Crítica:
El texto original es una radiografía del bloqueo, aunque peca de ingenuidad al no cuestionar por qué el Gobierno español cambia de estrategia tan rápido. Falta analizar el coste real de trasladar a los menores a otras comunidades.
El texto original es una radiografía del bloqueo, aunque peca de ingenuidad al no cuestionar por qué el Gobierno español cambia de estrategia tan rápido. Falta analizar el coste real de trasladar a los menores a otras comunidades.
Badajoz ha dejado de ser una ciudad para convertirse en el patio de recreo de sicarios con moto y agendas políticas sospechosas. Este miércoles, a las 11:00 horas, la calle Nicolás López de Velasco se transformó en una escena de película de serie B: un encapuchado, tres disparos y un hombre de 69 años muerto en el acto mientras su mujer recibía un balazo en la mano. El motivo es la definición perfecta de tragedia absurda: el hijo, un tal Daniel G. M., tenía cuentas pendientes con el clan de Los Rochos. Básicamente, el chico cometió el error de jugar al póker con quien no tiene piedad y sus padres terminaron pagando la factura con la vida. Lo verdaderamente fascinante, si es que podemos llamar así a este lodazal, es que Los Rochos no son solo matones de barrio que se reparten la Plaza de El Pirulo. Resulta que este clan, que ahora libra una guerra de clanes donde llevan la delantera 'dos a uno' contra el grupo de El Cristo, ha estado en el radar de la llamada 'cloaca del PSOE'. No es que hayan compartido un café, es que el ex juez condenado Luis Sáenz de Tejada, brazo ejecutor de Leire Díez, tenía los contactos servidos en bandeja para intentar desestabilizar la causa del hermano de Pedro Sánchez. En las agendas de Díez, los nombres aparecen con la sutileza de un martillo: 'La Celsa', 'Heroína', 'Gitano'. Mientras la juez Beatriz Biedma denunciaba estos vínculos con el narcotráfico en la Audiencia Nacional, el clan decidía que no era buen momento para cantar. Al final, la realidad es que mientras unos mueven los hilos desde despachos con aire acondicionado, en la calle la moneda de cambio es el plomo y la seguridad ciudadana es un concepto que solo existe en los folletos turísticos de Extremadura.
Hay quienes dicen que la diplomacia es el arte de decir 'perro' para que el otro entienda 'estupidez'. En este caso, la juez María Tardón sospechaba que el despliegue de un carril VIP en la frontera de Ceuta el 28 de julio era el preludio de una película de espías: un aviso urgente sobre la avalancha de más de 100.000 marroquíes que llegaría el 30 de julio. El escenario parecía perfecto para un thriller político: urgencia, secretismo y un acceso 'absolutamente inusual' que dejó perplejos a los agentes de la Policía. Pero la realidad, esa que siempre llega con el ticket de la mudanza en la mano, es mucho más prosaica. Resulta que el protagonista no era un emisario del apocalipsis, sino Fernando Villalonga, el nuevo cónsul en Tetuán, que llegaba con el equipaje, el perro y la ilusión del primer día. Mientras el Estado se preparaba para un caos migratorio, Villalonga solo quería evitar que su coche diplomático se quedara atrapado en un atasco eterno, una situación que para cualquier mortal es el equivalente a intentar hacer la compra un sábado a las siete de la tarde en un centro comercial. La confusión fue tal que la magistrada incluso citó por error a Aurora Díaz-Rato, la titular en Tánger, antes de darse cuenta de que el 'agente secreto' era en realidad un funcionario en transición. Álvaro Castillo ya se iba después de cuatro años y Villalonga entraba el 1 de agosto. Al final, el 'paso urgente' no fue para salvar la frontera, sino para mover unos conos de sitio y que el perro del cónsul no pasara demasiado calor. Una anécdota diplomática que demuestra que, a veces, el gran misterio de Estado no es más que un trámite de mudanza con matrícula oficial.
