Crítica:
La noticia expone una contradicción flagrante, pero el informe del CNI es tan absurdo que casi no necesita análisis. Es un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia se pone al servicio de la agenda política.
La noticia expone una contradicción flagrante, pero el informe del CNI es tan absurdo que casi no necesita análisis. Es un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia se pone al servicio de la agenda política.
Hacer una excursión guiada suele implicar un folleto, un autobús y un guía con paraguas. Pero en la frontera de Ceuta, el 'paquete turístico' fue cortesía del Gobierno de Marruecos. La Policía Nacional ha destapado una ingeniería logística que deja cualquier agencia de viajes en ridículo: 97 agentes marroquíes no se limitaron a mirar desde la valla, sino que hicieron de 'sherpas' personales, captando a los invasores en sus pueblos y escoltándolos hasta la meta. No fue un impulso colectivo ni un error de cálculo; fue una operación quirúrgica. El informe del CENIF es lapidario. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, el Estado marroquí montó una estructura de mando digital que parece sacada de un manual de marketing agresivo. Hablamos de 19 grupos de WhatsApp con 1.141 usuarios, donde 19 'Administradores' y 32 'Dinamizadores' movían la masa como quien organiza una botellón masivo. Los datos no mienten: la geolocalización de esos 97 agentes se superpone exactamente con las rutas de tránsito terrestre. Básicamente, fueron el GPS humano de la invasión. Para rematar la jugada, la Policía ha tenido que recurrir al grupo hacktivista Jabaroot, que filtró datos de unos 70.000 miembros de la seguridad marroquí (DGST y DGSN) en agosto de 2026. Gracias a este 'agujero de seguridad' ajeno, se han podido poner nombres y apellidos a quienes, desde la sombra, coordinaron la OP_CEUTA. Al final, lo que nos vendieron como un flujo migratorio desesperado resultó ser una coreografía ensayada, con puertas abiertas en Castillejos y agentes del Estado marroquí asegurándose de que nadie se perdiera por el camino.
Hay que tener una imaginación envidiable para gastarse 560 millones de euros en una reforma y que el resultado final sea el mismo que el de un cobertizo de jardín mal montado. En la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, la modernidad ha llegado en forma de cubos de plástico estratégicamente colocados para recoger el agua que el techo, supuestamente renovado, decide dejar pasar. Es la ingeniería del siglo XXI: duplicar la superficie del edificio de viajeros hasta los 26.900 metros cuadrados, pero olvidarse de que el agua, por ley natural, cae hacia abajo. Adif nos vendió un sueño desde 2022: más vías de alta velocidad (pasando de seis a doce) y un vestíbulo principal de 18.000 metros cuadrados que parece sacado de un render de arquitectura futurista. Sin embargo, la realidad es que, mientras el gestor ferroviario presume de cifras, los usuarios que mueven el récord de 46,2 millones de viajeros en 2025 se encuentran con que una salida de emergencia está cerrada con vallas y cintas. Sí, cerrada. Porque resulta que evacuation y goteras no combinan bien en el manual de seguridad. Para un matrimonio valenciano que frecuenta la estación, esto no es una anécdota, es el paisaje habitual: "Esto es así siempre que llueve". Es decir, que el sablazo de los 560 millones no ha servido ni para comprar un buen impermeabilizante. Ante el ruido, Adif ha aplicado la técnica milenaria del silencio administrativo, mandando a Libertad Digital a su página web de sugerencias. Básicamente, nos piden que escribamos un formulario para avisarles de que su joya arquitectónica es, en esencia, un colador gigante pagado con dinero público.
