Crítica:
El texto original es una crónica de hechos correcta, pero falla al no cuestionar la negligencia administrativa de publicar una orden en el BOE sin motivación previa. Es un manual de cómo no gestionar la administración pública.
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ADIF: Más igualdad que frenos en Urda
La gestión del talento en ADIF parece seguir la lógica de quien compra un coche de carreras pero se asegura de que el conductor sepa perfectamente cómo reciclar el plástico del manual de instrucciones. Resulta fascinante que, para acceder a la plantilla de Responsables de Circulación en la convocatoria PNI23/01 del 7 de julio de 2023, el examen fuera un ejercicio de equilibrismo ético más que técnico. De las 60 preguntas totales, el sistema decidió que era vital que los aspirantes dominaran la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad. Tres preguntas dedicadas a la legitimación en procesos civiles y planes estratégicos de igualdad. Un detalle loable, sin duda, pero que adquiere un tinte surrealista cuando miras el hueco que dejaron los sistemas de seguridad. En los modelos 1001 y 2224 de la parte específica, el LZB y el ERTMS —los cerebros electrónicos que evitan que dos trenes se den un beso metálico a 300 km/h— brillaban por su ausencia. Cero preguntas. Nada. Ni un protocolo de recuperación ante averías, ni una sola mención al sistema que, según el ministro Óscar Puente, sufrió una «pérdida de transmisión» el 28 de octubre en Urda, desembocando en una tragedia con 69 víctimas. Es como pedirle a un cirujano que sepa redactar un acta de conciliación laboral pero no preguntarle en el examen cómo detener una hemorragia. Mientras el Gobierno señala el «error humano» del controlador que entró en 2023, olvidan que la empresa planificó 370 incorporaciones basándose en saber qué señal protege una aguja de salida (señalización convencional), pero ignorando la tecnología de vanguardia que ya debería estar operativa desde enero. Nos venden seguridad europea, pero el filtro de entrada parece un trámite administrativo donde importa más el formulario que el freno.
Zapatero y el misterio del estuche perdido
Hay regalos que llegan con moño y otros que llegan con un problema judicial colgado al cuello. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra ahora mismo en esa situación: un registro en su despacho de Madrid ha sacado a la luz unas joyas que, según el exmandatario, fueron un detalle personal de Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud allá por junio de 2007. El problema es que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no compra la historia. Para el magistrado, que Zapatero no tenga el ticket de compra ni la cajita original es un síntoma; para la defensa, es simplemente sentido común. Víctor Moreno Catena, el abogado de Zapatero, ha soltado un escrito que es básicamente un 'vete a leer la ley' al juez. Acusa a Calama de 'laminar' el derecho a la defensa y de invertir la lógica penal. Mientras que cualquier ciudadano corriente tendría que sudar tinta para demostrar que un diamante no es fruto de una ingeniería financiera, Zapatero pide una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que el reino confirme el regalo. El juez dice que es inútil; la defensa dice que es la única forma de no basar un juicio en la 'mera incredulidad'. Lo más surrealista es la pelea por el estuche. La joyería Yanes ha sugerido que es raro que unas piezas de ese calibre no conserven su embalaje original. La respuesta de Zapatero es lapidaria: nadie guarda el envoltorio de un regalo de hace 19 años, ni siquiera los presidentes. Es como si el juez pretendiera que el exmandatario hubiera archivado un acuse de recibo por un collar. Al final, nos encontramos con el eterno choque entre la 'máxima de la experiencia' del juez y la memoria selectiva de los despachos del poder.