Hay una coreografía muy curiosa en la política española: el discurso oficial predica la tolerancia mientras que, en la primera fila de los mítines, el ambiente es el de una pelea de bar en hora punta. El caso de Eibar es la gota que colma el vaso. Jon Echeverría, candidato del PP en Guipúzcoa, recibió el martes 17 de noviembre una 'bendición' muy particular: «No me extraña que te pasen cosas, chaval». Una frase que, traducida al lenguaje de la calle, no es una opinión política, es un guiño a que los golpes son el precio justo por caminar por el barrio equivocado. Lo fascinante no es el insulto, sino el perfil del autor. No es un okupa cualquiera; es un jubilado que tiene el pase VIP emocional en los actos de Pedro Sánchez. THE OBJECTIVE ha confirmado que este señor es un habitual de los mítines socialistas desde al menos 2015, situándose en esas zonas reservadas para los 'veteranos' donde el aire es más puro y la cercanía al líder es un trofeo. Es el típico perfil que, mientras el presidente habla de convivencia, él se encarga de recordarle al rival que la violencia es 'normal' si no te gusta el código postal. El escenario no podía ser más cargado: la plaza de Unzaga, a 150 metros de donde el destino se volvió oscuro para Miguel Ángel Blanco en 1997. Alberto Núñez Feijóo tuvo que cambiar su agenda para hacer de escudo humano tras el sablazo de piedras, huevos y petardos que Echeverría sufrió el sábado 14 de noviembre en Hernani. Mientras el Ministerio del Interior y Fernando Grande-Marlaska gestionan papeles, la Ertzaintza ha soltado la bomba: no pueden garantizar la seguridad de todos los actos. Básicamente, el Estado te dice que puedes hacer campaña, pero que si te cae un huevo en la cabeza, es parte del folclore local.
Gestionar el voto de los españoles en el extranjero es, según la cúpula de Correos, un trámite que puede hacerse con la precisión de un lanzamiento de moneda al aire. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, la empresa pública decidió ignorar dos informes técnicos (julio y octubre de 2022) que eran, básicamente, un manual de instrucciones para no hacer el ridículo. Tras eliminar el voto rogado, el volumen de envíos saltó a los 2,26 millones de electores en las generales de 2023; un crecimiento del 1.000% que la dirección recibió con la calma de quien espera que el correo llegue por arte de magia. La ironía es deliciosa: los propios trabajadores propusieron cambiar la carta certificada —que en países como EE. UU. o Alemania tiene la prioridad de un folleto de publicidad— por el servicio EMS, la paquetería prémium. Pero no, prefirieron mantener el sistema manual, creando cuellos de botella que harían desesperar a cualquiera en una cola del supermercado. Juan Manuel Serrano y Leire Díez, esta última la 'fontanera' del PSOE encargada de las Relaciones Institucionales, tuvieron sobre su mesa la receta para evitar extravíos: etiquetas armonizadas, protocolos ITMATT y el uso de herramientas como MINERVA o EGA para automatizar la clasificación. En lugar de eso, optaron por el 'estilo artesanal', ignorando que en provincias como Ourense el voto exterior pesa un 40,42% y en Lugo un 25,53%. El colmo de la ingeniería financiera llega con la mensajería. En lugar de licitar acuerdos con DHL o UPS para cubrir el 41,84% del censo concentrado en ocho países latinoamericanos (como México o Argentina), Correos Express subcontrata a FedEx pagando tarifas tres veces más caras. Un sablazo en las cuentas públicas para garantizar un servicio que, según los técnicos, sigue siendo una lotería.