El Hierro es, en esencia, un pueblo pequeño donde todos saben quién ha comprado el pan y quién ha dejado la luz del portal encendida. Imaginen una comunidad de 12.000 habitantes que, de repente, ve cómo aterrizan 3.500 personas en apenas cuatro días. No es una fiesta patronal; es un colapso logístico que convierte la convivencia en un deporte de riesgo. Mientras el ciudadano medio lucha para que la factura de la luz no le deje en números rojos, el Gobierno ha soltado 11 millones de euros para levantar un centro de acogida en suelo rústico, una cifra que suena a broma pesada cuando los vecinos de La Restinga denuncian que el entorno portuario se ha convertido en un hotel de cinco estrellas para ratas y piojos. Este viernes, un centenar de vecinos decidió que ya bastaba de silencios y se plantó ante la Delegación del Gobierno en Valverde. El menú de la protesta fue el habitual: indignación y ausencia. Mientras Feijóo hizo acto de presencia, Pedro Sánchez es el gran ausente, un fantasma político que no se le espera ni con alfombra roja. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando el presidente del Cabildo, que debería estar dando la cara por los suyos, prefiere el clima de Venezuela a las consignas de «Canarias no se vende, Canarias se defiende». No es una cuestión de falta de corazón, sino de aritmética básica. Meter a miles de personas en un territorio con recursos limitados sin un plan estructural es como intentar meter un colchón matrimonial en un maletero de un Smart: al final, algo se rompe. Los vecinos no piden limosnas ni más subsidios; piden que la frontera deje de ser una sugerencia y que la gestión del Estado deje de ser un ejercicio de improvisación costosa.
Hacer cuentas en el Gobierno central es un arte: saben multiplicar promesas y dividir responsabilidades. En Baleares, la aritmética es cruel. Mientras el Govern se enfrenta a un agujero contable de entre 36 y 38 millones de euros para atender a 880 menores extranjeros no acompañados, Pedro Sánchez ha decidido aplicar la técnica del 'centavo'. De esa montaña de gastos, el Estado solo ha soltado dos millones para 2026. Es como si te invitaran a una cena carísima y, al llegar la cuenta, tu acompañante sacara una moneda de dos euros diciendo que ya ha contribuido. La realidad no es un Excel, son pateras. Hasta el 15 de noviembre, 7.289 personas han llegado a las islas en 405 embarcaciones, un incremento del 9,1 % respecto al año anterior. El Mediterráneo occidental es el único rincón de Europa donde las detecciones suben, con un 21 % más que en 2025, según Frontex. Argelia se ha convertido en el puerto de salida preferido y Baleares en el blanco, siendo calificado como el punto de entrada más peligroso. El drama tiene nombre propio: Formentera. Una isla de apenas 12.000 habitantes que, en lo que va de 2026, ha absorbido a 1.857 personas en 118 pateras. Casi la mitad de las llegadas del archipiélago aterrizando en un sitio donde el espacio es un lujo. Ante este panorama, las eurodiputadas del PP, Dolors Montserrat y Rosa Estaràs, han tenido que saltar la valla nacional para pedir auxilio a la Comisión Europea. Porque cuando el Estado decide que la frontera es un concepto sugerente pero no una realidad administrativa, las autoridades locales terminan pagando el pato —y la factura— de una política de puertas abiertas que se gestiona desde la comodidad de un despacho en Madrid.
Hay que tener una valentía casi mística para repartir preservativos con el lema ‘La fuerza del amor’ en el mismo suelo donde se cocinó uno de los enchufes más surrealistas de la historia reciente. El PSOE de Villanueva de la Serena, en Badajoz, ha decidido que la mejor estrategia para las elecciones del 29-N es convertir el mercadillo local en una feria del merchandising erótico y el insulto creativo. Entre chapas, bolígrafos y pulseras, las Juventudes Socialistas reparten goma y eslóganes como «Mejor perro que fascista», mientras lanzan dardos contra Alberto Núñez Feijóo comparándolo con Dora la Exploradora en panfletos que rezan «Adora hacer el ridículo». Una sutileza política que haría llorar a cualquier diplomático. Lo verdaderamente fascinante es el escenario. Estamos en el feudo de Miguel Ángel Gallardo, el antiguo presidente de la Diputación de Badajoz que ya se ganó el cielo (o el infierno administrativo) al colocar al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en julio de 2017. Gallardo no solo se llevó una inhabilitación de 18 años por prevaricación, sino que dejó para la posteridad la confesión de que no tenía ni idea de dónde estaba la oficina de artes escénicas que David coordinaba. Básicamente, crearon un puesto de trabajo a medida, como quien pide una pizza con ingredientes personalizados, pero pagado con el dinero de todos. Mientras el partido presume en X de mostrar #LaFuerzaDeLaGente y vemos a grupos de extranjeras cargando bolsas rojas, el contraste es tan violento que marea. Reparten protección sexual en el pueblo donde la ética política se quedó sin protección alguna. Es el marketing del siglo XXI: tapar el agujero contable y moral de la prevaricación con un preservativo y un dibujo de dibujos animados.
