El texto original es un ejercicio de indignación presupuestaria muy sólido, aunque peca de no dar nombres concretos de quién recibe el dinero en Egipto. Es una radiografía perfecta de la prioridad del 'escaparatismo' internacional sobre la gestión doméstica.
Hay una mística casi religiosa en la burocracia de José Manuel Albares: la capacidad de hacer desaparecer millones de euros en conceptos que parecen redactados por un generador de frases aleatorias. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido que la prioridad es la 'gobernanza migratoria' en Egipto. Suena sofisticado, ¿verdad? En lenguaje de calle, significa soltar pasta para que otros gestionen sus problemas mientras nosotros miramos desde la barrera. El sablazo más reciente llegó el 14 de septiembre, con una transferencia de 4.075.492 euros destinada al 'Fondo Fiduciario para Combatir la Migración Ilegal y la Protección de los Migrantes'. Un nombre tan largo y solemne que probablemente sirve para que nadie se atreva a preguntar qué hacen exactamente con el dinero. Si sumamos esto a la fase anterior, el programa CONMIGO I —que en 2021 ya se había llevado tres millones de euros—, llegamos a un total de siete millones de euros que aterrizan en suelo egipcio. Todo coordinado por la AECID y con el visto bueno de la Unión Europea. Lo verdaderamente cómico, si no fuera trágico, es el contraste. Tenemos un presupuesto anual de cooperación de 4.500 millones de euros que el Tribunal de Cuentas y la AIReF miran con el mismo escepticismo con el que un perro mira un limón. Mientras Albares juega a ser el benefactor de El Cairo, Ceuta y las Islas Canarias siguen siendo el patio de juegos del caos migratorio. Es la paradoja perfecta: tenemos una eficacia quirúrgica para enviar millones al extranjero, pero una gestión amateur para nuestras propias fronteras. Básicamente, estamos pagando el catering de una fiesta en Egipto mientras en casa no tenemos ni para el pan.
Hay que tener una capacidad de timing envidiable para aprobarse un festín de primas justo cuando el barco se hunde y el capitán está haciendo las maletas. El pasado 3 de noviembre, en una reunión extraordinaria que debió ser un ejercicio de contrición, la cúpula de Adif decidió que lo más urgente no era revisar los frenos ni las vías, sino blindar su plan de incentivos hasta 2030. Todo ocurrió apenas unas horas antes de que Pedro Marco de la Peña, el presidente, fuera cesado. Una jugada maestra de 'salva quien pueda' antes de que Carlos Cuerpo, el nuevo ministro, cerrara el grifo. Mientras los usuarios lidian con una puntualidad que es más un deseo que una realidad, y tras una racha negra con accidentes mortales en Adamuz y Urda que dejan un saldo dantesco de 116 fallecidos en nueve meses, los jefes de Adif se aseguran el chiringuito. Para que nos entendamos: mientras el mantenimiento de las vías se queda cojo (previendo incumplir sistemáticamente los objetivos hasta 2030, con un techo del 90% en red convencional), el comité de dirección se paseaba en 2025 con una remuneración conjunta de 1,2 millones de euros. Es como si en tu casa se cayera el techo y, en lugar de llamar al albañil, decidieras comprarte un reloj de oro con el dinero del seguro. Lo más fascinante es la ingeniería ética del convenio con el Ministerio de Hacienda. Se hablan de objetivos 'ambientales y sociales' (ASG), que en 2024 oscilaban entre el 6% y el 30%, pero hay un vacío legal sospechosamente cómodo: no hay ni una sola línea que vincule el dinero extra a la seguridad ferroviaria o a que el tren llegue a tiempo. En Adif, parece que salvar el planeta es prioridad, pero que el tren no descarrile es un detalle secundario que no merece una prima.
