Crítica:
El texto es un catálogo de absurdos, pero falla al no presionar más sobre cuántos de esos 'fantasmas' votaron ya en las últimas elecciones. Es una radiografía perfecta de la fe ciega en el Big Data sobre la realidad tangible.
Afloran más de 2.800 casos de irregularidades padronales tras sustituir el Gobierno las visitas a los hogares por un censo digital
Censo digital: empadronados en casas fantasma
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Indulto a medida: el truco del Gobierno
Hay una coreografía muy depurada en los pasillos de la Moncloa que ya deberíamos conocer de memoria. El guion es sencillo: primero se comete el desliz, luego el Supremo pone la multa y, finalmente, llega el 'borrón y cuenta nueva' cuando el ruido electoral ha bajado de volumen. Pedro Sánchez ha decidido que el indulto a Álvaro García Ortiz no puede ser el plato principal de la campaña del 29 de noviembre; sería como intentar vender un coche averiado justo antes de la inspección técnica. Prefieren esperar a estar en funciones, ese limbo administrativo donde el Gobierno ya no tiene que rendir cuentas a nadie pero sigue teniendo el sello oficial para hacer magia con las sentencias. La historia es un despliegue de generosidad institucional. García Ortiz, el ex fiscal general que decidió que el secreto de sumario era una sugerencia opcional para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, se encontró con una condena en diciembre de 2025: dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y un sablazo de 39.009 euros en costas procesales. A eso sumamos 10.000 euros de indemnización por daños morales a Alberto González Amador. Básicamente, una factura que haría temblar a cualquier ciudadano que no tuviera amigos en el despacho presidencial. Pero aquí viene la letra pequeña. Mientras Félix Bolaños organiza consejos de ministros extraordinarios para cerrar temas urgentes, el indulto espera pacientemente en el cajón. Eso sí, hay un detalle que ni siquiera la ingeniería financiera de la Moncloa puede borrar: los 10.000 euros de indemnización civil. Según la Ley de Gracia, el perdón político no es un cheque en blanco que anule las deudas con el vecino. García Ortiz podrá recuperar su honorabilidad administrativa, pero la cartera sufrirá el pinchazo. El Supremo ya avisó en junio que no había 'utilidad pública' en este perdón, pero en el tablero del poder, la utilidad se mide en lealtades, no en sentencias.
Censo digital: empadronados en casas fantasma
España ha decidido que contar personas es cosa del pasado y que un algoritmo es más que suficiente. El Gobierno, bajo el mandato de Pedro Sánchez, implementó en 2021 un 'cambio de paradigma': sustituir las visitas reales a los hogares por un cruce de bases de datos administrativas. El resultado es una fantasía burocrática donde puedes estar empadronado en un solar vacío, en un pub o, sencillamente, en una casa que no existe. Es como intentar hacer la lista de la compra basándose en lo que crees que tienes en la nevera sin abrir la puerta: el papel dice que hay leche, pero la realidad es un desierto. La Policía Nacional y la Guardia Civil han destapado un agujero contable de identidades con más de 2.800 irregularidades. En Alcúdia, un funcionario vendía el 'derecho' a existir en viviendas inexistentes (430 casos). En Archena, el sablazo iba de 50 a 600 euros por documento. Pero el surrealismo alcanza su pico en Seseña, donde una sola vivienda albergaba a 91 personas; básicamente, un hotel invisible para el Estado. Mientras tanto, el INE presume de modernidad aunque detectara discrepancias en 8,3 millones de registros padronales. Lo verdaderamente inquietante es la hipocresía del sistema: el filtro estadístico para detectar anomalías electorales solo se aplica a municipios de menos de 2.000 electores. Así, ciudades como Gandía —donde el PP denunció que 1.386 inmuebles tenían concentraciones sospechosas— quedan en el limbo, fuera del radar. Mientras Alemania o Francia mantienen modelos mixtos, España se ha lanzado de cabeza a la digitalización ciega, olvidando que un dato repetido en tres bases de datos sigue siendo una mentira si nadie ha llamado al timbre para comprobar que el residente no es un fantasma o un contrato falsificado.