Hay gente que espera meses por una cita médica o años por una pensión, pero David Sánchez tiene un reloj suizo en la mano y mucha prisa. El hermano del presidente del Gobierno ha decidido que un mes de espera es una eternidad insoportable. Desde el pasado 13 de octubre, su abogado, Emilio Cortés, mira el calendario con angustia porque la Audiencia Provincial de Badajoz no ha enviado los recursos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura. Es el típico caso de 'impulso procesal' que solo parece urgente cuando tienes una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación colgando del cuello como un collar de plomo. La trama es un clásico del urbanismo administrativo: un 'enchufe' en la Diputación de Badajoz para crear una plaza de coordinador de conservatorios que luego, en 2022, se transformó mágicamente en jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. Un ascenso encubierto que huele a cerrado. Mientras tanto, Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación, se lleva la palma con 18 años de inhabilitación. Lo irónico es que Gallardo intenta convencer al juez de que en 2016 Pedro Sánchez era un 'valor amortizado' en el PSOE, casi una reliquia, y que nadie movería un dedo por alguien que acababa de dimitir como secretario general. Como si el poder fuera una acción de bolsa que sube y baja según la temporada. Entre que Vox y Hazte Oír piden más cárcel por tráfico de influencias y la Fiscalía quiere anular todo por 'meras sospechas', David Sánchez se escuda en que es músico y no un 'perito de leyes'. Es la defensa perfecta: 'yo solo toco el instrumento, no sé cómo se cocinan las plazas públicas'. Una narrativa conmovedora que intenta borrar el rastro de una ingeniería financiera y administrativa donde Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, también juega su papel en este reparto de favores.
En el tablero político actual, parece que el perdón se reparte con la misma ligereza con la que algunos gestionan el presupuesto público. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz o intenta que la lista de la compra no parezca una hipoteca, en Moncloa y Vitoria el aire huele a 'flexibilidad'. Según los datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), 247 etarras han logrado rascar beneficios penitenciarios desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del Estado. No es una cifra cualquiera; es un goteo constante que convierte la justicia en un menú degustación donde algunos repiten plato, como es el caso de Guridi. La ingeniería administrativa es fascinante. El traspaso de competencias a la Ejecutiva vasca, con el PSOE mirando hacia otro lado, ha servido para aceitar la maquinaria. El desglose es quirúrgico: 155 terceros grados, 62 libertades condicionales y casi 30 semilibertades gracias al artículo 100.2, ese comodín legal que ha beneficiado a perfiles como Anboto y Txeroki. Incluso Asier Eceiza, el hombre que acabó con la vida del concejal Juan Priede en 2002, intentó colarse en la lista, aunque la Fiscalía tuvo que intervenir para frenar el carro alegando que el 'perdón' era más un trámite que una convicción. Mientras tanto, la retórica política baila el tango. Oskar Matute, de EH Bildu, se atreve a decir que ETA era un 'estorbo' —como quien dice que un atasco en la M-30 es molesto—, pero se niega a usar la palabra 'terrorista'. Un malabarismo semántico digno de premio. Eso sí, el apoyo callejero ha bajado: Covite registra 129 actos de apoyo en el primer semestre, lejos del pico de 327 en 2022. Menos fiestas y pintadas, pero la herida sigue abierta y la sensación de impunidad, intacta.
Hay quien confunde el servicio postal con el servicio de catering electoral. Mientras el ciudadano medio se pelea con la oficina de Correos porque el paquete de Amazon ha llegado aplastado, en Siero, Asturias, parece que la logística pública ha decidido diversificar sus actividades. El 13 de noviembre de 2026, a las 20:15 horas, la Avenida de Gijón de Lugones se convirtió en el escenario de una escena surrealista: operarios uniformados, con la seriedad de quien entrega una notificación de Hacienda, dedicados a colgar pancartas del PSOE. No fue una coincidencia ni un entusiasmo espontáneo de los carteros. La denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central (JEC) es quirúrgica. No solo hay fotos y vídeos, sino que el 'caballo de batalla' fue una Renault Trafic rotulada, un vehículo oficial que, según la DGT, pertenece a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Es fascinante. Mientras nosotros pagamos el sello y esperamos que la carta no se pierda en el limbo administrativo, el PSOE parece haber encontrado un método de transporte 'premium' y gratuito para sus banderolas. La neutralidad institucional ha pasado a ser una sugerencia opcional. Usar personal y medios materiales del sector público para hacer campaña no es un error de gestión; es una ingeniería de conveniencia. El contraste es delicioso: la imagen corporativa de una entidad estatal sirviendo de soporte logístico para una candidatura específica. Al final, el mensaje es claro: para algunos, el mobiliario urbano es un lienzo y los recursos públicos, una caja de herramientas disponible para quien tenga la llave adecuada.
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