Crítica:
El texto original es una crónica de entretenimiento disfrazada de noticia política. Es fascinante cómo el periodista describe la escena pero no cuestiona la gravedad de usar tragedias nacionales para hablar de meditación en pareja.
El texto original es una crónica de entretenimiento disfrazada de noticia política. Es fascinante cómo el periodista describe la escena pero no cuestiona la gravedad de usar tragedias nacionales para hablar de meditación en pareja.
En la política municipal, la memoria es un músculo que se atrofia convenientemente según sople el viento. En Esteríbar, el guion es de manual: primero te ponen la dieta a dieta y luego te sirven el banquete. Retrocedamos al verano de 2023. Guillermo Larrayoz Otazu acababa de aterrizar en la alcaldía el 17 de junio, gracias a un pacto con Independientes de Esteríbar y Alternativa Esteríbar. Parecía un matrimonio de conveniencia estable, hasta que llegó el 28 de junio y tocaron el tema del dinero. Larrayoz pidió 32.042 euros brutos anuales. Una cifra que, para quien maneja presupuestos públicos, es casi calderilla, pero que a EH Bildu e Independientes de Esteríbar les pareció un exceso. Se aliaron con la precisión de un reloj suizo para fulminar la propuesta por 6 votos contra 4. No se conformaron con el 'no'; fueron más allá y lo obligaron a bajarse el sueldo hasta los 29.397 euros. Básicamente, le recortaron la cartera mientras le recordaban que la austeridad es una virtud, especialmente cuando la aplica otro. Fast-forward al presente. Matilde Añón, que en aquel entonces fue una de las arquitectas del recorte, ahora luce la banda de alcaldesa. Y aquí la aritmética se vuelve creativa. Añón se ha blindado un sueldo de 47.160,98 euros brutos. Estamos hablando de un incremento del 60,43 % respecto a lo que cobraba Larrayoz. Un sablazo de 17.763,98 euros extra al año que, curiosamente, ha sido bendecido por el mismo bloque de Independientes, EH Bildu y Alternativa Esteríbar. Como si el chiste no tuviera ya suficiente gracia, el acuerdo del 29 de septiembre de 2026 podría ser papel mojado. Un vecino, que probablemente sabe leer un calendario mejor que el secretario municipal, ha recurrido al Tribunal Administrativo de Navarra. ¿El motivo? Convocaron el pleno con apenas 19 horas y 18 minutos de antelación, saltándose los dos días legales. Una prisa sospechosa por cobrar más que parece sacada de una comedia de enredos.
En el pequeño tablero de Esteríbar, la aritmética del poder tiene una lógica muy particular: lo que para unos es un 'exceso', para otros es un 'merecido'. Resulta fascinante observar cómo la austeridad es una asignatura que algunos políticos aprueban solo cuando el cheque no lleva su nombre. Retrocedamos al 5 de agosto de 2023. En aquel entonces, EH Bildu e Independientes de Esteríbar se pusieron la capa de los ahorradores. Vieron que para Guillermo Larrayoz se proponían 35.241 euros y, con una sensibilidad social ejemplar, decidieron que era demasiado. Le recortaron la propuesta en un 16,58 %, dejándolo en 29.397 euros. Un sablazo de 5.844 euros en nombre del rigor presupuestario, aprobado con ocho votos a favor. Pero el viento cambió y la cartera también. El 29 de septiembre de 2026, la nueva alcaldesa, Matilde Añón, ha aterrizado en el despacho con una tarifa muy distinta. Los mismos socios de siempre —Independientes, EH Bildu y Alternativa Esteríbar— han decidido que la austeridad ya no es tendencia. Han aprobado que la primera edil cobre 47.160,98 euros brutos anuales. Un incremento del 60,43 % respecto a su antecesor. En plata: un extra de 17.763,98 euros que, comparado con el recorte anterior, parece una broma de mal gusto. Como si el monto no fuera suficiente, el proceso ha sido un ejercicio de velocidad olímpica. La alcaldesa firmó la convocatoria el 28 de septiembre a las 14:12 y el pleno se celebró el 29 a las 9:30. Diecinueve horas y dieciocho minutos. Un despliegue de eficiencia que ignora los dos días hábiles que marca la Ley Foral 6/1990. Ahora, un vecino ha llevado el asunto al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), esperando que la ley sea más rígida que la memoria salarial de los concejales.
