Crítica:
La noticia es un resumen de clips virales disfrazado de entrevista. Falta el dato real de cuánto dinero supone ese 'multiplicar por 20' para no quedarse en la superficie del marketing político.
Jordi Wild corta de golpe a Sánchez cuando compara los accidentes de tren con las catástrofes naturales
Sánchez y Wild: el tren del zasca
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Ábalos y sus 'bolígrafos': el código del efectivo
Parece que en las altas esferas del poder el diccionario de la RAE no sirve para nada; allí se prefiere un lenguaje más 'creativo'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la máquina del cajero para sacar unos billetes que ya no valen nada, en el entorno de José Luis Ábalos el dinero fluía con la sutileza de un camión de mudanzas, pero disfrazado de material de oficina. El informe de la UCO ha destapado que Cristian Corvillo, el empresario cordobés que hizo de chófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017, no hablaba de transferencias ni de nóminas, sino de 'bolígrafos'. Es fascinante. Koldo García ya nos había dejado el listado de la compra: los billetes de 500 eran 'chistorras', los de 200 'soles' y los de 100 'lechugas'. Una verdadera feria gastronómica del efectivo. Ahora resulta que Corvillo, en sus idas y venidas con el comisionista Víctor de Aldama, usaba los 'bolígrafos' y las 'fotocopias' para referirse al metálico que acababa en el bolsillo del exministro de Transportes. En diciembre de 2021, la cosa quedó clarísima: Corvillo le soltó a Aldama que, aunque Ábalos decidiera si debía ir a una comida, lo importante era que fuera para 'traer los bolígrafos'. No querían problemas, claro, porque pedir un Bic es inocente, pero pedir un fajo de billetes ya suena a código penal. La Guardia Civil ha puesto el foco en un intercambio donde Koldo García le pregunta directamente a Ábalos si le entrega 'fotocopias' del programa de Córdoba, y el exministro asiente. Una gestión administrativa impecable. Lo más cínico es que, mientras Aldama y el binomio Ábalos-Koldo se peleaban, Corvillo seguía haciendo de puente, demostrando que en el negocio de la ingeniería financiera, la lealtad dura lo que tarda en llegar el siguiente paquete de papelería.
Feijóo al IMV: Trabaja o llega a cero
Alberto Núñez Feijóo ha decidido que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) deje de ser una red de seguridad para convertirse en un embudo. En una charla con Jordi Wild en 'The Wild Project' este viernes 13 de noviembre, el líder del PP ha soltado la bomba: quien rechace trabajar verá cómo su ayuda se desvanece, bajando peldaño a peldaño hasta llegar al cero absoluto. Es la política del 'trabaja o pasa hambre', empaquetada con la elegancia de quien cree que el mercado laboral es un buffet libre donde siempre hay un plato disponible para todos. Feijóo ha lanzado una cifra que suena a leyenda urbana pero que usa como mazo: asegura que de los dos millones y medio de beneficiarios, medio millón son inmigrantes que no han trabajado ni una sola hora el último año. Lo fascinante es que, al preguntarle de dónde saca el dato, el silencio fue el protagonista; una fuente invisible, probablemente un oráculo del partido. Esta visión no es nueva, ya estaba en el documento de inmigración de septiembre de 2025, pero ahora tiene dientes. No se trata solo de buscar empleo, sino de aceptar lo que haya, ajustado a la formación, bajo amenaza de quedar en la calle. Mientras tanto, el candidato juega al ajedrez con la 'prioridad nacional'. Dice que dar preferencia por nacionalidad es ilegal según Europa, así que propone el truco del empadronamiento para que el español tenga más papeletas en la vivienda oficial. Y sobre Vox, ha sido lapidario: su prioridad nacional no es un decreto, es echar a Sánchez. Entre el modelo Italia-Albania y la crítica a que la población extranjera haya saltado de seis millones en 2018 a diez hoy, Feijóo resume su filosofía en una frase que corta como un cuchillo: 'Lo irregular no puede producir derechos'. Básicamente, si no tienes el sello correcto, el Estado es un muro de hormigón.