Hay que tener una cara cínica del tamaño del AVE para anunciar obras ferroviarias el mismo día que encerrabas a todo el país en su casa. El 16 de marzo de 2020, mientras España contaba los pasos desde el sofá, el Gobierno aprovechaba el estado de alarma para lanzar la renovación del tramo de Urda. Un timing exquisito. El problema es que el Grupo Azvi, protagonista de este despliegue, resultó ser el mismo que puso en nómina a Koldo García Izaguirre. No era un sueldo de becario: 6.000 euros al mes más un bonus del 0,75% por cada obra conseguida. Básicamente, Koldo era el 'abridor de puertas' con esteroides. Mientras el ciudadano medio veía cómo su cuenta corriente se convertía en un desierto, el Grupo Azvi engullía más de 160 millones de euros en contratos del Ministerio entre 2018 y 2021, bajo la batuta de José Luis Ábalos. La UCO ya ha pasado por sus oficinas, registrando también Adif-Alta Velocidad y Deplan Works, porque el magistrado Ismael Moreno sospecha que aquí hubo una ingeniería financiera digna de premio. Pero lo verdaderamente macabro es el contraste. La Fiscalía comunitaria ya husmea en los Fondos Europeos (FEDER) tras el accidente de Adamuz, donde 45 personas perdieron la vida por una 'rotura franca' de la vía que nadie vio durante 22 horas. Es la receta perfecta: dinero público europeo, contratos a dedo para amigos con consultorías sospechosas y una infraestructura que, al final, se rompe. Manuel Contreras Cano dice en el Supremo que no conocía los antecedentes de Koldo. Claro, es como decir que no sabías que el lobo tiene dientes mientras te come el jamón. Ahora la AESF y el Tribunal de Cuentas intentan descifrar si el fraude en la señalización fue el precio de pagar el lujo de algunos.
La burocracia tiene ese don maravilloso de intentar apagar un fuego echándole gasolina. El pasado 6 de noviembre, el BOE publicó una norma de comercialización que suena a manual de economía para dummies: para que el precio del aceite no se desplome, la solución es, sencillamente, no venderlo. Así de brillante. El plan permite retirar hasta un 20% de la producción, aunque en este caso se han quedado en un 12%. Es como si, para que no baje el precio de tu coche, el Gobierno te obligara a dejarlo guardado en el garaje mientras ves cómo el vecino compra uno chino más barato. Luis Planas, el ministro de Agricultura, se escuda en el artículo 167 bis del Reglamento (UE) nº 1308/2013 para justificar este malabarismo. El problema es que mientras las cisternas se llenan de aceite español que no puede salir al mercado —con unas 1,6 millones de toneladas previstas y 375.000 de enlace—, la puerta trasera está abierta de par en par. Los datos del Ministerio de Economía son un puñetazo en la mesa: entre octubre de 2025 y agosto de 2026, España importó 230.040,96 toneladas de aceite, un incremento del 17,36% comparado con las 34.024,70 toneladas de la campaña anterior. Fernando Giraldo, el olivarero que no se calla nada, ha puesto el dedo en la llaga. ¿Cuál es la gracia de almacenar el 'oro líquido' nacional mientras importamos un 20% más de aceite extranjero producido con normativas laborales y fitosanitarias que harían llorar a cualquier inspector europeo? Lo más cínico es que las envasadoras, que son las que traen el aceite de fuera, ahora se quejan de la complejidad del sistema. Giraldo lo resume con la elegancia de quien ha trabajado la tierra toda su vida: que se jodan. Porque mientras el agricultor ve cómo su esfuerzo se queda cogiendo polvo en una cisterna, el mercado se llena de producto importado bajo el ala protectora de Bruselas.
Hay quien dice que el optimismo es una cuestión de perspectiva, pero en Ferraz la perspectiva ahora mismo es un precipicio. Pedro Sánchez intentó vender la remontada como el regreso triunfal del hijo pródigo, pero el accidente del AVE en Urda el pasado 28 de octubre fue el hachazo final a una moral que ya estaba en cuidados intensivos. Ahora, con las elecciones del 29 de noviembre respirándoles en la nuca, el PSOE se encuentra en esa situación incómoda en la que el partido de masas ha pasado a ser un club de lectura con poca asistencia. La aritmética es cruel. Para cubrir las 61.033 mesas electorales en los 8.132 municipios de España, el PSOE necesitaría que casi la mitad de sus 147.648 afiliados se pusieran el chaleco de interventores. Es una jibarización orgánica que haría llorar a Felipe González y Alfonso Guerra, que en sus tiempos de gloria movilizaban a medio millón de personas sin despeinarse. Hoy, el partido se ha tenido que conformar con el 'apoderado multiuso', esa figura triste que hace el trabajo de tres porque no hay quien se apunte voluntariamente. Pero claro, donde no llegan los voluntarios, llegan los intereses. Para financiar la campaña, el partido ha lanzado una campaña de microcréditos. Básicamente, le piden al afiliado que actúe como banco. A cambio de prestar hasta 200 euros, el PSOE ofrece un 3,75% anual (el PSC es más tacaño y ofrece un 3,5%). Es un negocio curioso: el partido te pide dinero para sobrevivir y te promete devolverlo con intereses usando las subvenciones públicas que el propio Estado le dará después. En julio de 2023, los militantes soltaron 5.922.600 euros, cubriendo el 30% de los 17,6 millones gastados. Esta vez, con la militancia desanimada y el censo habiendo perdido 27.000 personas desde 2017, conseguir que la gente saque la cartera parece una misión imposible.