Gestionar el agua de un país es como operar a corazón abierto: o sabes dónde cortar o terminas en una tragedia. Pero al parecer, en el Ministerio de Transición Ecológica han decidido que para manejar presas y embalses basta con tener el carné del partido y mucha voluntad. La Asociación de Ingenieros de Caminos (AICCP) ha soltado la bomba: la cúpula de la Dirección General del Agua se ha descafeinado. En 2018, diez de los catorce puestos clave eran para ingenieros de Caminos; hoy, esa cifra se ha desplomado a la mitad, dejando solo seis profesionales del gremio en el mando. Mientras el ciudadano medio ve cómo la factura de la luz sube sin permiso, el Ejecutivo ha aplicado una 'ingeniería financiera' de personal donde el mérito técnico es un accesorio opcional. El caso de Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente desde 2018, es la joya de la corona: manda sobre el agua sin tener siquiera un título universitario. Debajo de él, María Dolores Pascual Vallés, licenciada en Derecho, dirige la Dirección General del Agua. Es como poner a un experto en leyes a diseñar el motor de un Ferrari; muy elegante el contrato, pero el coche no arranca. La hipocresía alcanza su pico en las confederaciones hidrográficas. Tenemos a José Antonio Quiroga Díaz, un historiador, al frente de la CH Miño-Sil, y a Joaquín Páez Landa, biólogo y exsecretario del PSOE en Chiclana, que manejó el Guadalquivir entre 2018 y 2025. El resultado de este 'canje' de perfiles se sintió en la DANA del 29 de octubre de 2024. En la CH del Júcar, Miguel Polo Cebellán prefiere el ataque político a Carlos Mazón antes que admitir que sus presas siguen sin planes de emergencia. Al final, el agua no entiende de ideologías, pero sí de gravedad, y jugar a los músicos con la infraestructura hidráulica es una apuesta donde el premio es el desastre.
La aritmética del poder tiene una lógica propia, una especie de gimnasia mental donde uno más uno a veces suma cero, dependiendo de quién sostenga la calculadora. El Tribunal Supremo acaba de ejecutar un malabarismo jurídico digno de un circo: ha decidido que los hijos de los nacionalizados pueden votar el próximo 29 de noviembre, aunque sus padres tengan el voto suspendido por no haber probado que sus ancestros fueron realmente exiliados. Es como si te prohibieran entrar en un club por no tener invitación, pero dejaran pasar a tus hijos con alfombra roja y champagne. El agujero contable de la memoria es profundo. Empezamos con los 373.616 nacionalizados bajo la ley de Zapatero en 2007, donde bastaba con haber salido de España entre 1936 y 1955 para obtener el pasaporte, sin más papeleo que un suspiro. Luego llegó la Ley de Nietos de 2022, que abrió la puerta a otros 189.678 hijos mayores de edad. El contraste es obsceno: el Gobierno solo pudo demostrar que 901 de los 163.355 nacionalizados habían justificado documentalmente su exilio. El resto es humo, una presunción de condición que se ha convertido en un CERA inflado desde La Habana (186.830), Buenos Aires (56.489), México (35.570) y Miami (20.459). ¿Por qué el Supremo permite este baile? Por la 'estabilidad electoral'. Básicamente, que Vox e Iustitia Europa llegaron tarde al reparto de cartas y no hay tiempo de limpiar el censo. Así que, mientras los padres esperan que alguien valide sus papeles, los hijos acudirán a las urnas. El Gobierno, en un despliegue de cinismo institutional, celebra la decisión calificándola de freno a la ultraderecha. Al final, la seguridad jurídica es el nombre elegante que le ponemos a no querer recoger el desastre que nosotros mismos hemos montado.