Voto por correo: seguridad a base de sustos
Gestionar el voto por correo en este país es, básicamente, confiar las llaves de casa al vecino que siempre pierde las cosas. Correos ha admitido, en dos informes internos del 7 y 29 de octubre de 2026, que su sistema de seguridad tenía más agujeros que un colador. El detonante no fue una auditoría brillante, sino que alguien decidió que llevarse 124 votos en Fuente de Cantos era una idea estupenda. Ese 'incidente' en Badajoz obligó a la empresa pública a diseñar un plan de contingencia a base de sustos, aceptando medidas que el Partido Popular llevaba pidiendo desde junio de 2025, cuando todavía creían en la eficiencia administrativa. Ahora, para evitar que el proceso electoral parezca un reparto de folletos en un semáforo, han implementado videovigilancia 24 horas, GPS en el transporte y espacios cerrados. Cosas básicas, como las que pondrías para guardar un iPhone nuevo, pero que para el voto democrático llegaron tarde. El PP, que lleva insistiendo desde el 18 de diciembre de 2025 y el 8 de octubre de 2026, celebra que los afectados por los robos puedan volver a votar, pero se muerden la lengua con la transparencia. Aquí es donde entra la hipocresía corporativa: Correos dice que ha mejorado, pero el detalle del procedimiento es un secreto de Estado que solo conoce la Junta Electoral Central y el Ministerio del Interior. Los partidos se quedan fuera, mirando el muro, sin saber cuántos votos no llegan a tiempo. Es como si el banco te dijera que tu dinero está seguro, pero que no puedes ver el extracto de la cuenta. El control de las papeletas nulas y reclamadas en las sedes de las Juntas sigue siendo una zona gris, un vacío legal que hace que la trazabilidad sea más un deseo que una realidad técnica.
Urda: el aviso que ignoraron por ego
Hay errores que son simples anécdotas y hay otros que son avisos gritados al oído. Lo de Urda no fue un accidente, fue una cita programada. Resulta que el AVE 02080 y el Iryo 6076, los mismos protagonistas que el 28 de octubre se dieron un beso mortal que se llevó por delante a 69 personas, ya habían ensayado la escena el 15 de septiembre. Misma hora (8.30 frente a 8.31), misma ruta hacia Andalucía y el mismo fallo en el sistema de señalización. Básicamente, el destino les dio un 'demo' gratuito de la tragedia un mes y medio antes. Pero claro, en el mundo de los despachos, la prioridad no es evitar que los trenes se conviertan en acordeones, sino mirar quién tiene la culpa para que no le toquen el sueldo. Mientras ADIF admitía que el sistema de señalización estaba más roto que una silla de bar, Renfe decidió jugar al teléfono escacharrado. Los pasajeros del AVE recibieron un correo electrónico —estilo 'oferta de última hora'— echándole la culpa al «Iryo precedente». Una jugada maestra de relaciones públicas: mientras el sistema LZB fallaba por decimosena vez, la estrategia era señalar al vecino. ADIF tardó casi 24 horas en decir que todo estaba arreglado, el 16 de septiembre a las 6.00, sin soltar prenda sobre si se trataba de una de las 170 caídas del sistema en ese tramo. Es como si en tu casa se cayera el techo, el seguro te dijera que es culpa del vecino y luego te aseguraran que ya han puesto un parche de yeso para que no te caiga el resto encima. Al final, la ingeniería financiera de la eficiencia terminó en una colisión a 160 kilómetros por hora porque alguien pensó que un aviso previo era solo un retraso más en la agenda.
Adif: más igualdad y menos frenos
Hay una ironía deliciosa y macabra en la gestión de Adif. Imagina que vas a contratar a un cirujano y, en el examen de acceso, le preguntas tres veces cómo redactar un protocolo de igualdad de género, pero te olvidas de preguntarle dónde está el corazón. Exactamente eso ha pasado con la convocatoria PNI23/01 del 7 de julio de 2023. Para entrar como personal de circulación, los 370 aspirantes se enfrentaron el 5 de noviembre a un cuestionario donde la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad era la estrella, mientras que los sistemas LZB y ERTMS —lo que evita que los trenes se conviertan en chatarra compactada— brillaban por su ausencia. Resulta que en los bloques específicos (códigos 1001 y 2224), no había ni una sola pregunta sobre cómo operar el LZB o qué hacer cuando el sistema decide tomarse unas vacaciones. Un detalle menor, quizá, si no fuera porque el pasado 28 de octubre, en Urda (Toledo), una avería en ese mismo LZB terminó en una tragedia con 69 fallecidos. El ministro Óscar Puente salió rápidamente a decir que hubo un 'error humano'. Claro, es muy fácil señalar al operario cuando el examen de entrada era más un curso de recursos humanos que un manual de seguridad ferroviaria. Mientras el Gobierno busca un culpable para el desastre de la línea Madrid-Andalucía, olvidan que el ERTMS, el sistema europeo que debía salvarlos, sigue siendo una promesa para enero de 2026. Al final, hemos descubierto que en Adif prefieren que sepas quién puede intervenir en un procedimiento judicial de igualdad antes de que sepas cómo evitar que dos trenes se den un beso mortal. Es la gestión pública en estado puro: priorizar la etiqueta del envoltorio mientras el contenido se desintegra.