Sánchez y Wild: el 'ojímetro' fronterizo
Hay momentos en los que el guion oficial se desmorona como un flan en agosto. El 13 de noviembre de 2026, en el set de The Wild Project, Pedro Sánchez intentó vender la invasión de Ceuta como una especie de operación de salvamento preventivo. Según el presidente, los agentes marroquíes estaban allí para 'evitar una tragedia'. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica. Jordi Wild, que no ha venido a hacerle la pelota al jefe del Ejecutivo, le soltó el primer jarro de agua fría: la verdadera tragedia fue dejar a una ciudad española en una situación pésima mientras el vecino hacía lo que quería. El contraste es brutal. Mientras el ciudadano de a pie siente que el control de su frontera es como el WiFi de un hotel barato —va y viene según le apetezca al dueño—, Sánchez se encogió de hombros sobre la responsabilidad de Marruecos. 'No tengo esa información', soltó, con la misma naturalidad con la que uno dice que no sabe dónde dejó las llaves, olvidando que guiaron a los inmigrantes hacia territorio español como quien indica el camino al parking más cercano. Cuando el agua le llegó al cuello, el líder socialista sacó la carta del dilema moral: o nos liamos a tiros con chavales desarmados o los absorbemos. Una falsa dicotomía que simplifica la gestión fronteriza a un botón de 'sí o no'. Para rematar la faena, lanzó la cifra mágica: nueve de cada diez migrantes que entraron, salieron. Un dato que suena a precisión suiza hasta que Wild le pidió el ticket de la compra. Ahí, el presidente admitió que el recuento es más un 'a ojo' de las Fuerzas de Seguridad del Estado que una estadística auditada. Al final, la frontera se gestionó con la misma precisión que una mudanza improvisada.
Alcalá: el 'centro temporal' que no cierra
Gestionar un ayuntamiento es, a veces, como intentar organizar una cena familiar donde el anfitrión decide traer a diez invitados extra sin avisar, mientras tú solo tienes una botella de vino y tres sillas. Eso es exactamente lo que le ha pasado a Judith Piquet en Alcalá de Henares. En un abrir y cerrar de ojos, concretamente en 13 días, el Centro de Atención, Emergencias y Derivación (CAED) ha pasado de albergar a 471 personas a 953. Un crecimiento del 102% que llega como un jarro de agua fría, justo después de que El Hierro se convirtiera en el epicentro de una crisis que el Gobierno central parece gestionar con la misma transparencia que un juego de cartas marcadas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones maneja los datos con una frialdad quirúrgica: para el 9 de noviembre, el acumulado de personas atendidas ya rozaba las 14.000. Pero mientras los números suben en los excels de Madrid, en la calle la sensación es la de un 'agujero de información'. La alcaldesa Piquet denuncia que el Ejecutivo juega al escondite con la comunicación, trasladando la carga a los municipios sin soltar un solo dato sobre quiénes son los nuevos residentes, su edad o sus antecedentes. Es la clásica maniobra de 'repartir la factura' pero dejar que el ayuntamiento pague el IVA. Lo más irónico es el concepto de 'temporalidad'. El centro lleva tres años funcionando en la ciudad; en términos de alquileres urbanos, eso ya sería un contrato indefinido con derecho a antigüedad. Piquet pide el cierre y una reunión urgente con Pilar Trinidad, la delegada del Gobierno en Madrid, porque resulta que saber quién duerme en tu ciudad no es un capricho, sino una cuestión de convivencia básica. El Gobierno central planea, el municipio improvisa y el CAED se llena.
UGT: 27 millones en nóminas públicas
Hay una danza muy curiosa entre el Palacio de la Moncloa y la UGT que ya huele a complicidad de manual. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no quede en números rojos antes del día diez, el sindicato se ha pegado un susto de muerte: el Tribunal Supremo les ha pasado factura por un agujero contable de 27,11 millones de euros. No es que se les haya olvidado pagar el IBI; es que el Supremo ha detectado que usaron subvenciones destinadas a formación para engrosar las nóminas de su propia gente. Básicamente, han usado el dinero público para pagar sus caprichos salariales, saltándose los mínimos del convenio. El calendario es, sencillamente, poético. El 5 de octubre, justo cuando Pedro Sánchez lanzaba la convocatoria electoral, el Supremo dictaba que debían devolver 18,31 millones. Como si fuera un combo de ofertas de supermercado, el 13 de octubre llegó el segundo golpe: otros 8,79 millones (6,6 millones de principal y 2,1 millones en intereses de demora). En total, una factura que haría temblar a cualquier PYME, pero que para la UGT Andalucía es el motor de una dependencia absoluta hacia el Gobierno. Lo irónico es que, mientras negociaban huelgas, la caja del sindicato estaba más seca que un desierto. Ahora, la UGT no solo necesita que Sánchez multiplique por tres sus subvenciones anuales para sobrevivir, sino que reza para que el Tribunal Constitucional, bajo la batuta de Conde-Pumpido, les salve el cuello. Es el círculo perfecto: el Gobierno paga, el sindicato calla y la justicia, aunque dicte sentencia, parece un ruido de fondo en una relación donde el dinero público es el pegamento que lo mantiene todo unido.
