Crítica:
El texto es un ejercicio de contraste brutal, aunque se apoya excesivamente en la opinión de un solo ingeniero. La hipocresía del flujo financiero es evidente, pero falta analizar si el crédito FIEM tiene condiciones de retorno reales.
El texto es un ejercicio de contraste brutal, aunque se apoya excesivamente en la opinión de un solo ingeniero. La hipocresía del flujo financiero es evidente, pero falta analizar si el crédito FIEM tiene condiciones de retorno reales.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el ticket del supermercado como quien lee una novela de terror, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que 800.000 euros son un 'detalle' razonable para enviar al norte de Marruecos. No es dinero de los fondos europeos Next Generation —nada de préstamos externos—, sino dinero vivo de los Presupuestos Generales del Estado, sacado directamente del bolsillo de los contribuyentes españoles. José Manuel Albares, el arquitecto de nuestra diplomacia, mueve los hilos a través de la AECID para regar la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas. El objetivo suena a manual de marketing social: 'empoderamiento femenino', 'escuela inclusiva' y 'economía de los cuidados'. Conceptos preciosos que, en la práctica, son tan etéreos como una promesa electoral. La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) confirmó la jugada el pasado 20 de octubre, pero el desglose es un misterio digno de Agatha Christie: no sabemos cuántas mujeres se 'empoderarán' ni qué escuelas se volverán 'inclusivas'. Solo sabemos que el dinero ya tiene destino: dos concesiones al Consejo Regional de Tánger-Tetuán-Alhucemas por 659.000 y 141.000 euros. Lo verdaderamente fascinante es el timing. El Real Decreto 188/2025 sirve de escudo legal mientras Rabat juega al gato y al ratón con nuestra soberanía sobre Ceuta y Melilla. Albares le dice a Naser Burita que las reivindicaciones marroquíes son 'absolutamente inaceptables', pero acto seguido le envía un cheque de casi un millón de euros. Es la diplomacia del 'estoy muy enfadado contigo, pero toma este dinero para que no te molestes'. Una estrategia brillante si lo que buscas es pagar el alquiler de la paz fronteriza con el dinero de quien no puede pagar la luz.
Hay silencios que gritan más que un estadio lleno, y el del Gobierno de Pedro Sánchez ante el último espectáculo en San Mamés es ensordecedor. Mientras 40.000 espectadores —dejando 13.229 asientos vacíos, quizás por falta de ganas de asistir a un mitin disfrazado de fútbol— veían cómo la selección vasca le ganaba 1-0 a Venezuela, la grada se convirtió en un karaoke del resentimiento. El hit del momento: «español el que no bote». Un ritmo pegadizo para algunos, una bofetada para otros, y un bostezo institucional para Moncloa. La escena era surrealista. Jugadores como Oihan Sancet, que en octubre de 2023 celebraba con lágrimas en los ojos marcarle a Escocia con la selección absoluta de España, ahora saltaban al son de una consigna que excluye precisamente a quienes le dieron el estrellato. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica. Mientras Kepa Arrizabalaga ponía cara de querer evaporarse y Jagoba Arrasate mantenía la compostura, el resto del grupo se sumaba al baile, entre pancartas de «Free Maduro» y sueños de oficialidad deportiva impulsados por PNV y EH Bildu. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien encuentra la gracia en el cinismo— es el contraste. Cuando en marzo, en Cornellá, unos iluminados cantaron «musulmán el que no bote» contra Egipto, el Gobierno reaccionó como si hubiera saltado una alarma nuclear. Sánchez, Milagros Tolón y Óscar Puente salieron en tromba a hablar de «fascismo» y «odio», con Albares llamando hasta al homólogo egipcio para pedir perdón en nombre de la tolerancia. Pero claro, cuando el «odio» viene empaquetado con los apoyos necesarios para sobrevivir al 29-N, la tolerancia se vuelve selectiva. El silencio de Tolón hoy es la moneda de cambio política de mañana. Al final, parece que en España no es lo mismo botar que botar, dependiendo de quién sea el socio que te sostiene la silla.