Vender seguridad es fácil; lo difícil es que funcione cuando el agresor decide que la pulsera es un accesorio opcional. Mientras nosotros nos peleamos con el cajero automático porque no nos da el cambio, el Ministerio de Igualdad gestionó un sistema de control telemático que tiene la fiabilidad de un reloj de plástico de feria. El caso es paradigmático: un acusado de maltrato se 'separó' de su brazalete el 20 de abril de 2024 a las 21:30:58 y no volvió a aparecer en el radar hasta el 6 de mayo de 2024 a las 10:27:48. Dieciséis días de vacaciones invisibles. Dieciséis días en los que el centro Cometa lanzó llamadas al vacío mientras el sujeto, presumiblemente, disfrutaba de una libertad que el juez no le había concedido. La ingeniería financiera aquí es la protagonista. El Tribunal de Cuentas puso la lupa sobre contratos que sumaban 102,6 millones de euros, una cifra que marea, pero que resultó insuficiente para comprar dispositivos que no se cayeran solos. El Gobierno, en un alarde de honestidad privada, admitió que la calidad era dudosa, pero prefirió mirar hacia otro lado hasta que una auditoría externa en noviembre de 2025 confirmó lo que las trabajadoras de la Sala Cometa gritaban desde diciembre de 2024: el sistema era un colador. Lo más delirante es que el cambio de empresa para 'ahorrar costes' provocó una migración de datos tan desastrosa que algunos maltratadores fueron absueltos porque el sistema no sabía dónde estaban. Pasamos de la protección telemática al 'esperemos que no se acerque'. Cuando el ahorro en la factura pública se traduce en que víctima y agresor se crucen sin que salte la alarma, ya no hablamos de gestión, sino de una ruleta rusa pagada con fondos europeos que la Fiscalía Europea ya está investigando por posible fraude.
En el Consulado General de España en Buenos Aires han decidido jugar al 'está prohibido, pero te lo acepto'. El Tribunal Supremo fue clarísimo: los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática bajo la interpretación del Anexo I no votan el 29 de noviembre. Punto. Pero el Gobierno, en un alarde de creatividad administrativa, ha ordenado instalar una segunda urna, una especie de 'caja de los deseos' donde depositar papeletas que, legalmente, tienen el mismo valor que un ticket de parking caducado. La arquitectura de este caos tiene nombre y apellido: Sofía Puente. Su instrucción de octubre de 2022 abrió el grifo de la nacionalidad permitiendo que hijos y nietos entraran al club sin necesidad de acreditar que sus ancestros fueron represaliados. El resultado es un surrealismo puro: 163.355 personas afectadas por la suspensión, de las cuales solo 901 pueden demostrar que sus abuelos fueron exiliados. Es como intentar entrar en una discoteca VIP con una invitación falsa; el portero (el Supremo) dice que no, pero el dueño del local (el Gobierno) te deja pasar siempre que pongas tu bebida en una mesa aparte. El colmo de la ingeniería financiera electoral es el caso de Felipe Salvador. El señor consiguió el pasaporte español basándose en un bisabuelo fallecido en 1889. Sí, han leído bien. El antepasado murió casi medio siglo antes de que estallara la Guerra Civil, pero en la burocracia actual, parece que la memoria democrática tiene un alcance temporal que desafía las leyes de la física. Mientras los funcionarios consulares sudan frío temiendo que las urnas se mezclen en un 'sablazo' accidental de votos inválidos, el Ejecutivo sigue insistiendo en que recoger sobres en una caja rotulada es 'cumplir estrictamente' la ley. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica.
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