Ceuta: Menos botas y más caos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que en Ceuta ya todo es 'normalidad', aunque esa normalidad consista en dejar a la ciudad con un despliegue militar que parece más una guardia de museo que una operación de seguridad. Hemos pasado de tener 200 militares patrullando día y noche —dos compañías completas que hacían de muro— a una anémica sección de 25 efectivos que solo salen a pasear durante el día. Por las noches, el silencio es absoluto, salvo por el QRF que espera el incendio. Es como si, tras un incendio forestal, decidieran retirar todas las mangueras dejando solo un vaso de agua y un extintor caducado. Mientras tanto, la realidad en la calle no entiende de optimismo gubernamental. Quedan unos 15.000 invasores camuflados en infraviviendas y montes, en una ciudad de 83.000 habitantes donde el 90% de los ilegales juegan al escondite para evitar el triaje policial. El resultado es un sablazo en la seguridad: la delincuencia ha subido un 60% desde agosto y la Cámara de Comercio ya ha puesto precio al desastre: 74 millones de euros. Un agujero contable que no se llena con discursos. La hipocresía alcanza su pico cuando vemos que, el 31 de octubre, varias enfermeras del Hospital Universitario de Ceuta fueron agredidas justo donde antes había militares. Ahora, los efectivos de la ATME, hartos de combatir agresiones con porras y gas pimienta mientras piden auxilio al 112 para no ser linchados, han tenido que saltarse la cadena de mando y pedir audiencia al Rey. Porque cuando el Ministerio de Defensa, con Margarita Robles a la cabeza, te pide que mientas diciendo que todo va bien mientras te dan palos, lo único que queda es buscar el apoyo moral en la Corona.
Begoña Gómez: ¿Empoderada o solo 'señora de'?
Hay una línea muy fina entre el empoderamiento y el guion de una telenovela de tardes, y el PSOE acaba de cruzarla con un salto acrobático en Sevilla. Begoña Gómez subió al estrado para soltar la perla de que las mujeres ya no son «señoras de», mientras hacía exactamente eso: ejercer de «señora de» el presidente del Gobierno en un evento donde no tiene ni un cargo orgánico, ni una responsabilidad partidista, ni siquiera un carnet que justifique que no sea el anillo el que le abra la puerta del escenario. En la mesa de 'El Hormiguero', Cristina Pardo y Nuria Roca no han tenido el guante de seda habitual. Para ellas, la escena chirría más que una puerta sin aceite. Es la paradoja máxima: reivindicar que somos autoras de nuestra propia vida mientras el equipo de comunicación de Pedro Sánchez te vende un pack de «fuerza del amor» y bailes festivos para tapar que el partido no tiene referentes que quieran subir al escenario, con ausencias notables como José Luis Rodríguez Zapatero u Óscar Puente. La cosa se pone tierna cuando Sánchez, desde el atril, se deshace en elogios hacia su esposa, usando el afecto público como un escudo protector frente a las investigaciones por tráfico de influencias y malversación. Es marketing emocional puro: si hay amor, no puede haber delito. Juan del Val terminó de cerrar el círculo recordando que la emancipación femenina no fue un invento de la actual Moncloa, sino un proceso histórico que ya estaba resuelto mucho antes de que Sánchez llegara al poder. Al final, intentar colgarse la medalla de la libertad femenina mientras se usa el mitin como terapia de pareja resulta, cuanto menos, un ejercicio de gimnasia mental digno de premio.
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