La DGT nos quiere vender que el cielo sigue vigilado, pero la realidad es que su flota aérea tiene más puntos negros que un examen de matemáticas en junio. Mientras los helicópteros Pegasus han aterrizado definitivamente por los agujeros contables de su adjudicataria, Pere Navarro y su equipo nos dicen que los drones llevan el mando. Spoiler: es una broma de mal gusto. Estamos hablando de unas 40 unidades que son auténticas reliquias. Tienen modelos como el DJI Phantom 4, un aparato de 2016 que hoy es tan útil como un teléfono de disco; un dron de consumo básico, sin zoom óptico y totalmente descatalogado. Luego están los DJI Matrice 200, que nacieron en 2017 y hoy son básicamente pisapapeles caros porque no hay repuestos. De los 40 drones, la mitad están rotos. Es como intentar gestionar el tráfico de Madrid con un Nokia 3310 y mucha esperanza. Solo el SDLE Thyra V109 mantiene la dignidad con su zoom 40x, pero el resto de la flota es un chiste. Estos juguetes, que en su día costaron entre 2.000 y 10.000 euros, no tienen radar de velocidad homologado. O sea, que sirven para hacer fotos bonitas desde el aire, pero no para multar con rigor técnico. Lo más surrealista es el despliegue humano: el operador del dron no es agente de la autoridad, así que tiene que ir escoltado por un Guardia Civil para que el operativo no sea un paseo turístico. La DGT ha preferido invertir en herramientas para vaciar carteras en lugar de en seguridad real. Han pasado cinco años, desde 2020 y 2021, sin comprar un solo tornillo nuevo. En resumen: vigilancia de vanguardia con tecnología de museo.
En el tablero del Estado, hay piezas que brillan y otras que son simples adornos. La AITAT, esa entidad que suena a agencia espacial pero que en realidad es el 'departamento de los accidentes', es el ejemplo perfecto de cómo montar un escaparate sin tener mercancía en el almacén. Para investigar los descarriles de Adamuz —donde ya han pasado diez meses— y el de Urda, que cumple un mes, el Gobierno ha desplegado un ejército formidable: tres investigadores. Tres. Es como intentar limpiar un estadio después de un concierto de rock con una escoba vieja y un cubo agujereado. La comedia alcanza su clímax con la baja por paternidad de uno de ellos. Ahora el equipo ha quedado reducido a dos, obligando a que los consejeros, que tienen rango de director general y probablemente prefieran el aire acondicionado de su despacho, se bajen al barro y hagan las preguntas. Lo más gracioso es que, en teoría, está prohibido que los vocales hagan ese trabajo. Pero bueno, cuando el barco se hunde, cualquiera que sepa nadar es capitán. Mientras el ministro provisional de Transportes, Carlos Cuerpo, juega al 'limpiador' despidiendo a los presidentes de Adif y Renfe para marcar territorio, la AITAT sigue siendo un cascarón vacío. Se supone que es independiente, pero el Ministerio paga las nóminas y pone los despachos; una independencia tan real como la de un adolescente que dice ser libre pero sigue viviendo en casa de sus padres y usando su tarjeta. La CIAF murió en julio para dar paso a este nuevo modelo que, a día de hoy, no ha terminado ni una sola investigación. Si ocurre otro accidente, el sistema no solo fallará, explotará. Porque contratar a alguien nuevo no es como comprar un café: requiere entre tres y seis meses de formación. En resumen, tenemos un organismo de seguridad que funciona con la inercia de un funcionario un viernes a las dos de la tarde.
Hay una diferencia abismal entre el 'relato' de despacho y la realidad del barro. Mientras Pedro Sánchez disfrutaba de unas vacaciones dignas de catálogo en el Palacio de la Mareta con Begoña Gómez, Ceuta se convertía en el escenario de una 'guerra híbrida'. El Gobierno nos vendió la moto de una 'crisis migratoria', una etiqueta cómoda que suena a problema administrativo, pero los papeles no mienten. En los archivos del Ministerio de Defensa, bajo la firma del Teniente General José Antonio Agüero Martínez, no se habla de flujos migratorios, sino de 'despliegue de unidades y orden de batalla'. Traducción para el ciudadano de a pie: estábamos a un paso del choque frontal mientras el presidente alababa a Mohamed VI como si fuera el vecino más servicial del barrio. La hipocresía es el combustible de Moncloa. José Manuel Albares presume de llamadas telefónicas y coordinación con Rabat, pero en los documentos del 15 de septiembre, Carmen Magariños admite que no hay ni un solo papel que acredite esas conversaciones. Es como decir que has hecho la compra pero llegar a casa con la nevera vacía y sin ticket. Mientras tanto, la jueza María Tardón ha imputado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, sospechando que alguien en la cima decidió mirar hacia otro lado mientras buques de guerra marroquíes paseaban por aguas españolas. Para rematar la jugada, el despliegue de medios para las expulsiones es una broma de mal gusto: diez funcionarios. Diez. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua mientras el ministro Ángel Víctor Torres se esconde tras el secreto oficial. El Gobierno ha jugado al escondite con la soberanía nacional, usando la Ley 9/1968 como manta para tapar que, mientras ellos hablaban de 'socio fiable', los militares estaban en posición de combate hasta el 21 de octubre.
