Crítica:
El contenido revela la gravedad del problema del fentanilo en prisiones españolas y denuncia fallas en el sistema penitenciario. La información es alarmante y precisa, aunque podría profundizar en soluciones.
El contenido revela la gravedad del problema del fentanilo en prisiones españolas y denuncia fallas en el sistema penitenciario. La información es alarmante y precisa, aunque podría profundizar en soluciones.
El consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, afirmó en una reunión el 25 de septiembre que están dispuestos a continuar con el proyecto del Hospital de Torrejón 'aunque la rentabilidad sea cero'. El audio completo revela que Gallart buscaba 'imaginación' para identificar procesos 'no contributivos' para el EBITDA, es decir, desechar actividades 'poco rentables'. Tras la publicación de El País, Ribera Salud apartó a Gallart de la gestión y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid convocó una reunión urgente y envió un equipo multidisciplinar. Las autoridades no han detectado 'incumplimientos del contrato concesional' ni pruebas de vulneración de derechos de pacientes. La Comunidad de Madrid se reunirá el 10 de diciembre con Ribera Salud para abordar la situación. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha prometido actuar 'con contundencia' y erradicar 'cualquier mala práctica'. La Consejería de Sanidad realiza controles continuos con alrededor de 40 auditorías anuales sin detectar irregularidades.
El Ayuntamiento de Palma y factores meteorológicos han conseguido disuadir a inmigrantes de cargar sus móviles en farolas de la Plaza de España. La medida incluye elevar cajetines a más de 3 metros y presencia policial 24 horas. Con temperaturas bajas, el grupo de inmigrantes subsaharianos ha abandonado la zona. La farola está a 10 metros de la estatua de Jaime I El Conquistador y a 50 metros del convento que da de comer a necesitados. Otros ayuntamientos como Alcúdia ofrecen puntos de carga públicos. En Palma, los autobuses de la EMT permiten recargar móviles, pero requieren Tarjeta Ciudadana para uso gratuito. La solución en Plaza de España no requería documentación. La práctica ha cesado en semanas con estas medidas.
Cuatro policías resultaron heridos tras ser atacados por un grupo de cuatro colombianos borrachos en Manacor (Mallorca) la noche del pasado lunes. Los hechos ocurrieron frente a un bar frecuentado por la comunidad latina a las 21:30 horas. Los agentes de la Policía Local intentaron mediar en una discusión que derivó en violencia y daños a vehículos estacionados. Durante el enfrentamiento, los detenidos agredieron a los policías con golpes y mordiscos. Dos agentes sufrieron contusiones y otros dos mordeduras. Los cuatro colombianos fueron detenidos y puestos a disposición de la Policía Nacional por desórdenes públicos, daños materiales, atentado contra la autoridad y lesiones. Vecinos de la zona expresaron su preocupación y solicitaron mayor control policial nocturno y medidas contundentes contra los responsables. La investigación sigue en curso para esclarecer los hechos y cuantificar los daños a los vehículos afectados.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado una red que explotaba a más de 300 inmigrantes nepalíes en Albacete y Cuenca, con 11 detenidos y 6 en prisión. La operación 'Franciskan-Everest' reveló condiciones de vida indignas y jornadas laborales de hasta 12 horas sin remuneración. Los inmigrantes, en situación irregular, eran alojados en condiciones deplorables en Villalgordo del Júcar (Albacete) y trasladados diariamente a fincas agrícolas en furgonetas sin condiciones de seguridad adecuadas. La organización cobraba comisiones abusivas por desplazamientos, viviendas y comida. Se incautaron 12 vehículos, dinero en efectivo, documentación fraudulenta y contabilidad clandestina. Cruz Roja Española y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaboraron en el auxilio a las víctimas, proporcionando alimento, ropa y alojamiento alternativo. La Subdelegación del Gobierno en Albacete también participó en la reubicación de los inmigrantes en lugares con arraigo previo. La operación logró bloquear cuentas bancarias de la organización y se está estudiando la regularización de la situación legal de las víctimas en España.
La Guardia Civil investiga a dos menores por quemar el pelo a un indigente en Benacazón (Sevilla). El vídeo de más de tres minutos muestra a los adolescentes ridiculizando y agrediendo al hombre mientras uno graba. La víctima permanece sentada e indefensa, pidiendo que cesen. Los menores simulan órdenes policiales y se refieren a la agresión como 'prueba de fuego'. La Guardia Civil ha identificado al indigente y a uno de los menores, y trabaja para identificar al segundo implicado. La imputabilidad de los menores dependerá de su edad: por debajo de 14 años serían inimputables; a partir de esa edad, podrían afrontar medidas de internamiento por un delito de trato degradante, que puede conllevar hasta dos años de prisión en adultos. También se considera la posibilidad de un delito de odio por aporofobia, que agravaría las consecuencias jurídicas. La investigación continúa para determinar cuándo y dónde ocurrió exactamente la agresión.
Un accidente en la carretera OU-1205 en Muíños (Ourense) la noche del 3 de diciembre de 2025 resultó en dos fallecidos de una misma familia. Una mujer de 51 años murió en la colisión frontal entre su Citroën Saxo y un Opel Combo. Su marido falleció minutos después de un paro cardíaco al conocer la noticia. El conductor del Opel Combo dio positivo en la prueba de alcoholemia con valores de 0.64 mg/l y 0.58 mg/l. El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas. Los servicios de emergencia, incluyendo Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y la Guardia Civil de Tráfico, respondieron al incidente. La mujer quedó atrapada en el vehículo y requirió excarcelación. El EIS de la Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente. La pareja deja un hijo.
Ecologistas en Acción critica la 'criminalización' de jabalíes por peste porcina africana (PPA) y culpa a macrogranjas porcinas. Reclaman proteger al lobo y su regreso a España como regulador natural. La ONG niega la 'sobrepoblación' de jabalíes, atribuyendo el aumento de contacto con humanos al crecimiento urbano. Critican las macrogranjas por deforestación y contaminación, pese a no haberse detectado PPA en granjas gracias a controles sanitarios. Proponen sistemas de control de fertilidad y mejor gestión de residuos. La organización pide rechazar la caza y abandonar proyectos de urbanización dispersa en zonas rurales y naturales. Ecologistas en Acción demanda mejorar la gestión de residuos urbanos y evitar la alimentación suplementaria de jabalíes en cotos de caza. La PPA reapareció en España tras detectarse cadáveres de jabalíes infectados por primera vez desde 1994.
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