Loterías pierde 3.500 millones: el premio invisible
En España, jugar a la lotería es un acto de fe, pero confiar en que el Estado gestione los premios no cobrados parece un deporte de riesgo. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, el Tribunal de Cuentas ha detectado un agujero contable de 3.539 millones de euros. No hablamos de un error de redondeo en la compra del pan, sino de una cifra astronómica que debería haber revertido al Tesoro y que ahora parece haberse evaporado en un limbo administrativo. La trama es deliciosa en su absurdo. SELAE, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, juega al despiste con una técnica digna de un examen suspendido: dicen que no entienden la pregunta. El Tribunal de Cuentas, en su informe 1703 aprobado el 29 de octubre, pide cuentas sobre los premios no repartidos, y la respuesta de Loterías es, básicamente, que 'no saben qué es eso'. Una genialidad semántica para evitar explicar dónde han aterrizado esos miles de millones entre 2023 y 2025. El aroma a hipocresía se intensifica al mirar el calendario. Estas anomalías coinciden con la etapa en la que María Jesús Montero, actual senadora por Andalucía, capitaneaba el Ministerio de Hacienda. Hay 520 operaciones de premios mayores con documentación incompleta que parecen haber decidido jugar al escondite. El Tribunal de Cuentas, harto de que SELAE ignore las solicitudes desde mayo del año pasado, ha dado un ultimátum el 11 de noviembre: diez días para explicar el destino del dinero o empezar a buscar responsables. Todo esto ocurre mientras la UCO registra el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal del PSOE y la Fiscalía Europea husmea en los fondos comunitarios. Es el ecosistema perfecto: un Estado que te pide el último céntimo en impuestos, pero que pierde la trazabilidad de 3.540 millones de euros porque 'el concepto no es concreto'.
Votos zombis y censos con agujeros
En este país somos expertos en el arte de ignorar el polvo bajo la alfombra hasta que la alfombra empieza a levitar. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en un alarde de honestidad tardía, ha admitido que el padrón municipal es básicamente un cementerio digital. Tienen miles de registros de personas que pasaron a mejor vida hace décadas, pero que administrativamente siguen tan vivas como el deseo de un político de no rendir cuentas. Para el INE, estos fallecidos son simples «residuos», una palabra preciosa para decir que su base de datos tiene el rigor de una lista de la compra escrita en una servilleta mojada. Mientras nosotros peleamos con el cajero automático para que no nos cobre comisión, el Estado gestiona un censo donde 5.228 supuestos centenarios fueron excluidos en 2021 solo porque no cobraban pensión ni pagaban impuestos. O sea, que si no hay dinero de por medio, el ciudadano deja de existir; pero si el registro es un 'residuo', se queda ahí, cómodamente instalado. Lo inquietante no es la estadística, sino la urna. A diecinueve días de las generales del 29 de noviembre, nadie aclara si estos fantasmas siguen en el censo electoral. En una elección ajustada, un puñado de votos de personas que llevan veinte años bajo tierra podría valer más que el programa electoral entero. Y la fiesta sigue con el CERA. 12.567 envíos electorales fueron devueltos en las europeas de 2024 con la etiqueta de «fallecido», con Argentina liderando el ranking de ausencias con 7.094 casos. Todo esto bajo la mirada de Elena Manzanera y una Oficina del Censo Electoral (OCE) que presume de «trazabilidad completa» mientras el Tribunal Supremo los pilla en un renuncio sobre los nacionalizados por la ley de nietos. Para rematar el cuadro, el Gobierno insiste en meter el MiDNI en las urnas, una herramienta que Europa no reconoce y que tiene más grietas de seguridad que una pared de adobe. En resumen: un censo con zombis y una identificación digital que parece un colador.