Hay quien dice que para arreglar una gotera basta con cambiar la junta, pero el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere ampliar la plantilla de fontaneros justo antes de que empiece la tormenta electoral. A escasos días de arrancar la campaña, el Ejecutivo ha decidido que 43 personas eran insuficientes para gestionar la nostalgia y el voto de los españoles en el extranjero, así que han subido la cifra a 51 miembros en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Es como intentar mejorar la señal de Wi-Fi en una casa vieja comprando más routers en lugar de arreglar el cableado. Esta maniobra, gestionada desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, llega envuelta en un Real Decreto que 'actualiza' el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. El objetivo oficial es 'garantizar la efectividad del derecho al voto', aunque el calendario sugiere que hay más prisa que estrategia. Mientras tanto, el recuerdo de la Ley de Nietos sigue flotando en el ambiente como un mal olor. El Gobierno insistía en que el voto exterior, con una participación ridícula inferior al 10%, apenas movía un escaño, pero sus organismos no dejaban de redactar informes en 2025 para 'subsanar problemas' y fomentar la participación. Una contradicción del tamaño de un agujero presupuestario. Para rematar la faena, el Real Decreto lanza la promesa de una nueva 'ayuda económica' para retornados en situación de vulnerabilidad, que deberá aprobarse en un año. Es la clásica técnica de dar una palmadita en la espalda mientras se crean certificados y burocracia nueva. Al final, entre el Supremo limpiando el censo de nacionalidades dudosas y la instrucción de Sofía Puente, el Gobierno prefiere sumar sillas al Consejo que dar respuestas claras sobre quién vota y por qué.
Hay una técnica milenaria en la política que consiste en saltar del barco justo antes de que el iceberg termine de hacer su trabajo: llamarlo 'sacrificio por la unidad'. Yolanda Díaz ha aplicado este manual de supervivencia el lunes 16 de noviembre de 2026, retirando su candidatura a la dirección de la OIT apenas unas horas antes de que las urnas confirmaran que su proyecto tenía menos apoyos que un lunes por la mañana en el gimnasio. La narrativa oficial, lanzada vía Bluesky, habla de 'no dividir al movimiento sindical'. Traducción para los que vivimos en la calle: no quiero que me vean perder por goleada. El sablazo llegó el 30 de octubre, cuando la Confederación Sindical Internacional (CSI) dejó claro que el favorito era Gilbert F. Houngbo, el togolés que ya lleva las llaves del despacho y que no pensaba soltarlas. Díaz llegó con el respaldo de Lula da Silva y todo el despliegue del Ministerio de Exteriores, una maquinaria que costó tiempo y recursos públicos, pero que resultó ser un motor muy ruidoso para un coche que no arrancaba entre los 28 gobiernos, 14 patronales y 14 sindicatos que forman el cuerpo electoral. Como es costumbre cuando el plan A fracasa, la ministra ha optado por el ataque. Ha acusado a Houngbo de llevar a la OIT a la 'peor crisis de su historia' y de dejar pasar infiltrados de la Casa Blanca, mientras se envuelve en una bandera de nostalgia infantil sobre el sindicalismo que aprendió en casa. Es la clásica maniobra de quien, al verse sin votos, decide que el premio ya no le interesaba porque el trofeo estaba oxidado. Se retira con la 'alegría' de quien sabe que el camino era el correcto, aunque ese camino terminara en un callejón sin salida.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira un menú de lujo en Suiza, el PSOE decide que la solución a la fricción social es un cheque en blanco. Pedro Sánchez ha lanzado un programa electoral donde el plato fuerte es el 'Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030', una joya presupuestaria con una dotación inicial de 500 millones de euros. Sí, han leído bien: medio millardo de euros para que UGT y CCOO, los eternos guardianes del salario, se conviertan ahora en profesores de urbanidad y convivencia. La idea es brillante en el papel: pagar para que nos enseñen a 'convivir en igualdad'. Es como si el administrador de la comunidad, viendo que los vecinos se pelean por el ruido, decidiera gastarse el fondo de reserva en contratar a la empresa de ascensores para que dé charlas sobre el respeto mutuo. El Gobierno quiere que España siga siendo un 'puerto seguro', simplificando trámites y agilizando la homologación de títulos, todo bajo la bandera de una migración 'ordenada, legal y segura'. El despliegue es ambicioso. Prometen reforzar el sistema de asilo, visados humanitarios y hasta atención especializada en salud mental. Todo muy noble, pero el detalle hilarante es delegar la armonía social en los 'agentes sociales'. Básicamente, el PSOE propone que los sindicatos gestionen la paz social con dinero público, transformando el conflicto migratorio en una partida presupuestaria. Al final, la receta es la de siempre: si el problema es complejo, métele 500 millones y espera que la magia de la burocracia solucione lo que la realidad de la calle ya ha dinamitado.
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