Lujo, mordidas y WhatsApp en Marbella
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el presupuesto familiar no implosione antes del día veinte, en los despachos del poder se juega a los Monopoly con parcelas de lujo. La UCO ha puesto el foco sobre Leire Díez, la pieza clave de una maquinaria que operaba en la sombra del PSOE, y su peculiar relación con Acciona. No hablamos de una simple gestión inmobiliaria, sino de un menú de 'mordidas' servido en bandeja de plata en Marbella. La trama es casi artesanal. Díez, actuando como la fontanera de lujo de Santos Cerdán, intentó colocar cinco parcelas en el resort Marbella Elviria al empresario Joaquín Parra. El precio inicial era de 4,5 millones de euros, aunque, como en cualquier mercadillo de alto standing, Leire aplicó un 'descuento' hasta los 4 millones si el comprador se decidía rápido. Todo coordinado por WhatsApp y reuniones en pisos francos de Madrid o en la casa de Tarifa de Javier Pérez Dolset. Pero el verdadero jugo de la historia está en la ingeniería financiera. La UCO ya tiene el rastro de 43.235 euros que el PSOE habría deslizado hacia Leire Díez a través de tres empresas pantalla en cinco transferencias. Un detalle curioso: Acciona, el gigante del Ibex 35, era el dueño de los terrenos. El puente lo tendía Antxon Alonso, socio de Cerdán a través de Servinabar, creando UTEs que olían a favoritismo institucional. El juez Santiago Pedraz ahora intenta desbrozar este jardín de junior suites y jacuzzis donde el dinero público y las comisiones privadas se mezclaban con la misma naturalidad que la arena en las playas de la Costa del Sol. Al final, la sofisticación de los materiales naturales del proyecto no ocultaba la naturaleza muy artificial de los negocios.
Voto por correo: ¿ventaja ilegal del PSOE?
En el tablero electoral, hay quienes juegan con las cartas sobre la mesa y quienes, convenientemente, tienen un espejo colocado detrás del rival. Resulta que el Ministerio del Interior, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, ha convertido el flujo de datos de Correos en su lectura de cabecera. Desde el 6 de octubre, el Gobierno recibe un reporte diario sobre quién pide el voto por correo y cuántas papeletas vuelan por el aire. Es, básicamente, como tener el libro de respuestas del examen mientras el resto de la clase intenta descifrar el enunciado. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha decidido que ya basta de 'exclusividades' y ha acudido a la Junta Electoral Central. No es que cuestionen que Interior reciba los datos —eso es el funcionamiento habitual de la maquinaria—, sino que exigen que esa información sea pública y compartida con todas las candidaturas para el 29-N. Porque, claro, saber dónde se mueve el electorado en tiempo real permite diseñar una campaña con la precisión de un bisturí, mientras los demás disparan a ciegas. La polémica no nace en el vacío. El PP ha aprovechado para sacar el archivo de los 'pecados' recientes: mencionan la orden de Sofía Puente para inflar el censo con nacionalidades cuestionables y las supuestas maniobras de Leire Paredes y Félix Bolaños (o el equipo de Cerdán) para limpiar el camino de juezas incómodas. Para la formación de Feijóo, este acceso privilegiado a Correos y al CIS no es gestión, es desesperación de un Gobierno que ve cómo sus servicios públicos se desmoronan mientras intentan blindar el resultado electoral mediante ingeniería de datos. Al final, el debate es simple: o jugamos todos con el mismo mazo, o estamos ante un partido donde el árbitro también marca los goles.
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