PP y Vox: el árabe 'adoctrina' gratis
Hay una ironía deliciosa en el aire balear que huele a incienso y a despacho cerrado. El Parlament, impulsado por la alianza PP y Vox, ha decidido que aprender árabe y cultura marroquí en los colegios es, básicamente, una operación de lavado de cerebro. Lo curioso es que el 'adoctrinamiento' que ahora les quita el sueño fue el juguete favorito del Gobierno de Mariano Rajoy, quien en 2012 puso en marcha este programa mediante un convenio con Marruecos. Sí, resulta que el adoctrinamiento era aceptable cuando el calendario marcaba la era de Rajoy, pero ahora es un peligro nacional. La Consellería de Educación de Marga Prohens ya empezó a tirar de cuerda en 2025, enviando una carta al Ministerio de Educación —entonces bajo el mando de Pilar Alegría— pidiendo que echaran las clases fuera de las aulas. El detalle es que estamos hablando de menos de diez colegios. Diez. En un archipiélago donde gestionar el turismo es un deporte de riesgo, el Govern ha decidido que su prioridad absoluta es desplazar unas clases que, por cierto, se imparten por las tardes y en horario extraescolar. Lo más brillante de la ingeniería política es que el programa no le cuesta un euro al contribuyente balear; es el Gobierno de Marruecos quien paga los sueldos de los profesores. Es decir, que el PP y Vox quieren echar de casa a alguien que no solo no gasta el presupuesto público, sino que trae su propia cartera. No quieren suspenderlo del todo, solo quieren que se mude a 'espacios fuera del ámbito escolar'. Traducción: que se vayan al patio o al parque, pero que no manchen la pulcritud ideológica de los centros públicos. Un movimiento maestro de gestión del miedo donde el coste es cero, pero el ruido político es oro.
31 millones para calmar la huelga
Hay que tener una arquitectura del cinismo envidiable para organizar una huelga general y, veinticuatro horas antes, descubrir que el Gobierno te ha dejado la puerta abierta a un pastel de 31 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobó un plan de 'contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional' para el 'desarrollo sostenible', incluyendo convenientemente a UGT y CCOO. Lo curioso es que ninguno de los dos sindicatos tiene delegaciones fuera de España. Básicamente, Moncloa ha decidido que para salvar el planeta hace falta que el dinero pase primero por las cuentas de quienes, en teoría, están protestando contra el Ejecutivo. Es como si tu jefe te diera un bono de productividad el día que anuncias que vas a hacer un motín en la oficina. Mientras Pepe Álvarez se pone el traje de indignado y lanza que 'se han cojones creído que somos tontos' por la supuesta falta de movimiento en las calles, la realidad contable es mucho más relajada. El salario mínimo subió un 66%, sí, pero la ingeniería financiera del Gobierno es la verdadera joya: entre 2018 y 2025, las subvenciones directas y ayudas a centrales, federaciones y fundaciones vinculadas a los sindicatos superan los 569 millones de euros. Un monto que haría palidecer a cualquier presupuesto municipal de barrio. La coreografía es perfecta. Yolanda Díaz llama a Sordo y Álvarez, se mueve la maquinaria sindical y, justo antes del 'estallido', aparece el Real Decreto. Al final, la huelga ha tenido la fuerza de un suspiro, pero el flujo de caja sigue intacto. El presidente Sánchez guarda un silencio sepulcral, probablemente porque es más cómodo dejar que el dinero hable por él mientras el país se pregunta si la protesta era un derecho laboral o una simple gestión de activos públicos.
Sanidad gratis: el nuevo resort para turistas
España ha decidido jugar a ser la farmacia gratuita del mundo, y lo hace con una generosidad que haría palidecer a cualquier santo. Mientras el ciudadano medio ve cómo su lista de la compra se convierte en un ejercicio de equilibrismo financiero, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña invitando a cualquier inmigrante, sin importar sus papeles, a disfrutar de una 'atención completa'. Suena muy noble en el folleto, pero en el pasillo del hospital la realidad es otra: el turismo sanitario. El doctor David Andina, Premio Nacional de Medicina, ha soltado la bomba en X: hay gente que aterriza en España ya diagnosticada con enfermedades graves, guiados por 'agencias' que les venden el SNS como un resort todo incluido. Antes, la cosa era más sencilla. Si llegabas como turista sin seguro y con un cáncer, el sistema te decía que no. Había un muro de 90 días y el DASE (Documento de Asistencia Sanitaria a Extranjeros) se denegaba si olías a 'turismo médico'. Pero entonces llegó el Real Decreto 180/2026 del 11 de marzo, impulsado por Mónica García. Ahora, la universalidad es la religión oficial. El hospital ya no espera a que el paciente ruegue por vulnerabilidad; ahora inicia el expediente de oficio. ¿El resultado? Un agujero contable donde el SNS paga la factura mientras se resuelve el papeleo, incluso si el paciente lleva menos de tres meses aquí. En la práctica, diferenciar al residente irregular del turista que viene a curarse gratis es como intentar distinguir un grano de arena de otro en plena playa. Las plantillas, ya dimensionadas al límite, ahora deben absorber este flujo sin que nadie haya movido un euro extra para financiar el banquete.
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