Hay un arte casi místico en la política española: el 'efecto estreno'. Carlos Cuerpo ha aterrizado en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenibles con la energía de quien acaba de descubrir que las cosas se pueden solucionar si uno simplemente se pone a ello. En una entrevista en COPE con Herrera, el ministro lanzó un dardo con precisión quirúrgica a su antecesor, Óscar Puente, presumiendo de haber resuelto en apenas semana y media demandas sobre tiempos de trabajo y alertas meteorológicas que llevaban años cogiendo polvo en los cajones oficiales. Es la clásica narrativa del salvador: mientras el anterior gestionaba la inercia, el nuevo hace magia con el calendario. Pero la realidad es que el calendario sigue sangrando. Este martes, 17 de noviembre, los trenes vuelven a jugar al escondite con una nueva huelga, ya que los servicios mínimos han tenido que ser asumidos por Transportes ante la incapacidad de llegar a un acuerdo. Cuerpo intenta vender un 'contexto de confianza', aunque la confianza en el ferrocarril español está más rota que un asiento de tren regional en hora punta. Tras los accidentes mortales de Urda y Adamuz, el Gobierno ha decidido que la solución es crear un comité de expertos ferroviarios este lunes, importando técnicos del sector aeronáutico y extranjeros para que nos digan dónde hemos metido la pata. Para rematar la jugada y calmar los ánimos, el Ejecutivo saca la cartera: 19.000 millones de euros blindados para mantenimiento e inversión en los próximos cinco años. Es una cifra astronómica, el equivalente a comprarse medio país, pero necesaria cuando el sistema ha demostrado que la seguridad no puede depender de la buena voluntad. El plan es un 'choque a corto plazo' y un pacto de Estado a medio plazo, esperando que el dinero y los expertos extranjeros logren que viajar en tren deje de sentirse como una apuesta arriesgada.
En el tablero del poder, cuando el aire huele a juzgado, la primera reacción no es buscar la verdad, sino limpiar la alfombra para que el dueño de casa no se resbale. Carlos Cuerpo, que aterrizó en el Ministerio de Transportes el 4 de noviembre tras la salida de Óscar Puente, ha recibido un 'mapa de minas' entregado por sus propios funcionarios. No es una lista de méritos, sino un catálogo de nueve altos cargos que podrían terminar citados por el juez, ya sea como testigos o como imputados. Es la clásica maniobra de 'cortar el lastre' antes de que el barco empiece a hundirse. El menú de crisis se divide en dos platos indigestos. Primero, la tragedia de Urda, donde 69 personas perdieron la vida mientras alguien en la Sala de Control de Atocha decidía que el sistema LZB era suficiente, ignorando la marcha a la vista de 40 km/h. Aquí el riesgo salpica a figuras como José Antonio Santano Clavijo, Álvaro Fernández Heredia (ya cesado la semana pasada), Carlos María Juárez Colera y Ángel García de la Bandera. Básicamente, los responsables de que los trenes no se conviertan en chatarra retorcida. Luego tenemos el plato fuerte de la Audiencia Nacional: 537,2 millones de euros en obras públicas que el juez Ismael Moreno sospecha que fueron repartidas como caramelos en un cumpleaños. Hablamos de una ingeniería financiera que incluye a Guillermo Llopis Serrano, Manuel Martínez Cepeda, Concepción Casillas Martín, Elena González Gómez y Belén Villar Sánchez. Entre amaños de licitaciones y el posible uso fraudulento de fondos europeos para el sistema ERTMS, el Gobierno prefiere hacer una limpieza de primavera anticipada. Ya han caído Luis Pedro Marco de la Peña y Encarna Sandonis. El mensaje es claro: si el juez te señala, para el Ministerio ya eras invisible.
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