del BOE. En cualquier escenario, el 'fallo humano' es la cortina de humo perfecta para tapar un desastre estructural. Mientras tanto, las cifras nos dan un bofetón de realidad. España ha pasado de presumir de vanguardia a concentrar el 72,6% de las muertes mundiales en líneas exclusivas de alta velocidad. Con 115 fallecidos entre Adamuz y Urda, hemos superado a China (41 muertes) y dejamos a Italia (2 muertes) como aficionados. Japón, Francia y Alemania miran desde la barrera sin víctimas. Es una estadística demoledora que convierte nuestro orgullo ferroviario en un agujero de seguridad donde el protocolo parece ser una sugerencia opcional y la responsabilidad, un balón que el Ministerio juega para que no caiga en su tejado.
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