España ha descubierto que mantener las cosas es más difícil que inaugurarlas con una cinta roja y un canapé. Mientras nos venden la modernidad, el asfalto se deshace bajo nuestros neumáticos como una galleta mojada en café. El informe 'Todo funciona peor' del Instituto Juan de Mariana, firmado por Diego Sánchez de la Cruz y Manuel Llamas, es el espejo donde nadie quiere mirarse: pagamos más, pero el servicio es un chiste. Empecemos por el sablazo fiscal. El sector del automóvil le ha soltado al Estado 41.995 millones de euros en 2025, con 23.000 millones solo en carburantes. Es una recaudación agresiva, casi quirúrgica. Pero a la hora de devolver el favor, la administración se vuelve tacaña: menos de 3.000 millones van destinados a conservar las carreteras. Básicamente, por cada euro que invertimos en que el asfalto no se coma nuestro coche, el Estado se guarda quince. Es la gestión del 'está bien así', hasta que deja de estarlo. El resultado es una red viaria que recuerda a los años 80, pero sin la nostalgia. El déficit de conservación roza los 15.000 millones de euros y hay 34.000 kilómetros que necesitan una reconstrucción urgente; una cifra que se ha multiplicado por dos y medio desde 2022, cuando solo eran 13.000 kilómetros. Y claro, el precio se paga en sangre. En 2025 registramos 103.591 siniestros con víctimas, frente a los 97.916 de 2022. Un aumento del 5,8% que se traduce en 1.775 fallecidos y 9.888 hospitalizados. La hipocresía es total: mientras la inversión pública en infraestructuras en 2025 (16.114 millones) es un 60% menor que en 2009, el Gobierno prefiere gastar más en subsidios para billetes de tren que en el mantenimiento de las vías. Estamos descapitalizando el país en silencio, transformando el patrimonio público en un agujero contable que algún día, y no mucho, nos pasará una factura impagable.
Intentar imponer un idioma por decreto es como querer que el gato se bañe: puedes comprar el champú más caro, pero el animal seguirá haciendo lo que le dé la gana. En el Principado de Andorra, un territorio de 468 kilómetros cuadrados que parece un condominio compartido entre el Obispo de Urgel y el presidente francés, el Gobierno ha decidido jugar a los profesores estrictos. Han lanzado una ley de lengua propia y oficial que obliga a acreditar el catalán para renovar la residencia y hasta han multado a un comercio en 2025 porque sus hojas de reclamaciones no estaban en el idioma oficial. Un sablazo administrativo por un detalle de papelería. Pero la realidad no entiende de sellos ni de BOEs. Mientras la ministra Mònica Bonell insiste en que estas medidas cambiarán las tendencias, los datos le dan un bofetón de realidad. En 2022, el catalán era la lengua habitual para el 63,7% de la gente; ahora ha caído en picado hasta el 55,9%. Mientras tanto, el castellano ha subido del 48,6% al 55%. Es una transferencia de poder lingüístico más rápida que un cambio de moneda en el aeropuerto. La hipocresía alcanza su punto álgido en la sanidad. Exigían un B2 de catalán para curar pacientes, pero para 2025 se dieron cuenta de que los virus no esperan a que el médico termine el curso de gramática. Ante la falta de profesionales, han abierto el grifo permitiendo trabajar hasta dos años sin el título. En casa, el castellano manda con un 38,8% frente al 31,9% del catalán, y entre amigos la brecha es similar: 38,2% contra 34,7%. El Gobierno culpa a la inmigración, pero la calle habla claro: el español no pide permiso, simplemente ocurre.
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